LA OFENSIVA FRENTE A LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RENTA / Basta mirar a Jujuy, o volver la vista hacia Brasil, Honduras y Paraguay, para vincular su rol de cuidadores de los privilegios de la minoría con el armado de causas judiciales que involucren a Cristina Fernández. Desde el procesamiento en el caso del dólar futuro hasta el intento de imputarla por traición a la patria, los garantes del statu quo no han aportado más prueba que la de su propia represalia contra un Gobierno popular en la que no se juegan delitos, sino la distribución de la riqueza.
Por Raúl Kollmann
Periodista.
Fotos: Sebastián Miquel
Hay que llamarlos su señoría. Su mandato dura de por vida. Detrás de su escritorio, siempre elevado, suele haber un inmenso crucifijo. Uno tiene que ponerse de pie cuando entran a la sala, no se puede hablar con ellos sin tener una corbata puesta y no pagan el impuesto a las ganancias, como todos los demás mortales, pese a que hoy ganan cerca de 150.000 pesos mensuales. Los integrantes del Poder Judicial no son una monarquía, pero todo se parece bastante al sistema de reyes, reinas, duques y condes. Son una especie de reminiscencia del Viejo Orden monárquico.
Durante un par de siglos se ha pretendido instalar el “sentido común” de que los jueces son árbitros de partes en conflicto, pero la realidad es que en su mayoría son cuidadores de los privilegios de los privilegiados. El sistema está hecho justamente para eso: una estructura monárquica para preservar el statu quo de los poderosos.
Ese perfil se ve claramente en Brasil, donde la Justicia puso la base de acusaciones falsas para que luego los políticos tradicionales destituyeran a Dilma Rousseff. Se vio también en la forma en que las Cortes Supremas de Honduras y Paraguay convalidaron verdaderos golpes de Estado contra presidentes electos por el voto. Es suficiente con mirar a Jujuy, donde Milagro Sala lleva meses presa sin que haya habido un juicio de ninguna naturaleza. En todos los casos, cuando se habla de la justicia de los poderosos, no sólo se debe mirar a las élites de cada país, sino también a la impronta que marca Washington. A través de agencias oficiales, fundaciones y think tanks se cursan permanentes invitaciones a los jueces para que participen, con todo pagado, de jornadas en las que, a veces con sutileza y a veces sin sutileza, se marcan las líneas rectoras.
Con esa perspectiva de fondo se pueden mirar más de cerca las causas en las que hoy aparece imputada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Soy muy crítico de numerosísimas decisiones tomadas durante el anterior Gobierno, y uno de los cuestionamientos que señalaría es que no se puso ningún énfasis en la lucha contra la corrupción. De la misma manera que en los primeros años se ignoró la cuestión de la inseguridad o la inflación, mi mirada es que no se armó una verdadera estructura para indagar sobre posibles irregularidades en las contrataciones del Estado. Nada de eso me impide ver el siniestro armado de causas contra CFK, cuyo contenido es esencialmente darle un escarmiento a cualquiera que quiera avanzar con medidas progresistas o una diplomacia distinta a la que se marca desde el poder internacional. Es una represalia contra los llamados Gobiernos populistas y la búsqueda de que no puedan volver a gobernar.
Aquí va una breve enumeración de la ofensiva contra Cristina:
•Se pretende imputar a la ex presidenta por traición a la patria a raíz del memorándum firmado con Irán. El objetivo del acuerdo era que declararan los funcionarios iraníes que, desde 2006, son considerados sospechosos de haber participado del atentado. Se podrá argumentar que el memorándum era malo, inconducente, inoportuno, que no iba a llevar nada. O lo que sea. Lo que no se puede decir es que haya sido un delito. Menos todavía teniendo en cuenta que se votó en el Congreso. No obstante, existe una grotesca ofensiva para condenar a Cristina en base a un delito por el que fue procesado Juan Domingo Perón hace sesenta años y por el que las monarquías ejecutaban a opositores.
•Hay una movida insólita para vincular a CFK con la muerte del fiscal Alberto Nisman. La jueza Fabiana Palmaghini, antes de que la causa pase a los tribunales federales de Comodoro Py, pidió que se investigue qué teléfonos usaba la ex presidenta aquel fin de semana del 18 de enero. Hoy por hoy, todas las evidencias indican que Nisman se quitó la vida, tal cual sostiene la pericia médica y la pericia criminalística que estableció que no había ninguna otra persona en el baño en el momento del disparo. ¿Qué buscaba la jueza pidiendo que se determine qué teléfonos usaba CFK el día de la muerte? Básicamente, sembrar sospechas. La magistrada, que tomó como palabra santa la declaración del espía Jaime Stiuso, al servicio de las derechas norteamericana e israelí, trataba de meter a Cristina por la ventana como fuera. ¿Qué probaría que haya hablado cincuenta veces con el jefe de la ex SIDE, por ejemplo? Nada. Era un fin de semana en el que se robaron un misil en una unidad de La Plata del Ejército, viajaban a Mar del Plata las barras bravas de Boca y River y podía haber enfrentamientos, y estaba la duda sobre la presencia de Nisman en el Congreso el lunes 19. Las llamadas no demostrarían nada, pero la cuestión consiste en plantar sospechas.
•Ni los denunciantes ni los fiscales acusaron a CFK por el caso dólar futuro. Sin embargo, el juez Claudio Bonadio –uno de los mayores arietes contra la ex presidenta– la procesó y embargó. Se trató de una política económica destinada a evitar una corrida hacia el dólar, desalentando con un valor bajo del dólar futuro que explotara la cotización a fines del año pasado. Nuevamente: podría decirse que produjo pérdidas, que no fue una estrategia adecuada, pero fue una decisión política, tomada por un Gobierno votado legítimamente. Para colmo, el juez permitió que los supuestos beneficiados cobren lo pactado, y, encima, parte de los beneficiados resultaron ser dirigentes del PRO. Todo es prueba de que no hubo delito.
Existe una grotesca ofensiva para condenar a Cristina en base a un delito por el que fue procesado Juan Domingo Perón hace sesenta años y por el que las monarquías ejecutaban a opositores.•La Sala II de la Cámara del Crimen viene insistiendo en que se vincule el caso Lázaro Báez con la ex presidenta. Hasta ahora, el juez considera probado que el constructor santacruceño escondió dinero y evadió impuestos con facturas truchas. De allí vino el dinero que se contó ante cámaras en la financiera SGI. De ahí también vinieron los fondos de las cuentas no declaradas en Suiza. Sobre esa base, la actual materia de delito es que Báez se quedó con millones de pesos (unos seis millones de dólares) que le debió pagar a la AFIP. Sin embargo, no se probó la existencia ni de sobreprecios ni de graves irregularidades en la obra pública, pero para la justicia mediática las imágenes del fiscal viajando por semanas en la Patagonia son prueba de delito. Esos mismos medios y fiscales consideran palabra santa las supuestas auditorías hechas por funcionarios macristas sin control. Lo que corresponde es que se termine una real investigación sobre la obra pública, que supuestamente está haciendo el juez Julián Ercolini, y, si existen irregularidades, habrá que ver de quién es la responsabilidad. Según las cifras que manejan los acusadores, a Báez le dieron obras por 21.000 millones de pesos en los años de kirchnerismo. La hipótesis es que pagó coimas, pero todo el patrimonio de la familia Kirchner es de cien millones de pesos, es decir, el 0,5% de aquella cifra adjudicada únicamente a Báez. No parece haber relación entre una cantidad y otra: si se hubiera pagado el 5% de coima (los acusadores mencionan el 10%), los Kirchner tendrían que tener unos mil millones de pesos. Hoy por hoy, no se les encontró ni una cuenta en el exterior ni sociedades en Panamá ni propiedades a otros nombres: todo aparece declarado. Más delirante todavía parece vincular sobreprecios o coimas con los alquileres de Hotesur o Los Sauces. Se trata de treinta millones de pesos, una cifra que no tiene la menor proporción con la obra pública y que figura declarada también en el patrimonio familiar. Como en todos los casos, estoy listo para ver pruebas. Hasta el momento, es todo ruido mediático.
Hay que acotar que los que la emprenden contra CFK no vienen con buenos antecedentes. Dijeron que Máximo tenía una cuenta en Delaware por 41 millones de dólares. El propio banco aclaró que era falso: el Felton Bank tenía depósitos totales por 70 millones de dólares, de manera que era irracional que tuviera un depositante de 41. No sólo era irracional, era mentira. Dijeron que Florencia tenía dinero no declarado en una caja de seguridad. Cuando la abrieron, por pedido de ella, todo estaba declarado ante la AFIP. Una supuesta secretaria de Néstor Kirchner –Miriam Quiroga– afirmó que vio bolsos con dinero llevados a Santa Cruz en auto y avión. Un juez muy poco amigo de los Kirchner –Luis Rodríguez– dictaminó que ni fue secretaria ni vio bolsos, como lo certificó la pareja de Quiroga. Hablaron de bóvedas en la casa de Calafate, de cuentas en Seychelles, en Panamá, en Nevada, en Liechtenstein. Todo resultó falso. Sólo aparecieron las sociedades del grupo Macri.
Insisto. No cerraría los ojos a pruebas y a testigos sólidos –se me ocurre el caso López, por ejemplo–, pero actualmente estamos ante una ofensiva política, con jueces y fiscales a la cabeza, puestos a defender privilegios. Lo que está en juego no son hechos delictivos, sino la distribución de la riqueza. El mensaje es que no se le ocurra volver a ninguna fuerza que no tenga al mercado como dios, a ninguna fuerza que mire al MERCOSUR, a China o Rusia en lugar de ponerse la camiseta de los grandes equipos que, como todos saben, juegan en Wall Street.
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