QUÉ AMBIENTALISMO PARA QUÉ PROYECTO DE PAÍS / Basta preguntarse por las principales alarmas ambientales para acabar cuestionando de inmediato el corazón de la matriz económica hegemónica. Por esto, hablar de ecologismo de derecha es una contradicción y hablar de ambientalismo popular es referirse a demandas e interrogantes que apuntan a las condiciones de vida y a las lógicas de producción y concentración, a batallas que no se libran si no es junto a sus protagonistas y a un futuro de igualdad y justicia ambiental que tiene el deber de hacer realidad el proyecto nacional y popular. Porque sin perspectiva ambiental no hay proyecto político de redistribución de la riqueza.
Por Lucía Cámpora
Abogada y militante feminista. Legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Todos desde diciembre de 2019. Fue vicepresidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires y actualmente es secretaria nacional de la Juventud Peronista.
Fotos: Sebastián Miquel
La agenda ambiental se abre paso entre las reivindicaciones políticas, entre los segmentos informativos y cada vez más en nuestras conversaciones cotidianas. Una generación de jóvenes se desvela por explicar que discutir el ambiente no se agota en donar unos pesos a fin de mes para alguna ONG con sede en el norte ni en likear en redes sociales la foto de un oso polar. Consignas como “no hay planeta B” son cada vez más compartidas, y expresiones como “crisis climática”, “soberanía alimentaria” y “economía circular” empiezan a formar parte del léxico cotidiano de les jóvenes. En este contexto, la construcción de un ambientalismo popular es un imperativo para muches de nosotres y es la respuesta contundente a razonamientos tan bien intencionados como contradictorios del tipo “no voy a ocuparme del ambiente mientras todavía haya personas con hambre”.
El emergente ambiental impulsado por las generaciones más jóvenes y, desde mucho antes, por referentes sociales y comunidades originarias ya venía cobrando fuerza, hasta que se topó, sin que nadie pudiera haberlo deseado, con un hecho que le imprimió velocidades impensadas a la discusión. Una pandemia de origen zoonótico irrumpió como la más palpable evidencia de que había que prestarle atención a las alertas ambientales: que iba en serio.
A nadie escapa la crisis económica y social en la que la covid-19 sumió al mundo entero. A las consecuencias sanitarias –alrededor de 246 millones de contagios y casi 5 millones de muertes a fin de octubre– se les suman consecuencias económicas y sociales, como la pérdida de 75 millones de puestos de trabajo,[1] la caída de 120 millones de personas en la pobreza[2] y un aumento de 118 millones de personas subalimentadas entre 2019 y 2020.[3] Al mismo tiempo, los sectores concentrados vieron crecer sus ganancias en todo el mundo, y, particularmente en América Latina, los multimillonarios incrementaron en un 40% sus riquezas. Es un hecho palpable comprobable que la crisis generada por el SARS-CoV-2 golpeó mucho más fuerte en los sectores más humildes y acrecentó la brecha entre las personas pobres y las ricas.
La agenda ambiental se abre paso entre las reivindicaciones políticas, entre los segmentos informativos y cada vez más en nuestras conversaciones cotidianas. Una generación de jóvenes se desvela por explicar que discutir el ambiente no se agota en donar unos pesos a fin de mes para alguna ONG con sede en el norte ni en likear en redes sociales la foto de un oso polar. Consignas como “no hay planeta B” son cada vez más compartidas, y expresiones como “crisis climática”, “soberanía alimentaria” y “economía circular” empiezan a formar parte del léxico cotidiano de les jóvenes. En este contexto, la construcción de un ambientalismo popular es un imperativo para muches de nosotres y es la respuesta contundente a razonamientos tan bien intencionados como contradictorios del tipo “no voy a ocuparme del ambiente mientras todavía haya personas con hambre”.
El emergente ambiental impulsado por las generaciones más jóvenes y, desde mucho antes, por referentes sociales y comunidades originarias ya venía cobrando fuerza, hasta que se topó, sin que nadie pudiera haberlo deseado, con un hecho que le imprimió velocidades impensadas a la discusión. Una pandemia de origen zoonótico irrumpió como la más palpable evidencia de que había que prestarle atención a las alertas ambientales: que iba en serio.
A nadie escapa la crisis económica y social en la que la covid-19 sumió al mundo entero. A las consecuencias sanitarias –alrededor de 246 millones de contagios y casi 5 millones de muertes a fin de octubre– se les suman consecuencias económicas y sociales, como la pérdida de 75 millones de puestos de trabajo,[1] la caída de 120 millones de personas en la pobreza[2] y un aumento de 118 millones de personas subalimentadas entre 2019 y 2020.[3] Al mismo tiempo, los sectores concentrados vieron crecer sus ganancias en todo el mundo, y, particularmente en América Latina, los multimillonarios incrementaron en un 40% sus riquezas. Es un hecho palpable comprobable que la crisis generada por el SARS-CoV-2 golpeó mucho más fuerte en los sectores más humildes y acrecentó la brecha entre las personas pobres y las ricas.
Una primera conclusión, entonces, es que algo de cierto había en que nuestro modelo de desarrollo pone en jaque al planeta y que eso significa, fundamentalmente, a las personas. Una segunda conclusión es que cada uno de estos desequilibrios que generamos profundiza las desigualdades sociales preexistentes. Es decir, repensar nuestro modelo de producción es necesario para proteger a la población entera, pero también para combatir las inequidades actuales y futuras.
Esta certeza última se expresa en cada una de las cuestiones sobre las que el ambientalismo exige echar luz. Las emisiones de gases de efecto invernadero aceleran el calentamiento global, que a su vez aumenta la frecuencia de eventos extremos, como sequías e inundaciones, y multiplica enfermedades, como el dengue, flagelos ambos que padecen especialmente las comunidades más pobres del mundo y de nuestro país. El modelo de producción hegemónico y extractivista amenaza el equilibrio del ecosistema a través de la contaminación de los cursos de agua, la tala indiscriminada de nuestros bosques nativos, la quema de pastizales, bosques y humedales –mayoritariamente por actividades antrópicas–[4], la utilización masiva y desproporcionada de agroquímicos, entre otras cuestiones. Todo esto contribuye a llenar los bolsillos de unas pocas personas que se benefician de este modelo de concentración, al tiempo que amenaza la salud de poblaciones enteras, expulsa comunidades locales y pueblos originarios y destruye ecosistemas. La protección de nuestros bienes comunes naturales de la voracidad extranjera es una cuestión de soberanía de las naciones. La discusión sobre la soberanía alimentaria nos obliga a preguntarnos qué comemos, cómo se produce, cómo se comercializa, a qué costos, cómo se fija el precio y quién acumula esa ganancia.
Con esta enumeración buscamos visibilizar también que, preguntándonos y analizando las principales alarmas ambientales, rápidamente nos encontramos cuestionando el corazón de la matriz económica hegemónica. Vaya si no se trata de una discusión estructural.
Al mismo tiempo, las grandes ciudades también tienen una agenda ambiental de la cual hacerse cargo en pos de construir sociedades más sustentables y, por ende, más justas. La gestión de los residuos es sin duda una de las principales tareas: las ciudades más ricas generan hasta 6.200 toneladas diarias de residuos que en su mayor parte van a parar a rellenos sanitarios en los barrios más pobres. Casi el 80% de esos residuos es potencialmente reciclable y compostable. Reducir, reutilizar y reciclar es una responsabilidad de todes, pero que los Gobiernos locales deben garantizar. El modelo de economía circular solo puede funcionar gracias a les 150.000 trabajadores de las cooperativas de reciclaje que reconvirtieron el cartoneo que conocimos en 2001 como una salida urgente en uno de los trabajos más importantes para el tratamiento de residuos.
La pandemia también visibilizó el déficit de espacios verdes en las grandes urbes, consecuencia en gran medida de la especulación inmobiliaria y el extractivismo urbano que priva a los ciudadanos y ciudadanas de espacios públicos de esparcimiento, de preservación de la flora y fauna nativa y de suelo absorbente con capacidad de mitigar los efectos del cambio climático. En suma, la agenda ambiental urbana también nos obliga a preguntarnos por la calidad habitacional de cada uno de sus barrios, el acceso al agua potable, el hacinamiento, la calidad del aire, los medios de transporte que priorizamos, y la lista podría seguir.
Desde esta perspectiva se torna indiscutible la consigna que reza que “justicia ambiental es justicia social”. Nos importa el ambiente porque nos importan las personas que lo habitamos y porque no hay manera de no entender las crisis ambientales como problemas sociales que profundizan las desigualdades. En el mismo sentido, para muches de nosotres no hay forma de concebir las luchas ambientales si no es de la mano de sus protagonistas: les recuperadores urbanes, les campesines y pueblos originarios, les productores de la economía social, los sectores más afectados por la contaminación de nuestros ríos, etcétera. De todo esto hablamos cuando hablamos de ambientalismo popular.
Justicia ambiental es justicia social
Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobre-estimación de la tecnología, y la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esta marcha, a través de una acción mancomunada internacional.
Juan Domingo Perón
Les peronistas podríamos pretendernos innovadores al plantear que el ambientalismo es parte de la actualización doctrinaria del siglo XXI si no fuera porque en verdad ya lo había propuesto el propio Juan Domingo Perón en 1972. La cita precedente forma parte del “Mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo” que el expresidente escribió en el marco de la realización de la Cumbre de Estocolmo,[5] y ostenta una vigencia llamativa. En esta carta, Perón aborda la cuestión del despilfarro masivo, los espejismos de la tecnología, la contaminación de aguas dulces y saladas, la utilización de agroquímicos y la toxicidad del aire que respiramos en las ciudades. Atribuye parte de los problemas ambientales a la codicia humana y habla de la necesidad de “nuevos modelos de producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico”.
Si en 1972 aún no se evidenciaba del todo la centralidad de esta discusión, hoy no deberían quedar dudas. Tampoco del hecho de que no existirá justicia social sin justicia ambiental. Es por eso que creemos que ningún proyecto político de redistribución de riqueza puede prescindir de la perspectiva ambiental. Las preguntas y demandas del ambientalismo popular apuntan a las condiciones de vida y cuestionan directamente el modelo económico que reproduce y legitima las desigualdades sociales.
Por los mismos motivos por los que sostenemos que un proyecto de justicia social necesita incorporar la óptica ambiental, entendemos como una contradicción hablar de ecologismos de derecha. Sin embargo, no podemos soslayar el hecho de que las banderas ambientales son levantadas también por múltiples partidos que al mismo tiempo se encolumnan en la defensa del mismo modelo neoliberal que las pone en jaque. Seguramente las causas de este fenómeno ameriten análisis mucho más profundos,[6] pero podemos pensar que, frente al horizonte distópico que parece amenazarnos como habitantes de este planeta, la derecha también intenta canalizar la indignación y ofrecer soluciones, pero del tipo individual, del sálvese quien pueda. Ante ello, sostenemos que nadie se salva solo: no habrá manera de garantizar la pervivencia de un ambiente sustentable sin cuestionar las lógicas de producción y de concentración de la riqueza, la imposición de las reglas del mercado por sobre los parámetros del buen vivir.
No obstante, los ecologismos de derecha no son solo una trampa para el debate ambiental, sino también una alerta para los proyectos nacionales y populares. Basta con ver el desempeño electoral de los partidos verdes xenófobos en Europa o el crecimiento en países de la región de figuras de corte ambientalista alineadas con el Norte global, como es el caso de Yaku Pérez en Ecuador.[7] Estamos convencides de que el campo nacional y popular en Latinoamérica es la única vía para construir un horizonte ambientalmente más justo, pero debemos hacernos cargo de ello a tiempo. Seguramente experiencias indigenistas como la del Movimiento al Socialismo en Bolivia, que pusieron de relieve a la madre tierra, sean pistas interesantes, como también lo son las voces de los pueblos originarios en nuestro país.
En Argentina el desafío emerge cada vez con más fuerza. Existen señales alentadoras: la ratificación por parte del Congreso Nacional del Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información sobre cuestiones ambientales; la sanción de una Ley nacional de Educación Ambiental Integral para todos los niveles educativos; la Ley Yolanda, de capacitación en materia ambiental para las y los funcionarios públicos; la modificación de la Ley de Manejo del Fuego; y la reciente aprobación de la Ley de Etiquetado Frontal de alimentos. Todo ello, de la mano de una militancia que debe exigir y exigirse levantar cada vez más firmemente las banderas de la justicia ambiental, nos permite imaginar un camino que, como dijo el diputado nacional Máximo Kirchner, pueda amigar los artículos 14 bis y 41 de la Constitución Nacional.
El proyecto nacional y popular que defendemos debe asumir la responsabilidad de hacer propia la agenda ambiental, asimilarla e incorporarla en sus bases. No será sin contradicciones, claro está, pero el primer paso será reconocerlas como tales. Las necesidades son tantas como urgentes en una Argentina que debe hacer frente a la profunda crisis económica y social heredada del macrismo, a una deuda de 45.000 millones de dólares con el FMI y a las consecuencias de una pandemia. Pero debemos ver en la agenda ambiental un camino de soluciones y no de obstáculos. El mundo que soñamos, el que debemos construir pospandemia, es necesariamente más justo en términos ambientales. La construcción de nuestras utopías, de esas que no son imposibles sino que solo tardan un poco más, incluye un horizonte de convivencia sustentable. Frente a la oferta distópica de quienes especulan con las injusticias, nosotres tenemos no ya la obligación sino la certeza de que el futuro que construiremos será de igualdad y justicia ambiental.
Notas
[1] Según proyecciones de la OIT, el déficit de puestos de trabajo derivado de la crisis mundial por la pandemia llegará a los 75 millones en 2021, para luego reducirse a 23 millones en 2022. Disponible en: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_795284/lang--es/index.htm.
[2] Disponible en: https://www.agenciapacourondo.com.ar/coronavirus/coronavirus-120-millones-de-personas-cayeron-en-la-pobreza-por-la-pandemia.
[3] Disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/07/1494232.
[4] Solo en 2020, en Argentina se perdieron un millón de hectáreas de bosques nativos, pastizales y humedales como consecuencia de incendios que, se estima, fueron en un 95% por acción del ser humano.
[5] Conferencia de la ONU sobre ambiente celebrada en Suecia en 1972.
[6] A propósito de esta cuestión, ver Stefanoni, P. (2021). “Heil Pachamama: nave Tierra o bote salvavidas?”: En: ¿La rebeldía se volvió de derecha? Buenos Aires: Siglo XXI.
[7] Al respecto, recomendamos el análisis de Santiago de Lojo y Julián Monkes en la nota “Yaku Pérez: ecologismo de derecha y ambientalismo popular” de El Grito del Sur. Disponible en:https://elgritodelsur.com.ar/2021/02/yaku-perez-ecologismo-de-derecha-y-ambientalismo-popular.html.
