EL PROCESO DE MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA EN LA ERA MILEI / Mientras la gestión de La Libertad Avanza recorta el 60 % del personal de la Secretaría de Derechos Humanos y reivindica los crímenes de la dictadura, en la provincias de Buenos Aires se amplían sitios de memoria y fortalecen querellas judiciales contra los represores.
Por Pablo Roesler
Periodista especializado en temas de derechos humanos, dirige la editorial Me.Ve.Ju. (Memoria, Verdad y Justicia) de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
Fotos: Sebastián Miquel
La reciente noticia del nieto restituido número 138 fue una alegría, pero también puso de manifiesto que los discursos reivindicatorios del genocidio, que hasta no hace mucho circulaban ocultos, salieron a la superficie: un grupo de hombres jóvenes mostraron orgullosos en TikTok cómo iban a tapar una pintada que festejaba esa vitoria de las Abuelas de Plaza de Mayo, en un Falcon verde, el emblema de la dictadura. Les valió una denuncia del Estado bonaerense por apología del delito que probablemente no prospere.
La realidad es que los discursos negacionistas del genocidio y reivindicatorios de la dictadura cívico-militar circulan principalmente en las redes sociales y trágicamente entre las y los jóvenes –los dinosaurios ya no son unos viejos decrépitos–. Esa mirada, además, está institucionalizada: es parte de la batalla cultural que pretende imponer desde diciembre de 2023 para todas y todos los argentinos el presidente Javier Milei.
Uno: el desguace
En poco menos de un año y medio de presidencia de Milei, los argentinos asistimos al desguace de las políticas de memoria y derechos humanos. Eso que apenas un puñado de años atrás nos identificaba de forma virtuosa en el mundo se convirtió en uno de los principales objetivos de ataque de la derecha.
Para el segundo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 bajo el gobierno de La Libertad Avanza, el gremio Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) emitió un comunicado en el que detalla la profundidad del ajuste: 371 de los 600 trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fueron despedidos; desde enero de 2025, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti está cerrado y se suspendieron actividades culturales arbitrariamente; además, se les redujo el sueldo a un centenar de empleados de la Secretaría y se abandonó el mantenimiento del edificio del Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex Esma) donde funciona el área de derechos humanos del Ministerio de Justicia, que es prueba judicial en los juicios por crímenes de lesa humanidad, así como la documentación que alberga. Todo eso, sumado a diversos casos de persecución y hostigamiento a delegados gremiales de ATE en esa delegación.
Los personeros de ese desguace son el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona(1), un personaje que consiguió notoriedad en el mercachifle de los medios durante los años noventa, y su secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños(2), un ex juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La acción más reciente de ataque a las políticas de derechos humanos es el abandono por parte del Gobierno nacional del Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que dejó a sus trabajadores sin sueldos. Este es un organismo de gestión tripartita compuesto por organismos de derechos humanos, el Gobierno de la ciudad y el nacional. Con la excusa de realizar una auditoría, el Ministerio de Justicia suspendió el traspaso de dinero. De estos fondos depende el funcionamiento de dicho órgano de gestión. Todo está paralizado.
Todo eso ocurre donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la dictadura, convertido luego en emblema del proceso de memoria, verdad y justicia y la lucha por los derechos humanos en Argentina. Pero todos los espacios de memoria que funcionan en los centros en los que la dictadura llevó a cabo el genocidio están en peligro, principalmente con el despido de trabajadores de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos: de ellos depende su funcionamiento. “La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue desguazada. Y, si uno quiere conocer la casta, tiene que ir allí para ver a múltiples funcionarios, cada vez con menos trabajadores”, resumió el 24 de marzo en Radio Provincia el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno.(3)
Dos: las políticas de la crueldad
El abandono de las políticas públicas de derechos humanos –en realidad constituye un abandono de las obligaciones de reparación, promoción y garantía de no repetición de las violaciones a los derechos humanos impuestas por los pactos internacionales a los que Argentina suscribe con rango constitucional–, para el Gobierno nacional, parte de lo que propone pomposamente como “batalla cultural”. Por eso, el desguace real –el que deja gente en la calle y ocasiona el cierre de programas de promoción y reparación o, en el mejor de los casos, una disminución de sus alcances– está acompañado por una sobrecarga ideológica negacionista de las torturas y los crímenes, pero principalmente de las desapariciones forzadas de la dictadura, y reivindicadora del genocidio. Esa mirada sobre el pasado proviene de marginales de derecha que han logrado institucionalizar su discurso de la mano de un presidente incapaz de empatizar con el pueblo que representa. Este mecanismo se produce, vale aclararlo, gracias a las herramientas del Estado.
En el último Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Gobierno nacional emitió un anuncio –en redes sociales, claro– asentando la postura oficial respecto de lo ocurrido entre 1976 y 1983. Lo hizo en la voz de Agustín Laje, un divulgador y promotor de la derecha procesista criolla que fue nombrado presidente de la Fundación Faro, el think tank que puso en marcha Javier Milei para sostener y difundir las ideas libertarias, desde donde se proveen los argumentos para la “batalla cultural” que propone La Libertad Avanza. El aviso se estructuró en la falaz idea de la “memoria completa”, con la frase: “La historia no es solo aquello que nos cuentan, sino todo lo que nos atrevemos a descubrir”. Durante diecinueve minutos Laje argumenta sobre “las atrocidades de las organizaciones terroristas”, como si estuviera revelando una verdad que le había sido arrebatada a los argentinos, y las utiliza como justificativo de lo realizado por las fuerzas armadas y de seguridad durante el genocidio.
Por esos días, el escritor Martín Kohan se encargó de aclarar, al ser consultado por diversos medios,(4) que al traer a la luz de la historia la violencia política de las organizaciones de los setenta lo que realmente hacen Laje y el Gobierno es manifestar su brutal ignorancia. Porque si algo ha sido estudiado, analizado y discutido fue la utilización de la violencia política por parte de las organizaciones populares antes del golpe de 1976. Existen cientos de libros, publicaciones, estudios y hasta películas –los cinco tomos de La Voluntad, de Eduardo Anguita y Martín Caparrós, o el film Cazadores de utopías, de David Blaustein, por citar solo dos ejemplos de la década del noventa– al respecto. Kohan afirma que, cuando se plantea que la violencia política de los setenta es algo oculto, se revela la propia ignorancia o se actúa de mala fe. Es lícito opinar –es mi caso– que ocurren ambas cosas. No hace falta darle muchas vueltas: el aviso buscó provocar y lastimar a un amplio sector de la sociedad argentina para el que aquellos crímenes siguen siendo una herida abierta.
El Gobierno de Javier Milei –o más bien de La Libertad Avanza en alianza con la procesista Victoria Villarruel– logró institucionalizar una mirada marginal de la historia reciente de nuestro país que hasta hace unos pocos años solo se animaban a verbalizar los genocidas y sus camaradas de armas en sus propios círculos.
En una conversación con el sociólogo y antropólogo Pablo Semán a propósito de los cuarenta años del Nunca Más y los consensos que estableció en los inicios de la recuperación de la democracia, analizaba que para el sector de la sociedad que está en contra del terrorismo de Estado “es un momento para reflexionar seriamente sobre por qué ese consenso es más imaginario que real y cuáles son las posibilidades de producción de un nuevo consenso que repudie el terrorismo de Estado o, al menos, haga cambiar la situación de bloqueo actual”.(5)
Tres: la única lucha que se pierde es la que se abandona
“Creer que con una presencia relativamente homogénea y un discurso relativamente sistematizado a través del aparato educativo se iba a lograr un avance, que yo creo que no se logró, fue un error, en tanto se sobreestimó la capacidad de promover un consenso desde arriba”, decía Semán en la entrevista citada.
En ese mismo artículo, Laura Sobredo, médica psiquiatra y ex directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, reflexionaba que existe un empuje al odio como pasión oscura que es caldo de cultivo para poner en juego la crueldad. “En ese sentido es importante poder pensar el Nunca Más no como algo consolidado sino como algo a construir, a afianzar permanentemente, a través de la transmisión de la historia”, decía.
Lejos del derrotismo, la realidad es que el retroceso en la política de derechos humanos y el avance del negacionismo y la reivindicación del genocidio emana del Gobierno nacional. En la provincia de Buenos Aires –y varias más– lo que ocurre es más bien una continuidad del proceso de memoria, verdad y justicia. Durante la gestión de Kicillof se pusieron en funcionamiento los espacios de memoria Pozo de Banfield –en Lomas de Zamora–, Puesto Vasco –en Quilmes– y La Cacha –en La Plata–. Este último, con la construcción desde cero de una cúpula para el resguardo de las excavaciones antropológicas que descubrieron el centro clandestino desmontado y sepultado por la dictadura para ocultarlo. También se concluyó la construcción del espacio de memoria Comisaría 5a en La Plata y se comenzó con la concreción del Espacio para la Memoria Ex Prefectura en Bahía Blanca, cuya finalización quedó en pausa a causa del temporal.
En su gestión de gobierno, Kicillof también creó el Archivo Provincial de la Memoria y la Escuela Provincial de Derechos Humanos, y puso en funcionamiento los programas Futuro Memoria, destinado a jóvenes de entre catorce y veintiún años, y Envión, cuya última edición reunió a más de cinco mil jóvenes en la República de los Niños para la jornada de cierre, de la que participaron adolescentes de prácticamente todos los municipios, con producciones culturales y artísticas vinculadas a la memoria y los derechos humanos.
Además, Provincia profundizó su participación como querellante en los ocho juicios orales por crímenes de lesa humanidad en debate y en otros cinco en etapa de instrucción.
A esos avances, en el último año se sumó la necesidad de tapar los baches que dejó el Gobierno nacional al abandonar su responsabilidad de gestión. Lo más destacado es la creación de una Unidad Provincial Especializada para colaborar con la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar en la provincia de Buenos Aires, en agosto de 2024, luego de que el Poder Ejecutivo Nacional cerrara por decreto la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños, que funcionaba en el marco de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI). “En materia de derechos humanos, como en tantas otras áreas en las que el Gobierno nacional está desertando de sus funciones, apuntamos a ser un escudo que permita reducir el impacto de esa carencia sobre los y las bonaerenses”, dijo entonces Kicillof. Da la sensación de que el primer paso consiste en recuperar el rol activo del Estado para volver a discutir los objetivos de las políticas de derechos humanos luego o en el mientras tanto.
Cuatro: una (posible) hoja de ruta
La actualidad impone la pregunta de por qué un discurso que parecía marginal, como el del negacionismo de las desapariciones y la reivindicación del terrorismo de Estado, logró abrirse camino en la sociedad. ¿Será que fue porque un puñado de marginales alcanzó el poder del Estado y desde allí permeó la opinión pública?, ¿o es al revés?
Es inevitable pensar la relación de los objetivos económicos del golpe de Estado de 1976 y la necesidad del poder real de disciplinar a la clase trabajadora y sus dirigencias gremiales a través del terror, con la actual proliferación de los discursos de odio, el negacionismo y el acceso al Estado de un sector del poder real que tiene los mismos objetivos económicos.
La doctora en psicología Ana María Careaga señaló, en un artículo titulado El golpe y sus resonancias, que el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional puso de relieve “la necesidad del poder de sembrar el terror para crear las condiciones de posibilidad de implementación de un modelo económico que habría de propiciar un acelerado proceso de concentración económica en desmedro de muchos y en beneficio de muy pocos”.(6) Eso tiene consecuencias hasta nuestros días.
¿Anclará en ese lugar la estrategia del poder de impulsar el odio como pasión oscura para desarticular lazos sociales y criminalizar la protesta? Todo hace parecer que la respuesta es positiva. La psicoanalista Alicia Stolkiner, en “Redoblar la apuesta por los derechos de la vida”, permite pensar que quizá una parte de la respuesta esté “en superar la fragmentación sectorial de la lucha por los derechos sin perder su diversidad y de recrear la política con nuevas formas de liderazgo. Más que nunca se requiere de redoblar la lucha por los derechos humanos y de la vida y profundizar radicalmente la democracia amenazada”.(7)
La profundización del pacto democrático, la reconstrucción de los lazos sociales, la construcción de la memoria y la defensa de los derechos humanos y la justicia social parecen ser el horizonte de reconstrucción para la Argentina de los próximos años. La democracia renació en nuestro país en 1983, de la mano del movimiento de derechos humanos, con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo al frente. A ellas les debemos, entre miles de cosas, una frase que hoy puede leerse como un plan de acción: “La única lucha que se pierde es la que se abandona”.
Citas
(1) Mariano Cúneo Libarona fue el primer abogado mediático. En los noventa defendió a Guillermo Coppola en el caso/show que involucró medios, servicios y personalidades de la farándula, y a políticos como Emir Yoma, cuñado del expresidente Carlos Menem, en causas vinculadas a lavado de dinero. Estuvo preso por la causa AMIA, y tuvo romances con mediáticas como Samanta Farjat. Fue defensor de acusados y condenados por narcotráfico, como Mario Segovia, el “Rey de la Efedrina” –predecesor de Los Monos, en Rosario–, y Mateo Corvo Dolcet, colombiano presunto lavador de dinero narco con vínculos con la familia del “Patrón del Mal”, Pablo Escobar. También defendió a José Alperovich en la acusación por abuso de su sobrina, y a empresarios acusados de pagar coimas en la causa “Cuadernos”.
(2) Alberto Baños es un ex juez nacional de CABA que tuvo en sus manos causas como la del robo de las manos de Perón, que no avanzó porque le robaron el expediente de su casa. Más cerca en el tiempo, estuvo a cargo de la investigación por la desaparición del policía Arshak Karhanyan y fue denunciado por la familia del joven porque se negó a sacarle la investigación a la Policía de la Ciudad, principal sospechosa.
(3) Véase: https://provinciaradio.com.ar/noticia.php?noti_id=17752.
(4) Véase: https://www.perfil.com/noticias/modo-fontevecchia/el-martin-kohan-el-video-de-laje-muestra-que-este-gobierno-ignora-y-produce-ignorancia-modof.phtml.
(5) Véase: https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/nunca-mas-pasado-y-presente-del-contrato-social-de-la-democracia/.
(6) Véase: https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/golpe-y-resonancias/.
(7) Véase: https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/redoblar-apuesta-derechos-vida/.
La reciente noticia del nieto restituido número 138 fue una alegría, pero también puso de manifiesto que los discursos reivindicatorios del genocidio, que hasta no hace mucho circulaban ocultos, salieron a la superficie: un grupo de hombres jóvenes mostraron orgullosos en TikTok cómo iban a tapar una pintada que festejaba esa vitoria de las Abuelas de Plaza de Mayo, en un Falcon verde, el emblema de la dictadura. Les valió una denuncia del Estado bonaerense por apología del delito que probablemente no prospere.
La realidad es que los discursos negacionistas del genocidio y reivindicatorios de la dictadura cívico-militar circulan principalmente en las redes sociales y trágicamente entre las y los jóvenes –los dinosaurios ya no son unos viejos decrépitos–. Esa mirada, además, está institucionalizada: es parte de la batalla cultural que pretende imponer desde diciembre de 2023 para todas y todos los argentinos el presidente Javier Milei.
Uno: el desguace
En poco menos de un año y medio de presidencia de Milei, los argentinos asistimos al desguace de las políticas de memoria y derechos humanos. Eso que apenas un puñado de años atrás nos identificaba de forma virtuosa en el mundo se convirtió en uno de los principales objetivos de ataque de la derecha.
Para el segundo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 bajo el gobierno de La Libertad Avanza, el gremio Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) emitió un comunicado en el que detalla la profundidad del ajuste: 371 de los 600 trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fueron despedidos; desde enero de 2025, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti está cerrado y se suspendieron actividades culturales arbitrariamente; además, se les redujo el sueldo a un centenar de empleados de la Secretaría y se abandonó el mantenimiento del edificio del Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex Esma) donde funciona el área de derechos humanos del Ministerio de Justicia, que es prueba judicial en los juicios por crímenes de lesa humanidad, así como la documentación que alberga. Todo eso, sumado a diversos casos de persecución y hostigamiento a delegados gremiales de ATE en esa delegación.
Los personeros de ese desguace son el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona(1), un personaje que consiguió notoriedad en el mercachifle de los medios durante los años noventa, y su secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños(2), un ex juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La acción más reciente de ataque a las políticas de derechos humanos es el abandono por parte del Gobierno nacional del Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que dejó a sus trabajadores sin sueldos. Este es un organismo de gestión tripartita compuesto por organismos de derechos humanos, el Gobierno de la ciudad y el nacional. Con la excusa de realizar una auditoría, el Ministerio de Justicia suspendió el traspaso de dinero. De estos fondos depende el funcionamiento de dicho órgano de gestión. Todo está paralizado.
Todo eso ocurre donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la dictadura, convertido luego en emblema del proceso de memoria, verdad y justicia y la lucha por los derechos humanos en Argentina. Pero todos los espacios de memoria que funcionan en los centros en los que la dictadura llevó a cabo el genocidio están en peligro, principalmente con el despido de trabajadores de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos: de ellos depende su funcionamiento. “La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue desguazada. Y, si uno quiere conocer la casta, tiene que ir allí para ver a múltiples funcionarios, cada vez con menos trabajadores”, resumió el 24 de marzo en Radio Provincia el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno.(3)
Dos: las políticas de la crueldad
El abandono de las políticas públicas de derechos humanos –en realidad constituye un abandono de las obligaciones de reparación, promoción y garantía de no repetición de las violaciones a los derechos humanos impuestas por los pactos internacionales a los que Argentina suscribe con rango constitucional–, para el Gobierno nacional, parte de lo que propone pomposamente como “batalla cultural”. Por eso, el desguace real –el que deja gente en la calle y ocasiona el cierre de programas de promoción y reparación o, en el mejor de los casos, una disminución de sus alcances– está acompañado por una sobrecarga ideológica negacionista de las torturas y los crímenes, pero principalmente de las desapariciones forzadas de la dictadura, y reivindicadora del genocidio. Esa mirada sobre el pasado proviene de marginales de derecha que han logrado institucionalizar su discurso de la mano de un presidente incapaz de empatizar con el pueblo que representa. Este mecanismo se produce, vale aclararlo, gracias a las herramientas del Estado.
En el último Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Gobierno nacional emitió un anuncio –en redes sociales, claro– asentando la postura oficial respecto de lo ocurrido entre 1976 y 1983. Lo hizo en la voz de Agustín Laje, un divulgador y promotor de la derecha procesista criolla que fue nombrado presidente de la Fundación Faro, el think tank que puso en marcha Javier Milei para sostener y difundir las ideas libertarias, desde donde se proveen los argumentos para la “batalla cultural” que propone La Libertad Avanza. El aviso se estructuró en la falaz idea de la “memoria completa”, con la frase: “La historia no es solo aquello que nos cuentan, sino todo lo que nos atrevemos a descubrir”. Durante diecinueve minutos Laje argumenta sobre “las atrocidades de las organizaciones terroristas”, como si estuviera revelando una verdad que le había sido arrebatada a los argentinos, y las utiliza como justificativo de lo realizado por las fuerzas armadas y de seguridad durante el genocidio.
Por esos días, el escritor Martín Kohan se encargó de aclarar, al ser consultado por diversos medios,(4) que al traer a la luz de la historia la violencia política de las organizaciones de los setenta lo que realmente hacen Laje y el Gobierno es manifestar su brutal ignorancia. Porque si algo ha sido estudiado, analizado y discutido fue la utilización de la violencia política por parte de las organizaciones populares antes del golpe de 1976. Existen cientos de libros, publicaciones, estudios y hasta películas –los cinco tomos de La Voluntad, de Eduardo Anguita y Martín Caparrós, o el film Cazadores de utopías, de David Blaustein, por citar solo dos ejemplos de la década del noventa– al respecto. Kohan afirma que, cuando se plantea que la violencia política de los setenta es algo oculto, se revela la propia ignorancia o se actúa de mala fe. Es lícito opinar –es mi caso– que ocurren ambas cosas. No hace falta darle muchas vueltas: el aviso buscó provocar y lastimar a un amplio sector de la sociedad argentina para el que aquellos crímenes siguen siendo una herida abierta.
El Gobierno de Javier Milei –o más bien de La Libertad Avanza en alianza con la procesista Victoria Villarruel– logró institucionalizar una mirada marginal de la historia reciente de nuestro país que hasta hace unos pocos años solo se animaban a verbalizar los genocidas y sus camaradas de armas en sus propios círculos.
En una conversación con el sociólogo y antropólogo Pablo Semán a propósito de los cuarenta años del Nunca Más y los consensos que estableció en los inicios de la recuperación de la democracia, analizaba que para el sector de la sociedad que está en contra del terrorismo de Estado “es un momento para reflexionar seriamente sobre por qué ese consenso es más imaginario que real y cuáles son las posibilidades de producción de un nuevo consenso que repudie el terrorismo de Estado o, al menos, haga cambiar la situación de bloqueo actual”.(5)
Tres: la única lucha que se pierde es la que se abandona
“Creer que con una presencia relativamente homogénea y un discurso relativamente sistematizado a través del aparato educativo se iba a lograr un avance, que yo creo que no se logró, fue un error, en tanto se sobreestimó la capacidad de promover un consenso desde arriba”, decía Semán en la entrevista citada.
En ese mismo artículo, Laura Sobredo, médica psiquiatra y ex directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, reflexionaba que existe un empuje al odio como pasión oscura que es caldo de cultivo para poner en juego la crueldad. “En ese sentido es importante poder pensar el Nunca Más no como algo consolidado sino como algo a construir, a afianzar permanentemente, a través de la transmisión de la historia”, decía.
Lejos del derrotismo, la realidad es que el retroceso en la política de derechos humanos y el avance del negacionismo y la reivindicación del genocidio emana del Gobierno nacional. En la provincia de Buenos Aires –y varias más– lo que ocurre es más bien una continuidad del proceso de memoria, verdad y justicia. Durante la gestión de Kicillof se pusieron en funcionamiento los espacios de memoria Pozo de Banfield –en Lomas de Zamora–, Puesto Vasco –en Quilmes– y La Cacha –en La Plata–. Este último, con la construcción desde cero de una cúpula para el resguardo de las excavaciones antropológicas que descubrieron el centro clandestino desmontado y sepultado por la dictadura para ocultarlo. También se concluyó la construcción del espacio de memoria Comisaría 5a en La Plata y se comenzó con la concreción del Espacio para la Memoria Ex Prefectura en Bahía Blanca, cuya finalización quedó en pausa a causa del temporal.
En su gestión de gobierno, Kicillof también creó el Archivo Provincial de la Memoria y la Escuela Provincial de Derechos Humanos, y puso en funcionamiento los programas Futuro Memoria, destinado a jóvenes de entre catorce y veintiún años, y Envión, cuya última edición reunió a más de cinco mil jóvenes en la República de los Niños para la jornada de cierre, de la que participaron adolescentes de prácticamente todos los municipios, con producciones culturales y artísticas vinculadas a la memoria y los derechos humanos.
Además, Provincia profundizó su participación como querellante en los ocho juicios orales por crímenes de lesa humanidad en debate y en otros cinco en etapa de instrucción.
A esos avances, en el último año se sumó la necesidad de tapar los baches que dejó el Gobierno nacional al abandonar su responsabilidad de gestión. Lo más destacado es la creación de una Unidad Provincial Especializada para colaborar con la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar en la provincia de Buenos Aires, en agosto de 2024, luego de que el Poder Ejecutivo Nacional cerrara por decreto la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños, que funcionaba en el marco de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI). “En materia de derechos humanos, como en tantas otras áreas en las que el Gobierno nacional está desertando de sus funciones, apuntamos a ser un escudo que permita reducir el impacto de esa carencia sobre los y las bonaerenses”, dijo entonces Kicillof. Da la sensación de que el primer paso consiste en recuperar el rol activo del Estado para volver a discutir los objetivos de las políticas de derechos humanos luego o en el mientras tanto.
Cuatro: una (posible) hoja de ruta
La actualidad impone la pregunta de por qué un discurso que parecía marginal, como el del negacionismo de las desapariciones y la reivindicación del terrorismo de Estado, logró abrirse camino en la sociedad. ¿Será que fue porque un puñado de marginales alcanzó el poder del Estado y desde allí permeó la opinión pública?, ¿o es al revés?
Es inevitable pensar la relación de los objetivos económicos del golpe de Estado de 1976 y la necesidad del poder real de disciplinar a la clase trabajadora y sus dirigencias gremiales a través del terror, con la actual proliferación de los discursos de odio, el negacionismo y el acceso al Estado de un sector del poder real que tiene los mismos objetivos económicos.
La doctora en psicología Ana María Careaga señaló, en un artículo titulado El golpe y sus resonancias, que el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional puso de relieve “la necesidad del poder de sembrar el terror para crear las condiciones de posibilidad de implementación de un modelo económico que habría de propiciar un acelerado proceso de concentración económica en desmedro de muchos y en beneficio de muy pocos”.(6) Eso tiene consecuencias hasta nuestros días.
¿Anclará en ese lugar la estrategia del poder de impulsar el odio como pasión oscura para desarticular lazos sociales y criminalizar la protesta? Todo hace parecer que la respuesta es positiva. La psicoanalista Alicia Stolkiner, en “Redoblar la apuesta por los derechos de la vida”, permite pensar que quizá una parte de la respuesta esté “en superar la fragmentación sectorial de la lucha por los derechos sin perder su diversidad y de recrear la política con nuevas formas de liderazgo. Más que nunca se requiere de redoblar la lucha por los derechos humanos y de la vida y profundizar radicalmente la democracia amenazada”.(7)
La profundización del pacto democrático, la reconstrucción de los lazos sociales, la construcción de la memoria y la defensa de los derechos humanos y la justicia social parecen ser el horizonte de reconstrucción para la Argentina de los próximos años. La democracia renació en nuestro país en 1983, de la mano del movimiento de derechos humanos, con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo al frente. A ellas les debemos, entre miles de cosas, una frase que hoy puede leerse como un plan de acción: “La única lucha que se pierde es la que se abandona”.
Citas
(1) Mariano Cúneo Libarona fue el primer abogado mediático. En los noventa defendió a Guillermo Coppola en el caso/show que involucró medios, servicios y personalidades de la farándula, y a políticos como Emir Yoma, cuñado del expresidente Carlos Menem, en causas vinculadas a lavado de dinero. Estuvo preso por la causa AMIA, y tuvo romances con mediáticas como Samanta Farjat. Fue defensor de acusados y condenados por narcotráfico, como Mario Segovia, el “Rey de la Efedrina” –predecesor de Los Monos, en Rosario–, y Mateo Corvo Dolcet, colombiano presunto lavador de dinero narco con vínculos con la familia del “Patrón del Mal”, Pablo Escobar. También defendió a José Alperovich en la acusación por abuso de su sobrina, y a empresarios acusados de pagar coimas en la causa “Cuadernos”.
(2) Alberto Baños es un ex juez nacional de CABA que tuvo en sus manos causas como la del robo de las manos de Perón, que no avanzó porque le robaron el expediente de su casa. Más cerca en el tiempo, estuvo a cargo de la investigación por la desaparición del policía Arshak Karhanyan y fue denunciado por la familia del joven porque se negó a sacarle la investigación a la Policía de la Ciudad, principal sospechosa.
(3) Véase: https://provinciaradio.com.ar/noticia.php?noti_id=17752.
(4) Véase: https://www.perfil.com/noticias/modo-fontevecchia/el-martin-kohan-el-video-de-laje-muestra-que-este-gobierno-ignora-y-produce-ignorancia-modof.phtml.
(5) Véase: https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/nunca-mas-pasado-y-presente-del-contrato-social-de-la-democracia/.
(6) Véase: https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/golpe-y-resonancias/.
(7) Véase: https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/redoblar-apuesta-derechos-vida/.
