EL FUERO MÁS POLITIZADO / Sus doce habitantes buscan acumular poder para sobrevivir a los vaivenes externos. Tienen, por eso, el olfato tan entrenado para percibirlo como para detectar su ausencia. La reacción al cambio político es instintiva: tributan al Gobierno de turno y dejan de hacerlo, sin negarle una carátula a nadie. De los pollos de Mazzorín al partido judicial, y del falso mani pulite que sucedió al macrismo a su incapacidad para advertir que la espada que ayudó a forjar puede acabar penetrando su propio cuerpo.
Por Gabriel Morini
Periodista. Especializado en judiciales. Actualmente trabaja en Ámbito Financiero, C5N y “La mañana” de Radio AM 750.
Fotos: Sebastián Miquel
Hacer predicciones sobre lo que ocurre o puede ocurrir puertas adentro de los tribunales federales de Comodoro Py es un ejercicio complicado. Pero hay una constante que se mantiene invariable con el paso de los años, y se repite con cada cambio de ciclo político, en el que es sin dudas el fuero más politizado de toda la Justicia. O, en realidad, de todo lo que debería llamarse Poder Judicial, a secas. Los doce habitantes del fuero en lo Criminal y Correccional Federal son los que poseen el olfato más entrenado para percibir el poder. Pero también para detectar su ausencia.
Podría decirse que su comportamiento ante cada cambio en el poder político es una reacción instintiva. Los doce jueces federales, sus superiores en la Cámara de Apelaciones y en Casación, conforman una extraña cofradía que persigue alternativamente dos propósitos: conseguir su supervivencia a cualquier vaivén externo y acumular el mayor poder posible. A mayor concentración de este último, mejores chances de aplicarlo en la supervivencia. Comodoro Py es una selva, entendiendo su funcionamiento como un ecosistema donde los fuertes prevalecen sobre los débiles. O bien es Roma, donde el juego de alianzas, intrigas y traiciones obliga a tener ojos en la espalda. En rigor, es una combinación de ambas.
¿Llama la atención la repentina activación de expedientes judiciales contra miembros del Gobierno kirchnerista apenas pusieron un pie fuera de Balcarce 50? Llamaría la atención que ninguno de los jueces lo hubiera hecho con la premura necesaria para dejar expuesto un flanco. En el escenario electoral, la mayoría de los magistrados parecía hacer cálculos sobre la suerte política de los candidatos a la presidencia. El ajustado resultado final los previno de haber movido fichas con anticipación. El cuello de botella en los primeros meses de mandato de Mauricio Macri indica la puesta al día de esa prudencia.
Raúl Alfonsín designó a la mayoría de los magistrados posdictadura. Recordado a la distancia como el Gobierno más honesto desde la recuperación democrática, sufrió un claro ejemplo del funcionamiento combinado de política, poder económico, medios y tribunales. Ricardo Mazzorín, secretario de Comercio, pasaría a la historia vinculado a un affaire por la importación de pollos supuestamente en mal estado. Pocos, sin embargo, rememoran que la génesis del episodio tuvo relación con la cartelización de grandes empresas que buscaban maximizar ganancias aplicando costos elevados a la industria avícola. La decisión política de que el Estado importara pollos fue el puntapié para que las poderosas firmas instalaran la idea de que estaban podridos o que, incluso, provenían de la extinta y contaminada Chernobyl. La psicosis alimentada por los medios y la clase política constituyó la tormenta perfecta para el alfonsinismo, con múltiples explicaciones para su crisis de gobernabilidad. Siete años después de que comenzara la investigación penal, recién en 1995, Mazzorín fue sobreseído cuando se comprobó que no habían existido las irregularidades denunciadas. A esa altura, nadie se acordaba de otra cosa que de “sus pollos”.
Las causas por corrupción tienen un promedio de trece años de duración. Los sobreseimientos por errores no son televisados una década después. Por eso se puede ahora buscar dinero enterrado (negro) y en cuentas en el exterior (lavado) en simultáneo.
A Carlos Menem no le fue mucho mejor. Los escándalos de corrupción salpicaban a diario su Gobierno. Sin embargo, tampoco tuvo grandes contratiempos hasta que dejó el poder. Su ventaja: haber nombrado a la mayoría de los jueces federales que debían juzgarlo u obtener, mediante cooptación, prebendas o influencia de servicios de inteligencia, la lealtad de aquellos “imprescindibles” a la hora de pasar inadvertido en los expedientes. Dos atentados terroristas en Buenos Aires colaboraron para que la Justicia federal y los jueces instructores tejieran lazos tan indisolubles como tóxicos. Parece lejano en el tiempo cada vez que se invoca una presunta colonización de la Justicia por parte de un sector político. Hubo tiempos en los que el Gobierno colocaba directamente a los jueces sin concurso de antecedentes, puntaje o evaluación. Algunos permanecen en sus sillones desde aquella época. En el medio hubo una servilleta con supuestos nombres de magistrados que tributaban al menemismo. Hubiera sido mejor un listado de los que no lo hacían. En realidad, cada uno tributó y dejó de hacerlo al poder de turno. Esa es, con matices, otra característica distintiva del edificio de Retiro, donde una frase se repite como mantra: “Una carátula no se le niega a nadie”. La carátula es lo que abre el expediente con el nombre del acusado/funcionario. Es lo que se leerá primero durante los años en los que se mantenga abierto el caso. En secreto, cada juez celebra el momento en el que recibe un expediente vinculado a un funcionario público. Sabe, en el fondo, que constituye un capital en sí mismo para los dos objetivos primarios, la supervivencia y la acumulación de poder. Los casos honorables existen, pero las excepciones sólo confirman la regla. La situación se torna confusa con la capacidad para mutar que tienen los magistrados con mayor cintura. Los peores se vuelven los mejores con notable versatilidad.
La Alianza jugó un peligroso juego e intentó mantener un pacto con sus antecesores y, a su vez, delegar el nexo judicial a los servicios de inteligencia. ¿Qué podía salir mal? Años después, el propio presidente Fernando de la Rúa desfilaría nada menos que acusado de haber pagado coimas a senadores con dinero reservado de la SIDE para aprobar una ley. El delito se comprobó por el testimonio de un “arrepentido” hasta la instancia del juicio, donde se consideró que no había existido tal maniobra. Se trató de una falla en la “matrix”. ¿Cómo concebir que algo tan típico de la política como comprar voluntades con dinero de libre disponibilidad podía ser puesto al descubierto? Nada atenta contra el propio sistema.
La depuración continuó durante el kirchnerismo, pero bajo el mismo modelo de operación. Aunque llegaron nuevos habitantes a Comodoro Py, nada cambió sustancialmente más allá de las diatribas. En la era K sí hubo dos componentes novedosos que se intensificaron con desenfreno en los últimos años: el “fuego amigo” (el origen de causas judiciales por un ajuste de internas del propio partido gobernante) y la judicialización de la política (fenómeno por el cual los partidos opositores buscaron sancionar judicialmente lo que por los votos les era imposible). La matriz de vínculos entre Poder Judicial, servicios y medios de comunicación se convirtió en un subsistema de gobierno paralelo. Pero nunca conformó lo que se denomina Partido Judicial hasta pasado 2010. Hasta entonces, el kirchnerismo no tuvo mayores problemas con la Justicia, cuyo olfato para percibir un poder político con fuerte impronta alternó espasmódicos e inocuos movimientos en torno a los funcionarios más cuestionables. De todas formas, el Poder Judicial nunca terminó de formar un partido en los términos de atribuciones; su funcionamiento gregario obedeció más a una táctica que a una estrategia. En el fondo, quienes juntaron espalda con espalda contra el Gobierno sabían que, más allá de la coyuntura, percibían al enemigo detrás de él y no, en realidad, en el lugar de quien parecían estar combatiendo. Héroes y villanos alternan roles. Esa es otra característica que pervive detrás de los muros del ex edificio de Vialidad Nacional, atiborrado más de internas que de expedientes cosidos.
Lo que siguió al cambio de Gobierno constituyó un frenesí amparado en el libre albedrío y la sensación de libertad sin límites que sobrevoló en la zona de Retiro. La falsa impresión del comienzo de un mani pulite se combinó con episodios tragicómicos, donde la realidad, la prueba, el trámite procesal y la prudente investigación dejaron de ser ponderados como un valor en sí mismos: pasaron a ser mercancía necesaria para la retroalimentación con los medios de comunicación y el ahora oficialismo. Nada de lo que sucedió pareció estar planeado por las importantes falencias que ofreció, cuyos efectos recién serán constatados a futuro. Las causas por corrupción tienen un promedio de trece años de duración hasta que culminan los juicios. Ya sin cámaras –en sintonía con lo que ocurrió en las últimas décadas–, su fin se corresponde con un rotundo fracaso de la prueba y testigos que no recuerdan o dicen lo contrario. Los sobreseimientos por errores en el proceso ya no son televisados: a nadie le importan una década después. El problema suele ser adjudicado a los tiempos judiciales. Por esto es que se puede ahora buscar dinero enterrado (negro) y en cuentas en el exterior (lavado) en simultáneo. El minuto a minuto no se permite ser atravesado por la lógica. Cualquier contradicción se resolverá más adelante, piensan.
Cuando Italia tuvo su proceso de manos limpias era la quinta economía a nivel mundial. Después de las investigaciones cayó irremediablemente de los rankings. ¿Fue la Justicia la que impidió su desarrollo económico? No. Terminó con el sistema económico del país, también imbuido de la corrupción, y con las mafias. En Brasil ocurrió un proceso análogo que derivó en una crisis político-institucional de proporciones. Sus consecuencias aún son imprevisibles.
En Argentina, quienes consideren que nos enfrentamos a un proceso de similares características encontrarán un perfil distintivo. La clase empresaria no permitirá que las investigaciones judiciales penetren el entramado más cerrado del círculo rojo. En definitiva, existe un vértice común y un sistema por mantener. Ese será el límite que se encuentre “la Justicia”.
En un año de gobierno la Administración Cambiemos acumuló un récord particular: tiene la mayor cantidad de funcionarios de primera línea imputados en causas judiciales de las últimas décadas.
La Administración Cambiemos llegó al poder con un discurso tan edulcorado como imposible: “No queremos jueces macristas, sino una Justicia independiente”, clamó el presidente en su discurso inaugural, cuyos ejes precampaña habían estado relacionados con los casos judiciales ajenos. Nunca con los propios. Enseguida, los primeros pasos del Gobierno se dirigieron a disfrazar la incapacidad de incidir en los tribunales con la pretendida libertad que otorgaban a la maquinaria judicial. Peor. En el fondo, la administración de justicia genera un desdén entre los principales miembros del Gobierno equivalente al desprecio que siente el empresario con respecto a su auditor. La evidencia de ese desconcierto quedó plasmada en el trámite por el aumento de tarifas. El Gobierno nunca vio venir la mano que le asestó un cross de derecha a la mandíbula. La multiplicidad de operadores, mensajeros, interlocutores y vendedores de influencia sólo redundó en ruido en la comunicación. Pero otro detalle preocupante, que vuelve único su caso, pasa desapercibido por la Administración central. En un año de gobierno acumuló un récord particular: tiene la mayor cantidad de funcionarios de primera línea imputados en causas judiciales de las últimas décadas. Veamos.
Mauricio Macri está imputado en la causa Panamá Papers por el escándalo internacional de las empresas offshore que en el mundo costaron renuncias y descrédito a los políticos involucrados. Pero allí también se vio un movimiento curioso: una causa que comenzó con una omisión maliciosa en una declaración jurada terminó apuntando al entramado de empresas del clan Macri, su operatoria en Brasil y sus turbios manejos financieros a lo largo de la historia. Increíble para un mandatario recién asumido. Gabriela Michetti, que no escapa a la suerte de los vicepresidentes, quedó envuelta en un escándalo sin fondo. Pero también allí una causa en la que debía justificar el origen de (poco) dinero robado de su casa terminó por girar a una megainvestigación sobre las fundaciones del PRO, lo que en realidad señalaría manejos poco transparentes en el financiamiento de la política. La Justicia federal hace de las suyas. Juan José Aranguren es el ministro de Energía con mayores chances de terminar procesado por negociaciones incompatibles. Otros dos funcionarios de la cúpula de la cartera energética están en la misma situación, por provenir de empresas líderes a las que ahora deberían controlar. Juan José Gómez Centurión, titular de Aduanas, fue separado del cargo por un cruce de internas, presuntamente por haber cortado los lazos del contrabando. La AFIP tiene a Alberto Abad, su titular, acusado de avalar una estructura paralela de espionaje de datos fiscales donde hay una decena de implicados de los más altos cargos. La señora 8, Silvia Majdalani, está siendo investigada por lavado de dinero mientras tiene una interna desatada con los espías, cuyas guerritas suelen tener las más impensadas consecuencias. El affaire dólar futuro, inaugural de los casos contra el kirchnerismo, derivó de la peor manera: el amigo personal de Macri y empresario de la construcción, Nicolás Caputo, el jefe de los equipos económicos, Mario Quintana, y el jefe de asesores del Presidente y apoderado nacional del PRO, José Torello, fueron implicados, entre otros, por haber sido los compradores y beneficiarios de lo que denunciaron como perjudicial y por lo que culparon a la Administración K. La nómina deberá ser actualizada con el correr de los días, en una carrera de la que el Gobierno parece no percatarse.
El problema del Gobierno macrista es como el del soldado que sostiene maniatado a su enemigo por la espalda a la espera de que un tercero (la Justicia) lo clave con su espada de forma constante mientras su corazón tenga vida. Su preocupación debería radicar en que el desenfreno de la estocada final sólo atraviese el cuerpo del adversario y no penetre el propio. Algunos de los acontecimientos vinculados a los estrechos lazos del poder con la corrupción han evidenciado que esta previsión no está –de momento– en los cálculos oficiales.
El Poder Judicial no es sólo uno de los tres poderes del Estado. Tampoco es un contrapoder, sino un actor ineludible de la vida política argentina de las últimas décadas, cuyo protagonismo excede el mero ejercicio de administrar justicia. En Comodoro Py se hace política y, cuando se puede, justicia, reza una máxima no escrita. Los tiempos parecen indicar que estamos ante un fenómeno en plena ebullición.
Este compendio de ejemplos básicos sólo sirve para ilustrar que cada Gobierno acaba inequívocamente ayudando a forjar la espada que terminará siendo la que se utilice para seccionar su propio cuello. La historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa.
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