UN NUEVO IMPERATIVO PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL / Uno de los aspectos positivos y susceptibles de celebrar del discurso presidencial norteamericano desde la asunción de Joseph Biden es, junto con la deslegitimación del programa del neoliberalismo clásico, la preocupación por el cambio climático. Pero, puesto que para ser república hacia dentro Estados Unidos suele sentirse obligado a comportarse como imperio hacia fuera, la elaboración desde América Latina de herramientas integradas y soberanas para sostener el compromiso con el desarrollo sustentable sin pagar por ello, una vez más y a partir de la situación de dependencia, un alto precio se vuelve indispensable.
Por Carlos Raimundi
Embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Fotos: Sebastián Miquel
El nuevo Gobierno de Estados Unidos, presidido por Joseph Biden, reincorporó a la agenda nacional e internacional dos conceptos importantes: la inversión social y en infraestructura –es decir, la emisión de dinero público para sostenerlas– y la preocupación por el cambio climático.
El nuevo Gobierno de Estados Unidos, presidido por Joseph Biden, reincorporó a la agenda nacional e internacional dos conceptos importantes: la inversión social y en infraestructura –es decir, la emisión de dinero público para sostenerlas– y la preocupación por el cambio climático.
Biden alivió las tensiones al interior de la sociedad estadounidense, que se habían extremado con el discurso del odio, el supremacismo y la xenofobia de Donald Trump. Llegaba, dijo, para superar la marcada polarización social y unir al pueblo. Ese es quizás el principal rasgo del nuevo Gobierno.
Al celebrar los primeros cien días de su Administración, Biden pronunció ante el Senado un discurso que rememoró las propuestas de Franklin Roosevelt para salir de la crisis a principios de los años treinta del siglo pasado. Dejó atrás el clásico discurso neoliberal, para asumir la trascendencia del rol del Estado para la reactivación económica y la promoción social de los sectores más postergados.
Desde el estricto punto de vista de su contenido, ese discurso podría ser suscripto por cualquiera de nosotrxs. “La salud no es un privilegio, sino un derecho. A este país no lo hizo grande Wall Street, sino su clase media, y para que exista la clase media fue fundamental la presencia de sindicatos fuertes”, fueron sus palabras textuales.
Al mismo tiempo, celebramos que Estados Unidos haya retomado el camino del Acuerdo de París sobre cambio climático y ubique el tema en un lugar central, junto con las potencias industriales. De alguna manera, esto significa atender el dramático llamado del Santo Padre, en su encíclica Laudato si.
Pero Estados Unidos es, como señala Antonio Negri en Imperio, las dos Romas: para ser república hacia dentro, se siente obligado a comportarse como imperio hacia fuera. Algo similar a lo que sucedió con la integración europea, un proceso elogiable desde su cohesión, institucionalidad y despliegue económico, pero que fue financiado a partir de la explotación de sus colonias.
Por todo esto, si bien celebramos los aspectos positivos del nuevo discurso presidencial de Estados Unidos en cuanto a la deslegitimación del modelo neoliberal y el impulso del desarrollo sustentable, es importante que desde el Sur global, y en particular desde América Latina, estemos muy alertas y unidos para no ser una vez más quienes paguemos el costo del desarrollo del Norte industrializado.
Sin dudar de nuestro compromiso con el desarrollo sustentable, no debemos pagar un alto precio por tercera vez a partir de nuestra situación de dependencia, sino construir herramientas integradas y soberanas.
El primer precio fue y es el padecimiento por las convulsiones ambientales del planeta, padecimiento que compartimos de manera igualitaria aunque no somos igualmente responsables. Ni las emisiones tóxicas del alocado crecimiento industrial ni la deforestación y desertificación de los suelos fueron causadas en una dimensión comparable entre los países desarrollados y los más pobres o de desarrollo intermedio.
El segundo precio fue la transferencia hacia nuestros países de las tecnologías desechadas por el Norte industrializado debido a sus efectos contaminantes.
El tercer precio puede que sea, una vez más y como lo hacen en los llamados Tratados de Libre Comercio, que las grandes potencias sean quienes acuerden estándares tan elevados, que solo puedan ser cumplidos por las empresas y supervisados por los organismos que ellas dispongan.
La reparación del cambio climático requiere de recursos que la financien. Y los modelos de concentración monopólica de la provisión de consumos, de garantía de intangibilidad de los derechos de propiedad física e intelectual de los grandes conglomerados y de endeudamiento, evasión tributaria y fuga de capitales financieros, no solo impiden ese necesario abastecimiento de recursos, sino que indican una transferencia de los mismos en sentido inverso. De los más pobres a los más ricos.
Tanto el G-7 como el G-20 en sus últimos encuentros han determinado una tributación de parte de las empresas globales respecto de las megaganancias obtenidas. Esto implica, por una parte, una señal de parte de los Estados soberanos hacia los grandes monopolios privados. Los Estados debemos realizar un enorme esfuerzo fiscal, agravado en pandemia, para sostener los derechos mínimos de nuestras poblaciones.
Sin embargo, la tasa que se cobre, los márgenes de ganancia sobre los que se impondrá la tributación, la localización de las empresas que se tomarán en consideración, cuál será el organismo recaudador y la distribución de lo recaudado son cuestiones centrales que deben contar con un criterio unánime de los países de desarrollo medio y bajo, de modo que constituyan un factor de equilibrio y no de ensanchamiento de la brecha social y tecnológica que nos separa y nos subordina.
