EL SISTEMA UNIVERSITARIO NACIONAL BAJO LA ADMINISTRACIÓN CAMBIEMOS / Silencio o menciones descalificadoras, persecución y desmantelamiento institucional, recortes y asfixia presupuestaria permiten caracterizar tanto el pensamiento como las políticas oficiales efectivas en torno al sistema universitario público. Este desprecio hacia la posibilidad de contar con más y mejores universidades para una creciente cantidad de estudiantes ha ido de la mano de un proyecto de país fundado en la exclusión y la especulación financiera, cuyos resultados son la reducción de la clase media, la obturación de los mecanismos de movilidad social ascendente, la ampliación de la pobreza y el retorno de la indigencia. Reconstruir y trazar nuevos horizontes en el marco de una agenda popular comprometida con el desarrollo de la Universidad pública y su ligazón con la construcción de una sociedad democrática y movilizada por la producción, el trabajo y la justicia social es nuestra obligación primordial.
Por Laura V. Alonso
Diputada nacional (FpV-PJ). Vicepresidenta 1a de la Comisión de Educación de la HCDN. Fue subsecretaria de Políticas Universitarias de la Nación desde 2011 hasta 2015.
Fotos: Sebastián Miquel
Una caracterización sintética del sistema de educación superior nacional bajo la Administración Cambiemos puede comenzar con el análisis de tres ejes: el discursivo, el institucional y el material. El primero, para entender qué lugar ocupa en el discurso oficial. Por su parte, el segundo, para analizar las dinámicas y roles de las instituciones, a la vez que el desarrollo de sus capacidades de gestión. El tercero, y último, para comprender el grado de inversión material que se le asigna al sector.
Si lo discursivo permite abordar aquellas cuestiones conceptuales como el marco desde el cual se desarrolla el sector, las principales características a resaltar son la escasa mención a las universidades y al sistema de educación superior en su conjunto que realizan las principales figuras del gobierno: desde el presidente, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires o el jefe de gabinete; lógicamente no contamos a las autoridades del área, ya que va de suyo el vínculo evidente con el sector.
Ahora bien, si tomamos en cuenta las menciones, el escenario es peor aún: antológica fue la crítica de Macri cuando era candidato a presidente con su pregunta retórica “¿qué es esto de universidades por todos lados?” criticando la creación de universidades en distintas regiones del país. Ya siendo presidente, se refirió –mediante un fallido o ni siquiera– a la educación pública como el fondo de un pozo “adonde se cae”. Vidal, gobernadora de la provincia con más universidades públicas y estudiantes del país, no se quedó atrás al señalar, a principios de 2018, que todos/as los/as que compartían aquel almuerzo en el Rotary Club sabían “que nadie que nace en la pobreza va a la Universidad”.
Estos discursos y el silencio (¿con qué quedarse?) son un buen botón de muestra del pensamiento oficial sobre la educación pública en general y la Universidad específicamente.
El segundo eje, el institucional, proponemos abordarlo desde dos enfoques. El primero, complementario al desprecio discursivo, se ve reflejado en la desconfianza y persecución a la que se sometió al sistema universitario por parte de un sector de Comodoro Py aliado al gobierno, cuando a inicios de 2016 el fiscal Marijuan realizó una denuncia insólita a más de cincuenta rectores/as de universidades nacionales, prácticamente todos/as, constituyendo un hecho inédito desde 1983 a la fecha. El mensaje fue claro: marcar la cancha desde el inicio del nuevo gobierno, pretendiendo disciplinar a las universidades por haber recibido fondos estatales de distintos ministerios durante el gobierno de Cristina Kirchner.
El segundo abordaje relativo al deterioro institucional refiere al proceso de vaciamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias, organización institucional elemental que diseña y articula las políticas para el sector desde el Estado nacional. La institucionalidad, tantas veces demandada, en los hechos se tradujo en reducir, al punto de eliminarlas en muchos casos, capacidades estatales de gestión. Ya sea mediante la reducción de personal, la discontinuidad de programas de mejoramiento o fortalecimiento, hasta el liso y llano desmantelamiento. Difícil contribuir con aportes a las universidades si la arquitectura institucional gubernamental encargada de realizarlo queda reducida a su mínima expresión.
Por último, la cuestión material. A modo de ejemplo, señalamos tres indicadores para ver la evolución de la inversión financiera del Estado nacional en el sector. La Ley de Financiamiento Educativo de 2010 estableció un “piso” del 6% del PBI destinado a educación (en general). Sin embargo, desde 2016 viene reduciéndose el gasto efectivo –en 2017 fue del 5,65%–, afectando consecuentemente al sistema universitario, cuyo presupuesto, luego de consolidarse en torno al 1% del PBI durante el segundo mandato de CFK, se redujo en 2018 a menos del 0,8%.
Correlativo a este dato, la tendencia: si se cumple la ejecución presupuestaria de la Ley de Presupuesto 2019, se implementará una reducción adicional, ubicándose al finalizar el año en torno al 0,75% del PBI. Menos porcentaje de un producto que, a la vez, se viene reduciendo como resultado de la crisis económica. Es decir, un recorte por partida doble.
El tercer dato relativo a la inversión es el de las Becas Universitarias. A inicios de 2018 se modificó la estructura de becas eliminando la diversidad de instrumentos existentes y dejando en pie solo un tipo, las Becas Progresar. Al modificarse el sistema y los requisitos, en el transcurso de dos años cerca de 300.000 estudiantes se quedaron sin becas. A esto hay que agregar un segundo dato. En 2019 el valor de la beca se mantiene igual a 2018, con un detalle: la inflación oficial (IPC-INDEC) acumulada en un año rondó el 50%. De este modo, el estipendio perdió valor real groseramente.
Repasados sintéticamente estos tres ejes, arribamos a la conclusión de que las políticas de la Administración Cambiemos de cara al sector son, lamentablemente, la convergencia del desprestigio con ataques y desfinanciamiento al sistema universitario público. Lo que equivale a decir que existe un desprecio oficial a la posibilidad de contar con más y mejores universidades para una creciente cantidad de alumnos/as.
Ahora bien, ¿por qué esta dirección? Se podría arriesgar que obedece a que las principales figuras políticas del gobierno se formaron en universidades privadas. Macri, Vidal, Peña, el primer ministro de Educación, Bullrich, se han formado en universidades de élite como la UCA o CAECE, pero entendemos que, si bien la distancia con el sistema público en sus trayectorias biográficas es importante, no es un argumento determinante para explicar la animosidad contra el sector. Nuestra hipótesis más fuerte obedece a que el sistema educativo público nunca se encuentra escindido de la visión general de gobierno; dicho de otro modo, del modelo de país al que se aspira.
En ese sentido, caracterizamos sintéticamente la política general de Cambiemos como de exclusión en lo social y de especulación en lo económico. Un país en donde el proceso de acumulación está guiado por la obtención de rentas financieras en desmedro del trabajo y la producción, cuyos resultados no son otros que la reducción de la clase media, la obturación de los mecanismos de movilidad social ascendente, la ampliación de la pobreza y el retorno de la indigencia.
Con esa visión de sociedad, entendemos que a Cambiemos no le interesa la educación pública y por eso la desfinancia, desprestigia a sus trabajadores/as en sus discursos, incluso llegando a reprimir mediante las fuerzas de seguridad cuando se generan reclamos y movilizaciones.
¿Qué hacer con esta realidad, de cara al presente proceso electoral? En principio, intervenir en dos planos: reparar y plantear nuevos horizontes. Sobre el primero, se trata de reconstruir sobre la base de lo que fue la intervención del Estado nacional hasta la asunción de Cambiemos. Esto es, recuperar el financiamiento general del sistema; recomponer los ingresos de los/as docentes, no docentes e investigadores/as; recomponer un sistema de becas en un doble sentido, en los estipendios nominales que vuelvan a ganarle a la inflación a la vez que en la ampliación de la cantidad de beneficiarios/as.
Este programa solo puede ser el punto de partida, y aquello realizado hasta 2015 una inspiración, ya que también debemos asumir una nueva agenda del presente y el futuro que recoja las modificaciones y nuevos escenarios sociales. En este sentido es fundamental volver a plantear el rol del sistema en un modelo de país que privilegie la producción por sobre la especulación financiera. A modo de ejemplo, el futuro del desarrollo económico nacional cada vez se asociará más al desenvolvimiento de los recursos energéticos no convencionales situados en Vaca Muerta; allí la Universidad puede ocupar un rol protagónico junto a YPF, no solo desde las ingenierías y geociencias, sino –y fundamentalmente– desde las ciencias sociales, la planificación urbana, de la salud, entre otros.
Lo mismo cabe para el complejo incipiente de minerales como el litio en el noroeste del país, así como también para las problemáticas “clásicas” de nuestra sociedad, como las vinculadas a la pampa húmeda, las conurbaciones de las grandes ciudades; en fin, creemos que es tan importante el saber que se construya en nuestras universidades aplicado a estos desafíos sociales como la formación de profesionales para el sector público y privado.
Lógicamente, los desafíos no se acaban allí. Es central debatir mecanismos de articulación entre la escuela media y la Universidad que faciliten el pasaje a quienes quieran transitarlo, como también usar nuestra imaginación para construir los mejores mecanismos institucionales que fortalezcan las trayectorias educativas en el ámbito universitario, minimizando la deserción y fortaleciendo los índices de graduación.
También consideramos central profundizar la relación entre instituciones educativas y prácticas deportivas. Anudar ambas dinámicas e infraestructuras debe ser un camino a seguir para brindarles a lxs jóvenes del país la posibilidad de desarrollar hábitos saludables, formación y competencia deportiva, de la mano de la realización de una trayectoria académica.
Estos son solo algunos ejemplos de lo que una agenda popular, comprometida con el desarrollo de una Universidad pública, federalmente distribuida, con una visión latinoamericana y feminista como la época demanda, debe implementar para volver a ubicar la Universidad en un país que se vuelva a preocupar por la construcción de una sociedad democrática y movilizada por la producción, el trabajo, la justicia social y la equidad.
