> Enemigos íntimos - Revista Maíz
Dirección Diagonal 113 y 63, Nº 291. La Plata, Pcia. de Bs. As.

Teléfonos 0221- 4223770 / 4250133 (interno 161)

Correo maiz@perio.unlp.edu.ar

ISSN: 2314-1131


Enemigos íntimos

| revistamaíz.com.ar
Por Guillermo Carmona / LA “NUEVA AMENAZA” INDÍGENA Y LAS REFORMAS EN DEFENSA Y SEGURIDAD / El macrismo halló en el conflicto con las comunidades mapuche de Chubut y Río Negro el escenario para desplegar una peligrosa política que conjuga su abierta negativa al reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la represión de un apócrifo germen terrorista como elemento fundamental para justificar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de...
LA “NUEVA AMENAZA” INDÍGENA Y LAS REFORMAS EN DEFENSA Y SEGURIDAD / El macrismo halló en el conflicto con las comunidades mapuche de Chubut y Río Negro el escenario para desplegar una peligrosa política que conjuga su abierta negativa al reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la represión de un apócrifo germen terrorista como elemento fundamental para justificar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Se trata de la implantación de una nueva Doctrina de la Seguridad Nacional consecuente con las estrategias del país del Norte, a la cual los representantes del gobierno se abocan toda vez que promueven incursiones patagónicas contra supuestos grupos radicalizados y violentos y en favor de empresarios amigos. La agitación del fantasma de la amenaza indigenista como coartada para la puesta en marcha de dispositivos institucionales orientados al disciplinamiento y el conjuro de la creciente protesta social.

Por Guillermo Carmona
Diputado de la nación, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto e integrante de la Comisión de Seguridad Interior de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Fotos: Sebastián Miquel

Durante el año 2017 se produjeron situaciones que pusieron en evidencia las marcadas contradicciones entre una institucionalidad que dice reconocer la preexistencia étnica y cultural y los derechos de los pueblos indígenas, en el marco de lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, por un lado, y la profundización de la estigmatización, segregación y persecución de esos mismos pueblos mediante un conjunto de dispositivos oficiales y paraoficiales que actúan con inusitada violencia contra sus integrantes, por el otro. Los hechos más representativos de tales contrastes fueron el debate parlamentario de la prórroga de la Ley N° 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, y la política de represión y criminalización de las comunidades mapuches de las provincias de Chubut y Río Negro por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las fuerzas que están bajo su dependencia.

Tales contrastes y contradicciones exigen respuestas a múltiples interrogantes: ¿pueden considerarse compatibles las acciones de promoción e inclusión de los pueblos indígenas con la persecución y criminalización de la protesta social que esos mismos pueblos protagonizan?, ¿la sanción y promulgación de la prórroga de la Ley Nº 26.160 respondió a una decisión política del oficialismo de avanzar en el reconocimiento y la ampliación de derechos para los pueblos indígenas o fue consecuencia de la necesidad del gobierno de minimizar el impacto y disimular la política represiva que viene ejecutando en la Patagonia?, ¿la política represiva hacia los pueblos indígenas implementada por el gobierno macrista implica un cambio de paradigma en el abordaje de la cuestión indígena y, ante la conflictividad emergente, en materia de seguridad pública?

La prórroga de la Ley Nº 26.160 fue sancionada por una amplísima mayoría en ambas Cámaras. La represión a las comunidades mapuches derivó en la desaparición forzada de Santiago Maldonado tras un accionar represivo de la Gendarmería Nacional, el asesinato a sangre fría de Rafael Nahuel por integrantes de la Prefectura Naval Argentina y la persecución judicial de referentes de las diversas comunidades indígenas patagónicas. Surge el interrogante principal sobre cómo explicar que en un mismo lapso de tiempo se hayan producido hechos que van en sentidos tan evidentemente contrarios. Las respuestas no juegan a favor de las comunidades indígenas, lamentablemente.

La prórroga de la Ley Nº 26.160

No existen en el gobierno nacional matices en las miradas con las que aborda la cuestión indígena. Las aparentes contradicciones entre el reconocimiento de derechos y la represión a los pueblos indígenas han tenido como raíz circunstancias coyunturales. Si bien los bloques legislativos de la alianza Cambiemos finalmente dejaron correr el tratamiento del proyecto de ley de prórroga de la Ley Nº 26.160, las dilaciones y obstáculos evidenciaron una marcada reticencia al reconocimiento de derechos a la posesión y la propiedad de las tierras de las comunidades indígenas originarias. Es más, habría sido improbable que la ley que prorroga la emergencia se aprobara si no hubiera existido para el gobierno el riesgo de que el caso Santiago Maldonado le explotara en las manos.1


En relación con la cuestión indígena, el gobierno de Macri pone en el centro de sus consideraciones dos aristas principales de la compleja realidad que viven las comunidades aborígenes: el debate sobre los alcances del derecho a la posesión y propiedad de las tierras, y el consecuente abordaje de la cuestión de seguridad pública que derivaría de la conflictividad surgida, según la mirada del gobierno, a partir de las pretensiones territoriales de las comunidades. No se puede dejar de percibir en el gobierno una atroz simplificación de la compleja y rica realidad que representan las comunidades de pueblos originarios. Esa simplificación da lugar a la desaparición de perspectivas culturales, económicas y sociales, y deriva en una respuesta del Estado también simplista y justificatoria de un categórico cambio de paradigma en materia de políticas de seguridad pública y de defensa nacional: la identificación de la conflictividad indígena con el germen de una problemática terrorista y la construcción de un imaginario enemigo interno. Fue así como el gobierno encontró en el conflicto con las comunidades mapuches de las provincias de Chubut y Río Negro un escenario para desplegar la política que conjuga una abierta negativa a las pretensiones territoriales de los pueblos indígenas y la represión de un supuesto germen terrorista.

El debate en la Cámara de Diputados puso en evidencia la concepción que determina las posiciones de la alianza Cambiemos sobre la cuestión indígena y el fuerte contrapunto que se generó con la oposición.2 Con el telón de fondo de un duro cuestionamiento a la implementación del relevamiento territorial por los gobiernos anteriores y la advertencia sobre que esta sería la última prórroga de la ley, emergieron desde los discursos negacionistas de la existencia de pueblos indígenas hasta la defensa –en la mayoría de los discursos, solapada– de los grandes latifundistas, especialmente extranjeros.

Los principales argumentos expresados por el oficialismo fueron los siguientes:

1. Crítica al proceso de relevamiento realizado por el gobierno anterior y advertencia de que la prórroga que se sancionaría sería la última. El diputado oficialista Daniel Lipovetzky (PRO-Cambiemos, Buenos Aires), en su calidad de presidente de la Comisión de Legislación General, actuó como miembro informante y sostuvo una fuerte crítica a la actuación de los gobiernos anteriores, expresando que “Es por eso que [los incumplimientos en la implementación de la ley], lamentablemente, la Ley 26.160 tuvo que ser prorrogada no una, sino dos veces. Primero, en 2009, a través de la Ley 26.554, y luego en 2013, con la sanción de la Ley 26.894. Es decir que hoy estaríamos prorrogándola por tercera vez. Aspiramos a que esta sea la última, porque hay muchos pueblos originarios que esperan tener alguna certeza respecto del derecho sobre las tierras que ocupan tradicionalmente, como dijo el constituyente. Por supuesto, hablamos de una tarea que debió hacerse y no se hizo”.

2. Disquisición respecto de los “que se convierten como si fueran” pueblos indígenas, vinculada con el alcance del reconocimiento de derechos por la vía de la interpretación restrictiva de “pueblos con personería jurídica” y posesión ancestral o tradicional. El diputado Jorge D’Agostino (UCR-Cambiemos, Entre Ríos) fue uno de los que hizo mención tangencial a la situación de los cortes de ruta en la Patagonia y evidenció una perspectiva de diferenciación de derechos entre las comunidades indígenas “con personería” y las que carecen de la misma: “Cuando en la televisión se informa que la Ruta 40 fue cortada por un grupo de mapuches se habla de pueblo, de comunidad o de etnia, como si esas expresiones significaran lo mismo. El INAI, a partir de los protocolos de la Organización Internacional del Trabajo, debió establecer qué representa cada una, rescatar el significado de ‘pueblo’ y contar las comunidades. El pueblo es el mapuche, pero puede tener tantas comunidades como provincias hay en la Argentina, o tal vez más. Nuestro objetivo es que haya una reorganización, sobre la base de aquel artículo constitucional, para que en la República Argentina se determine cuáles son los miembros de los pueblos originarios con personería jurídica y bienes comunes. De esa manera evitaremos la discusión de si ancestral es lo mismo que tradicional. Hay comunidades que habitualmente se juntan y, luego de dos o tres años, se convierten como si fueran mapuches, adquiriendo su cultura”.

3. Indígenas buenos e indígenas malos. El diputado Eduardo Amadeo (PRO-Cambiemos, Buenos Aires) mantuvo a lo largo de su alocución un enfoque maniqueo, estigmatizador de los indígenas y las comunidades que protestan: “No es cierto que el único camino posible –ellos lo han demostrado– para el reconocimiento de los derechos aborígenes sea el conflicto y la violencia”, sostuvo siguiendo la línea argumental del oficialismo tendiente a instalar la amenaza terrorista indigenista. Continuó sosteniendo que “Todo ese proceso virtuoso se frenó cuando la mala política [la llevada adelante durante los años del kirchnerismo] se metió en el diálogo y cuando el Estado –como bien decían mis amigos y compañeros– abandonó el trabajo que la ley le ordenaba. Por eso, señor presidente, la iniciativa que estamos votando es señal de un fracaso. Nos vemos obligados a prorrogar el ejercicio de un derecho que no ha sido consolidado. No podemos estar contentos”. Y terminó su discurso con una frase digna de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “No lograremos hacer valer el derecho de los pueblos originarios con bombas molotov; no lo haremos desde el conflicto. Nadie desde la dirigencia de los pueblos originarios quiere la violencia, como quieren algunos delirantes que, inclusive, han sido acompañados por miembros de ese espacio [el kirchnerismo]”.


4. El negacionismo: no hay pueblos originarios, en Argentina todos somos migrantes. Una de las más curiosas intervenciones fue la del diputado Eduardo Conesa (Unión PRO-Cambiemos, CABA): “Considero que el proyecto sigue una terminología impropia porque se refiere a ‘pueblos originarios’. Todos los habitantes del país, incluso los indígenas, tienen su origen en la inmigración. Se ha podido probar científicamente, sin duda alguna, que el Homo sapiens, que se distingue por su inteligencia, apareció en África unos setenta mil años antes de Cristo y desde allí fue emigrando hacia Europa y Asia, y que algunos pasaron por el estrecho de Bering llegando a América. Repito: esto sucedió setenta mil años antes de Cristo, de manera que en esta tierra argentina somos todos inmigrantes. Los pueblos no han salido de la tierra, todos vienen de África. En definitiva, algunos argentinos tienen cincuenta años en el país, otros, cien años, y otros, mil. Entonces, básicamente, el término ‘pueblos originarios’ es científicamente erróneo. Esto ha sido probado categóricamente por estudios referidos a la migración de los distintos pueblos del mundo, en los que se utilizó carbono-14. Quiero destacar además que la Argentina, por esencia, es un crisol de razas. Entonces, esta idea de segregación que a veces uno puede visualizar en este tipo de leyes no debería aplicarse”.

5. Los mapuches son chilenos, por eso no pueden alegar el carácter ancestral en la posesión de las tierras que reclaman. El mismo diputado Conesa sostuvo que “La República Argentina es un crisol de razas y dividirnos es completamente equivocado. Hay una raza, la mapuche, que en realidad no es de la República Argentina sino que proviene del Arauco chileno. Ellos cruzaron la cordillera y alrededor de mil setecientos cincuenta se establecieron en nuestro país. Señalo esto porque recientemente hemos visto que algunos voceros de esos señores declararon que sus tierras son sagradas y que nuestros jueces federales no podían ingresar a ellas”.

6. Hay un indigenismo que atenta contra la soberanía nacional. Conesa agregó otro argumento que frecuentemente esgrimen desde el Ministerio de Seguridad: la supuesta pretensión indigenista de abstraerse de la jurisdicción estatal. Sostuvo que “Este es un ataque a la soberanía nacional y es completamente injustificado. La nación argentina ejerce la soberanía sobre sus provincias porque adopta para su gobierno la forma federal”. Este argumento no contempla los conceptos de Patria Grande ni el proceso de integración regional que ha estrechado vínculos entre los Estados vecinos de Suramérica.

7. El mito del indígena vago. El mismo diputado Conesa completó su repertorio negacionista sosteniendo que “Me preocupa este tema porque pienso que la tierra debe ser para el que la trabaja y para el que la sabe hacer producir en beneficio de la comunidad. Bienvenida esta ley en la medida que permita que los aborígenes trabajen la tierra”. Este argumento no considera las particularidades de la economía comunitaria y la agricultura familiar que practican la mayoría de las comunidades de pueblos originarios. Debe relacionarse este tipo de posiciones con la atribución de una supuesta laboriosidad de los latifundistas extranjeros, la que no se evidencia en la realidad ya que concentran grandes extensiones de tierra y los diversos y ricos recursos que contienen en una suerte de juego de geopolítica de alcances y consecuencias aún poco claras.

Las intervenciones de la oposición confrontaron abiertamente con las argumentaciones oficialistas:

1. Cambiemos propone una nueva Campaña del Desierto. El diputado Norman Darío Martínez (FpV-PJ, Neuquén) afirmó que “nos encontramos ante un gobierno que tuvo en su gabinete a un ministro como Esteban Bullrich, que estando en la Patagonia dijo que hacía falta otra Campaña del Desierto. Este es un gobierno cuyos funcionarios dicen estas barbaridades y ni siquiera se ponen colorados, aunque lo dijo cerca del río Colorado. La verdad es que a nosotros nos preocupa mucho que un ministro de Educación piense que a la Patagonia le hace falta otra Campaña del Desierto”.

2. El desinterés y la pasividad del gobierno en el impulso de la prórroga. La diputada nacional Silvia Horne (PpV, Río Negro) denunció que bajo la gestión de Cambiemos “el INAI no solamente no pidió esta prórroga, sino que no contestó a ninguno de los pedidos de informes que se le hicieron; no emitió opinión –aunque se la pedimos expresamente– sobre esta prórroga y los proyectos de titularidad comunitaria. Silenciosa y pasivamente dejó pasar el momento hasta que ocurrió la movilización que todos conocemos, con la presencia de los pueblos y organizaciones en las calles y en este Congreso”.

3. La genocida Conquista del Desierto que aún continúa. La misma diputada Horne sostuvo que “El Congreso aprobó la entrega de cuatro millones de hectáreas en el año 1882. ¡Miren qué rápido lo hizo! Este Parlamento avaló todas las consecuencias de entrega de tierras que tuvo lo que denominaron ‘Conquista del Desierto’ […] Por más que hoy aprobemos esta prórroga por cuatro años y demos celeridad al tratamiento de la titularidad comunitaria, si no somos capaces de revisar lo que se dio en llamar Conquista del Desierto –un verdadero genocidio, que todavía continúa en forma de discriminación, arrinconamiento, empobrecimiento y desconocimiento de los pueblos originarios–, estaremos simplemente poniendo un parche para taparnos la conciencia y para tapar la respuesta a la movilización popular. Nuestro pedido entonces –el fondo de esta discusión– es que avancemos hacia la construcción del Estado multicultural, multinacional y plurinacional que reza nuestra Constitución, pero para ello debemos ponernos de acuerdo en qué es lo que ha pasado en este país y cómo ponerle un freno para lograr que en estas bancas vengan a defender sus derechos quienes hoy son los terceros de los cuales hablamos”.

4. Sobre la idea de la superioridad de la raza blanca y la apropiación de los recursos naturales, la diputada Alcira Argumedo (Proyecto Sur, CABA) analizó los intereses económicos en juego tras la acción antiindigenista del gobierno y afirmó que “Esta idea de razas superiores e inferiores y del derecho de las primeras a apropiarse de los recursos y los territorios de las razas inferiores es un rasgo de la cultura occidental dominante que predominó durante siglos; es la base y el fundamento de los dominios coloniales, de la esclavitud, de los genocidios de los pueblos originarios en América Latina –también en Asia y África–, y se manifiesta casi con naturalidad […] Lamentablemente, ese pensamiento sigue existiendo sutil o groseramente en los Lewis, los Benetton, los Tompkins, los Turner, los Soros, las petroleras, las mineras y las plantadoras de soja o pinos, que consideran que esos territorios les pertenecen”.


5. La necesidad de reconocer el relevamiento y ordenamiento territorial como un proceso participativo. Tuve la oportunidad de participar activamente del debate del proyecto de ley de prórroga, tanto en Comisiones como en el recinto. Sostuve, a partir de una perspectiva crítica de lo actuado por las distintas gestiones del INAI, la importancia de superar las miradas administrativas del relevamiento: “Quien quiera resolver esto con el criterio administrativista de disponer el relevamiento desde el Estado argentino confundirá el objetivo de esta norma, que es generar procesos de relevamiento y ordenamiento de esos territorios junto con la participación de los pueblos originarios”.

6. La preexistencia étnica y cultural como paradigma constitucional. En mi intervención cuestioné también lo sostenido por el oficialismo en torno a la idea de la Argentina como “crisol de razas”. Afirmé que “Nuestra Constitución no consagra el crisol de razas como un criterio constitucional, como aquí se ha sostenido, sino que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Esto es lo que se tiene que plasmar”. Tal criterio constitucional no puede identificarse exclusivamente con un proceso de relevamiento y ordenamiento territorial, por lo que sostuve que “La Constitución Nacional no dispone un relevamiento de tierras, sino que dice: ‘reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias’. Esta norma que probablemente aprobaremos hoy es ponderable, positiva, constituye un paso, pero tendremos que seguir el proceso de reconocimiento del derecho de las comunidades originarias a la tierra, y anticipo que en cuatro años no se culminará esta tarea, por más buena voluntad que tengamos. Si lo logramos, será porque se fuerzan las condiciones o se permite la participación de las comunidades”.

7. Hacia una ley de propiedad comunitaria de la tierra. Finalmente expresé la necesidad de avanzar en una legislación que aborde integralmente la cuestión de la tierra de las comunidades indígenas, al sostener que “No abogamos por un proceso administrativo sino de reconocimiento progresivo y permanente de la tierra a los pueblos originarios. Por eso, el próximo paso no es pensar en una nueva prórroga, sino avanzar con la sanción de una ley que reconozca la propiedad comunitaria de la tierra. Ese es el objetivo con el cual el Congreso debe trabajar, y existen proyectos en ese sentido”.

La “nueva amenaza” indigenista

El macrismo se encuentra abocado a la construcción de un enemigo interno que justifique la criminalización de la protesta social y, eventualmente, la represión. La “cuestión mapuche” es uno de los casos que de manera más concreta y evidente muestra el modo en el que el gobierno delinea una “nueva amenaza” e instala la urgencia de su eliminación de raíz. El contexto de la desaparición de Santiago Maldonado, ocurrida el 1º de agosto de 2017 en el lof de Cushamen, provincia de Chubut, evidencia la construcción de una retórica antiterrorista, la puesta en marcha de una serie de dispositivos institucionales para la represión y la concreta acción persecutoria y represiva. En los días previos y en el momento del operativo de Gendarmería que derivó en la desaparición de Maldonado por más de dos meses, fue apostado en la región el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, un abogado con antecedentes en la defensa de represores de la última dictadura militar, quien fue el encargado de definir al enemigo interno, creó las condiciones institucionales para una acción antiterrorista y se presume que fue responsable de la conducción política de la acción represiva contra la comunidad mapuche de Cushamen que contó con la intervención del juez federal con competencia en la zona, de la Gendarmería Nacional e indirectamente del gobierno de la provincia de Chubut.

Noceti anunció a la prensa los motivos de su presencia en la zona: “Comenzar a tomar intervención y detener a todos y a cada uno de los miembros de la RAM que causen delitos en la vía pública y en flagrancia”. El periodista Ricardo Ragendorfer, en una interesante nota que analiza la actuación de Noceti, destaca que “Otra vez se jactó de que para eso no necesitaba la intervención de un juez. Y casi en clave de lapsus supo reconocer el espionaje sobre esa organización al afirmar: ‘Sabemos quiénes son; los tenemos identificados a todos y estamos investigando sus fuentes de financiación’. Por último, ya con un extraño brillo en la mirada, implicó en las acciones de la RAM al premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, a ‘gente vinculada al gobierno anterior’ y también al ‘extremismo kurdo’”3.

La RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) ha sido identificada como una organización terrorista no sólo en el discurso de funcionarios nacionales, sino también en documentos oficiales. Ha sido definida como un “grupo etnonacionalista que practica la violencia extrema”. En una conferencia de prensa ocurrida a fines de diciembre de 2017, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, flanqueada por representantes de los gobiernos patagónicos, dio a conocer un documento titulado “RAM: Antecedentes, Hechos Judicializados e Implicancias para la Seguridad en la República Argentina”4. La conferencia de prensa y la difusión del documento tuvo una amplísima cobertura mediática. Mauro Federico informó en el periódico Ámbito Financiero que “en presencia de funcionarios de tres provincias patagónicas, la ministra Patricia Bullrich presentó ayer una iniciativa tendiente a la conformación de un ‘comando unificado’ para atender la problemática generada a partir del accionar de la organización conocida como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en la región sur del país. Flanqueada por los ministros de Gobierno de Chubut, Pablo Durán; de Seguridad y Justicia de Río Negro, Gastón Pérez Esteban; y de Gobierno y Justicia de Neuquén, Mariano Gaido, la funcionaria nacional definió a la RAM como ‘un grupo etnonacionalista que practica una violencia extrema’ y que lleva adelante una ‘lucha insurreccional que no reconoce al Estado ni a la Constitución argentina, ni a las provincias’”. La crónica de Mauro Federico resulta especialmente interesante porque contiene una evaluación periodística de lo presentado por Bullrich: “Las imágenes incluidas en el parte muestran una colección de escopetas y pistolas que bien podrían haber sido incluidas en los catálogos de algún museo de la Segunda Guerra Mundial y gran cantidad de elementos tales como hachas, martillos, serruchos y motosierras, más parecidas al tablero de herramientas de un carpintero que al arsenal bélico de un ejército revolucionario con fines insurreccionales. Además se anexan fotografías de individuos con pasamontañas, pintadas y volantes con consignas políticas y un racconto de las acciones violentas adjudicadas a la RAM”5. Similares consideraciones hicieron otros periodistas, aunque los medios de comunicación afines al gobierno replicaron persistentemente la noticia de la peligrosidad de la amenaza indigenista y difundieron ampliamente el anuncio de la creación de un “comando unificado” para conjurar esa grave amenaza a la seguridad nacional.

La desaparición de Santiago Maldonado fue enmarcada por el gobierno en el contexto del accionar de la RAM. La cobertura de la mayoría de los medios de comunicación dio una alta relevancia a la acción terrorista de esa organización, reproduciendo el discurso oficial. Por ejemplo, Infobae publicó que “Utilizan la violencia como metodología única de protesta. Sueñan con un Estado mapuche autárquico en la Patagonia. Algunos de sus miembros fueron avalados por el kirchnerismo y la izquierda setentista, recibirían apoyo financiero del exterior y están dispuestos a sembrar el terror.
Esta es la radiografía central que elaboró el Gobierno sobre los dos grupos mapuches que tienen en vilo a las poblaciones sureñas de Chile y de la Argentina: la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM)”6.

Cambios de paradigmas

El enfoque del macrismo responde a la política que Estados Unidos ha propiciado ininterrumpidamente en la región, que fue resistida durante los años de predominancia de gobiernos progresistas y que hoy tiene especial eco en los gobiernos neoliberales latinoamericanos. Para este enfoque, el énfasis y centro de la preocupación de la defensa nacional está puesto en las denominadas “nuevas amenazas”.

Perú, un país que asumió tempranamente este paradigma, las ha categorizado en el denominado Libro Blanco (2005) de la siguiente manera: “a) amenazas externas: las que podrían generarse si se intentaran aplicar en la subregión sudamericana doctrinas de seguridad incompatibles con la vigencia del derecho internacional; las que podrían surgir de crisis en función de escasez de recursos naturales de valor estratégico, tales como recursos vitales; el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia internacional; b) amenazas internas: grupos terroristas y subversivos, contrarios al ordenamiento constitucional, que optan por la violencia; grupos radicales que promueven la violencia social y desbordes populares; la delincuencia común organizada; el tráfico ilícito de drogas; la corrupción, y la depredación del medio ambiente”.

Las consecuencias de la aplicación de este paradigma pueden visualizarse en toda su dimensión y crudeza en México y Colombia, países en los que los resultados de su aplicación han demostrado que los problemas de la inseguridad, lejos de resolverse, se han agravado, y que la intervención de las fuerzas armadas en conflictos internos no sólo desnaturalizan sus misiones esenciales sino que además las corrompen.

Se trata de una nueva versión de la Doctrina de la Seguridad Nacional absolutamente funcional –como lo fue la vieja doctrina que apuntaba a “garantizar” el orden interno mediante la aplicación de técnicas de contrainsurgencia– a la estrategia de seguridad y política exterior de los Estados Unidos. El involucramiento de las fuerzas armadas en la “guerra contra el terrorismo” y la “guerra contra el narcotráfico” es una consecuencia de esta perspectiva y constituye el pretexto para la intervención en tareas propias de la seguridad interior. Para ello, la construcción de enemigos internos colocados en el lugar de “grupos terroristas y subversivos” resulta fundamental para justificar el cambio de rol propuesto. En esto andan ocupados Macri, Bullrich y Noceti cuando promueven incursiones patagónicas de las fuerzas de seguridad en favor de empresarios amigos del gobierno y en contra de comunidades de pueblos originarios, o cuando policías de civil infiltran manifestaciones públicas generando disturbios luego atribuidos a los manifestantes, o en el descubrimiento de supuestas células anarcoterroristas que, según las versiones oficiales, estarían abocadas a preparar acciones contra visitas de presidentes extranjeros y cumbres internacionales que se realizarán en el país en el marco de la OMC y el G-20.

Una emergencia que llegó para quedarse

Desde el comienzo de su gobierno, Macri dio pasos para plasmar la nueva política. La responsable de su instrumentación ha sido y es la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y el instrumento utilizado para avanzar en la reconfiguración de las políticas de defensa nacional y seguridad interior ha sido la declaración de la emergencia de seguridad mediante el Decreto 228/2016 y su prórroga a través del Decreto 50/2017.

La emergencia de seguridad representó el primer paso concreto en favor de la intervención de las fuerzas armadas en acciones vinculadas con la seguridad interior a través de la autorización del derribo de aviones. Se levantaron voces críticas desde distintos sectores que cuestionaron que el Poder Ejecutivo declarara la emergencia eludiendo la obligatoria intervención del Congreso Nacional –fue parte del paquete de decretos que dictó Macri en sus primeros días de gobierno aprovechando el receso legislativo– y que involucrara a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior que por ley tienen vedadas. Con la complicidad de una parte de la oposición, el macrismo evitó que los duros cuestionamientos echaran por tierra la emergencia ilegalmente declarada.

En línea con las políticas que inspiran la emergencia de seguridad, el gobierno promueve la realización de ejercicios militares que perfilan la incursión de las fuerzas armadas en el campo de la seguridad interior.

La reforma macrista en materia de defensa y seguridad y su relación con la lucha contra el “terrorismo indigenista”

El viernes 24 de julio de 2018 el gobierno dictó el Decreto 683/2018 modificatorio del 727/06, reglamentario de la Ley de Defensa. El nuevo decreto define la función primaria de las fuerzas armadas como respuesta a una agresión externa, suprimiendo lo que preveía el 727/06, que establecía que la respuesta debía darse ante las agresiones externas de carácter estatal. De esta manera se amplía el espectro de actuación militar, incluyendo el narcotráfico o el terrorismo internacional.

Ernesto López responde a los interrogantes que genera esta decisión que borra los límites entre seguridad y defensa, afirmando que “conviene puntualizar primeramente que el ejercicio de la defensa nacional no figura en la agenda gubernamental como prioritario. El gobierno de Mauricio Macri ha alcanzado un entendimiento con los Estados Unidos que consiste en tratar de acomodar a la Argentina bajo el ala del águila americana sobre la base de un canje. Argentina se involucra en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional y a la recíproca, Estados Unidos se dispone a apoyar nuestra agenda económica, cada vez más problematizada y crítica”. Y analiza que “bajo estas condiciones, la defensa pierde importancia y queda relegada. Ahora bien, la aplicación de los militares a los asuntos de seguridad tiene sus límites y sus complicaciones. Es legal si se circunscribe al apoyo logístico de las fuerzas de seguridad pero, por un lado, en la práctica, la frontera entre la logística y lo operacional puede ser muy lábil. Y, por otro, puede ser deliberadamente ignorada. Hay muchos antecedentes que indican que el gobierno quiere involucrar a los militares en tareas de seguridad. Y, también, que busca evitar un choque explícito contra el marco legal vigente. Para lo cual utiliza subterfugios, cortinas de humo y una serie de artilugios de simulación, direccionados a esquivar reclamos judiciales y descrédito político. También procura el gobierno liberar gendarmes de su atadura a las fronteras o a la vigilancia de objetivos estratégicos, para trasladarlos a los centros urbanos. Le teme a la protesta social y, como ya se vio en las jornadas del 14 y del 18 de diciembre pasado, está dispuesto a convertir a la cuestión social en una cuestión de policía. Resta mencionar, lamentablemente, que los militares que reemplacen a los gendarmes van a quedar de hecho convertidos en una especie de rueda de auxilio”7.

El Decreto 703/2018 aprueba la Directiva de Política de Defensa Nacional y deroga las directivas anteriores establecidas por Néstor Kirchner (2009) y Cristina Fernández (2014) que afirman que “en la actualidad nuestra región no representa un escenario de alta prioridad para la proyección y la acción directa de organizaciones terroristas”. Sin embargo, la lucha contra el terrorismo ha sido uno de los tópicos más destacados por los funcionarios del gobierno de Macri para sostener la necesidad de estas reformas.

Quizás resulte apresurado concluir que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior tenga como una de sus finalidades específicas la actuación contra las protestas de las comunidades indígenas y otros movimientos sociales. Pero es claro, al mismo tiempo, que el carácter auxiliar que se les da respecto de las fuerzas de seguridad –en especial, de la Gendarmería Nacional– es capaz de liberar todo el potencial represivo de estas. A esta altura de las circunstancias ya ha quedado evidenciado que la agitación del fantasma del terrorismo indigenista ha redundado para el gobierno en la identificación de un enemigo interno con supuestas conexiones internacionales en función de justificar –patética y falazmente– la necesidad de contar con dispositivos de seguridad y de defensa utilizables para el disciplinamiento interno y para conjurar la creciente protesta social.

Notas

1 Santiago Maldonado desapareció el 1º de agosto de 2017. El Honorable Senado de la Nación dio media sanción al proyecto a fines de setiembre de 2017 y la sanción definitiva la produjo la Honorable Cámara de Diputados el 13 de octubre de 2017, pocos días antes de que apareciera el cuerpo de Maldonado, el 17 de ese mismo mes.

2 La versión taquigráfica de la sesión en la que constan las diversas intervenciones que se incluyen en el texto se puede visualizar en: https://www.hcdn.gob.ar/secparl/dtaqui/diario_sesiones/acordeon.html, Periodo 135 - 19° Reunión - 13° Sesión Ordinaria (Especial), 8 de noviembre de 2017.

3 Ragendorfer, Ricardo (10 de agosto de 2017). “Noceti, la mano ultraderecha de Bullrich”. En: Nuestras Voces, disponible en: http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/noceti-la-mano-ultraderecha-bullrich/.

4 El documento puede consultarse en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf.

5 Federico, Mauro (28 de diciembre de 2017). “Bullrich lanzó comando unificado en provincias patagónicas para frenar la “insurrección mapuche”. En: Ámbito Financiero, disponible en: http://www.ambito.com/907759-bullrich-lanzo-comando-unificado-en-provincias-patagonicas-para-frenar-insurreccion-mapuche.

6 Di Natale, Martín (8 de agosto de 2017). “Violencia, anarquía y apoyo externo: el perfil de dos grupos mapuches que tienen en vilo a Chile y la Argentina”. En: Infobae, disponible en: https://www.infobae.com/politica/2017/08/08/violencia-anarquia-y-apoyo-externo-el-perfil-de-dos-grupos-mapuches-que-tienen-en-vilo-a-chile-y-la.argentina.

7 López, Ernesto (5 de agosto de 2018). “La confusión más peligrosa”. En: El Cohete a la Luna, disponible en: https://www.elcohetealaluna.com/la-confusion-mas-peligrosa.


Artículo Leer en pantalla / Descargar
https://drive.google.com/file/d/1DP_cPPQQadWAgqrMfumvEZFzly0jDlbk/view?usp=sharing
 

| revistamaiz.com.ar |
Maiz es una publicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. ISSN 2314-1131.


Licencia Creative Commons
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.