COMUNIDADES INDÍGENAS, ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL EN LA ARGENTINA MACRISTA / Mientras la economía se desindustrializa y se profundiza la reconversión del país en un proveedor de recursos naturales, en las zonas de frontera se recalienta la disputa por la tierra. “No estamos peleando por pelear”, dice María Nahuel, pobladora del lof Lafken Winkul Mapu y tía paterna de Rafael, el joven de veintidós años víctima de uno de los 114 disparos efectuados por los prefectos que el 25 de noviembre de 2017 irrumpieron en la orilla del lago Mascardi donde está emplazado el lof para desalojar una franja del territorio considerado pertenencia ancestral colectiva, sobre la que se había iniciado la recuperación. “Ojalá la gente se diera cuenta de que nosotros volvemos al lugar al que uno perteneció”. Los pueblos originarios y el desafío de la articulación.
Por Martín Piqué
Periodista.
Fotos: Sebastián Miquel y Borde colectivo fotográfico
Un enviado del CONICET trabaja en una investigación etnográfica en Pampa del Indio, en el monte chaqueño. Para su labor necesita hablar con un líder qom. Pero el posible entrevistado tiene cuatro hijos. Y los niños no han probado bocado en lo que va del día. Tienen hambre. Al igual que el perro. La mascota de la familia aúlla con un quejido lúgubre. El referente de la comunidad qom no necesita explicar demasiado. “Tengo que ir a cazar algo para llenar la olla”, se disculpa mientras se pone en movimiento. Lo que sigue, entonces, son horas de sigilo. Observación, silencio, algún ruido apagado. Todo inútil. Es un día malo. Los animales se escondieron o se fueron. Ni los más diestros encuentran presa para cazar. Las horas pasan y la olla sigue vacía.
El episodio del entrevistado-cazador sigue intacto en la memoria de Carlos Salamanca Villamizar, investigador del CONICET. Arquitecto, máster en Antropología Social y Etnografía, con un doctorado en Ciencias Sociales de la Escuela de Altos Estudios de París. Salamanca Villamizar es colombiano. Emigró a la Argentina en el año 2001. “En el trabajo y la relación con las comunidades indígenas, uno va transitando sus propias preguntas. Preguntas de trabajo pero también existenciales”, se confiesa. Su experiencia en la relación con las comunidades originarias de Chaco, Formosa y Misiones lo llevó a abandonar el idealismo. “Me he hecho más realista”, confirma. No lo dice con todas las letras, pero está hablando de ser más humano.
La sangre, la tierra
El paisaje que cobija al lof Lafken Winkul Mapu está lejos del monte chaqueño talado para producir algodón. Son más de 2.200 kilómetros al suroeste. La postal exhibe cerros azulados en las cumbres, bosques de pinos y aguas color esmeralda. Es el lago Mascardi. No muy lejos de Bariloche. Los mapuche instalaron un asentamiento en estas tierras. Las mismas tierras que pertenecían a sus ancestros. El arraigo con el entorno tiene cimientos profundos. Entre la comunidad vive una machi, una mujer sanadora con poderes espirituales que se conecta con las fuerzas de la naturaleza. “Hace quinientos años, en este lugar, vivía una machi. Y ya se había dicho que iba a nacer otra machi y que esa machi iba a vivir en el mismo territorio”, explica María Nahuel, pobladora del lof.
A fuerza de defender derechos, María se convirtió en vocera de los suyos. No es la única. El asentamiento de Lafken Winkul Mapu ocupa parcelas que para el Estado argentino corresponden a la Administración de Parques Nacionales. “Lo nuestro es una casita pegada al hotel que Parques tiene al lado del lago Mascardi. Nunca hicimos una ocupación del hotel. Acá tenemos dos caballos, gallinas, un animal que se usa en las ceremonias, nomás. No es que tengamos una gran cantidad”, describe María, que rechaza las acusaciones del funcionario de Parques Nacionales asignado a esa zona, Damián Mugica, intendente del parque nacional Nahuel Huapi. Mugica los acusa de usurpación.
Parques Nacionales integra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable como órgano descentralizado. En septiembre de 2017, una comunidad mapuche inició la recuperación de esa franja de territorio de Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. La consideran pertenencia ancestral colectiva. En lengua mapuche, llamada también mapudungún o araucano, el vocablo “lof” refiere a un grupo de familias ligadas por un ancestro común que reconoce la autoridad de un “lonko”, jefe o cacique.
El 25 de noviembre de 2017, el Grupo Albatros de la Prefectura irrumpió en esa orilla del Mascardi –donde está emplazado el lof Lafken Winkul Mapu– para culminar con el desalojo. Las fuerzas federales ya habían ingresado dos días antes. El primer operativo involucró a trescientos agentes de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. Se llevaron presos a cinco mujeres y cuatro menores, entre ellos un bebé de un año. Fueron liberados al día siguiente. El 25, tras un intento de resistencia, los prefectos dispararon 114 veces con balas de plomo utilizando sus ametralladoras y pistolas reglamentarias.
Uno de esos tiros mató por la espalda al joven Rafael Nahuel, de veintidós años, vecino del humilde y populoso barrio Nahuel Hue, en el Alto de Bariloche. Rafael había realizado cursos de construcción y tenía habilidad para la herrería. Participaba de un proyecto –llamado Semillero– de la organización popular Al Margen. También había aprendido oficios ligados a la construcción en las afueras de la ciudad rionegrina. María Nahuel es su tía paterna.
Frontera emergente
Dos geografías lejanas, el monte chaqueño, la comarca andina, sintetizan desde la vida cotidiana la conflictiva relación de las comunidades originarias con el Estado argentino. El nudo del conflicto es, desde siempre, el acceso a la tierra. Pero la disputa por hectáreas o kilómetros cuadrados se ve potenciada por nuevos factores, como el avance de la frontera agropecuaria motorizada por el modelo sojero, o la progresiva especialización de la economía argentina en la extracción y explotación de recursos naturales, un proceso que va a la par de la desindustrialización y la primacía, local y global, del sector financiero.
Los argentinos de las grandes ciudades se vinculan con todo eso a través de los diarios. A los pueblos indígenas, en cambio, este proceso los presiona, los amenaza y hasta los extorsiona desde su propio terruño. Sucede que los nuevos recursos naturales por explotar se encuentran mayormente en regiones fronterizas. Los reservorios de agua dulce, de litio –metal alcalino que se utiliza para baterías eléctricas y otros componentes de celulares– o de tierras vacantes y disponibles para la voracidad de la soja están lejos de la zona núcleo. La extorsión, entonces, consiste en el aprovechamiento de las urgencias. Como las comunidades están sumergidas en la pobreza extrema, la decisión de alquilar sus tierras a los sojeros se convierte en un ejercicio no deseado pero frecuente.
Ese es el panorama en Chaco, Formosa y Misiones. “La situación –arranca Salamanca Villamizar, con casi dos décadas de trabajo de campo en esa parte del país– es mucho más compleja que simplemente pelear o luchar por la propiedad colectiva de la tierra. El sistema de pobreza estructural en el que viven las comunidades originarias es tan fuerte que muchas veces no pueden resistir la presión que ejercen las personas que ofrecen cortar todo el monte. Ofrecen muy buenos precios para que la propia comunidad corte todo el monte que tienen, y así vendan la madera. Aunque eso genera diferencias internas.”
En la región del nordeste, las tierras asignadas a las comunidades no son aptas ni suficientes. Sí se trata de superficies cultivables, en buena medida ocupadas por la vegetación característica del monte chaqueño o de la selva paranaense.
“Lo que ocurre es que las tierras son muy pequeñas para el número de familias indígenas que hay, y que además se siguen reproduciendo. A eso hay que sumarle la presencia del agronegocio, que combina presión económica por parte de quienes quieren cultivar soja con la pobreza estructural de los indígenas, que terminan alquilando sus propias tierras a terceros. Es una encrucijada que se repite en toda América Latina. Yo hice un trabajo comparativo con Colombia y Guatemala. Son problemáticas muy similares. Si no son empresas extractivas, son empresas del agronegocio. O empresas que quieren explotar el agua para sistemas hídricos de energía. El problema es que el epicentro de la producción son ahora las zonas de frontera. Porque ahí se encuentran los recursos naturales. Pero también están las comunidades originarias”, analiza Salamanca Villamizar.
Leyes y acciones
El péndulo de ampliación o reducción de derechos, rasgo cíclico del país, tiene su correlato a nivel local. También en la vida diaria de los pueblos indígenas. Con la reforma constitucional de 1994 se incorporaron pactos internacionales a la Carta Magna. El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional reconoce tanto la preexistencia de los pueblos originarios en el territorio de lo que hoy es Argentina como el derecho a la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan.
“La política indigenista del Estado argentino tuvo un reacomodamiento con la reforma constitucional del 94. También en las Constituciones provinciales. Se avanzó con la educación cultural bilingüe, con la salud intercultural. Fueron cambios en términos de leyes y decretos. Se creó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. En Formosa hubo políticas de entrega de tierras”, repasa Salamanca Villamizar. “Y las comunidades, o las organizaciones presentes en las comunidades, aprovecharon ese clima político para plantear cierto tipo de reivindicaciones”, agrega.
Otro hito importante fue la sanción de la Ley 26.160 de emergencia de la propiedad indígena y relevamiento territorial de las comunidades. Sancionada en 2006, preveía el freno a los desalojos y el impulso a la realización de un censo de todos los territorios habitados por pueblos originarios. El relevamiento estaba a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
“El relevamiento no se hizo, o se hizo de manera muy desigual. No hubo voluntad política para seguir con ese tipo de censos, que reconocían la tierra y el territorio desde un punto de vista indígena, no simplemente como parcelas que pueden ser cultivadas con el modo occidental de producción. Y ya en 2012 se veían lentos avances de la legislación y de las medidas administrativas que permitieran convertir los relevamientos en escrituras de propiedad colectiva de la tierra”, cuestiona Salamanca Villamizar.
Indio sin tierra, pobre en la ciudad
Hay una palabra que describe el proceso que vivió el pueblo mapuche tras la Conquista del Desierto. Primero el exterminio, luego el desplazamiento. La investigadora del CONICET Laura Kropff, doctora en Antropología y docente en la Universidad Nacional de Río Negro, lo confirma cada vez que realiza un estudio sobre historias familiares.
“Si uno hace la reconstrucción de las historias de las familias, todas fueron desplazadas. A lo largo del siglo XX fueron desplazados. Nadie murió en el lugar en el que nació, y todos pasaron por varios lugares en el medio. Los desplazamientos tuvieron como destino los barrios periféricos de las ciudades. Bariloche, por ejemplo, sus barrios periféricos, están constituidos en gran medida por esa población, que fue perseguida y que fue desplazada”, dice Kropff.
En los últimos treinta años, el desplazamiento de los indios desde las tierras más valoradas –por la belleza del entorno, por la vecindad con cursos y espejos de agua, por la potencialidad turística o productiva– hacia las periferias de las ciudades coincidió con otro fenómeno. La tan mentada extranjerización. El boom del latifundio en manos de multimillonarios extranjeros, llámense Joe Lewis, Luciano Benetton, Douglas Tompkins o Ted Turner, fue generando una corriente de malestar que protagonizó manifestaciones y protestas multitudinarias. Sin esas expresiones sería impensable la existencia de una ley como la 26.737, sancionada a fines de 2011 y reglamentada al año siguiente. Dicha ley crea un Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
Hace dos años, Mauricio Macri firmó un decreto –el 826/2016– para modificar las disposiciones de aquella ley. Flexibilizó uno de los límites que fijaba la normativa: el tope máximo del 15% para la propiedad extranjera, tanto a nivel nacional como provincial y departamental. Con estos antecedentes, Kropff desliza una hipótesis para explicar el endurecimiento del Estado ante las poblaciones que se reivindican como parte de la nación mapuche. “Antes de que empezara la represión más fuerte, lo que se veía en toda la zona andina, de Río Negro y de Chubut, era una comunidad muy movilizada en contra del acaparamiento de tierras en manos extranjeras. En El Bolsón, por ejemplo, habíamos tenido dos marchas de 10 mil personas para un pueblo que tiene un total de 20 mil habitantes. Eran mayorías movilizadas, y mayorías heterogéneas”, remarca.
En los primeros meses de la Administración de Cambiemos quedó claro que las políticas oficiales para la región andina comenzaban a mutar. Se vivió un giro drástico. La nueva estrategia se profundizó con el viaje a Bariloche del entonces jefe de Gabinete de la cartera de Seguridad, Pablo Noceti. Lo que siguió a partir de ese momento fue el despliegue de la teoría del enemigo interno. La propagación del miedo y la militarización. “Es evidente que ha habido un giro en la política indigenista del Poder Ejecutivo. La desaparición y aparición sin vida de Santiago Maldonado, un crimen de Estado, no es algo que les ocurrió a las comunidades del pueblo mapuche. Es algo que nos ocurrió a todos, y especialmente a aquellos que estamos movilizados en defensa de la tierra”, advierte Kropff.
La mirada de la antropóloga del CONICET apunta a que el objetivo del gobierno es alentar la desmovilización en toda la zona cordillerana. Y, también, promover el distanciamiento o la fractura de las comunidades del pueblo mapuche respecto del resto de los pobladores organizados contra la extranjerización. Por eso el miedo.
Tras el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, el gobierno nacional ensayó una actitud dialoguista. “El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se sentó a la Mesa del Diálogo que habían convocado el Obispado y las comunidades, pero participó sin capacidad de resolver absolutamente nada. Fue una instancia de diálogo que no derivó en ninguna política pública concreta”, relata Kropff.
Articulación o aislamiento
Tanto en el Gran Chaco como en el área cordillerana, el dilema al que se enfrentan los pueblos originarios es cómo defender sus derechos con contundencia y eficacia. Lo mismo sucede en otros puntos del país. Algunas comunidades eligen la confrontación directa, con poca o nula articulación con otros sectores sociales. Otros colectivos de cada pueblo indígena –sean qom, mapuche, pilagá, mogoit (mocoví) o kolla– priorizan la articulación con otros espacios sociales para plantear reivindicaciones con más fuerza y tratar de institucionalizarlas.
“¿Los indígenas tienen posibilidad de trabajar y empujar sus propias demandas, de manera autónoma?, ¿o tienen que impulsar articulaciones, estrategias y alianzas con otros sectores subalternos que están en situaciones de pobreza similares? Yo creo que esa pregunta ha encontrado una respuesta en una ola un poco más reciente, que es la defensa transversal de los recursos naturales. La preocupación por los recursos naturales está logrando construir alianzas que hasta hace poco no eran posibles. Esa es la base para construir acuerdos políticos. Por eso, me parece a mí, hay mucho por trabajar y coordinar”, subraya Salamanca Villamizar al referirse a este punto.
La propuesta que esboza el arquitecto nacido en Bogotá coexiste con dos obstáculos. Por un lado, la pobreza en la que viven las comunidades indígenas, que los obliga a priorizar la sobrevivencia con pragmatismo cotidiano. Por otro, la insistencia de la Casa Rosada en profundizar la persecución y criminalización de líderes de los pueblos originarios, sobre todo de aquellos que alientan la acción directa en la recuperación de tierras ancestrales. Lo refleja la –reciente– extradición a Chile del lonko mapuche Facundo Jones Huala.
Desde el lof Lafken Winkul Mapu, en la orilla del lago Mascardi, María Nahuel asegura que la voluntad colectiva del pueblo mapuche es “guiarse por la fuerza” y “cuidar los territorios”. “Nosotros también queremos vivir bien, pero si no cuidamos los territorios no les va a quedar nada a los nietos, ni para nadie. No estamos peleando por pelear. Tampoco cuidamos este territorio porque nos gusta o porque se nos antojó de la noche a la mañana. Ellos vinieron, nos desalojaron, nos robaron nuestro territorio y nos arrinconaron en la ciudad. Pero en la ciudad (por Bariloche) tenemos mucho acompañamiento. Más que nada de los gremios. Ojalá la gente se diera cuenta de que nosotros volvemos al lugar al que uno perteneció”, dice.
Cuando se le pregunta por el crimen de su sobrino Rafael, María contesta con pocas palabras: “Uno quedó con algo ahí muy grande”.
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