PRIVATIZACIÓN Y MERCANTILIZACIÓN EDUCATIVA EN LA ARGENTINA / Sustentado en la idea de ineficiencia de lo público, y trasladando la lógica empresarial al funcionamiento de las escuelas a la vez que el concepto de emprendedurismo bajo el ideario meritocrático, el proceso de privatización-mercantilización de la educación ha adquirido durante el macrismo una intensidad inusitada. Aquí, un recorrido por sus principales caras, con foco en aquella que resulta de la tan creciente como preocupante multiplicación de convenios del Estado con empresas y fundaciones y en la necesidad de denunciar las demandas del sector productivo y el capital transnacional de transformación de los sistemas educativos, flexibilización del trabajo docente y desaparición de los sindicatos que obstaculizan cada día la profundización de la comercialización del conocimiento y la embestida contra la educación pública.
Por Sonia Alesso* y Miguel Duhalde**
* Secretaria general de CTERA.
** Secretario de Educación de CTERA.
Fotos: Sebastián Miquel
El proceso de privatización de la educación en nuestro país se viene desplegando desde hace varias décadas. Sin embargo, ha cobrado un fuerte impulso a partir de la llegada al gobierno del presidente Macri, en diciembre de 2015, incorporando esta vez un marcado énfasis en la idea de la mercantilización de la educación y la comercialización del conocimiento.
Este proceso que denominamos “privatización y mercantilización” de la educación adopta diversas formas y, básicamente, se sustenta en la idea de que todo lo “público” es ineficiente. Frente a esta supuesta ineficiencia, la propuesta de la derecha en el campo educativo pasa por sostener e imponer los principios de la “Nueva Gestión Pública”, trasladando la lógica empresarial al funcionamiento de las escuelas, enfatizando la rendición de cuentas y las mediciones estandarizadas de los resultados. Con estos fundamentos, actualmente se han abierto las puertas del sistema educativo para el ingreso de las empresas privadas, fundaciones y ONG como nunca antes se había hecho.
Durante el mandato de la alianza Cambiemos, la presencia de las fundaciones, ONG, empresas e instituciones privadas en el campo educativo se ha multiplicado. Estos actores se convirtieron en los interlocutores privilegiados del gobierno para la definición e implementación de las políticas educativas. Los representantes de fundaciones y ONG sostenidas por empresas o los propios empresarios y CEO de las mismas dedicados al “negocio de la educación” se integran en redes políticas que promueven valores mercantiles y trabajan en pos de profundizar el proceso de privatización. En algunos casos, muchos de estos CEO pasan a ocupar directamente cargos en la función pública para quedar posicionados en lo que habitualmente se conoce como “los dos lados del mostrador”.
En este contexto, el poder dominante intenta consolidar la hegemonía de los valores del conservadurismo en alianza con los defensores del mercado, y en la disputa por el sentido común ha intensificado el desprecio por la educación pública y por los/as maestros/as. En la actual ofensiva neoliberal conservadora se impone el concepto de emprendedurismo bajo el ideario meritocrático y se cuestiona el trabajo docente, generando, entre otras cosas, la restricción de su autonomía.
Tal como decíamos al inicio, el proceso de privatización-mercantilización de la educación se expresa de diversas formas. Una de las principales y más conocidas es la que representa la matrícula estudiantil en escuelas privadas. El porcentaje de estudiantes que asisten a las escuelas privadas no ha dejado de crecer desde mediados del siglo XX. En la década del cuarenta esta cifra alcanzaba a un 7%, y en la actualidad el promedio es de aproximadamente un 30% del total de la población estudiantil. La primera salvedad que hay que hacer es que este crecimiento se detuvo a partir de 2008, momento en el que llegaron a ser cada vez más importantes las políticas de fortalecimiento y cualificación de la educación pública. La otra salvedad que hay que hacer es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ha gobernado el PRO desde 2007, es la única jurisdicción en la que la matrícula de la educación privada (52%) supera a la de la educación pública.
Otra de las formas relevantes adoptadas por ese proceso, también conocida por su permanencia durante muchos años en la historia de la educación argentina, es la que se traduce en los subsidios del Estado al sector privado. Esta transferencia de recursos puede ser analizada como uno de los instrumentos prioritarios que ha contribuido a la expansión de dicho sector. En el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), aproximadamente el 13% del gasto público total en educación se destina a escuelas privadas, un porcentaje similar al caso argentino, que es del 12,4% según fuentes del informe World Education Indicators (WEI) de la OCDE y la UNESCO. En el caso de la región se observan diferencias importantes en relación con los subsidios estatales para las instituciones educativas del sector privado. En un extremo se encuentra Uruguay, donde buena parte de los recursos se destinan a escuelas públicas. En Brasil y Paraguay el porcentaje del gasto público en instituciones privadas no alcanza el 5% y 10%, respectivamente. En el otro extremo, Chile es el país con mayor incidencia de la subvención a la educación privada en el presupuesto educativo público, con más del 35%. Argentina destina una proporción mayor de su presupuesto educativo a las escuelas de gestión privada que la mayoría de sus países vecinos, con excepción de Chile.
Ahora, la que desde nuestra perspectiva ha cobrado más significatividad para las políticas de la restauración conservadora –y por consiguiente la que más pone en peligro el derecho a la educación pública– es la forma de privatización-mercantilización que se expresa a través de los convenios del Estado con empresas y fundaciones. Actualmente han proliferado los convenios y acuerdos suscriptos por el Ministerio de Educación de la Nación con empresas privadas nacionales e internacionales, ONG, fundaciones vinculadas al ámbito educativo y universidades privadas. Estos interlocutores encuentran un nuevo ámbito para ampliar sus negocios, lo que se ve facilitado debido a que gran parte de los funcionarios de esta gestión gubernamental son o han sido accionistas, gerentes, consultores, asesores o directamente dueños de esas empresas, ONG o fundaciones.
Entre las principales fundaciones nos encontramos con Proyecto Educar 2050, que integra la Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación (REDUCA), una suerte de Consenso de Washington educativo del siglo XXI. En Argentina cuenta con el programa Líderes para el Aprendizaje, un programa de formación dirigido a supervisores y directores sobre gestión y liderazgo escolar en alianza con la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. El fundador y presidente es Manuel Álvarez Trongé, un abogado que ha ocupado altos cargos en grandes empresas nacionales y extranjeras, como Pérez Companc, Telefónica de Argentina y España, Banco Santander Río, y durante el gobierno de la restauración conservadora pasó a desempeñarse en la función pública como vicepresidente de Aerolíneas Argentinas. La actual directora ejecutiva del Proyecto Educar 2050, María Ángela Cortelezzi, pasó a ocupar un cargo en la función pública como directora nacional de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa de la Secretaría de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación nacional.
Otra fundación es Enseñá por Argentina, que es parte de la red global Teach For All. En Argentina se propone involucrar a jóvenes profesionales, emprendedores sociales o “líderes” para participar en un programa de formación en liderazgo social y educativo. Estos profesionales luego se desempeñan en las aulas junto al docente del grado bajo la figura de “co-docente”.
La enseñanza como liderazgo es el modelo pedagógico que comparten todos estos programas, de acuerdo con lo establecido en el manual de Teach For America. Este modelo asume que las habilidades del docente son equiparables al liderazgo empresarial, por lo que adopta el lenguaje de la gestión para describir la tarea docente. Sustentado en propuestas de desregulación de la formación y del trabajo docente, el programa conlleva una descalificación de los procesos de formación docente inicial. El modelo se basa en la idea de que cualquier joven exitoso puede desempeñarse como docente, y que no es necesario un largo proceso de formación; solo alcanzaría con un entrenamiento en liderazgo y con vocación para lograr buenos resultados. Cuenta con unos cuarenta socios corporativos, entre los que pueden mencionarse Ledesma, Swift, DirecTV, Banco Galicia, Johnson & Johnson, Grupo Renault, Banco Comafi, Banco Santander Rio, Visa, Swiss Medical y Roche. Además, tiene alianzas con universidades privadas, como la Católica, San Andrés y Austral.
Entre los miembros de su directorio está Agustina Blanco, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Católica, con un posgrado en educación realizado en el Manhattanville College. Se desempeñó en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, y luego de ser directora ejecutiva de Educar 2050 pasó a la función pública como directora provincial de Evaluación y Planeamiento de la Dirección General de Cultura y Educación en provincia de Buenos Aires. Además es cofundadora y miembro de Argentinos por la Educación, observatorio que se presentó como una iniciativa con el objetivo de mejorar la información pública sobre la educación argentina. Se trata de una fundación constituida por altos directivos de grandes empresas nacionales y extranjeras, como Roberto Souviron (Despegar.com), Ricardo Torres (Edenor), Karina Román (Organización Román), Constanza Gorleri (Banco Galicia), Federico Eisner (Bain & Company). También figuran en la lista Laura Muchnik (Muchnik.co), Eduardo Elsztain (Fundación IRSA), Marcos Galperin (Mercado Libre), Diego Bekerman (Microsoft), entre otros.
La primera acción que concretó la fundación fue la firma de un convenio con el Ministerio de Educación para llevar adelante un proyecto para analizar múltiples indicadores relacionados con el sistema educativo, y en este marco el Ministerio se comprometió al “suministro de información periódica y detallada sobre el sistema educativo”. Este convenio implica una privatización de actividades que son propias del Estado y que anteriormente desarrollaba el Ministerio a través de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE). A diferencia de organizaciones similares que funcionan desde hace varios años en otros países, el caso de Argentinos por la Educación parece ser una iniciativa surgida del propio Estado con la clara intención de privatizar la información y los datos del sistema estatal.
La Fundación Varkey también opera en el país y se ha hecho muy conocida en todo el mundo por el Premio al Docente Global, que otorga un millón de dólares a un “docente excepcional”. Ha implementado el programa Liderazgo e Innovación Educativa, una capacitación intensiva para miembros del equipo de conducción de las escuelas “para que los directivos se transformen en gestores de cambio dentro de sus propias instituciones”. Los convenios suscritos con la Fundación Varkey muestran que se trata de un mecanismo para contratar un servicio de capacitación eludiendo los procedimientos previstos en la legislación que regula las compras del Estado.
La fundación Eidos desarrolla una serie de programas que conjugan el ámbito de la educación con los valores del liderazgo y el emprendedurismo. Uno de los principales programas que lleva adelante es el que se denomina Academia A(em)prender. Con este programa se busca que los estudiantes puedan utilizar lo aprendido en las capacitaciones para desarrollar sus propios emprendimientos: “fomentar el espíritu emprendedor en los estudiantes de escuela media es el principal objetivo”.
Varias de las propuestas que lleva adelante esta fundación son programas internacionales de Microsoft, empresa con la que está íntimamente vinculada. Su fundador y director ejecutivo desde 2008, Alejandro Batto, fue asesor del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y una vez que Mauricio Macri asumió la presidencia de la nación pasó a desempeñarse como coordinador nacional en el Ministerio de Educación de la Nación, designado especialmente para presidir el grupo de jóvenes del G20.
En este proceso de privatización también se desarrollan acciones que van desde la realización de cursos de “capacitación” sobre la temática de la “educación emocional” y las neurociencias en educación hasta la presentación de proyectos de ley en el Congreso nacional y en las legislaturas de Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Neuquén y Santa Fe. Todas estas iniciativas tienen un enfoque que se liga explícitamente a los ideales del sistema neoliberal en lo económico y neoconservador en lo político-pedagógico, en el que se priorizan las salidas individuales frente a los problemas sociales y educativos, la meritocracia como forma de superación de las dificultades y la competencia como regla general en un contexto en el que la educación y el conocimiento son vistos como una mercancía más.
En esta línea está la fundación INECO, que se creó con un espíritu de liderazgo para el desarrollo de las neurociencias a nivel mundial. Se propone como misión “promover la investigación científica en neurociencias, la formación académica de profesionales y la educación y concientización en la comunidad acerca del funcionamiento cerebral y las enfermedades neurológicas y psiquiátricas”.
El Instituto de Neurociencias y Educación (INE) “se propone no solo contribuir al avance de las neurociencias en el plano académico, sino trasladar también sus hallazgos al ámbito educativo, anhelando tener un impacto sobre la forma en que se educa”. Sostiene que “conocer cómo funciona el cerebro, cómo aprendemos, cómo se desarrolla el lenguaje, el sistema cognitivo y las alteraciones más frecuentes en estas áreas, entre otros temas, es la forma más eficaz de producir un cambio drástico en el sistema educativo actual. Cualquier estrategia educativa basada en las neurociencias requiere del manejo de ciertos conceptos científicos básicos acerca de cómo funciona el cerebro”.
Se firmó un convenio entre la fundación y el Ministerio de Educación para la creación del primer Laboratorio de Neurociencias y Educación. En ese contexto se lanzó el Plan para el Desarrollo de Capital Mental en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de promover la articulación de programas que ya trabajan a favor de este paradigma.
La fundación INECO viene desplegando un fuerte protagonismo en la construcción de una agenda de formación docente vinculada a las neurociencias a partir del dictado de conferencias y producción de materiales diversos.
Los reduccionismos en los abordajes de la relación entre neurociencias y educación en términos de sus implicancias en los procesos pedagógicos y en la definición de las políticas públicas están siendo objeto de numerosos análisis. Por este camino, se está intentando echar por tierra todo el trabajo docente llevado a cabo en los últimos años a través de experiencias pedagógicas innovadoras y alternativas para reemplazarlas por los “enlatados” que venden las empresas para la formación docente. A esto se le suma un capítulo especial basado en la idea “sobreevaluadora” que quiere imponer el gobierno de la derecha en la Argentina.
De la mano de las pruebas PISA, la empresa Pearson también ingresa a la Argentina. Muy relacionada con ella aparece la figura del actual ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, graduado en Economía por la Universidad de San Andrés y que, como muchos de los funcionarios del actual gobierno, no cuenta con estudios universitarios en materia educativa.
Antes de asumir la función pública, Sánchez Zinny se desempeñó como vicepresidente de Dutko Worldwide, la conocida firma de Washington dedicada al lobby político-empresarial. Desde allí gestionó negocios en América Latina para Pearson en lo que hace a la aplicación de las pruebas PISA. Un dato nada menor es que estuvo señalado por estar implicado en el escándalo mundial de los Panamá Papers.
Según publicaron distintos medios, el entonces ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, radicó una fundación offshore en Estados Unidos. Según surge de la investigación, es el presidente de Formar Foundation Inc., y uno de los integrantes del directorio es Sánchez Zinny, a quien endilgan ser también titular de una cuenta offshore radicada en República Dominicana a nombre de la empresa Edumente Dominicana.
En síntesis, las tendencias privatizadoras en todas sus formas dejan al descubierto las demandas del sector productivo y del capital transnacional por una transformación de los sistemas educativos, flexibilización del mercado de trabajo docente y transformación o desaparición de los sindicatos de la educación, al considerarlos un obstáculo para la profundización de la privatización y el comercio educativo.
Las políticas implementadas por los gobiernos democrático-populares a partir del cambio de siglo, que aun con todas sus limitaciones significaron un avance en la instalación de una agenda orientada por un enfoque de derechos, hoy son impugnadas por las nuevas redes de política que se van expandiendo sin incluir en los debates a los sujetos del proceso educativo. Y en nombre de esa impugnación recurren a viejas y nuevas formas de privatización de y en la educación como la única forma de dar respuestas a los problemas que presentan nuestros sistemas educativos.
Esas viejas y nuevas formas de mercantilización y privatización educativa se manifiestan de diversos modos y avanzan considerablemente a escala global. Es por ello que se vuelven cada día más necesarias las resistencias y denuncias que las organizaciones sindicales docentes de la Argentina y de todo el mundo están llevando a cabo y sosteniendo en defensa de la educación pública
