LOS JUECES DE MAGNETTO Y LAS CAUSAS CLAVE QUE INVOLUCRAN AL GRUPO CLARÍN / En la base de su poderío hay un crimen de lesa humanidad: la apropiación de Papel Prensa. A este le siguieron delitos varios, tales como la reestructuración fraudulenta de la deuda de Cablevisión, operatorias financieras a través de territorios offshore o el incumplimiento de la normativa que fijó el precio del cable. Del primero al último, todos fueron viabilizados por una extensa lista de favores judiciales, incluyendo la creación de una ONG trucha por parte de un actual cortesano.
Por Ari Lijalad
Periodista y politólogo.
Fotos: Sebastián Miquel
El 28 de agosto Clarín cumplió 71 años. Pasó de ser aquel incipiente instrumento político que Roberto Noble, su fundador, sacó a la calle en 1945, a convertirse en el actual multimedia con ramificaciones en todos los dispositivos audiovisuales y de telecomunicaciones que domina desde hace décadas la agenda periodística, con su consecuente influencia en la política nacional. Ese crecimiento conformó una telaraña cuyo centro vital, pese a que no reporta los mayores ingresos económicos, sigue siendo el diario Clarín. Y el motivo es claro: el diario de papel es, aun hoy, el ariete de su potencial político, que se extiende tanto en la esfera privada como en los tres poderes del Estado, incluyendo una especial incidencia en sectores del Poder Judicial.
En los últimos años, varios puntos álgidos de la relación entre los Gobiernos kirchneristas y Clarín se dirimieron o empantanaron, según el caso, en los tribunales. En este contexto, un ex editor del diario, en una charla informal, sentenció: “Magnetto tiene más jueces que Cristina”. Y las estadísticas lo avalan. La empresa y sus accionistas acumulan causas penales, comerciales y en otros fueros, pero aun en los pocos fallos adversos salen ilesos. Un mero repaso por el derrotero de algunas causas clave que involucran al Grupo Clarín refleja sus privilegios judiciales.
El precio del silencio
A la cabeza de una antología de favores judiciales a Clarín está la causa Papel Prensa. No por nada el propio Héctor Magnetto le reconoció al periodista Martín Sivak que, de no mediar el sospechoso cambio en la declaración de uno de los testigos, hubiera terminado preso.
Clarín y sus socios, La Nación y La Razón, arrastran denuncias por Papel Prensa desde el retorno democrático. Pero recordemos: la empresa era propiedad de David “Dudi” Graiver, zar de las finanzas con estrechos vínculos tanto con Montoneros como con el jet set bancario, quien murió sospechosamente en un accidente de avión el 6 agosto de 1976. A los pocos días, la cúpula dictatorial, por iniciativa del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, delineó los últimos tramos de una estrategia ya desplegada contra Graiver y sus empresas, que incluyó una feroz campaña mediática con un doble objetivo: justificar su persecución y alinear intereses con los principales diarios. El precio de esa operación mediática y de todo el silenciamiento de los crímenes dictatoriales fue claro: la única planta de elaboración de papel para diarios en nuestro país. Lidia Papaleo, viuda de Graiver, fue despojada de la empresa para luego ser secuestrada, torturada y violada, destino similar al de varios de sus colaboradores, entre ellos Jorge Rubinstein, que murió en la tortura. Mientras, Jorge Rafael Videla inauguraba Papel Prensa junto a Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre, dando inicio al mayor atentado contra la libertad de expresión orquestado por la alianza cívico-militar.
A pesar de los aportes de las querellas, en especial la presentada por la Secretaría de Derechos Humanos encabezada por Duhalde y Alén, nunca se logró la indagatoria de ninguno de los diez imputados en la causa Papel Prensa.
Ya el 2 de abril de 1984, el entonces diputado nacional Norberto Imbelloni presentó una denuncia por las irregularidades en la apropiación de Papel Prensa. La investigación acumuló miles de fojas gracias a la labor del fiscal Ricardo Molinas, pero se hundió luego en las movedizas arenas judiciales. El tema siguió con una denuncia en los tribunales de La Plata, donde los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro apuntalaron la investigación. Por diversos planteos respecto a la competencia, la causa tuvo un ida y vuelta entre los jueces Arnaldo Corazza, de La Plata, y Daniel Rafecas, de los tribunales federales porteños. Este último, en uno de sus escritos, planteó que se trataba de un delito de lesa humanidad. Eso le valió, en 2011, una denuncia del Grupo Clarín, y de Magnetto en particular, ante el Consejo de la Magistratura, finalmente desestimada. Respecto de la competencia, los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero (que volverían a intervenir en la causa) resolvieron radicarla en los tribunales de Comodoro Py, apartar a Rafecas y sortear un nuevo juez, que resultó ser Julián Ercolini. No fue un buen destino: Ercolini, con complicidad del fiscal subrogante Eduardo Taiano, cajoneó la causa todo lo que pudo. A pesar de los aportes de las distintas querellas, en especial la presentada por la Secretaría de Derechos Humanos encabezada por Eduardo Luis Duhalde y Luis Alén, nunca se logró la indagatoria de ninguno de los diez imputados. Testimonios, archivos desclasificados de inteligencia nacionales y de Estados Unidos, investigaciones periodísticas, nada fue suficiente para la dupla Ercolini-Taiano. La estrategia de los acusados fue la demora biológica. Cinco responsables principales de la operación, Videla, Emilio Massera, Martínez de Hoz, Patricio Peralta Ramos y Bernardo Sofovich, ya fallecieron. El fin de la subrogancia de Taiano y la llegada del fiscal Leonel Gómez Barbella en 2015 cambiaron el escenario. El 11 de marzo, Gómez Barbella pidió las indagatorias de Magnetto, Ernestina, Mitre, Raymundo Podestá y Guillermo Gainza Paz por delitos de lesa humanidad y extorsión. Ercolini actuó rápido: en menos de veinticuatro horas negó las indagatorias, con la excusa de que aún no había finalizado una pericia contable para determinar el supuesto precio por el cual se realizó la cesión de acciones, dato inconducente, que no fue pedido por ninguna parte de la causa, y que la propia demora en iniciar ese peritaje confirma que sólo obedecía a dilatar la causa. Finalmente, el camarista Freiler apoyó el pedido de indagatorias, pero sus pares Farah y Ballestero se opusieron. Recientemente, las querellas recibieron la información de que la pericia estaba concluida: se pagó un precio vil, como era conocido. El nuevo fiscal de la causa, Franco Picardi, piensa seguir el camino de su antecesor e insistir con las indagatorias. Pero la cuestión, de nuevo, recae en Ercolini y los camaristas, ya sin Freiler en la causa gracias a una maniobra jurídico-mediática orquestada por La Nación para apartarlo.
Si bien esta es la causa penal, hay al menos ochenta trámites judiciales que involucran disputas en Papel Prensa entre los accionistas privados, Clarín y La Nación, y el Estado nacional.
Reestructuración y rencillas
Si Papel Prensa fue la base fundamental del crecimiento de Clarín posdictadura, la reestructuración de su deuda lo fue para el período post-2001. Y ahí también recibió el empuje judicial.
Al igual que muchas empresas que cobraban en pesos pero tenían deudas en dólares, en 2002 Cablevisión estaba en cesación de pagos y necesitaba reestructurar su deuda. Para esto, presentó un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que fue homologado por el juez Miguel Bargalló el 5 de julio de 2005. La resolución del “APE de Cablevisión” no era una cuestión menor: era un requisito indispensable para la fusión con Multicanal, clave para el devenir del Grupo. El fallo del juez Bargalló fue apelado y la cuestión llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Por entonces, la fiscal general ante esta Cámara era Alejandra Gils Carbó, que el 27 de abril de 2007 firmó un dictamen de 79 páginas rechazando la homologación del APE y solicitando a la Cámara que lo declarara inválido. Gils Carbó demostraba que la operación de reestructuración de deuda de Cablevisión estaba viciada de nulidad, que incluyó la entrega de información parcial a la Bolsa de Valores y la Comisión Nacional de Valores, la ausencia de las mayorías legales para el acuerdo, el desconocimiento de los verdaderos titulares de las acciones y violaciones a dos leyes vinculadas a la radiodifusión y a la protección de bienes culturales. Tras presentar este dictamen, la fiscal general sufrió siete pedidos de enjuiciamiento y una denuncia penal por parte del Grupo Clarín. Y, a pesar de sus argumentos, los jueces Pablo Heredia, Juan José Dieuzeide y Gerardo Vasallo convalidaron la reestructuración fraudulenta de la deuda de Cablevisión, sin la cual hubiera quedado en graves problemas financieros para apuntalar su crecimiento.
Los nombres se volvieron a cruzar. El Grupo Clarín encabeza la avanzada mediática para intentar, por ahora sin éxito, la destitución de Gils Carbó como procuradora general de la nación. Los de los jueces reaparecieron para un nuevo favor personal a Magnetto: condenar al periodista Víctor Hugo Morales a indemnizar a Cablevisión por la trasmisión de la final Intercontinental entre Boca y Real Madrid.
Clarín Offshore
Al igual que buena parte del empresariado local, el Grupo Clarín y sus accionistas desarrollaron diversas operatorias financieras a través de territorios offshore o guaridas fiscales. Hay por lo menos cuatro casos que llegaron a la Justicia. Y, así como se iniciaron, no tuvieron mayores avances. La causa más paradigmática es la que se inició a raíz de la autodenuncia del ex banquero del JP Morgan Hernán Arbizu, donde reveló un listado de más de doscientas empresas y numerosos empresarios que utilizaron los canales del banco para fugar millones de dólares, evadir impuestos y lavar dinero. Entre ellos, el Grupo Clarín y sus accionistas. La causa recayó en el juzgado de Sergio Torres y la fiscalía de Guillermo Marijuán, que plancharon la investigación a tal punto que ni siquiera citaron a Arbizu para que amplíe su testimonio. Por supuesto, tampoco a ninguna de las empresas denunciadas. La otra gran filtración, la que proporcionó Hervé Falciani tras extraer listas de clientes que tenían depósitos sin declarar en la sede suiza del banco HSBC, también involucró al Grupo Clarín. La pesquisa judicial, en este caso, tiene avances, pero en el caso de Cablevisión (que figura entre los denunciados) ya hay indicios de que quedará relegada. A su vez, otras causas donde Clarín y sus accionistas quedaron involucrados en maniobras que configuran delitos económicos sufren el cepo de los exhortos, es decir, la imposibilidad de avanzar, ya que los países que tienen la información ignoran los pedidos de los fiscales.
El Grupo Clarín, por su parte, descarta buenos resultados. La prueba es que el 30 de junio de 2016 creó una nueva sociedad en la guarida fiscal de Delaware, Estados Unidos. Se trata de GCSA Equity, inscripta en el 1209 Orange Street, edificio pantalla que alberga 217.000 sociedades que se radican allí por un motivo: no pagar impuestos y ocultar sus beneficiarios finales. Para Clarín no es la primera vez: sólo en Delaware, es la cuarta sociedad que crea desde 1999.
Llegamos a la Corte
Otra causa que vuelve a ser relevante es la que vincula al Grupo Clarín con el nuevo juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz. De origen radical, Rosenkrantz es master y doctor en Derecho por la Universidad de Yale, fue parte del grupo de trabajo de Carlos Nino, miembro del Consejo para la Consolidación de la Democracia y asesor de Raúl Alfonsín para la Convención Constituyente de 1994. Entre los pergaminos que suele ostentar está su patrocinio a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), en 1991, cuando la Inspección General de Justicia le denegaba la personería jurídica. Desde el estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados tuvo como clientes a América TV, McDonalds, CARBAP, Claro, Pan American Energy, Grupo De Narváez, La Nación, Pegasus (de donde proviene Mario Quintana, coordinador económico del gabinete de Mauricio Macri), IRSA, YPF y, por supuesto, al Grupo Clarín. Antes de asumir como juez de la Corte, aseguró que se excusará de intervenir en casos que involucren a sus ex clientes. Sin embargo, su actuación como abogado del Grupo Clarín, particularmente en una causa que involucraba a Cablevisión y Fibertel, suma argumentos a los 1.428 rechazos (especialmente de organismos de derechos humanos) que recibió su candidatura a cortesano.
Los nombres se volvieron a cruzar. Clarín encabeza la avanzada para intentar, por ahora sin éxito, la destitución de Gils Carbó. Los de los jueces reaparecieron para condenar a Víctor Hugo Morales a indemnizar a Cablevisión.
Rosenkrantz, junto a su socio Gabriel Bouzat, creó una ONG trucha como estrategia legal para defender al Grupo Clarín. Todo comenzó con la resolución 100/2010, que estableció la caducidad de la licencia de Fibertel, absorbida por Cablevisión sin haberse liquidado. En ese momento, la Asociación para la Defensa de la Competencia (ADC) presentó una medida cautelar contra la resolución, que fue otorgada por los jueces Graciela Medina y Ricardo Recondo. Esto le permitió a Fibertel seguir operando sin licencia durante años. Tal era la irregularidad que, el 4 de marzo de 2016, el Gobierno de Macri revocó la resolución 100/2010 para liquidar el pleito, y el 22 de abril le autorizó a Fibertel transferirle su licencia a Cablevisión. Pero lo notable del caso fue el rol de Rosenkrantz y la ADC. El nuevo cortesano figuraba como presidente de la Asociación mientras era abogado del Grupo Clarín. Esta fue creada en 2000 y utilizada para plantear un supuesto interés colectivo en el funcionamiento de Fibertel. Su domicilio era el mismo que el estudio de Rosenkrantz, y sólo fue utilizada en dos ocasiones: en la de Fibertel y en un cuestionamiento a la fusión Telefónica-Telecom, también dentro de los intereses del Grupo Clarín.
La coincidencia entre los miembros de la ONG trucha ADC y el estudio de abogados del Grupo Clarín fue pasada por alto por los jueces que le dieron lugar a la medida cautelar que permitió a Fibertel seguir operando de forma irregular, alegando un interés colectivo que no era más que una jugarreta del actual cortesano Rosenkrantz.
El precio del cable
El desprecio de Clarín por cumplir con los fallos judiciales queda claro en el caso del precio de Cablevisión. La resolución 50/2010 de la Secretaría de Comercio Interior fijó las pautas para determinar el precio del cable, que se actualizaban periódicamente. Sin embargo, Cablevisión incumplió sistemáticamente esta normativa. El resultado: millones de pesos pagados de más por sus clientes.
Frente a esto, el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto, inició un amparo para que los clientes de Cablevisión pagaran lo que correspondía y no la tarifa definida por la empresa de forma ilegal. No fue el único, pero sí el que más avanzó. El 14 de diciembre de 2012, el Juzgado Federal Nº 2 de La Plata ordenó a Cablevisión que cumpliera con la resolución de la Secretaría de Comercio. Sin embargo, la empresa no cumplió con el fallo judicial. El 1º de febrero de 2013, fue intimada a cumplirlo, y Bonicatto volvió a actuar con una denuncia en el fuero penal para que se la investigara por desobediencia. Finalmente, el 4 de marzo de 2013, la Sala I de la Cámara Federal de La Plata, integrada por los jueces Julio Víctor Reboredo y Carlos Román Compaired, resolvió que Cablevisión debía cobrar lo estipulado legalmente por la Secretaría de Comercio, pero remitió al juzgado de primera instancia la resolución sobre la desobediencia. Para septiembre de 2013, Cablevisión seguía sin cumplir el fallo judicial ni la resolución de la Secretaría de Comercio, y la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ordenó la continuidad de la causa por desobediencia. Así las cosas, y a pesar de que se le aplicaron diversas multas (todas ellas apeladas), Cablevisión siguió al margen de los fallos judiciales y de las resoluciones de la Secretaría de Comercio. El responsable de esas resoluciones: Guillermo Moreno, víctima de varias denuncias en su contra de parte del Grupo Clarín, tanto por distribuir cotillón con el lema “Clarín Miente” (impulsada por el juez Claudio Bonadio) como por sus intervenciones en Papel Prensa, donde el Estado sigue como accionista minoritario. Las historias, como siempre, se cruzan.
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
En la dilación de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), un grupo de jueces tuvo un rol fundamental. Si bien la Corte Suprema dejó en claro que la LSCA, del primero al último artículo, era constitucional y no afectaba la libertad de expresión, ese resultado demoró cuatro años y diez días: más que un período presidencial para que Clarín fuera ordenado de adecuarse a la ley. Un camino de obstáculos con jueces de todo el país, donde algunos cuestionaron la ley en su totalidad y otros, un puñado de artículos que puntualmente perjudicaban la posición dominante del Grupo.
En diciembre de 2009, a semanas de su sanción, hubo tres jueces que frenaron su aplicación: el primero fue el juez federal porteño Edmundo Carbone, seguido por sus pares Miguel Medina, de Salta, y Olga Pura de Arrabal, de Mendoza. La estrategia vía Carbone logró ganar tiempo hasta 2010, cuando la Corte Suprema ordenó darle un plazo razonable que los camaristas María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras establecieron en irrazonables 36 meses. La de Pura de Arrabal, que había suspendido la aplicación de la ley, fue revocada en junio de 2010 por la Corte Suprema, pero logró ganar seis meses de tiempo. La de Medina no tuvo tanta suerte: se limitó sólo a su provincia y, cuando la Corte revocó la cautelar de Pura de Arrabal, la Cámara de Apelaciones de Salta levantó la medida.
En definitiva, la vía Carbone fue la que sobrevivió. La Corte Suprema estableció su finalización para el 7 de diciembre de 2012, pero un día antes los jueces Najurieta y De las Carreras extendieron la cautelar para el Grupo Clarín. De las Carreras, cuyo ancestro homónimo fue el primer presidente de la Corte Suprema, fue denunciado por dádivas al conocerse que viajó a Miami por gracia de CERTAL, una ONG vinculada a Clarín cuyo secretario general es otro funcionario judicial predilecto del Grupo, el fiscal Ricardo Sáenz. El 14 de diciembre, el juez Horacio Alfonso afirmó la constitucionalidad de la LSCA, pero Clarín volvió a apelar. De nuevo los camaristas, cuya acción hizo que tuvieran el mote de “Cámara en lo Clarín y Comercial”, elaboraron un fallo a medida: declararon inconstitucionales todos los artículos que perjudicaban al Grupo, y constitucionales las partes que no lo incumbían. Si la Corte Suprema puso fin a la dilación judicial, fue por dos elementos clave: el primero, que las audiencias públicas, trasmitidas en vivo, dejaron en claro que el reclamo de Clarín no se relacionaba con la Constitución ni con la libertad de expresión, sino con mantener su posición dominante; el segundo, la descollante defensa de la LSCA de la abogada Graciana Peñafort, que encabezó la representación del Estado. El destino, sin embargo, fue esquivo para la ley. Si bien Clarín presentó su plan de adecuación, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), conducida por Martín Sabbatella, nunca controló la situación y, pese a distintos momentos de tensión, el multimedia sacó ventaja. Con el cambio de Gobierno, esa adecuación se archivó y la LSCA quedó anulada por el Decreto 267 firmado por Mauricio Macri a pocos días de asumir.
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