LA (DES)ARTICULACIÓN ENTRE EDUCACIÓN Y TRABAJO, O QUÉ IDEA DE PAÍS / Tras su llegada a la presidencia en 2003, Néstor Kirchner solía referirse a la escasez de torneros y matriceros para subrayar que la destrucción de la escuela técnica llevada a cabo en los noventa entraba en contradicción con una nueva etapa en la que la industrialización era un objetivo central. No es casual entonces que el primer debate impulsado por él haya sido la Ley de Educación Técnico Profesional, ni que a esta, la primera de cuño educativo sancionada desde su asunción, le haya seguido la aprobación por amplias mayorías parlamentarias de la Ley de Educación Nacional. Pero tampoco es azarosa la suerte corrida por estas y otras leyes del mismo plexo normativo durante el actual gobierno. En la presencia o ausencia de un proyecto nacional que comprende el anudamiento constitutivo entre educación y trabajo y su inexorable dependencia de las políticas de defensa y promoción de ambos está la respuesta.
Por Daniel E. Di Bártolo
Exsecretario de Educación en el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP). Integrante de la Fundación CEPES (Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales) de Mar del Plata.
Fotos: Sebastián Miquel
Trabajo
Cierre de comercios, suspensiones por caída de las ventas en empresas medianas y grandes, quiebre de pymes y micropymes; desde diciembre de 2015 tenemos noticias permanentes de situaciones donde se ve afectado el trabajo en todas sus dimensiones.
El drama de la pérdida constante de puestos de trabajo se ha extendido en nuestro país cual reguero de pólvora. Las estadísticas lo demuestran con diáfana claridad,(1) aunque los complicados procesos que desencadena no son mensurables, ya que sus efectos impactan de lleno y de manera nociva sobre la vida de cada persona, las relaciones familiares y sociales y el clima de época en su conjunto.
Cuando la alianza triunfante en las elecciones presidenciales de 2015 comenzó a desplegar su política económica, la abrupta caída del trabajo en Argentina era un secreto a voces. Pues, aunque numerosos sectores no lo imaginaran, era previsible. La “gran estafa electoral” ya estaba consumada.
La apertura indiscriminada de las importaciones es una medida clásica del liberalismo y neoliberalismo vernáculo que históricamente tuvo las mismas consecuencias: el ingreso de manufacturas desplaza los productos locales y, en forma simultánea, afecta el funcionamiento de las economías regionales cuyo principal motor son las pymes, que, a su vez, son las principales generadoras de empleo.
La caída del trabajo trae aparejado un efecto letal: más postulantes (los que buscan trabajo porque lo perdieron) para menos empleos registrados. Este desequilibrio social produce en forma inmediata el deterioro salarial y la precarización.
Procesos similares se dieron en los contextos de la última dictadura militar y en los noventa. En ambos casos, la aplicación de las recetas neoliberales produjo desocupación, subocupación y precarización.
Las malditas consecuencias del ataque al trabajo generan un ambiente de desesperanza en el entramado social. Sin lugar a dudas, la falta del mismo es una cuña caliente que resquebraja el tejido comunitario y afecta espiritualmente a la nación.
Cada lector tendrá su historia. Aquí describimos, con dolor, el proceso colectivo. Se trata de una problemática que tiene lugar a escala mundial, con fuerte impacto en la región latinoamericana y terribles secuelas en nuestro país por la aplicación de las políticas conservadoras y oligárquicas que actualmente nos toca atravesar.
Las recetas devenidas de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional dieron lugar a un fenomenal endeudamiento externo y a las consabidas medidas de ajuste del Estado y reforma previsional; la reforma laboral quedó en carpeta por la resistencia que generó el movimiento obrero organizado.
No es un proceso aislado ni mucho menos. La falta de protección del trabajo y, con ello, la demonización de las organizaciones sindicales que lo defienden como su principal objetivo están en directa relación con el modelo de país, la idea de sociedad y las medidas económicas que se aplican.
Educación
El último pacto educativo en el que nuestro pueblo definió qué tipo de educación quiere para qué orientación de país fue aprobado por amplias mayorías parlamentarias en 2006 y es la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (en adelante, LEN).(2) Esta contiene los fines y objetivos de la educación argentina como así también definiciones acerca de la política educativa para los distintos niveles y modalidades. El gobierno actual arrancó con la consigna de “construir sobre lo construido” en esta materia, pero en los hechos hizo todo lo contrario. Vació la LEN con una megamaniobra que empezó bastante antes de las elecciones de 2015.
En efecto, atacando el corazón de la línea inclusiva de la política educativa, instaló de la mano de los medios hegemónicos y los poderes económicos concentrados la idea que fue penetrando en el sentido común según la cual la inclusión afectó la calidad y, como consecuencia, nuestros niños y jóvenes “no aprenden”. Luego avanzó con la carga sobre los docentes –maestros y profesores– de la responsabilidad acerca de la supuesta “mala educación”. Complementó este gigantesco movimiento con las operaciones de evaluación que, sostenidas en estándares internacionales (pruebas PISA), fueron agitadas como demostración del llamado “deterioro” de la calidad educativa.
Los docentes fueron entonces puestos en el banquillo de los acusados: “Ni preparados ni perfeccionados, sus frecuentes paros, sus sindicatos, son los responsables del malestar”, dicen las usinas del gobierno y del poder. Apoyados en la fuerte incidencia de los medios masivos de comunicación y de las redes sociales, día tras día desplegaron un proceso cultural, aún vigente, de menosprecio de la profesión docente y la educación pública que opera como condición de posibilidad para el incumplimiento de la LEN.
Así, el gobierno pulverizó la Paritaria Federal Docente y, con ello, el ámbito nacional que favoreció en sus diez años de funcionamiento el establecimiento de marcos y pautas de la política educativa. Desconoció los acuerdos sobre formación docente permanente y rompió los programas socioeducativos.
Esta misma suerte corrió el resto de las leyes del plexo normativo: la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Educación Técnico-Profesional (en adelante, LTP).
Tampoco funcionó ninguno de los ámbitos de participación creados por la LEN y la LTP: ni los cuatro consejos previstos en la LEN ni el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CONETyP), de vieja tradición en el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), incluido en la LTP.
En este marco, el gobierno desarrolló lo que se conoce como línea meritocrática (con fuerte incidencia de un uso sesgado de las neurociencias): la idea de que el éxito o el fracaso son cuestiones individuales, dependientes de las capacidades, esfuerzos y logros de cada uno, en función de la cual se estableció un ranking que sus analistas denominan “premio al mérito”. Para ello, recurrieron a comparaciones internacionales, aunque ni Finlandia ni Portugal, considerados ejemplos de modelos exitosos, tienen medidas análogas. Ambos casos se basan en la jerarquización profesional y laboral de los docentes.
Con todo, como sucede en el caso del trabajo, también la educación se halla vinculada de forma directa al modelo de país. Ninguna medida, ninguna línea política, puede aislarse de la idea que al respecto impulsa el gobierno. En otras palabras, las políticas de defensa y promoción del trabajo y la educación dan cuenta de un modelo otro: un proyecto de nación.
Educación, trabajo y proyecto de país
En 2008, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) encararon un enorme desafío: investigar, siguiendo la perspectiva teórica planteada por Gustavo Cirigliano,(3) en qué medida cada etapa histórica argentina respondió o no a los principios que este recordado pedagogo estableció como constitutivos de un proyecto de nación.
Esta investigación, denominada Proyecto Umbral y aún en curso –resta analizar los períodos que van de 2003 a 2015 y de 2015 hasta el presente–, en tanto primera lectura de la historia de nuestro país al calor de una serie de criterios que definen la existencia o inexistencia de proyectos nacionales, es un valioso aporte al debate sobre el devenir de la Argentina en términos de resignificación.
En este marco interpretativo, nos detendremos en los principios del maestro Cirigliano que atienden a la relación entre trabajo, educación y proyecto de país (aunque, en rigor, cada uno de los 73 principios y sus corolarios tienen su significado a la hora de interpretar de forma adecuada tal vinculación).(4)
Dice el Principio Nº 34: “El trabajo es el instrumento resolutor de los problemas del país [...] Porque media entre la necesidad y la satisfacción. Disuelve el obstáculo. Esto está dicho para los que identifican proyecto con plan económico”.
Dice el Principio N° 9: “Cada Proyecto Nacional determina y sanciona su propia ciencia y desarrolla su propia técnica”.
Dice el Principio N° 21: “Todo Proyecto Nacional determina un sistema educativo congruente y da origen a expresiones culturales singulares y propias, como igualmente prescribe los modelos sociales”.
Volvamos ahora a nuestro contexto sociocultural. Cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia de la Nación en 2003, solía repetir que “faltan torneros, no hay matriceros” para ejemplificar cómo la destrucción de la escuela técnica en los noventa se golpeaba con la nueva etapa inaugurada en su gobierno, donde el objetivo de la industrialización debía ir de la mano con la formación técnico-profesional.
Ni Kirchner como gobernador de Santa Cruz ni Daniel Filmus como secretario de Educación en CABA habían avanzado en las reformas de la Ley Federal de Educación que vaciaron la escuela técnica. El dato es fuerte: un proyecto de país con matriz industrialista no podía estar desvinculado de la formación para el trabajo. Tal es así que el primer debate impulsado por Kirchner fue el de la Ley de Educación Técnico Profesional, la primera de cuño educativo sancionada en esa década. Se creó un fondo específico, se potenció el espacio de participación multisectorial y se dotó de insumos y tecnologías las escuelas.
En las antípodas, el actual gobierno, si bien no tocó la LTP, la ignoró. Junto con ello, desfinanció el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y una ola de investigadores levantaron su queja por la falta de aportes para sus trabajos.
No se trata, nuevamente, de hechos inconexos. La estrecha vinculación entre el proyecto de país, la educación y el trabajo se trasluce en políticas que, por un lado, ordenan la tríada y, por otro, lo dejan librado a las fuerzas del mercado en un claro ejemplo de neoliberalismo aplicado. Más aún, las pocas intenciones de relacionar educación y trabajo están orientadas a cubrir demandas transformando al ciudadano en mero recurso humano: “seguidismo del mercado”.
Junto a los fundamentos en el plano de la filosofía de la educación, creemos que la articulación entre proyecto nacional, educación y trabajo está basada en los mismos conceptos: la LEN establece en su artículo 11, incisos b, j y u, un fin claro en este sentido, y el trabajo, verdadero centro de la cuestión social, es la herramienta de la realización personal y colectiva.
La agenda, los desafíos
La recuperación de la articulación entre educación y trabajo solo será posible cuando nuestro pueblo retome su proyecto de nación. Es evidente que nos encontramos en una etapa –al decir del Proyecto Umbral– de “antiproyecto”, que ha provocado el retroceso generalizado del interés nacional y, en particular, ha desandado el itinerario virtuoso de la educación centrada en el trabajo y orientada al proyecto de país. Dicha senda, tarde o temprano, será retomada, porque los pueblos son los genuinos protagonistas de su propia historia y porque así lo demuestran las idas y venidas que padecimos a lo largo de dos siglos de argentinidad.
Sin embargo, al reanudar el camino del proyecto de país libre, justo, soberano, integrado, inclusivo, en el tema que nos ocupa, tendremos que promover una agenda que produzca un salto cualitativo que impida cualquier intento de retroceso. En este sentido, apuntamos a modo de propuestas las siguientes cuestiones:
1) Financiamiento. Planes de mejora. Será indispensable garantizar el flujo de fondos, equipamientos e insumos necesarios para el funcionamiento de las escuelas técnicas y centros de formación profesional, retomando la relación entre el crecimiento del PBI y la inversión educativa tal como preveía la Ley de Financiamiento pero aumentado tal guarismo del 8% al 10% del PBI.
2) Ámbitos de participación. Tanto el Estado nacional como las jurisdicciones y la Ciudad Autónoma, por un lado, y los actores sindicales, empresariales y los colegios profesionales, por otro, elaborarán y suscribirán un acta-compromiso para retomar el funcionamiento del CONETyP nacional y los CONETyP jurisdiccionales con el objetivo de garantizar consensos en orden a las políticas de formación técnico-profesional. Del mismo modo, los sectores acordarán un plan de trabajo para el Consejo Económico y Social previsto en la LEN.
3) Diseños curriculares. Se impulsarán reformas en los diseños curriculares que incluyan el abordaje de la construcción pedagógico-didáctica centrada en la relación entre la educación y el trabajo en todos los niveles y modalidades, desplazando el criterio según el cual la modalidad técnica es una unidad aislada del conjunto del proyecto educativo.
4) Formación docente. Se promoverán instancias de capacitación universal, gratuita y en servicio(5) en las que maestros y profesores tengan espacios de reflexión, investigación y desarrollo didáctico en torno a la centralidad del trabajo en la educación y su articulación con el proyecto de país. En este sentido, se aportarán tendencias latinoamericanas, nacionales y locales que faciliten la visualización de este entramado.
5) Desafío cultural. Será indispensable que, a través de los medios de comunicación, las redes sociales, los grupos de padres de familia, los centros de estudiantes, se logre instalar una nueva lógica del sentido común (pensamiento crítico) que permita ver con claridad que no hay educación ni trabajo sin un proyecto de país que nos contenga. Esta tarea, si bien surge en la escuela y en la universidad, las supera ampliamente: es un desafío de la sociedad en su conjunto y de ella depende en gran medida nuestro futuro.
Según el célebre pedagogo Paulo Freire en su Pedagogía del oprimido, “la educación es un acto político”. Nuestra reflexión y acción se orientan a que esta premisa promueva un nuevo orden sustentado en que esa educación, por ser política, forma en relación con el trabajo humano y se entrelaza de modo dinámico y creativo con el proyecto de nación.
Notas
1 En la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) vienen desarrollando, a través del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) y el Observatorio de Empleo, Producción y Comercio exterior, un seguimiento mensual de la caída del trabajo en la Argentina. Disponible en: http://pulsocitra.org.
2 Filmus, D. y C. Kaplan (2012). Educar para una sociedad más justa. Debates y desafíos de la Ley de Educación Nacional. Buenos Aires: Aguilar.
3 Cirigliano, G. F. J. (2002). Metodología del Proyecto de País. Buenos Aires: Nueva Generación.
4 Cirigliano, G. F. J. y otros (2009). Proyecto Umbral. Resignificar el pasado para conquistar el futuro. Buenos Aires: CICCUS.
5 Véase el Acuerdo Paritario sobre “Formación Docente Permanente y en Ejercicio” celebrado el 29 de noviembre de 2013 para el desarrollo del Programa Nacional de Formación Permanente.
