EL ROL DEL AMBIENTALISMO POPULAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NORMALIDAD / Si su superación no puede reducirse a un mero regreso a la normalidad previa, es porque lo que la pandemia desnudó son las deficiencias estructurales del modo en que se organiza la vida en sociedad, sobre todo en países que, como Argentina, vienen de atravesar una experiencia neoliberal. Allí, la lección más elemental señala la necesidad de avanzar hacia otro modelo de desarrollo: uno que permita mejores condiciones para hacer frente a los peligros que acechan a la civilización a la vez que alcanzar mayores niveles de justicia y equidad, y cuya consecución implica una serie de desafíos en los que la problemática ambiental tiene un lugar central.
Por Daniela Vilar
Diputada nacional de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos desde 2019. Vicepresidenta 2° de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés.
Fotos: Sebastián Miquel
Desde comienzos de 2020 el mundo está lidiando con una crisis sin precedentes. La covid-19 nos arrebató millones de vidas y hundió en la extrema pobreza al menos a cien millones de personas. Pero la pandemia no solo tuvo un enorme impacto negativo en sí misma. En más de un sentido, es un síntoma de un modelo de acumulación agotado y su aparición vino a profundizar problemas de larga data.
Por un lado, cada vez resulta más claro que este virus de origen zoonótico es consecuencia de la sistemática depredación del ambiente. El avance arrollador de la actividad humana sobre ecosistemas enteros y el mayor contacto con la vida silvestre alientan el desarrollo de enfermedades infecciosas.
Por otro lado, el abordaje de la pandemia desnudó y agravó el drama de la desigualdad creciente, tanto al interior de los países como a nivel global. La disparidad de condiciones para acceder a servicios de salud de calidad o transitar las medidas de restricción de la circulación tornó más visible la enorme concentración de la riqueza. De la misma manera, presenciamos una clara disminución de la cooperación internacional, cuya expresión más escandalosa la vimos en el acaparamiento de las vacunas por parte de unos pocos países.
En definitiva, y en especial para países como el nuestro, que vienen de una experiencia neoliberal que empobreció a la sociedad y debilitó las herramientas del Estado para dar respuesta a las necesidades, lo que quedó expuesto son las deficiencias estructurales del modo actual en el que organizamos nuestra vida en sociedad. Es por eso que la superación de la pandemia no puede plantearse como un mero regreso a la normalidad previa. Si algo podemos sacar de esta experiencia traumática, es la lección de que es necesario avanzar hacia otro modelo de desarrollo, que esté en mejores condiciones de enfrentar los peligros que acechan a la civilización pero que, al mismo tiempo, permita avanzar hacia mayores niveles de justicia y equidad. En ese marco, se abre una serie de desafíos sociales, políticos y económicos en los cuales la problemática ambiental ocupa un lugar central.
El ambientalismo popular en la agenda internacional
El calentamiento global es posiblemente el punto de mayor consenso con respecto a la insostenibilidad del modelo actual de desarrollo. Salió este año el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático que muestra evidencia científica de que el calentamiento global existe, que los desastres naturales que estamos viendo tienen que ver directamente con ese calentamiento global, y que la acción humana es causa directa del cambio climático.
Pero que sea un problema global no significa que sus implicancias sean iguales para todos. Por ejemplo, la tasa de muertes causadas por catástrofes naturales en las naciones más pobres es cuatro veces superior a la de las más ricas; el daño proporcional sobre sus economías también es sustantivamente mayor. De la misma manera, son los países más pobres los que tienen una mayor exposición y riesgo ante la escasez de alimentos.
No solo las consecuencias no son las mismas, sino que también las responsabilidades son diferentes. Sabemos que el 10% de las personas más ricas del mundo producen más del 50% de las emisiones de carbono, mientras que la mitad más pobre de la población mundial emite apenas el 7%. Lo mismo ocurre entre los Estados: las economías de renta alta emiten 44 veces más CO2 que las menos desarrolladas. En definitiva, ni todos los países tienen la misma posibilidad de tomar acciones, ni la misma responsabilidad de hacerlo.
Pensar hoy una transformación ecológica que no les dé centralidad a estas asimetrías actuales e históricas es apostar a falsas soluciones parciales. Si la transición hacia una economía verde no viene acompañada con programas de asistencia, transferencia de tecnología y financiamiento para las naciones más postergadas, no solo no alcanzará para frenar el cambio climático, sino que generará nuevas desigualdades.
En este sentido, una verdadera agenda ambiental popular es la que no solo reconoce la necesidad de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático, sino que pone el combate a la desigualdad en el centro para impulsar compromisos que sean realizables y equitativos para las partes.
Esto no va a darse espontáneamente por parte de los Estados más poderosos. Solo podrá concretarse si logramos articular una fuerte presión multilateral desde el Sur Global, y para eso es fundamental el papel de la militancia ambiental de cada pueblo.
Un ambientalismo popular para la reconstrucción nacional
Al mismo tiempo que debemos dar estas discusiones en el plano internacional y avanzar en una transición energética justa y sustentable, nuestro país atraviesa sus propios desafíos producto de la crisis económica a la que nos condujeron las políticas de endeudamiento irresponsable y especulación financiera implementadas por el Gobierno anterior. La pandemia vino a profundizar esta situación, y su impacto en los indicadores sociales obliga a pensar en soluciones integrales que vayan más allá de lo paliativo.
Esto incluye, por supuesto, la dimensión ambiental. Resulta, a esta altura, más que evidente que no se puede pensar una política ambiental que esté desligada de lo económico y lo social. Para abordar realmente los problemas ambientales es necesario plantearnos una agenda transformadora orientada a redistribuir la riqueza y promover la equidad. De la misma manera, las políticas ambientales son un instrumento fundamental para avanzar hacia una mejor producción y redistribución de los recursos.
Por un lado, porque en nuestro país son los más vulnerables los que sufren la degradación ambiental. Basta señalar que una parte importante de los asentamientos y barrios populares se ubican alrededor de la cuenca Matanza-Riachuelo, que, además de ser una zona con altos niveles de contaminación, está expuesta a inundaciones y desbordes constantes. Son también las poblaciones rurales de bajos ingresos las más afectadas cuando no se regula con propiedad el uso de agroquímicos, o aquellos que habitan en viviendas precarias los que más tienen para perder cuando se producen incendios forestales.
Por otro lado, apuntar a solucionar estos problemas inevitablemente conlleva enfrentarse a actores poderosos e intereses concentrados que son los que más se benefician con el estado actual de las cosas. El deterioro ambiental es resultado de una forma de producción que tiene ciertos ganadores, que evidentemente van a resistir todo intento de cambio.
Un claro ejemplo de esto fue la Ley de Manejo del Fuego que impulsó el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y que logramos aprobar en el Congreso en 2020. Abordar de forma concreta el problema de los incendios forestales intencionales implicó desafiar las prácticas especulativas de quienes apelan a mecanismos ilegales para hacer negocios inmobiliarios o ampliar la frontera agrícolo-ganadera.
Debemos abordar las problemáticas ambientales con una visión que no se limite solamente a generar un efecto ambiental positivo, sino que esté orientada a hacerlo a través de la integración y participación de los sectores populares y el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Construyendo una agenda legislativa ambiental popular
Sobre esta base es que entendemos el ambientalismo popular como una fuerza fundamental para avanzar en las transformaciones que necesita nuestro país. Por eso, desde la Cámara de Diputados hemos implementado la iniciativa del Foro Legislativo Ambiental, un dispositivo de participación ciudadana para la construcción de una agenda legislativa ambiental popular, que parte de la cocreación de proyectos de ley concretos elaborados colectivamente con base en un proceso de diálogo y debate entre legisladores, organizaciones ambientalistas, comunidades de pueblos originarios, cooperativas de cartoneras y cartoneros, trabajadoras y trabajadores del Poder Ejecutivo.
A través de diferentes mesas de participación, se abordó una serie de temáticas enmarcadas en tres ejes claves: el ordenamiento ambiental del territorio, la soberanía alimentaria y la gestión de residuos. A través de este foro se presentaron tres proyectos de ley 100% participativos relacionados con estas temáticas.
Se trata de abrir caminos que permitan canalizar e impulsar la enorme fuerza de la militancia ambiental, que ha adquirido una relevancia cada vez mayor, especialmente entre los jóvenes. El foro, donde participaron más de 1.550 personas, supone darle un lugar central a la dimensión de la participación ciudadana en la elaboración de las políticas ambientales. Esto es fundamental no solo para generar propuestas que respondan al dinamismo propio de la temática y la heterogeneidad de nuestro territorio, sino para fortalecer la legitimidad y el involucramiento de la comunidad en las acciones a adoptar. Es ese involucramiento activo de la ciudadanía el que finalmente permitirá avanzar en las transformaciones que necesitamos para construir un modelo de país más sustentable y justo.
