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Por Carlos del Valle / LA NACIENTE CONSTITUCIÓN CHILENA Y EL FIN DE CUATRO DÉCADAS DE AGENDA NEOLIBERAL / La Constitución de Chile, promulgada el 21 de octubre de 1980, consagró el derecho a la propiedad por sobre otros como el libre acceso y el uso común de la naturaleza y el ambiente. Así, afianzó con estos una relación extractivista intensiva y extensiva, en consonancia plena con el modelo capitalista neoliberal que la dictadura cívico-militar consolidó y que se mantuvo inalterable a lo largo de las sucesivas reformas constitucionales. Cuarenta años después, el reclamo de la ciudadanía es la generación de una Constitución que asegure un nuevo pacto político-económico: otro estatuto sobre las relaciones, las normas y las condiciones, con bases...
LA NACIENTE CONSTITUCIÓN CHILENA Y EL FIN DE CUATRO DÉCADAS DE AGENDA NEOLIBERAL / La Constitución de Chile, promulgada el 21 de octubre de 1980, consagró el derecho a la propiedad por sobre otros como el libre acceso y el uso común de la naturaleza y el ambiente. Así, afianzó con estos una relación extractivista intensiva y extensiva, en consonancia plena con el modelo capitalista neoliberal que la dictadura cívico-militar consolidó y que se mantuvo inalterable a lo largo de las sucesivas reformas constitucionales. Cuarenta años después, el reclamo de la ciudadanía es la generación de una Constitución que asegure un nuevo pacto político-económico: otro estatuto sobre las relaciones, las normas y las condiciones, con bases y valores que pongan a la persona por encima de la propiedad privada, y el fin de la privatización de todos los ámbitos de la vida.

Por Carlos del Valle
Doctor en Comunicación. Profesor titular de la Universidad de la Frontera, Temuco, Chile.

Fotos: Sebastián Miquel

Aunque con menos visibilidad pública que las demandas de género y étnicas durante los últimos años de movilización social en Chile, no cabe duda alguna de que los desafíos derivados de las diferentes crisis ambientales y de los problemas por la falta de un libre acceso a los bienes naturales son algunos de los temas sensibles en el marco de la disputa constitucional. De hecho, son problemáticas que se entrecruzan con el empobrecimiento sostenido de las personas, el encarecimiento del costo de la vida y las demandas territoriales de las comunidades indígenas mapuches.

La agenda neoliberal, que empieza ideológicamente con la conferencia pública pronunciada por Milton Friedman el 26 de marzo de 1975 en Santiago de Chile, se consagra con la creación de la Constitución Política de la República de Chile, promulgada el 21 de octubre de 1980, a partir de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política, cuyo trabajo se inicia oficialmente el 12 de noviembre de 1973 y que tendrá un hito importante con la creación del Consejo de Estado el 9 de enero de 1976. Así se entrecruzan estos hitos ideológico-políticos.

Así las cosas, no es difícil explicar cómo llegamos a la actual crisis del modelo iniciado a principios de los ochenta, en plena dictadura y consolidado, a comienzos de los noventa, durante la “transición a la democracia”, agotada esta última por exceso de transición y carestía democrática.

La propiedad privada contra la naturaleza y el medioambiente

Para el economista de la Universidad de Chicago Milton Friedman, en cuya escuela se formaron los economistas chilenos conocidos como Chicago Boys, la agricultura es una rama clave en la producción y debe ser tratada como las demás, es decir, sin restricciones, sin limitaciones de superficie o concentración de capitales, de manera que intervenga en ella la libre empresa (Friedman, 1975).

En este marco ideológico, económico y político, el sector agrícola se insertó plenamente en el libre mercado, de modo que a través de una gradual desregulación se permitió la participación activa del empresariado tanto nacional como transnacional, especialmente mediante la venta de las tierras con criterios forestales y una actividad frutícola fuertemente expansiva (Délano y Traslaviña, 1989).

En concordancia con lo anteriormente planteado, la Constitución de Chile establecerá algunos derechos importantes para asegurar la relación extractivista con la naturaleza y el ambiente, tales como el artículo 21, que consagra “El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica”; el artículo 23, que promueve “La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes”; y el artículo 24, que establece “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. [...] Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio”.

De esta manera, la Constitución de 1980, fabricada durante la dictadura cívico-militar, consagra el derecho a la propiedad por sobre otros derechos como el libre acceso y el uso común de la naturaleza y el ambiente. No cabe duda alguna de que lo anterior es una expresión del modelo capitalista neoliberal que abrazará y consolidará la dictadura.

Una evidencia del predominio de la propiedad sobre la naturaleza y el ambiente se encuentra en el mismo artículo 24 de la Constitución, el cual establece que “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

En este sentido, por ejemplo, veremos cómo se separa el dominio del agua respecto de las tierras, de tal suerte que, al promover la libre compra y venta, no se resguarda el acceso y uso de las comunidades indígenas a las aguas existentes en sus territorios. Asimismo, esta legislación no solo permite a quien tiene los derechos de las aguas no pagar por su mantenimiento, sino que tampoco lo hace responsable de los perjuicios que su explotación genera sobre el volumen de los cauces o su calidad, afectando negativamente a diferentes comunidades.

Necesitamos una nueva Constitución, para que el paciente no muera antes que el tratamiento surta efecto

“Temo que el ‘paciente’ puede llegar a morirse antes que el ‘tratamiento’ surta efecto”, decía Milton Friedman en su conferencia del 26 de marzo de 1975, al argumentar por qué en Chile se requería un tratamiento de “shock” y no una política gradual para implementar las medidas económicas que él mismo anunciaba y enfrentar así lo que denominaba “el problema de la inflación y de la desorganización”.

Prácticamente cuarenta años después –puesto que en noviembre de 1980 comienza a operar legalmente este modelo centrado en la privatización intensiva y extensiva de las riquezas, sus distintos modos de producción y, en general, todos los planos de la vida, incluyendo para ello la desnacionalización de los productos y de todos sus procesos de producción, a partir de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES)– quedan al descubierto las grandes fisuras y los inevitables desastres del tratamiento de shock aplicado, tales como los altísimos niveles de inequidad en el ingreso, los escasos espacios para la vida democrática, la falta de acceso a servicios básicos y una fuerte concentración de la propiedad. Según la Fundación Sol, las cifras son elocuentes, a saber, “la mitad de los trabajadores gana menos de $350.000 líquidos mensuales [aprox. 445 dólares] y el 50% de las personas que reciben pensiones contributivas obtienen menos de $170.000 (datos CASEN 2017) [aprox. 216 dólares]” (Durán & Kremerman, 2018, p. 3). De hecho, si las personas dependieran solo de los ingresos del trabajo al momento de jubilarse (pensiones), “3 de cada 10 personas no superaría la línea de la pobreza” (p. 5). Al crearse el sistema privado de pensiones (AFP) se prometía que “los Chilenos se pensionarían con el 100% de sueldo el 2020” (El Mercurio, 4 de febrero de 2000). Finalmente, a lo anterior se suma un sistema de financiamiento de la educación superior (Crédito con Aval del Estado) que solo ha beneficiado a los bancos.





No es difícil explicar por qué la crisis estalla precisamente durante un Gobierno de derecha. Básicamente, porque se requería una profunda insensibilidad social que impidiera empatizar con los problemas de la gente, un alto nivel de soberbia política para no asumir los errores cometidos y una arraigada herencia autoritaria como para enfrentar de manera inmediata las manifestaciones con la salida de los militares a las calles, la declaración del estado de emergencia y toques de queda; acciones todas que se han cobrado vidas, han dejado detenidos, heridos y torturados, además de la comisión de otras violaciones, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH).

Por otra parte, es lamentable observar cómo los medios de comunicación han realizado un encuadre casi exclusivo de la violencia de los manifestantes, criminalizando la protesta y minimizando las “buenas prácticas” de las movilizaciones; del mismo modo, han efectuado una cobertura y tratamiento de los hechos solo desde la perspectiva de la contingencia, sin análisis y sin antecedentes, y con un desprecio hacia las voces disidentes. En general, expresan su más profunda proximidad al poder de turno y su tendencia casi patológica al orden y la seguridad.

Finalmente, en este escenario de crisis profunda de un modelo económico-político que ha mostrado su perversión con nefastas consecuencias para la vida de la mayoría de la población del país, solo hay un camino para que el paciente no muera antes que el tratamiento surta efecto. Obviamente, tampoco el diagnóstico es el mismo que el realizado en 1975 por el economista de la Escuela de Chicago, porque ahora no se trata de reducir drásticamente los gastos públicos del Gobierno, sino de reducir la riqueza acumulada por un grupo a partir de un proceso constante de privatización del Gobierno y de desnacionalización. El único tratamiento, en este caso, es la generación de una nueva Constitución, un nuevo estatuto sobre las relaciones, las normas y las condiciones; con nuevas bases y nuevos valores que pongan a la persona por sobre la propiedad.

Los desafíos de una nueva Constitución

Las modificaciones realizadas a la Constitución de 1980, tanto las 54 reformas de 1989 –conocidas como leyes de amarre– como las 58 reformas realizadas entre 2005 y 2021, no abordan los aspectos claves de la matriz económico-política neoliberal. Si bien es fácil pensar que no eran una preocupación en 1989, es incómodo y decepcionante observar que tampoco lo fueron durante el Gobierno del presidente Ricardo Lagos de 2005, ni para los siguientes hasta 2021. Es posible inferir entonces la evidente continuidad que ha tenido el predominio de la propiedad privada por sobre el acceso y el uso con un sentido común de los bienes naturales y el ambiente.

Así las cosas, aunque la Constitución creada durante la dictadura ha sido modificada posteriormente en distintas oportunidades, el modelo neoliberal se ha mantenido inalterable.

En este sentido no podemos equivocarnos. La derecha y una parte conservadora de la centroizquierda llevan años insistiendo en que solo se trata de un problema ideológico relacionado con el origen de la Constitución, y que la firma que actualmente tiene –que no es de Pinochet sino de Lagos– es una señal de ello. Quienes lo sostienen ignoran que efectivamente existe un problema ideológico, pero que no se relaciona con un origen espurio sino con la permanencia de la matriz neoliberal que se consagra en dicha Constitución. Esta matriz se ha mantenido inconmovible hasta la actualidad. Básicamente porque el pacto que se firma durante el retorno a la democracia a partir de 1989 incluye este modelo, reforzado a lo largo de la extensa transición. De esta forma, la transición no es sino la implementación del neoliberalismo.

Considerando este diagnóstico, podemos comprender con mayor facilidad la agenda radical de las reiteradas movilizaciones sociales en Chile, cuyo objetivo será la generación de una nueva Carta Magna a través de una convención constituyente, con una elocuente exclusión de la clase política actual, a la cual se responsabiliza de mantener el modelo neoliberal.

Ahora bien, ¿qué se espera exactamente de la nueva Constitución en este sentido? Algunos sectores de derecha y de centroizquierda insisten en que esta no resolverá los complejos problemas y las crisis que se mantienen en el país. Probablemente tengan razón, si están pensando, por ejemplo, en los graves conflictos interculturales, los niveles crecientes de corrupción o la extendida cultura neoliberal de consumo. Sin embargo, se equivocan precisamente al no considerar lo que aquí hemos planteado, esto es, la necesidad urgente de regulaciones y limitaciones a la propiedad privada y al extractivismo intensivo y extensivo que se ejerce sobre los bienes naturales sin importar el impacto negativo sobre el ambiente. Básicamente, siguen pensando que la crisis es unidimensional, que es solo política o solo económica, pero el mensaje de la ciudadanía ha sido claro: cualquier propuesta que no incluya ambas condiciones está condenada al fracaso.

El desafío es garantizar un nuevo pacto económico-político, lo cual incluye nuevas relaciones sociales y económicas. Ambas deben avanzar en medio de la crisis actual. Por un lado, la Constitución debe relevar la importancia de la vida por sobre los intereses de la propiedad; por otro, el modelo económico debe terminar con la privatización de todos los ámbitos de la vida. En otras palabras, la democracia –que aparece como argumento en todos los sectores– debe salvaguardar la vida, y hasta ahora no es así. Lo que debilita la democracia no es la protesta social, sino la falta de garantías para una vida digna. La falta de condiciones para la dignidad de las personas es el principal obstáculo para la democracia. Las manifestaciones sociales son el síntoma, pero la enfermedad es la falta de condiciones para la vida digna de todos y se viene incubando hace unos cuarenta años, cuando se impuso el actual modelo económico-político.

Referencias

Délano, M. & Traslaviña, H. (1989). La herencia de los Chicago Boys. Santiago de Chile: Las Ediciones del Ornitorrinco.
Durán, G. & Kremerman, M. (2018). “La pobreza del ʻmodeloʼ chileno, la insuficiencia de los ingresos del trabajo y pensiones”. En: Ideas para el Buen Vivir, N° 13, Fundación Sol.
El Mercurio (2000, 4 de febrero). “Chilenos se pensionarían con el 100% de su sueldo el 2020”. En: El Mercurio.
Fundación de Estudios Económicos (1975). Friedman en Chile. Bases para un desarrollo económico. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.







 

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