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Cachaça en la mamadera

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Por Darío Pignotti / LA GUERRA BOLSONARISTA A LA EDUCACIÓN PÚBLICA BRASILERA / Actos relámpago en facultades, intimidación a dirigentes estudiantiles y profesores considerados “terroristas”, cacería lanzada contra estos últimos con el pretexto de investigar presuntos desvíos de dinero. Todo ello, junto a los reclamos de “Escuela sin partido” y erradicación del marxismo de las casas de altos estudios, fue parte desde el inicio del orden posdemocrático que se materializó tras la destitución de Dilma Rousseff y se agudizó con la proscripción de Lula da Silva. Pero con la llegada de Bolsonaro el ataque a la educación pública adquirió una centralidad otra. De la reducción del presupuesto a la violación de la autonomía universitaria, y del combate a la educación sexual y los contenidos...
LA GUERRA BOLSONARISTA A LA EDUCACIÓN PÚBLICA BRASILERA / Actos relámpago en facultades, intimidación a dirigentes estudiantiles y profesores considerados “terroristas”, cacería lanzada contra estos últimos con el pretexto de investigar presuntos desvíos de dinero. Todo ello, junto a los reclamos de “Escuela sin partido” y erradicación del marxismo de las casas de altos estudios, fue parte desde el inicio del orden posdemocrático que se materializó tras la destitución de Dilma Rousseff y se agudizó con la proscripción de Lula da Silva. Pero con la llegada de Bolsonaro el ataque a la educación pública adquirió una centralidad otra. De la reducción del presupuesto a la violación de la autonomía universitaria, y del combate a la educación sexual y los contenidos relativos al golpe de 1964 a la intención de crear escuelas militarizadas y sustituir a Freire como patrono de la educación brasilera, derrotero de un régimen de poder cívico-militar que precisa de analfabetos políticos y de la exclusión educativa tanto como de la abolición prácticamente total de los derechos laborales.

Por Darío Pignotti
Licenciado en Comunicación Social y Especialista en Integración Latinoamericana por la Universidad Nacional de La Plata. Doctor en Comunicación por la Universidad de San Pablo. Corresponsal del diario Página/12 en Brasil.

Fotos: Sebastián Miquel

“Basta de Dilma y de PT, no queremos ser Corea del Norte, esto no se aguanta más. Basta de marxistas en las universidades, de patrulla ideológica gramsciana”. Eran más o menos las 16 hs del domingo 17 abril de 2016 cuando un estudiante de la Universidad de Brasilia (UNB), participante de la protesta frente al Congreso donde se votaba el impeachment contra Dilma Rousseff, me explicó los motivos de su furia. “Esto no tiene nada que ver con un golpe de Estado, queremos que esta gente se vaya a Cuba, queremos estudiar en libertad”. Vestía vaqueros, zapatillas y una remera oscura con la inscripción “Bolsonarista” que desentonaba con el amarillo de la mayoría del público a su alrededor, enfundado en camisetas de la selección nacional de Neymar (el jugador también era un antipetista que más tarde devino en filobolsonarista).

El muchacho, blanco, alto, imberbe y autoproclamado “antigramsciano”, hablaba a los gritos para sobreponerse al estruendo de los petardos y cánticos de los miles de iracundos reunidos en la Explanada de los Ministerios, la principal avenida de la ciudad, bramando “Fuera Dilma”. La identificación del estudiante de Turismo en la universidad pública con Bolsonaro era una rareza, o por lo menos no era mayoritaria, en medio de ese gentío que carecía de un liderazgo nítido. Sí tenían un ídolo, el juez Sergio Moro, endiosado por su carácter de perseguidor de Luiz Inácio Lula da Silva. Se vendían muñequitos de “Super Moro”, con su capa roja y músculos de comic.

Por entonces, el capitán retirado del Ejército no pasaba de ser un personaje popular en Río de Janeiro, donde fue el diputado más votado en 2014, pero todavía sin proyección nacional relevante. Junto al payaso Tiririca –el diputado más votado de San Pablo–, Bolsonaro era tenido como alguien entre circense y medieval. No era considerado como un presidenciable por la derecha clásica, que lo consentía en su carácter de bufón funcional para agredir a Dilma. Pero lo cierto es que el personaje comenzaba a ganar adhesiones entre la lumpenpolítica a fuerza de lanzar provocaciones, como combatir la educación sexual en las escuelas bajo el argumento de que así se promovía “la homosexualidad precoz de nuestros niños” o la reivindicación de la dictadura.



Aquel acto golpista del caluroso domingo otoñal de 2016 frente al palacio modernista del Congreso carecía de conducción partidaria pero no de estrategia. La dirección política y el ritmo del plan sedicioso estaban a cargo del multimedia Globo, seguido por otras empresas de la industria de la (des)información y el entretenimiento. Para dar más repercusión a la aprobación del impeachment, se suspendió la fecha del campeonato brasileño de fútbol cuyos juegos son transmitidos por Rede Globo.

El centro del Distrito Federal estaba dividido por un muro metálico de dos metros de altura y casi un kilómetro de extensión. De un lado, las columnas amarillas donde se estacionaron camiones con parlantes y escenarios portantes como los usados en el carnaval –los “tríos eléctricos”–, entre los cuales se destacaba el contratado por una agremiación de comisarios de la Policía Federal. Del otro lado del vallado se concentraron los defensores del gobierno, con banderas y remeras rojas. Había sindicatos de profesores, bancarios, petroleros, a los que se sumaron militantes del PT y del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra.

Dentro del recinto de la Cámara Baja, las bancadas “De la Bala”, formada por policías, y “De la Biblia”, de pastores evangélicos, votaron sin fisuras contra la presidenta reelecta en 2014 acusada de delitos imaginarios. Esos dos bloques serían la base de sustentación cuando llegó a la presidencia Bolsonaro, un histórico cultor de Augusto Pinochet y más recientemente de Donald Trump.

La concentración “amarilla”, del lado sur de la principal avenida brasiliense, fue un dechado de escenas de analfabetismo político. Predominaban carteles pidiendo SOS a los militares mezclados con el reclamo de “Escuela sin partido” y otros más extravagantes demandando un “Basta de Paulo Freire”, el pedagogo brasilero más estudiado en el mundo. La mayor parte de esa turba compuesta por personas blancas de clase media alta –como el estudiante de Turismo– probablemente jamás leyó un texto completo de Freire, y menos de Antonio Gramsci. Como tampoco lo hizo Bolsonaro. Pero el embrión de dictador compensaba su carácter de iletrado con una eficaz agitación a través de las redes sociales, donde comenzó a conquistar seguidores fanatizados.

Un prematuro bolsonarista fue Marcelo Valle Silveira Mello, que sería condenado a 41 años de prisión por diseminar mensajes homofóbicos y racistas y planear la matanza de estudiantes de Ciencias Sociales de la UNB, de quienes había recogido identidades, direcciones y rutinas.
Junto con el alzamiento que derrocó a Rousseff en 2016 comenzaron a surgir grupos ultraderechistas en las universidades San Pablo, Río de Janeiro, Brasilia y el sureño estado de Paraná, el feudo donde fue engendrada la causa Lava Jato, del juez Sergio Moro.

Dos años antes de las elecciones de 2018, estos grupos de choque ya realizaban actos relámpago en algunas facultades combinados con aprietes a dirigentes estudiantiles y profesores tenidos por “terroristas”. Una de las víctimas fue el rector de la Universidad Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier, que se suicidó al ser denunciado por una comisaria ligada al “grupo de tareas” (así es como se llaman a sí mismos) al servicio de la causa Lava Jato. Luego del fallecimiento de Cancellier se comprobó que la imputación carecía de fundamento.

El ensañamiento de Moro con Lula da Silva y el PT se replicó en la cacería lanzada por la policía contra profesores universitarios bajo el pretexto de investigar presuntos, y nunca demostrados, desvíos de dinero en las universidades. La tenaza contra las casas de altos estudios se agravó con la llegada de Michel Temer al Palácio do Planalto en mayo de 2016. “Las intimidaciones se realizaban a través de las redes sociales y en persona, hubo pintadas amenazantes y arrancaron las hojas de libros con contenidos relacionados a los derechos humanos de la biblioteca”, cuenta la profesora Alejandra Pascual, de la Facultad de Derecho de la UNB. Especializada en derechos humanos, con doctorado en Brasil y posdoctorado en México, Pascual denuncia haber sido una de las “tantas víctimas del clima de terror que fue aumentando considerablemente junto con el golpe a la presidenta Dilma Rousseff”.



A partir de 2019, con la llegada del bolsonarismo, los aprietes arreciaron. Si durante el gobierno ilegal de Temer eran más o menos disimulados, o guardaban una apariencia institucional, con la asunción del exmilitar fueron apoyados de una forma poco menos que explícita. Bolsonaro tiene algunos rasgos de carácter que lo asemejan al dictador votado de Filipinas, Rodrigo Duterte.

“Actualmente –solo en mi facultad– están amenazados el decano Mamede Said, la secretaria académica y todo su staff. Mis colegas viven en un clima de miedo permanente. Mi compañera, la profesora Débora Diniz, una referencia internacional en la defensa científica del aborto, fue seguida por desconocidos y amenazada de muerte. Tuvo que entrar en un programa de protección, no sabemos dónde está viviendo con su familia ni podemos comunicarnos con ella”, me contó Alejandra Pascual a principios de mayo de este año.

Bolsonaro, electo el 28 de octubre de 2018 –en el 86º aniversario de la Marcha sobre Roma de Benito Mussolini–, ha dedicado los primeros cuatro meses de gobierno a la intimidación de estudiantes y profesores enrolados en la defensa de la educación pública y la resistencia democrática. “Es un fascista nato. No está preocupado por disimular que va a estrangular a las universidades. Nosotros creemos que quiere intervenir la UNB, imitando lo que hizo la dictadura”, sostuvo Claudio García Lorenzo, el secretario general de la Asociación de Profesores de la UNB.

Convirtió el Ministerio de Educación en una máquina desde la cual se incita la formación de algo parecido a las “squadre d’azione” que se multiplicaron con la fuerza de una plaga en la Italia de la década de 1920 junto al nacimiento de los Grupos Universitarios Fascistas.
Para comprender la utopía regresiva soñada por el gobernante, es pertinente remontarse al “Nuovo Ordine” y las tesis defendidas por Benito Mussolini un siglo atrás.


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El gobierno anómalo de Temer montó un simulacro electoral bajo la premisa, implícita, de impedir el retorno de Lula. El tornero mecánico vencedor de dos elecciones (2002 y 2006) y mentor de otros dos triunfos (los de Dilma en 2010 y 2014) corporiza lo maldito para las élites financieras, mediáticas, judiciales y políticas. Para sabotear su victoria en los comicios de octubre de 2018 hubo que proscribirlo un mes antes de la votación, cuando contaba con casi el 40% de las intenciones de voto, contra menos del 20% de Bolsonaro.

La campaña del candidato a la postre vencedor, narrada con simpatía por la prensa hegemónica, fue construida a base de falsedades y ataques contra el sustituto de Lula, el profesor Fernando Haddad, de la Universidad de San Pablo. Bolsonaro aseguró que si Haddad fuera electo en las guarderías públicas los niños serían alimentados con mamaderas con chupetes de forma fálica. Según esa propaganda, la intención de los petistas era arrastrar a los chicos hacia la homosexualidad y más tarde inculcarles ideas de izquierda, para lo cual propuso de antídoto erradicar “el marxismo cultural”. La noticia falsa enviada a través de WhatsApp llegó a millones de electores, una parte importante de los cuales la consideró cierta. Posiblemente haya sido la de mayor impacto en la campaña. Reforzada por la prédica de miles de pastores evangélicos que en sus sermones atribuyeron al profesor Haddad motivaciones diabólicas.

Sin agrupación propia, Bolsonaro alquiló una –algo usual en Brasil–, el Partido Social Liberal (PSL), para tener una marca con la cual disputar los comicios. Esa agrupación, con menos de cinco congresistas federales y unos pocos comités esparcidos en un país de 8,5 millones de km2, resultaba insuficiente para una contienda política del tamaño de unas elecciones presidenciales. Esa carencia la compensó con los “milicianos”, paramilitares con fuerte presencia en las favelas de las capitales, y el “ Partido Policial”, formado fundamentalmente por las fuerzas de seguridad estaduales –con cerca de un millón de elementos–, que en los días previos a los comicios allanaron más de veinte universidades so pretexto de impedir actos políticos.

El 27 de octubre, un día antes del balotaje, el candidato aplaudió las razias pese a ser violatorias de la autonomía universitaria. Los operativos eran para erradicar “una minoría de estudiantes que son activistas [...] la universidad no es el lugar de hacer protestas”, dijo con entonación cuartelera. La fijación de Bolsonaro contra la educación pública, y sobre todo la universitaria, es un vector central dentro de su proyecto de deconstrucción del Estado democrático surgido de la Constitución de 1988, en la que fue objetivado un pacto social posdictadura módicamente progresista.

La guerra contra la educación fue iniciada a partir del 1º de enero de 2019 por el ministro Ricardo Vélez, que suplió su pobre currículum en materia de gestión pública con el respaldo recibido del escritor de extrema derecha Olavo de Carvalho, un exastrólogo radicado en Estados Unidos convertido en gurú ideológico del “Clan Bolsonaro”, formado por el mandatario y sus tres hijos: el senador Flavio, el diputado Eduardo y Carlos, concejal en Río de Janeiro.

Vélez Rodríguez propuso que todas las escuelas filmen a los alumnos recitando la consigna “Brasil arriba de todo, Dios arriba de todos”, la misma que utilizó Bolsonaro en su campaña. Su gestión duró menos de cuatro meses, y en su lugar fue designado el economista Abraham Weintraub, secundado por el comisario de la Policía Federal, Elmer Coelho Vicenzi, nombrado jefe del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas.

Tras poner en funciones al nuevo ministro Weintraub, Bolsonaro anunció el recorte de recursos para las facultades de ciencias humanas, y poco después amplió la medida con una reducción del 30% del presupuesto para todas las universidades federales. Además, expresó su intención de sustituir a Paulo Freire como patrono de la educación brasileña. “El ataque a la filosofía es parte del mal radical que llegó a Brasil con un gobierno de prepotentes fascistas, el antiintelectualismo es parte del menú”, reaccionó la filósofa Márcia Tiburi, excandidata petista a la gobernación de Río de Janeiro que desde hace unos meses se exilió en Francia debido a las amenazas de muerte de presuntos bolsonaristas y “milicianos”.

A través de los ataques a las universidades, la propuesta de inmunidad para policías que asesinan sospechosos en las favelas, la reforma previsional calcada de la aplicada por Pinochet en los años setenta, los privilegios políticos y económicos garantizados a los militares y un Congreso dominado por policías y pastores, va delineándose una nueva fase del orden posdemocrático, con líneas de fuerza que convergen hacia una dictadura solapada.

El golpe blando –si es que cabe el adjetivo– de 2016 se apoyó en el partido judicial, la “lawfare” y la conjura mediática. En la actual fase del golpe continuado –profundizado desde enero– ganó protagonismo el partido militar: dos de las principales fuentes de poder de Bolsonaro son las fuerzas armadas y el paramilitarismo. Los generales, y algunos pocos almirantes, controlan un tercio de los ministerios, además de tener un centenar de cuadros en secretarías y autarquías estratégicas. Si bien existen polémicas frecuentes entre el mandatario y los jerarcas del Ejército sobre asuntos más o menos relevantes, estas disputas –a veces solo retóricas– no amenazan el consenso de fondo sobre la “misión” conjunta de arrancar de cuajo la herencia dejada por el petismo. Bolsonaro y algunos generales suelen hablar de la “batalla cultural” que libran contra lo “políticamente correcto”: léase igualdad de género, derechos de las minorías sexuales, autonomía universitaria, educación crítica, combate al racismo, cupos de afrodescendientes en las universidades, etcétera.

La jerarquía castrense y el excapitán coinciden en modificar los contenidos de los libros de texto de las escuelas primarias relativos al golpe de 1964. La deposición del presidente João Goulart dejará de ser enseñada como un golpe. Los hechos que llevaron al poder al general Humberto Castelo Branco, primero de los cinco dictadores que gobernaron hasta 1985, serán explicados como un movimiento surgido de “la sociedad que percibió el peligro que el país estaba sufriendo” y decidió cambiar de presidente, según la visión oficial presentada en marzo pasado por el portavoz del Palácio do Planalto.

Un par de semanas después, el propio mandatario encabezó el acto del Día del Ejército en San Pablo, donde anunció la construcción del “más grande colegio militar de Brasil” y arengó a favor de la creación de escuelas primarias militarizadas. Y en Twitter aplaudió a una estudiante por haber filmado y delatado en las redes sociales a su profesora por supuestas afirmaciones progresistas durante la clase.

Simultáneamente, el oficialista PSL presentaba en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro un proyecto de ley provincial para que los profesores y estudiantes universitarios sean sometidos a tests sobre consumo de marihuana.

Lo que se busca es encuadrar, a través de la coacción y el adoctrinamiento, a una sociedad que en los años precedentes, durante los gobiernos del PT, había conquistado su ciudadanía “a través de políticas educacionales inclusivas”, sostiene la psicoanalista Maria Rita Kehl, que fue miembro de la Comisión Nacional de la Verdad sobre la dictadura. Bolsonaro precisa de analfabetos políticos, por eso ataca el modelo pedagógico de Paulo Freire inspirado en el principio de la “igualdad educacional”. Menos universidades y más liceos militares. Recortes de salarios y derechos de los profesores. Más pastores.

Bolsonaro se vale de la mentira metódica para gobernar, al igual que lo hizo durante la campaña. En última instancia, el proyecto de poder cívico-militar en curso requiere de la exclusión educativa tanto como de la proscripción política y la abolición prácticamente total de los derechos laborales. El modelo neoliberal exagerado del ministro de Economía Paulo Guedes supone condiciones de trabajo comparables al capitalismo semifeudal de inicios del siglo pasado. Cuando las trabajadoras, mayoritariamente analfabetas y sin derecho al voto, permanecían doce o catorce horas fuera de sus hogares viéndose obligadas a dejar a sus hijos pequeños sin el cuidado de nadie. Cuenta Maria Rita Kehl que esas madres solían echar unas gotas de “cachaça en las mamaderas” para evitar que los chicos se despertasen.




 

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