UN SISTEMA EDUCATIVO PRO MERCADO / Acostumbrado a la compra-venta de todas las cosas, el macrismo se mueve en la dirección contraria al derecho a la educación pública garantizado por un Estado inclusivo. Tiene como antecedentes desde los avances en la tercerización de la educación porteña hasta el DNU sobre la Ley de Ministerios que reprodujo la legislación menemista. Y como aval, la resolución de la Organización Mundial del Comercio que supieron descartar Lula da Silva y Néstor Kirchner.
Por Adriana Puiggrós
Educadora. Presidenta de la Asamblea Nacional del partido Frente Grande.
Fotos: Sebastián Miquel
Hace un siglo y medio, los políticos conservadores-liberales mantenían arduas y hasta agresivas discusiones sobre el papel que la educación podría y debería jugar en la construcción de la nación con la que soñaban: agroexportadora e importadora de manufacturas, estéticamente moderna y socialmente domesticada. El tema no era sencillo, porque en la coalición gobernante participaban gentes de distinta proveniencia geográfica e ideológica y diversos intereses corporativos e institucionales. Entre 1853 y 1861, es decir, durante la gestión de la Confederación Argentina separada de Buenos Aires, el liberalismo creció al amparo de las críticas a la educación rosista. Las posturas liberales y conservadoras se encontraban en la sociedad civil, pero también dentro de la Iglesia católica. El propio Sarmiento fue educado en la contradicción entre sus numerosos tíos curas: obispos, párrocos (alguno juzgado por la Inquisición por hereje), federales y unitarios. La impronta rivadaviana había hecho mella en la ciudad puerto, sin por ello ser hegemónica. A la vez, atraía un fuerte rechazo en el aún estrecho “interior” de la república, donde el espíritu colonial seguía ordenando la vida social desde las parroquias pese a la escasez de curas católicos. Sólo algunos solitarios agnósticos imaginaban que la Iglesia dejara de ser la principal educadora de las nuevas generaciones.
La Constitución de 1853 había dejado la instrucción primaria en manos de las provincias y éstas, en manos de la Iglesia local, que actuaba con sus propias escuelas y dentro de las pertenecientes a los Estados provinciales, dado que era obligatoria la enseñanza de la religión católica y la ritualidad eclesiástica estaba presente en todos los actos escolares. El mayor efecto de la exigencia a las provincias de atender la educación primaria era que debían financiarla, pero recién en las décadas siguientes a la batalla de Pavón (1861) se afianza el continuo avance de un sistema escolar nacional y, con intensidades distintas, de sistemas provinciales diferenciados de las instituciones clericales. Entre los hechos principales que definieron esa división se destacan la fundación de los colegios nacionales, de las escuelas normales nacionales, de escuelas comunes en el territorio dependiente de la Nación y, llegando a 1905, las escuelas de la nación en las provincias dispuestas por la Ley Láinez (1884). Esas y otras medidas político-educativas fueron tomadas por los gobiernos de la llamada “República Conservadora”. Interesa recalcar que un resultado de la batalla de Pavón (cuyo análisis requiere otro texto) fue la alianza entre el conservadurismo liberal de Buenos Aires y las antiguas élites provinciales. El poder de estos últimos sectores se reflejó –y se refleja– en que lo conservaron no sólo en las escuelas particulares, sino también en sistemas escolares públicos desde los cuales cada provincia formó generaciones de manera paralela a las escuelas nacionales.
Las líneas anteriores apuntan a presentar un primer escenario dentro del cual se discutía acerca del modo de financiar la educación de manera muy ligada al tipo de Estado que se prefería. No estaba en discusión –excepto por muy corto tiempo entre los liberales católicos o en círculos masones o ultraliberales– que el Estado debía financiar a la Iglesia, lo cual significaba que tenía a su cargo la educación pública y la privada, que en la época era casi exclusivamente la católica. Sarmiento, convencido de que la educación común debía llegar a todos, como condición para “civilizar” el país, se debatía sobre el origen posible de los fondos. Consideraba indispensable que cada ciudadano aportara a la educación de toda la población, dudaba respecto de si los ricos no debían pagar en las escuelas públicas adonde mandaran a sus hijos y concluía siempre que debía haber un fondo público destinado exclusivamente a la educación, algo parecido a la actual Ley de Financiamiento Educativo de 2006, la primera de la historia argentina y uno de los hechos más importantes de la educación pública.
En el Centenario, el sistema público ya se había consolidado, así como el papel de la Iglesia como su principal subsidiaria en cuanto a cantidad de establecimientos y alumnos en el orden nacional y en cada provincia. Al mismo tiempo, se había alcanzado una suerte de sincretismo entre las ideas y rituales patrióticos y eclesiásticos que le dio a la Iglesia un enorme poder en la educación pública. Su mayor interés fue esta última, sin renunciar a sus propios establecimientos y menos aún a las varias formas de obtener fondos estatales, entre las cuales se destaca el subsidio. Con debilidad, se pronunciaban también educadores liberales democráticos, laicos y estatistas, alcanzando tan sólo a expresarse en luchas internas de la burocracia educativa.
El gobierno de Perón hizo una doble operación consistente en formalizar el subsidio a las escuelas privadas, orientándolo al pago de salarios docentes en escuelas carenciadas o ubicadas en territorios donde no hubiera establecimientos estatales (Ley 13.047/1947), y estableció un fuerte control sobre las actividades de los clérigos en la enseñanza pública. La Revolución Libertadora –fusiladora– estimuló la creación de Universidades privadas y el gobierno “radical intransigente” de Arturo Frondizi habilitó que la enseñanza privada otorgara directamente títulos habilitantes (Ley 14.557/1958). Arturo Illia, presidente por el partido radical, emitió un decreto (15/1964) que regulaba los subsidios y los fijaba en un 40% del monto total de los salarios docentes privados.
El esquema de reparto de fondos estatales entre la educación pública y la privada no varió sino en los montos relativos en los gobiernos siguientes, incluidas las dictaduras militares. Un cambio de fuertes consecuencias se produjo en el Congreso Pedagógico de 1985. Fue la oportunidad donde casi todos los sectores, de derecha a izquierda, coincidieron en otorgar legitimidad a una nueva definición de “educación pública”, que pasó a ser indistintamente privada o estatal. O sea que se le otorgó categoría de pública a la educación privada, abriendo así una enorme puerta de entrada de aportes estatales a la educación particular y minando el prestigio de la escuela pública, que había sido objeto de orgullo en la Argentina desde fines del siglo XIX.
La compra-venta de educación en el libre mercado internacional está garantizada por la resolución del Acuerdo General de Comercio de Servicios, cuyo apartado IV establece la “liberación progresiva” de la educación por parte de los países miembros.
Con tal antecedente, fue fácil para el gobierno neoliberal de Carlos Saúl Menem desarmar el sistema escolar público del Estado nacional transfiriendo los establecimientos desfinanciados a las provincias (Ley 24.049/1992) para que los sumaran a sus antiguos establecimientos. Las jurisdicciones también debieron hacerse cargo del subsidio al sector privado. En la década del mandato de Menem –años de apogeo de las directivas del Banco Mundial, el FMI y demás socios– avanzó la ecuación inversa a la planteada por los liberales-conservadores o liberales-democráticos fundadores del sistema educativo argentino. Ahora el Estado era acusado por ineficiente, la inversión en educación pública considerada poco redituable y, en nombre del federalismo, se descargaba la mayor parte de la obligación financiera sobre provincias económica y socialmente muy desiguales.
La educación argentina entró en una crisis inédita que se reflejó en todos los aspectos del sistema, pero en especial en la caída de los salarios docentes y en la sustitución de tareas pedagógicas por funciones asistenciales. La legislación del período abrió puertas a la privatización de acciones que correspondían a la educación pública. Las Universidades, únicos establecimientos educativos que aún eran sostenidos por el Estado nacional, fueron penetradas por los organismos internacionales financiera e ideológicamente. Sólo un fuerte y sostenido movimiento docente logró la creación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), puesto en práctica con dificultades mediante la sanción de las leyes 25.053/1998 y 25.139/1999.
Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se dictó la Ley de Financiamiento Educativo, que seguía los lineamientos político educativos de la Ley Nacional de Educación (26.206/2006) que sustituyó a la Ley Federal de Educación menemista. El esquema de reparto de fondos públicos siguió teniendo tres destinatarios: los sistemas provinciales estatales, las Universidades nacionales y el sector privado vía subsidio. La diferencia sustancial fue que el programa de financiamiento se elaboró con participación de la representación de los docentes y constituyó un plan de trabajo con fuertes metas que se alcanzaron en un 90%. El concepto ordenador, desde el punto de vista político-educativo, era la inclusión del conjunto de los sujetos en la educación obligatoria, haciendo hincapié en los sectores desfavorecidos. La inversión superó el 6% del PBI, a lo cual deben agregarse los fondos destinados a programas sociales no específicamente educativos, pero que impactaron de manera indirecta en la inclusión en la escolaridad y la educación superior, como la AUH, el Progresar y otros. El salario docente alcanzó un nivel de dignidad y se estableció el mecanismo de las paritarias a nivel nacional y en cada provincia. La educación técnica, superior y la investigación recibieron regularmente fondos nacionales que permitieron un crecimiento exponencial.
El mercado educativo se consolida en la Argentina
A comienzos del nuevo siglo, la estrategia del Consenso de Washington había hecho estragos, los organismos internacionales de crédito habían perdido rating y las políticas neoliberales de primera y segunda generación eran enfrentadas desde varios países latinoamericanos. Pero era cada vez más visible que el sistema internacional de ideología neoliberal era subsidiario de los verdaderos capitalistas propietarios de las más poderosas empresas transnacionales. Esas empresas avanzaron sobre el campo de la educación de manera directa en cada hueco que dejaron las políticas de los gobiernos populares. Después de décadas atacando la educación masiva, el conservadurismo, ahora neoliberal, la descubrió como un potencial mercado cuyos “clientes” se reproducirían hasta el infinito. Se podría regular con técnicas “pedagógicas”, como las evaluaciones discriminatorias de docentes y alumnos, la imposición de aranceles y las posibilidades que proporciona la tecnología para disminuir el número de educadores, más aun, para ir eliminando a los de carne y hueso y, de tal manera, aumentar la productividad del capital invertido; los bancos incorporaron a sus servicios la oferta de créditos para financiar los estudios, que atan a los “clientes” para toda la vida. Todo ello dejando en manos del Estado las inversiones onerosas para el nuevo negocio.
En Chile, Colombia y varios países centroamericanos se privatizó de manera casi completa el sistema de educación, no solamente los estudios universitarios sino también la educación obligatoria en su mayor parte. El entretejido entre los fondos públicos y los privados constituye en la actualidad una madeja casi imposible de desenredar desde lo legal y lo financiero. La educación “pública” (privada+estatal) constituye una nueva figura de financiamiento educativo, heredera pero no idéntica del antiguo subsidio que, por supuesto, sigue existiendo. Uno de los problemas más graves que enfrenta la presidenta Michelle Bachelet es lograr la reestatización de la educación, pues, además de la mencionada condensación estatal-privada, gran parte de la población rechaza la gratuidad de la educación porque percibe el arancel diferenciado como una garantía de distinción respecto de estratos sociales inferiores al de su pertenencia. El arancel es un ordenador de la sociedad y el mejor ejemplo de la potencia ideológica del neoliberalismo político-educativo y su peso pedagógico.
En la Argentina, bancos como el Santander y el BBVA Francés y empresas como Google y Telefónica fueron punta de lanza de la penetración de las corporaciones en las Universidades públicas, donde prestan toda clase de servicios tercerizados a cambio de un puñado de becas para alumnos meritorios. Debe destacarse que la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ha sostenido su vinculación con el Banco de la Nación Argentina, pese a las ofertas del mercado que aceptaron otras Universidades nacionales. Es una manera de honrar el sentido de la autonomía y la autarquía garantizadas por la Constitución Nacional en 1994.
El panorama que acabo de describir es el terreno en el cual se mueve el gobierno de Mauricio Macri. Cambiemos tiene como antecedentes los varios avances del PRO en la tercerización de la educación pública desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el DNU sobre la Ley de Ministerios (13/2015) –que luego corrigió disculpándose por el lapsus, y que consistió en un “corte y pega” de toda la legislación educativa menemista–, los acuerdos de Macri en Davos con Sunny Varkey, fundador de Gems Education Management Systems (GEMS), una empresa transnacional de escuelas y asesoramientos educativos de diverso tipo que se extiende a más de cuarenta países. En esa reunión de negocios convinieron en que la transnacional vendría a la Argentina con las finalidades de instalar su red escolar, sus servicios de asesorías y programas de capacitación docente, entre otras ofertas, como lo hace ya en más de setenta países. Formados en escuelas y Universidades privadas para ricos, los CEO de corporaciones, muchos de ellos portadores de oligárquicos apellidos, están a años luz de las ideas del liberalismo sarmientino (que fuera tradición de sus actuales socios radicales y socialistas). La compra-venta de educación en el libre mercado internacional está garantizada por la resolución del Acuerdo General de Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio, de 1995, cuyo apartado IV establece la “liberación progresiva” de la educación por parte de los países miembros. Los gobiernos de Néstor Kirchner y Lula da Silva acordaron desacatar esa directiva, pero lamentablemente encaja en la idea educativa del macrismo como sus medidas económicas en la cabeza del juez Griesa. Empero, la defensa de una educación pública nacional, popular y democrática ha comenzado con la firme posición de los docentes en el marco de las paritarias. Promete continuar.
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