MODELO ECONÓMICO Y (DES)IGUALDAD DE GÉNERO / Entre 2003 y 2015, el empleo informal de las trabajadoras argentinas se redujo significativamente, al igual que la histórica brecha entre estas y los trabajadores en idéntica situación, y las beneficiarias de jubilaciones y pensiones se incrementaron de forma notable. También aumentó la presencia de las mujeres en el Congreso y se produjeron importantes avances normativos en cuestiones de género, diversidad sexual y derechos humanos. Todo ello fue el resultado de un proyecto situado en las antípodas de las actuales políticas de ajuste y retracción del ingreso que nos reconfirman que la dependencia económica es directamente proporcional a la desigualdad de género.
Por Juliana Di Tullio
Diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires desde 2005. Entre mayo de 2013 y diciembre de 2015, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, presidió el bloque del Frente para la Victoria. Fue presidenta de la comisión de Familia, Mujer y Niñez de la Cámara de Diputados de la Nación y embajadora para temas de la mujer de la Cancillería.
Fotos: Sebastián Miquel
Cuando el partido político del que formo parte gobernó el país, sabíamos que la lucha por la igualdad de género era también un desafío para la construcción con inclusión social y desarrollo económico. Porque, sin independencia económica, las mujeres no podemos alcanzar la igualdad.
Políticas públicas como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo, las asignaciones familiares en cabeza de las mujeres, la moratoria previsional, la ley de trabajadoras de casas particulares y la jubilación para “amas de casa” son algunas de las medidas que contribuyeron a disminuir la brecha de desigualdad, pero que, sobre todo, forman parte del modelo económico que nos propusimos: un modelo enfocado en la creación de empleo y la equidad e inversión social. Como contracara, sabemos y volvemos a corroborarlo hoy, cuando hay crisis económica las mujeres somos de las más castigadas.
Ahora bien, desde ese Estado presente se construyó un sistema de protección social que implicó un crecimiento sustancial de asignación de recursos en servicios sociales con respecto al Producto Bruto Interno, es decir que el aumento de la inversión social se duplicó al pasar del 7% en términos del PBI en 2003 al 14% en 2014.
Históricamente, el empleo informal en las mujeres ha sido mayor que en los hombres. Sin embargo, entre 2003 y 2015, el empleo informal de las trabajadoras argentinas cayó del 54% al 34,9%, y dicha caída fue mucho mayor a la experimentada por los varones (que pasó del 43,6% al 30,9%). Sólo la ley para las trabajadoras de casas particulares incorporó al empleo formal a casi 400 mil.
Lo anterior significa que, si bien la informalidad en las mujeres argentinas siguió siendo mayor a la de los varones, la brecha entre ambos había logrado reducirse notablemente: pasó de diez a cinco puntos porcentuales. Pues mientras en 2003 cinco de cada diez mujeres trabajadoras tenían un empleo informal, en 2015 tres de cada diez mujeres trabajadoras se encontraban en esa situación.
A su vez, el total de jubilados y pensionados aumentó 102% desde 2003, llegando a 5.499.170 prestaciones en diciembre de 2015; en ese mismo periodo, las mujeres beneficiarias de jubilaciones y pensiones se incrementaron de 1.700.000 a 3.500.000.
Las moratorias jubilatorias implementadas en 2005 y 2014 tuvieron un impacto significativo en términos de equidad de género: el 73% de las jubilaciones otorgadas fueron a mujeres, mientras el haber mínimo se actualizaba dos veces al año por ley de movilidad jubilatoria.
Ese mismo Estado, por otra parte, también nos dio lugar a las mujeres en cargos jerárquicos de los que solemos estar relegadas. Ministras de Economía, de Defensa, de Seguridad, presidenta del Banco Central, por mencionar algunas, concretaron la idea de que la participación de las mujeres en la política y en instancias decisoras es indispensable para una democracia que avance en el reconocimiento de derechos y desarrollo de políticas de género.
Muchas mujeres tuvimos espacios claves de participación y decisión política en el Congreso de la Nación. La integración de las mujeres al Congreso en Argentina luego de la dictadura cívico-militar fue paulatina. La Cámara de Diputados contaba en 1983 (año de recuperación de la democracia) con doce diputadas de un total de 254 integrantes. En 1991, con la “Ley de Cupo” (Ley N° 24.912), se inició el proceso que marcó una mayor presencia de mujeres en esta Cámara.
Sin embargo, aun con la ley sancionada, los partidos políticos se resistieron al momento de la conformación de las listas de candidatos y candidatas, utilizaron y forzaron distintas interpretaciones de la ley, y la Justicia Electoral, autoridad en la materia, no siempre falló a favor de su plena aplicación, por lo que fue necesario el dictado de diversas resoluciones y decretos hasta alcanzar la plena vigencia de la misma. De allí que, aunque la sanción de la ley haya tenido lugar en 1991, el Decreto Reglamentario vigente sea del año 2000 (Decreto Reglamentario 1246/2000). Con todo, y pese a los obstáculos, el proceso de incorporación de las mujeres a la Cámara de Diputados a partir de 1994 fue en aumento y alcanzó en 2008 la máxima proporción: 40%. Entre el año 2003 y la actualidad, oscila en torno al 34%.
Hoy observamos que, como resultado de lo que generaron desde 2016 las políticas de Cambiemos, el desempleo entre las mujeres ascendió al 10,5%, mientras que en el caso de los varones alcanzó el 8,5%, y la subocupación, 13,9% y 9,2%, respectivamente. En ambos casos, las tasas para las mujeres se encuentran por arriba de la general y las de los varones, por debajo.En el Senado de la Nación, la incorporación de las mujeres fue aun posterior. En el año 2000, el 97% eran senadores y sólo un 3% senadoras, pero el cambio del sistema electoral para la integración del Senado (tercer senador por la minoría y elección directa) permitió que a partir de 2001 la incorporación de las mujeres fuera significativa. Con la renovación del año 2003 había 25 mujeres sobre un total de 72 integrantes (35%), y en 2005 se alcanzó la mayor proporción, con el 43% de mujeres, porcentaje que se mantiene relativamente estable desde entonces.
La mayor presencia de mujeres en ambas Cámaras, junto con su activa participación legislativa, coincidió con importantes avances normativos que produjo el Congreso en leyes de género, diversidad sexual y derechos humanos. A partir del año 2003, la sanción de leyes de promoción, protección y acceso a derechos de las mujeres, del colectivo LGBTI y de derechos humanos se incrementó de manera notoria, tanto cuantitativa como cualitativamente. Se trata de más de veinte leyes entre las que se encuentran la ley de creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (Ley 26.150, de 2006) y la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Ley 26.485, de 2009).
Adelantaba en los párrafos anteriores que por estos tiempos estamos volviendo a corroborar que, cuando hay crisis económica producto de políticas de ajuste del Estado y retracción del ingreso de los sectores trabajadores, las mujeres somos de las más castigadas. En efecto, hoy observamos que, como resultado de lo que generaron desde 2016 las políticas del Gobierno de Cambiemos, como consecuencia de esas políticas que continúan ratificándose cada día, el desempleo entre las mujeres ascendió al 10,5%, mientras que en el caso de los varones alcanzó el 8,5%, y la subocupación, 13,9% y 9,2%, respectivamente. En ambos casos, las tasas para las mujeres se encuentran por arriba de la general y las de los varones, por debajo.
Además, a la par del aumento de los despidos y otras formas de desvinculación laboral y del crecimiento de la subocupación en el curso de 2016, el empleo no registrado ascendió del 31,9 al 33,4%.
Sin duda, este empobrecimiento económico de las mujeres y este crecimiento de la desigualdad en relación con los varones no vinieron solos: hay un vaciamiento del Estado en áreas claves para políticas de género. El área del Ministerio de Educación con responsabilidad en la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral fue relegada y sufrió el despido de trabajadoras y trabajadores. A principios de 2017, el Gobierno intentó reducir el presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres votado por el Congreso, pero se lo impidieron las mujeres organizadas que denunciaron la maniobra. Como en otros temas, Cambiemos pretendió un retroceso en los derechos que sólo es frenado por la resistencia de sectores sociales que luchan por mantener las conquistas.
En este contexto, parece no haber espacio para plantear la agenda referida a la igualdad de género, a la participación política de las mujeres o a la disminución de la brecha de desigualdad. Parece más difícil hablar de distribución de tareas de cuidado, de licencias, del planteo de la agenda de género en las convenciones colectivas de trabajo, de igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Pero, si abandonamos esas peleas, hacemos lugar al objetivo de estas políticas responsables de la crisis económica y social de un Estado que ha virado a la defensa de los intereses de minorías privilegiadas y corporaciones de poder.
La democratización e inclusión de la agenda de género es una condición necesaria para impulsar la extensión y profundización de las conquistas sociales y los derechos de las mujeres y de todos.
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