MEDIOS CONCENTRADOS Y PARTIDIZACIÓN JUDICIAL / La administración de la legalidad aparente y la de los bienes simbólicos son una fuente de poder real que los Gobiernos populares enfrentaron con distinta suerte. En Argentina, la LSCA fue uno de los elementos que impidieron que la sociedad judicial y mediática produjera el escenario que permitió el golpe parlamentario en Brasil. Una diferencia fundamental para comprender la urgencia con que Macri arremetió contra dicha ley: no hay concentración de la renta sin medios concentrados que legitimen el saqueo.
Por Roberto Caballero
Periodista.
Fotos: Sebastián Miquel
Antes de analizar qué papel cumple el Partido Judicial en la demolición parcial de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y los intentos por democratizar la comunicación en la Argentina, convendría preguntarse cuál es el rol general de las aristocracias judiciales en el asedio legal a Gobiernos democráticos y populares desafiantes de las lógicas e intereses de las derechas políticas y económicas de nuestra región.
El golpe de Estado parlamentario que derrocó a Dilma Rousseff fue el capítulo final de un proceso altamente erosivo que contó con dos conspiradores clave: el Poder Judicial, que desplegó una serie de investigaciones sobre funcionarios del PT y aliados que pronto se volverían acusadores de la Presidenta buscando su propia indemnidad; y el Poder Mediático concentrado, que aportó verosimilitud a las acusaciones y un marco “institucional” de justificaciones posibles para desalojar por el voto de 61 senadores al PT del Palacio de Gobierno, al que había llegado con los votos de 54 millones de brasileros.
Producto de pesquisas direccionadas, jueces y fiscales lograron poner en el banquillo de los acusados por corrupción tanto a Dilma como a Lula, los dos principales líderes de la fuerza política que produjo la etapa de mayor igualdad social en la historia de Brasil. La demonización posterior corrió por cuenta de los oligopolios informativos, que no cesaron ni un día en su campaña desestabilizadora. El funcionamiento en tándem de estos dos poderes, uno constitucional y el otro constitucionalizado, que la mayoría de las veces se comportan brindándose legitimidad aparente el uno al otro, terminó por aislar al PT de buena parte de la expectativa social y quebrar sus alianzas políticas hasta lograr el objetivo de expulsarlo de la Administración. Si en el medio los poderes corporativos necesitaron sacrificar a uno de los suyos, Marcelo Odebrecht, una suerte de Paolo Rocca brasileño, que fue condenado a diecisiete años de cárcel por el Lava Jato, lo hicieron sin replantearse mucho la estrategia y sin pensar en antiguas lealtades. Porque al final de la operación destituyente consiguieron algo mucho más grande: apartar los escollos políticos que impedían que Brasil retroceda al viejo Brasil de las desigualdades naturalizadas.
La comunicación concentrada y la partidización judicial son, en toda la región latinoamericana, los dos brazos ejecutores de la recolonización cultural neoliberal de esta etapa, además de garantes históricos del privilegio antidemocrático. La administración de la legalidad aparente y la de los bienes simbólicos constituyen una fuente de poder real de grupos corporativos que los Gobiernos democráticos y populares enfrentaron con distinta suerte: algunos con leyes más o menos eficaces en distinto grado (Argentina, Bolivia, Uruguay), otros con reformas constitucionales de fondo (Ecuador, Venezuela), y otros con convivencias y tensiones imposibles (Brasil).
Cuando Cristina Kirchner envió el paquete de leyes para democratizar el Poder Judicial, trató de licuar la capacidad de la judicatura conservadora para trabar la aplicación de leyes que habían surgido del Ejecutivo, habían sido validadas por el Parlamento, y sin embargo seguían inoperativas por cautelares, amparos y recursos extraordinarios diversos en juzgados de todo el país. Una verdadera guerra de desgaste contra las posibilidades ejecutivas del Gobierno representante de la soberanía popular. Pero el Poder Judicial no sólo dinamitó el paquete democratizador, sino que redobló en todos los frentes su pelea por desempoderar al Ejecutivo, continuando con sus artimañas y operaciones extravagantes en los distintos niveles y fueros.
Porque Cristina Kirchner no se fue como Dilma. Pero podría haber sido víctima de un juicio político. La sociedad judicial y mediática intentó producir ese mismo escenario. ¿Qué fue, si no, el armado de la causa Nisman?
Como en Brasil, no actuó en soledad: la comunicación concentrada que venía batallando contra el articulado antimonopólico de la LSCA también se sumó a la demolición instalando la idea de un Gobierno corrupto y dictatorial, atacando las bases de legitimación pública de la Administración kirchnerista. Una causa armada, una noticia inventada; otra causa armada en función de la noticia anteriormente inventada, una nueva noticia escandalosa que derivaba de ella, y así hasta el infinito, acorralando a un Gobierno debilitado que dividía fuerzas entre las desmentidas y la gestión.
Las campañas difamatorias sostenidas en causas fabricadas dominaron el escenario hasta la campaña electoral, y aún siguen. Porque Cristina Kirchner no se fue como Dilma. A diferencia de ella, gobernó hasta el último día. Pero podría haber sido víctima de un juicio político. Pocos lo dicen. La sociedad judicial y mediática intentó producir ese mismo escenario. ¿Qué fue, si no, el armado de la causa Nisman por Irán? Una acusación delirante, producida por un fiscal tutelado por los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros, que tenía varias etapas. Su ya célebre dictamen cumplía el papel de generar estupor social con la cooperación de los medios hegemónicos, que debían presentar la situación como una causal de remoción por “traición a la patria”, difundiendo escuchas hábilmente editadas; y legisladoras del PRO citándolo a la Comisión de Juicio Político para, una vez espectacularizada la acusación, comenzar a gestionar “institucionalmente” el embate parlamentario contra la Presidenta. Les hubiera llevado unos meses. La sorpresiva muerte del fiscal agobiado por una operación insoportable para él mismo, la inexistencia de delito en las acusaciones, el fracaso de las movilizaciones masivas que pretendieron generalizar después del 18F, los hilos de la estrategia que quedaron a la luz rápidamente, abortaron una salida para Cristina Kirchner a lo Dilma.
La diferencia entre lo que ocurrió en Argentina y lo que pasó en Brasil tiene explicación: Cristina Kirchner no cedió un palmo de su poder y presentó pelea política por su supervivencia, la LSCA fue eficaz en instalar una cuña en la subjetividad social de desconfianza ante el relato hegemónico, y, sobre todo, el fiscal elegido no era creíble después de dos décadas de investigar la causa AMIA y no encontrar a los culpables. Si antes hubiera metido preso a un Paolo Rocca, al menos, como el juez brasileño Sergio Moro, es probable que la operación del golpe parlamentario, con el Poder Judicial y el Mediático conspirando en conjunto, hubiese tenido el mismo trámite y el mismo resultado.
Interesa la contextualización política y regional de lo ocurrido porque permite entender las razones de poder que llevaron a Mauricio Macri, apenas asumido, a firmar decretos de necesidad y urgencia que rehabilitaron la posibilidad legal de una concentración mayor a los medios ya concentrados, derogando los artículos de la LSCA que propiciaban, por el contrario, su democratización.
La diferencia tiene explicación: Cristina no cedió un palmo de su poder, la LSCA fue eficaz en instalar una cuña de desconfianza ante el relato hegemónico, y el fiscal elegido no era creíble tras dos décadas sin encontrar a los culpables del atentado a la AMIA.
Los mismos artículos cuestionados legalmente por el Grupo Clarín, que mediante amparos judiciales amigables trabó su aplicación durante cinco años –hasta que la Corte Suprema determinó que la ley era completamente constitucional en audiencia pública, secundada por una gran movilización frente al Palacio de Tribunales–, fueron los eliminados por Macri en menos de un mes. El 45, que fijaba el límite de licencias; el 48, sobre prácticas de concentración indebidas; el 44, que impedía la delegación de la explotación; el 41, que reglamentaba la transferencia de licencias; y el 40, que hablaba de las condiciones para prorrogar el uso de las licencias.
No tan curiosamente, todos los amparos presentados contra esos decretos, en este caso, por la ya sepultada AFSCA, por integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley, por Universidades, sindicatos y hasta particulares, basados en el histórico fallo de la Corte que declaraba constitucional la LSCA, no fueron tenidos en cuenta, todos fueron desestimados en juzgados nacionales en sintonía con el nuevo ciclo político inaugurado por el macrismo. El Partido Judicial volvió a ser garante de un paradigma mercantilista, regulado por situaciones de mercado, desconociendo que la comunicación es un derecho humano y los medios, servicios públicos. Replegando al Estado en sus funciones regulatorias, que prácticamente han desaparecido, incumpliendo el rol que le asignan los tratados internacionales de derechos humanos a los que nuestro país suscribe desde 1994.
La Argentina hoy tiene un sistema de medios oligopolizado, que unifican agendas temáticas, discursos, jerarquizaciones, y actúan como peaje del sentido común de la ciudadanía en general. El retroceso antidemocrático es brutal. Lo mismo que el empoderamiento de un sistema de medios destinado a hacer menos libre, menos diverso y menos plural el ágora pública de la que deberían participar 44 millones de argentinos.
A cada modelo económico le corresponde un modelo comunicacional en espejo. No es extraño, entonces, que al proyecto macrista de transferencia de recursos de los sectores populares a los del privilegio concentrado de la riqueza le crezca en paralelo un modelo concentrado de la comunicación que justifique y naturalice el saqueo.
Con el Poder Judicial partidizado, además, como garante de una legalidad aparente cuyo papel principal es preservar a los dueños del poder y del dinero de las amenazas y dolores de cabeza que les generan los derechos democráticos efectivamente cumplidos y realizados.
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