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Educación sexual para la igualdad y la justicia social

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Por Graciela Morgade / LA ESI COMO PROYECTO POLÍTICO DE AMPLIO ESPECTRO / El sentido general de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral es constituirse en una herramienta para la ampliación y la garantía de derechos, en la lucha contra las violencias y por una vida vivible y disfrutable. Sin embargo, a las movilizaciones históricas y a la enorme reivindicación y expectativas que los debates sobre la legalización del aborto abrieron en la sociedad y profundizaron en las escuelas, les sucedió una campaña dirigida a distorsionar tal sentido, que vino a sumarse al notable desfinanciamiento que jaquea la implementación de la ley y a su impugnación por parte de sectores ultraconservadores...
LA ESI COMO PROYECTO POLÍTICO DE AMPLIO ESPECTRO / El sentido general de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral es constituirse en una herramienta para la ampliación y la garantía de derechos, en la lucha contra las violencias y por una vida vivible y disfrutable. Sin embargo, a las movilizaciones históricas y a la enorme reivindicación y expectativas que los debates sobre la legalización del aborto abrieron en la sociedad y profundizaron en las escuelas, les sucedió una campaña dirigida a distorsionar tal sentido, que vino a sumarse al notable desfinanciamiento que jaquea la implementación de la ley y a su impugnación por parte de sectores ultraconservadores. Frente a este panorama, vinculado a la hegemonía neoliberal en el continente, se consolida un feminismo popular que encuentra en la demanda a los gobiernos y el fortalecimiento de las redes de base la doble estrategia para defender la ESI como proyecto político educativo de igualdad y justicia social.

Por Graciela Morgade
Profesora, investigadora y militante en temas de géneros y sexualidades. Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Fotos: Sebastián Miquel

Es muy probable que quienes lean esta nota hayan pasado por la secundaria. También es posible que hayan militado en centros de estudiantes, participado en sus marchas o simplemente acompañado con simpatía a las organizaciones juveniles que luchan por mejores condiciones de estudio en las escuelas. Es sabido entonces que, en general, las agrupaciones estudiantiles presentan denuncias y pedidos vinculados con las condiciones de estudio (por la gratuidad en el transporte o comedores económicos, contra problemas edilicios, falta de limpieza, situaciones de violencia o reglamentaciones abusivas, etcétera). Pero... ¿cuántas veces los reclamos estudiantiles en la escuela secundaria incluyeron cuestiones explícitamente vinculadas con la enseñanza? Seguramente la pregunta fue respondida con un silencio. Sin embargo, en las marchas, vigilias y documentos producidos por lxs jóvenes organizadxs, desde hace algunos años, la Educación Sexual Integral, la “ESI”, es una demanda recurrente. Lxs jóvenes quieren poder hablar y preguntar, quieren tener acceso a información relevante, quieren construir conocimientos situados en su contexto y en sus subjetividades. Quieren saber. ¡Qué enorme oportunidad para lxs educadorxs y las escuelas!

La formulación y reformulación de la ESI

La ley nacional de Educación Sexual Integral data de 2006. Todos los niveles educativos deben incluir la perspectiva y los temas relacionados con los cuerpos y las sexualidades. La ley y el plan de acción que ella determina (Programa Nacional de Educación Sexual Integral) se sustentaron en una clara decisión política del Ejecutivo y el Legislativo nacionales a la vez que en una fuerte alianza estratégica con los movimientos sociosexuales, en su versión más “militante” (organizaciones feministas y LGBTTTIQA) y en su versión más “académica” (universidades y centros de investigación). Sin embargo, la ley en sí fue solo un punto de catalización de otras leyes anteriores y, sobre todo, un punto de partida para un despliegue y una profundización posteriores, tomando de manera creciente los aportes de la perspectiva de género y de los derechos sexuales y reproductivos.



En cada avance teórico y político, las iniciativas fueron objeto de oposición de parte de actores sociales tradicionales, tales como los grupos religiosos o la “corporación médica” que, con diferente incidencia, han protagonizado y protagonizan debates y a veces una oposición virulenta. La conducción de las diferentes religiones, más allá de las realidades y necesidades de las bases practicantes, tendió y tiende a impugnar los fundamentos y contenidos que la Ley de Educación Sexual Integral sostiene. Y también, desde otra posición, se resistieron y resisten las tradiciones propias de las políticas de salud en la educación (el discurso biomédico de la “prevención” del contagio de ITS o del embarazo no planeado) que hegemonizaban el ámbito educativo como el único enfoque válido y necesario para la inclusión de la sexualidad como tema de trabajo en las escuelas.

El gobierno de Cambiemos representó un preocupante enlentecimiento, si no una desvirtuación, de las iniciativas que el Programa Nacional de ESI había encarado. Al notable desfinanciamiento en 2016 y 2017 se agrega que en 2018 los esfuerzos se colocaron en solo una de las dimensiones de la Educación Sexual Integral: la prevención del embarazo en la adolescencia y la jornada anual “por la igualdad”, establecida en otra ley para que un día al año se trabaje sobre el tema de la violencia de género, mientras se redujo el financiamiento del ex Consejo Nacional de la Mujer (hoy Instituto).

Reacciones manipuladas

Después de movilizaciones históricas y la “casi” sanción de la ley de legalización del aborto, asistimos a una notable proliferación de materiales audiovisuales, volantes y programas radiales y televisivos dirigidos con particular insistencia a distorsionar el sentido de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. Afiches en vía pública “Con mis hijos no te metas”, volantes denunciando una supuesta intención de la ESI de empujar a niños, niñas y jóvenes a diferentes prácticas genitales, videos alertando sobre una pretendida avanzada anti educación familiar, etcétera, etcétera, tienden a presentar versiones parciales, falaces y engañosas acerca de los principios y contenidos de la Educación Sexual Integral. Y, sobre todo, intentan distorsionar el concepto de “género”.

Se trata de una reedición de algunas tensiones producidas con anterioridad en el campo educativo (en 1995 y en 2004) que solo en 2006 fueron saldadas con la sanción de la Ley 26.150, complementada en 2009 con la Ley de Protección Integral a las Mujeres, en 2010 con la Ley de Matrimonio Civil igualitario y en 2012 con la Ley de Identidad de Género, entre otras.

Los fundamentos de esta campaña no representan una novedad en el debate público. De alguna manera remiten a una antigua concepción de cuerpo como instancia “natural”, a las identidades “femenina” y “masculina” como las únicas “normales” y “esenciales” y a la infancia como una suerte de “propiedad privada” de las familias.



Esta campaña ha pretendido ignorar más de cuarenta años de investigaciones y estudios sobre la construcción social de los cuerpos, en la que la materialidad y las condiciones históricoculturales intervienen de manera fuertemente articulada y casi inescindible, habilitando experiencias subjetivas diversas que la noción de “géneros” fue logrando visibilizar y hacer respetar. Y pretende ignorar también que en nuestro país, desde la Constitución de 1994, lxs niñxs y lxs adolescentes son sujetos de derecho y el Estado es el garante: entre muchas otras obligaciones, frente a casos de abuso o violencia intrafamiliar (y las investigaciones señalan que cerca del 80% de los casos de abuso infantil se perpetra dentro de la esfera doméstica), el Estado debe intervenir para preservar su integridad física y psíquica.

El sentido general de la Educación Sexual Integral es constituirse en una herramienta para la ampliación y la garantía de derechos, en la lucha contra las violencias y por una vida vivible y disfrutable. Y las escuelas han mostrado que son los espacios del Estado más adecuados, mejor distribuidos territorialmente para cumplir con la tarea de promoción de derechos.

¿Acentuar el desmantelamiento o profundizar la ESI como política y movimiento?

La enorme demanda y expectativas que los debates sobre la legalización del aborto abrieron en la sociedad y profundizaron en las escuelas durante 2018 solo pueden atenderse con un incremento considerable de presupuesto en educación. El gobierno de Cambiemos propuso, sin embargo, un 2019 de ajuste feroz que, entre otras cosas, pone en jaque las capacitaciones, la producción de materiales y la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Asimismo, persiste la impugnación de la ESI por parte de sectores políticos ultraconservadores con interés en profundizar su poder y llegar a conducir los gobiernos con creciente presencia en varios países de América Latina.

Sin duda es un panorama complejo, estrechamente vinculado con la hegemonía neoliberal en el continente y la necesidad de torcer el rumbo de esas políticas generales. No obstante, en el marco de la creciente movilización de las mujeres y los movimientos de la disidencia sexual, emerge y se consolida un feminismo popular articulado con otras luchas locales contra el empobrecimiento, el racismo y la dependencia colonial. La lucha contra las políticas de ajuste se complementa y consolida si logramos profundizar también acuerdos y estrategias con los sindicatos docentes, con estudiantes y docentes organizadxs por la ESI en un movimiento pedagógico de base, con organizaciones feministas y de la disidencia sexual, con organizaciones de la justicia y de la salud, con universidades, con el Poder Legislativo, con los medios de comunicación e inclusive con otros movimientos sociales vinculados con los sectores religiosos hartos ya de los abusos y de la doble moral “de clase”.

Demandar a los gobiernos y profundizar las redes de base parecen ser la doble estrategia para defender la ESI como proyecto político educativo de igualdad y justicia social con extraordinaria potencia productiva y crítica.





 

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