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Por Delia Méndez / DOS MODELOS PARA LA EDUCACIÓN ARGENTINA / La Ley de Educación Nacional es la herramienta fundamental que tiene el Estado para garantizar el derecho a la educación en todo el país. Desde 2016, el Ministerio de Educación de la Nación se dedicó a incumplirla sin derogarla. Desmanteló planes y programas de acción inclusiva, redujo las direcciones de educación de los niveles obligatorios inicial, primario y secundario a meras coordinaciones y, como el primer neoliberalismo en Argentina con la Ley Federal de Educación, volvió a ubicar en el patio trasero las modalidades del sistema educativo de la educación de jóvenes y adultos, especial, artística, rural, hospitalaria y de contextos de encierro, con una intención tan clara como su contraposición a un proyecto educativo promotor de derechos y, por tanto, no excluyente.
DOS MODELOS PARA LA EDUCACIÓN ARGENTINA / La Ley de Educación Nacional es la herramienta fundamental que tiene el Estado para garantizar el derecho a la educación en todo el país. Desde 2016, el Ministerio de Educación de la Nación se dedicó a incumplirla sin derogarla. Desmanteló planes y programas de acción inclusiva, redujo las direcciones de educación de los niveles obligatorios inicial, primario y secundario a meras coordinaciones y, como el primer neoliberalismo en Argentina con la Ley Federal de Educación, volvió a ubicar en el patio trasero las modalidades del sistema educativo de la educación de jóvenes y adultos, especial, artística, rural, hospitalaria y de contextos de encierro, con una intención tan clara como su contraposición a un proyecto educativo promotor de derechos y, por tanto, no excluyente.

Por Delia Méndez

Fotos: Sebastián Miquel

Si se acepta lo existente y lo dado como lo que debe ser, no existe el horizonte utópico capaz de indicar el para qué, o lo que es lo mismo, que indique el futuro a construir, se arranca a los hombres el timón de la historia y las posibilidades de inventar un futuro diferente. 
Paulo Freire


Algunas reflexiones

El sistema educativo Argentino es uno de los de más larga tradición institucional de Latinoamérica. Con más de dos siglos de historia, se constituye en una herramienta sustantiva de la construcción ciudadana, que a lo largo del tiempo ha protagonizado avances, retrocesos y también intentos de disolución.

En la historia reciente, en la década de los noventa, este sistema aparecía rodeado de incógnitas sobre su futuro. La Ley Federal de Educación provocó una fragmentación en tantos subsistemas como jurisdicciones tiene el país, arrojando además las modalidades a un lugar de cuasi desaparición –entre ellas, la educación permanente de jóvenes y adultos (EPJA)–, dejando en potestad de las jurisdicciones la continuidad o no de su estructura, vaciándolas de contenidos e incluyéndolas, en la mayoría de las jurisdicciones, en los niveles primario y secundario de la educación común sin considerar las diferencias del sujeto al cual se dirigen, las metodologías para la enseñanza y el aprendizaje, la selección de contenidos y la propuesta curricular y organizativa de las instituciones donde se realiza la acción educativa.

El proyecto del gobierno surgido el 25 de mayo de 2003 puso en marcha otra etapa. Podemos decir que esas incógnitas fueron despejadas en la mirada hacia el sistema, reconociendo las profundas diferencias, las particularidades, y al mismo tiempo trabajando para proponer y orientar objetivos comunes para millones de alumnos, cientos de miles de docentes, escuelas y familias.



La sanción de la Ley de Educación Nacional (LEN) N° 26.206 en 2006 restituye la concepción del derecho a la educación, regula el ejercicio del derecho a enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella. Establece que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado. Declara que la educación es una prioridad nacional y se constituye en una política de Estado para construir una sociedad más justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la nación.

En su conjunto propone una agenda de trabajo que opera sobre las urgencias y al mismo tiempo sobre los problemas estructurales. Así, el Estado nacional avanza en la recuperación de los días de clase, la recomposición de los salarios docentes, el equipamiento y la dotación integral de los recursos, la reconstitución del sistema de formación docente, el acceso masivo de los alumnos, los docentes y las instituciones de la educación estatal a las TIC y la ampliación de cobertura en todos los niveles del sistema.

Solo es posible pensar un proyecto educativo nacional promotor de derechos en el marco de un país que logra alcanzar tanto la centralidad del Estado como las condiciones políticas indispensables para el desarrollo de una perspectiva de futuro. Reconocer la historicidad del Estado resulta necesario para colocarnos en esa perspectiva.

Recuperado el sistema y la condición de conducción sobre él, se trató de conjugar decisiones, trabajo y responsabilidad a favor de una educación más justa e inclusiva para todos. Es en ese marco donde se generan los nuevos sentidos, reivindicando por supuesto la función de la escuela pero sumándole las experiencias educadoras provenientes de la educación popular, donde tanto los trabajadores de la educación como los educadores populares sintetizan la perspectiva de inclusión con calidad.



Inclusión educativa

La UNESCO define la educación inclusiva en su documento conceptual como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todas y todos.

Se basa en el principio de que cada sujeto tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos, y deben ser los sistemas educativos con sus planes y programas puestos en marcha los que garanticen la diversidad de dichas características y necesidades.

La inclusión debe aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares y extraescolares.

Lejos de ser un tema marginal sobre cómo se puede integrar a algunos estudiantes en la corriente educativa principal, es un método en el que se reflexiona sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de que respondan a la diversidad de los estudiantes.

La educación es un derecho, no un privilegio
La educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso para todas y todos. Hace referencia a metas comunes para disminuir y superar todo tipo de exclusión desde una perspectiva del derecho humano a una educación. Tiene que ver con acceso, participación y aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todos. Por ello, sostenemos, es un bien social.

Parte de la defensa de igualdad de oportunidades para todas y todos
Tiene que ver con remover todas las barreras para el aprendizaje y facilitar la participación de todos los estudiantes vulnerables a la exclusión y la marginalización. Es decir que todos los estudiantes reciben los soportes que requieren para tener la oportunidad de participar en situaciones de enseñanza y aprendizaje.

“Inclusión” significa, por tanto, darles la posibilidad a todas y todos los estudiantes de que participen de lleno en la vida y el trabajo dentro de las comunidades, respetando las culturas locales y los saberes construidos socialmente. La inclusión se ve más como un enfoque de la educación –para nosotros inicialmente un enfoque de derechos– que como un conjunto de técnicas educativas.

Dyson destaca que la inclusión simplemente denota una serie de amplios principios de justicia social, equidad educativa y respuesta a necesidades de los estudiantes.

La educación inclusiva significa que todas y todos, con o sin discapacidad o dificultades, aprendan juntos en las diversas instituciones educativas regulares del nivel inicial, escuelas primarias, secundaria, institutos terciarios y universidades con un área de soportes apropiada.

Pero, más que con el tipo de institución educativa, tiene que ver con la calidad de la experiencia. Por ello, desde los principios de la educación popular pensamos que en tiempos de cambios globales como los que vivimos en estas primeras década del siglo XXI es fundamental cambiar nuestras formas de pensar y actuar si deseamos seguir en el camino de una praxis transformadora en torno a la construcción de paradigmas emancipatorios.

En esta dirección, las políticas públicas en un Estado de derecho deben estar orientadas a diversos sectores de la sociedad para lograr mejores condiciones de vida en dicha población en distintas áreas, tales como salud, medio ambiente, desarrollo social, seguridad pública, energía, comunicaciones, economía, trabajo, desarrollo industrial, educación, ciencia y tecnología.



La Ley de Educación Nacional sancionada en 2006 es la herramienta fundamental del Estado para garantizar el derecho a la educación en todo el país. Pero ¿qué sucede hoy en la República Argentina? ¿Se cumple con la ley? ¿Se respetan todos y cada uno de sus artículos? ¿Se transfieren los fondos necesarios para la implementación de las políticas educativas y socioeducativas? No. Desde 2016, el Ministerio de Educación de la Nación la ha venido deconstruyendo, modificando e incumpliendo sin derogarla. Con perversión planificada, se han ido desmantelando planes y programas de acción inclusiva, se han reducido las direcciones de educación de los niveles obligatorios inicial, primario y secundario a meras coordinaciones y, como lo hizo el primer neoliberalismo en Argentina con la Ley Federal de Educación, las modalidades del sistema educativo de la educación de jóvenes y adultos, especial, artística, rural, hospitalaria y de contextos de encierro volvieron a ser ubicadas “en el patio trasero”.

Se ha reducido el presupuesto educativo; no se ha convocado a paritarias docentes; se avasalla y desjerarquiza la tarea docente; se tercerizan las acciones de capacitación y formación docente.
Es notoria y creciente la desresponsabilización presupuestaria con las veinticuatro jurisdicciones del país. Se propuso un plan centralizador –el Plan Maestro– con metas grandilocuentes que desconoce las diferencias y particularidades de cada provincia; se intenta utilizar la evaluación como una herramienta punitiva; no se construyen los tres mil jardines de infantes prometidos en campaña; se utiliza la magra partida enviada a las provincias de manera extorsiva en el Consejo Federal de Educación y en nombre del supuesto declamado de las autonomías provinciales se vuelve, como con el modelo neoliberal de los noventa, a un laissez faire que solo traerá más desigualdad. Se cierran escuelas.

La intención es clara, la brecha también. Dos modelos para la educación argentina. Dos modelos antagónicos desde la perspectiva político-ideológica. Dos decisiones que se contraponen: incluir o excluir.




 

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Maiz es una publicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. ISSN 2314-1131.


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