Por Florencia Saintout
Directora revista Maiz.
“Estamos como nación empeñados en una contienda de razas en que el indígena lleva sobre sí el tremendo anatema de su desaparición, escrito en nombre de la civilización. Destruyamos, pues, moralmente esa raza, aniquilemos sus resortes y organización política, desaparezca su orden de tribus y si es necesario divídase la familia.”
Julio Argentino Roca. Presidente de la Nación Argentina (1880-1886).
Hace cinco siglos un mundo se descargó sobre otro. Un mundo blanco, depredador, patriarcal, explotador de la tierra y sus recursos, que no se detuvo –ni se detiene– ante nada ni nadie para apropiarse de todo: el territorio, los seres, la vida.
Ese mundo –la Europa capitalista– consideró a este, nuestro mundo, como un “Mundo Nuevo”. O sea que, para los fines de la “civilización”, América –la que hoy llamamos América Latina– era un vacío cultural, legal, social y, por qué no, humano.
Así, cientos de culturas fueron consideradas por esa Europa invasora como una otredad incivilizada y lábil, definida negativamente: no-blanca, no-cristiana, no-capitalista y, por lo tanto, laboralmente disponible para servir a los intereses de las coronas europeas.
Sus tierras fueron ocupadas por haciendas, plantaciones y minas, y sus lenguas y dioses fueron prohibidos para imponer al único Dios verdadero y la lengua del invasor. Durante trescientos años de colonia, Europa se enriqueció con la apropiación territorial, el saqueo del oro y la plata y la venta de la producción de las plantaciones. Como en un espejo invertido, las poblaciones originarias se empobrecieron, perdieron buena parte de las tierras que les pertenecían y engrosaron el trabajo forzoso, todo en nombre de la grandeza del reino. Un reino que estaba a 10.000 kilómetros de distancia.
Sin embargo, desde el comienzo mismo de la invasión europea, ese mundo que no era nuevo batalló contra la opresión colonizadora. La historia oficial de una “Pax colonial” no se condice con la larguísima historia de luchas indígenas bajo el yugo colonialista. Tribus, pueblos y civilizaciones resistieron, manteniendo sus lenguas, sus cosmovisiones, sus tradiciones, escapando hacia lugares más recónditos, y, finalmente, también peleando con las armas en la mano. Túpac Amaru I, Atahualpa, Caupolicán, Túpac Katari, Micaela Bastidas, son sólo algunos de esos nombres que iniciaron la resistencia.
Los líderes y las lideresas de las independencias hicieron también suyas las reivindicaciones indígenas. En la lucha emancipatoria, los criollos vieron con claridad la situación en la que la colonia había dejado a los pueblos originarios. Belgrano, San Martín, Bolívar, Castelli, Artigas, Hidalgo y Morelos comprendieron pronto y plenamente que liberarse de España era inseparable de la liberación de estos.
Pero en el orden poscolonial, en las nuevas repúblicas latinoamericanas, la organización nacional no fue de la mano de los emancipadores sino del latifundio y la consolidación de una oligarquía terrateniente que tuvo como horizonte social, cultural y económico a la “civilización europea”. Un nuevo ciclo destructivo se abatió entonces sobre las poblaciones indígenas, ahora sostenido en el cientificismo positivista, el racismo y la necesidad imperiosa de la industria europea de reproducir el capital. Frente a esta otra etapa depredatoria también se alzaron, por supuesto, nuevas resistencias.
Nuestro país, al sur del Cono Sur, no quedó al margen de estos procesos. La consolidación del Estado oligárquico significó la necesidad de adueñarse de todo el territorio posible: Argentina y Chile compitieron por expandirse y ocupar los “desiertos”, esos espacios donde habitaban quienes habían sobrevivido a la colonia.
Aquí, las fuerzas de ese Estado terrateniente-oligárquico descargaron todo su poder de fuego entre 1879 y 1885. La Campaña al “Desierto” ocupó militarmente la Patagonia y el Chaco. Norte y sur fueron incorporados a la Nación Argentina, aunque con una condición: sin sus habitantes. Es que, al igual que antes, esa humanidad indígena eran los otros, bárbaros, irracionales y salvajes, seres inferiores que obstaculizaban el “progreso”, en suma, menos que humanos (o no-humanos) cuyo exterminio era la necesaria condición de posibilidad de la “civilización moderna”.
Y aun así, a pesar de este segundo genocidio (el primero fue el colonial) y de las acciones y relaciones en las que se ha perpetuado, nuestros pueblos originarios continuaron resistiendo y están acá, ahora, presentes, vivos y organizados, luchando contra la invisibilización y la exclusión, por recuperar sus tierras, por el respeto a sus culturas, por sus derechos y su derecho a elegir su propio destino.
Otro gobierno oligárquico ocupa hoy, en 2018, el Estado nacional y buena parte de las provincias. Y, como antaño, la tierra es el bien a conquistar.
Ante los y las indígenas, la Administración Cambiemos muestra su plena vocación represora, racista y discriminadora. Toda la barbarie desatada por el Estado en manos de la misma vieja y nueva oligarquía: tanquetas, camiones artillados, armamento moderno, soldados, gendarmes, gases, balas de goma y de las otras. Todo el poder represivo de un Estado que en la Patagonia se desnuda de toda pretensión (si la tuviere) civilizatoria: el Estado de los Macri, los Bullrich, los Morales, la misma élite genocida de ayer y de hoy. Esa que niega no sólo la existencia de los pueblos originarios, sino también su preexistencia a la creación del Estado nación –además de negar, claro está, ambos genocidios, como lo hace con los 30 mil desaparecidos–, y que proclama que “en Sudamérica todos somos descendientes de europeos”.
Detenciones arbitrarias (la de Milagro Sala y sus compañeros y compañeras de la Tupac Amaru), represiones ilegales (el ingreso a la Pu Lof mapuche y la desaparición y muerte –sí, desaparición forzada seguida de muerte– de Santiago Maldonado), uso de armamento de guerra para reprimir manifestaciones pacíficas (el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel), todo un renovado proceso de conquista para quitarles la tierra a sus dueños ancestrales y entregarla a la avaricia del capital propio y extranjero.
El Estado oligárquico tiene por estos días una doble vara: es laxo, permisivo y complaciente con el capital que adquiere cientos de miles de hectáreas en el norte y en el sur del país –aun si estas son reclamadas por los pueblos que las habitan desde antes de la invasión colonial– y no tiene ninguna contemplación, ni escucha, ni propuesta para los hijos e hijas de la tierra.
El Poder Judicial y los medios oligopólicos de comunicación social completan los instrumentos a través de los cuales se busca legitimar y construir el consenso ideológico de esta nueva Campaña al Desierto. Una vez más, negacionismo y posverdad absolutos mediante, y colocadas las comunidades mapuche en el centro de la escena, los indígenas son presentados como integrantes de grupos radicalizados y violentos, como terroristas, extranjeros o enemigos de la nación, para ocultar la violencia verdadera: la de la ocupación, la rifa y el despojo tanto territorial como de recursos naturales estratégicos, y la consecuente violencia estatal frente a la reivindicación por parte de los pueblos originarios del derecho a la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Violencia estatal que busca, además, por medio de la construcción de ese fantasma de amenaza indigenista y ante el crecimiento insoslayable de la protesta social, extenderse como dispositivo de disciplinamiento y desarticulación de cualquier expresión de poder popular.
Con todo, nuestros pueblos originarios siguen y seguirán defendiendo su territorio, que no es otra cosa que la dignísima e irrestricta defensa de la vida, no sólo propia sino de cada uno de los seres que lo habitan.
Este número de la revista Maíz está dedicado a ellos y a sus inclaudicables luchas. Porque las batallas que libraron y libran cada día son las mismas batallas de todos los pueblos latinoamericanos.
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