LO AMBIENTAL COMO INTERÉS DE PRIMER ORDEN (O LA PREEMINENCIA DE LOS INTERESES DE LAS MAYORÍAS) / La social, la económica y la climática no son crisis contrapuestas ni plantean disyuntiva alguna: todas son expresión de la originada en la supremacía e irracionalidad del lucro. Ocurre que los sectores de poder concentrado que se benefician de la depredación precisan de esa categorización en la que lo ambiental aparece como un interés superficial, incompatible con lo verdaderamente urgente para los pueblos del Sur global. Una conceptualización reforzada de forma sistemática y tan necesaria como la despolitización de la cuestión, que consiste en la disolución de las responsabilidades en el conjunto de la población. La injusticia social como germen, además de consecuencia, de la crisis climática y ecológica, y su transformación como imperativo de supervivencia.
Por Mercedes Pombo
Militante ambiental y feminista. Referente de Jóvenes por el clima. Co-conductora de “Qué mundo nos dejaron”, en la Nacional Rock (Radio Nacional). Estudiante de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Fotos: Sebastián Miquel
A la irracionalidad del suicidio colectivo debemos responder con la racionalidad del deseo de supervivencia.
Juan Domingo Perón,
“Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo”
Hoy en día el abordaje de las problemáticas socioambientales se convirtió en una tarea ineludible a la hora de brindar un diagnóstico de nuestro presente, así como también a la hora de transformarlo.
¿Cómo compatibilizar la acuciante necesidad de reducir los niveles de pobreza e indigencia en medio de la crisis resultante de la pandemia con la jerarquización de una perspectiva socioambiental?
Este es uno de los primeros dilemas que se nos presenta al momento de pensar un ambientalismo que no se desentienda de las complejidades que nos atraviesan como país latinoamericano con un sobreendeudamiento que suma, a los problemas ya planteados, una situación crítica en el plano macroeconómico.
Esta disyuntiva que plantea la crisis económica y la crisis ambiental como términos contrapuestos que es necesario compatibilizar encierra una concepción del ambiente que lo considera un lujo posmaterialista y, por ende, incompatible con la realidad material del Sur global.
Dicho paradigma supone la premisa evidentemente errónea de que es posible disociar el progreso social y económico del entorno que lo sustenta, heredada del proyecto ilustrado que en el afán de dominar la naturaleza la definió en contraposición a la humanidad y su desarrollo.
La visión de las cuestiones ambientales como un interés de segundo orden se cristaliza aún más a raíz del imperativo individualista, legado del neoliberalismo, que tuvo un arraigo profundo en el abordaje de las problemáticas ambientales, identificando como causa de la actual crisis climática y ecológica la suma de las responsabilidades individuales. Al depositar el deber de hacerle frente a las problemáticas socioambientales en el individuo-consumidor, la lucha por un medioambiente sano parece circunscribirse a quienes tienen el tiempo y los recursos para modificar sus hábitos de consumo.
Sin embargo, estas narrativas no poseen ningún correlato con la realidad. Son, en los hechos, los sectores populares los que se ven desplazados hacia zonas con una menor calidad de vida, expuestas a contaminantes frecuentes, cercanas a basurales a cielo abierto, con niveles insalubres de contaminación en el aire y el agua, entre muchos otros factores de vulnerabilidad ambiental que se agudizan permanentemente por el cambio climático.
La injusticia social, además de ser una de sus principales consecuencias, se encuentra en el germen que da origen a la actual crisis climática y ecológica: según la OXFAM, el 1% más rico de la población mundial emite más del doble de dióxido de carbono que la mitad más pobre.[1]
Es por ello que la categorización de lo ambiental como un interés de segundo orden es permanentemente reforzada por los sectores de poder concentrado que lucran a partir de la depredación ambiental, para los cuales la despolitización de estas cuestiones implica la socialización de las responsabilidades en el conjunto de la población.
La social, la económica y la climática no solo no son crisis contrapuestas, sino que son expresiones de una misma crisis, eminentemente ética y política, producto de la preeminencia del lucro por sobre los intereses de las grandes mayorías.
¿Quién le debe a quién?
Las asimetrías que engendra la depredación ambiental en los territorios se replican también a nivel internacional, y se configuran de manera tal que los países que menos contribuyeron históricamente a la crisis climática son los que más van a padecer sus consecuencias y, paradójicamente, los principales responsables del cambio climático son los que más herramientas tienen para hacerle frente.
En 1992, en una Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Fidel Castro decía, en referencia a las terribles consecuencias ambientales que ya en aquel entonces constituían una preocupación central, que “no es posible culpar de esto a los países del Tercer Mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto”; y agregaba: “páguese la deuda ecológica, no la deuda externa”.
El economista Joan Martínez Alier explica el concepto de deuda ecológica como “la deuda contraída por los países industrializados con los demás países a causa del expolio histórico y presente de los recursos naturales, los impactos ambientales exportados y la libre utilización del espacio ambiental global para depositar sus residuos”. En definitiva, es un concepto que alude al correlato existente entre la deuda financiera por parte del Sur global y la deuda histórica en materia ambiental por parte de aquellos países que sustentaron su desarrollo en el saqueo a dichos pueblos.
Además de ser desigual, este modelo se caracteriza por ser profundamente irracional. Los mismos países que exigen el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre cambio climático y que, como en el caso de Estados Unidos, prometen “hacer cumplir esos compromisos mediante el poderío económico americano”[2], integran los organismos de financiamiento internacional que fuerzan a países como Argentina a profundizar su matriz extractivista para pagar los intereses de la deuda.
Según un estudio reciente de la Universidad de Cambridge[3], si se incorporara la variable climática en el análisis de las deudas financieras, Argentina tendría un superávit crediticio positivo.
Discutir una nueva arquitectura financiera global, frente a las advertencias de la comunidad científica internacional acerca de la inminencia y la magnitud de las consecuencias del cambio climático, se torna, además de un grito de justicia histórica, un imperativo de supervivencia.
El realismo de las utopías
En la cumbre de líderes sobre cambio climático convocada por Joe Biden el 22 de abril de este año se advierte la creciente centralidad que está adquiriendo el tema en los proyectos de país de las mayores economías mundiales.
El plan de gobierno de Joe Biden consiste en apalancar la reactivación económica en la transición energética y una gran inversión en infraestructura, que le permita al país cumplir con el objetivo de neutralidad de las emisiones de carbono para 2050 y, por otro lado, crear millones de puestos de trabajo verde y de calidad.
Este panorama impone la necesidad de discutir la inserción política del país en una economía global signada por la crisis climática y, al mismo tiempo, la defensa de sus intereses soberanos en un contexto signado por la escasez de recursos.
El saqueo histórico a los pueblos latinoamericanos hoy toma la forma de sujeción económica producto de un endeudamiento insostenible que fuerza a los países a profundizar su matriz extractivista. Este modelo de mal desarrollo es acompañado por un entramado económico y político que, mediante golpes blandos y persecuciones judiciales, impide cualquier intento de manejo soberano de los bienes comunes naturales.
Uno entre muchos ejemplos que trazan la historia de nuestra región es el de Bolivia, que pocos días antes del último golpe de Estado había anulado el acuerdo que establecía a la empresa alemana ACISA como socia estratégica de la empresa pública nacional Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).
Esta tendencia puede agravarse todavía producto del agotamiento de los recursos naturales y la necesidad de insumos que implica la transición del Norte global. Tomando el caso de Estados Unidos, su paquete de medidas para la transición energética incluye la promoción de autos eléctricos y, por lo tanto, la producción de baterías de litio. Esto conlleva una mayor presión sobre el litio como insumo, el cual concentra 86% de sus reservas mundiales en Argentina, Chile y Bolivia.
Frente a esta coyuntura se derivan diversas reflexiones. Por un lado, se pone de manifiesto que, producto de la existencia de límites geofísicos, las consecuencias de las asimetrías existentes impactan también, aunque en menor medida, en quienes se benefician de ellas. Por otra parte, se vuelve imperiosa en el actual estado de excepción permanente, la necesidad de planificar a mediano y largo plazo y de jerarquizar en esta planificación la soberanía energética, la soberanía alimentaria y la construcción de una sociedad más resiliente, que exige a su vez una sociedad socialmente más justa.
La utopía de modificar este sistema estructuralmente perverso se torna, frente al escenario que nos plantea la crisis climática y ecológica, una necesidad humanitaria y existencial.
Notas
[1] https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/el-1-mas-rico-de-la-poblacion-emite-mas-del-doble-de-carbono-que-la-mitad-mas-pobre-de/.
[2] https://joebiden.com/climate-plan/.
[3] https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/media/uploads/files/Rising_Climate_Falling_Ratings_Working_Paper.pdf/.
