ENTREVISTA / Elizabeth Gómez Alcorta, presidenta del Movimiento de Profesionales para los Pueblos e integrante del equipo jurídico de Milagro Sala, reflexiona acerca de esta detención ilegal e ilegítima, la vinculación promiscua del poder político con el Poder Judicial en Jujuy, y el rol de este último ante el avance de la derecha tanto en nuestro país como en el resto de Latinoamérica.
Por Ana Amelia Negrete y Carolina Arribi
Integrantes del Comité por la Libertad de Milagro Sala.
Fotos: Sebastián Miquel
Milagro Sala lleva más de trescientos días presa ilegalmente en la provincia de Jujuy. Más de trescientos días de profundización de un orden social, político y económico injusto en una sociedad en que la estructura de clases sigue siendo determinante para la conquista de derechos. En una provincia donde el poder económico, el poder político y el judicial juegan un tándem persecutorio a la militancia popular y a quienes pueden expresar las voces de los/as que menos tienen.
Jujuy no es sólo Jujuy. Es el más duro ejemplo, en estas tierras, de un modelo de hambre, saqueo y exclusión que intenta instaurarse en toda América Latina, en donde el poder económico pone las reglas de lo que es vivible y deseable para las grandes mayorías.
La falta de Estado de derecho, la continua violación de los derechos humanos, la persecución y el escarmiento, no podrían ser posibles sin la pata judicial que lleva adelante una gran parte de la estrategia. El contador Gerardo Morales, a horas de asumir el gobierno de la provincia de Jujuy, modificó la constitución del Superior Tribunal de Justicia ampliándolo de cinco a nueve miembros, y algunos/as de los/as que votaron tal modificación (miembros de su partido político) hoy son jueces de la misma Corte. Sólo este hecho sirve como muestra para, al menos, preguntarse sobre su independencia y legitimidad.
En este contexto, asumir la defensa de Milagro Sala y sus compañeros y compañeras de la Organización Barrial Tupac Amaru no es tarea sencilla.
Elizabeth Gómez Alcorta es una de las abogadas que lleva adelante tal defensa, en el marco de reglas poco claras, acciones vejatorias y hostigamiento a quienes forman parte de la defensa en Jujuy. En esta entrevista conversamos con ella sobre el sistema judicial, sus lógicas y las cuentas pendientes hacia las grandes mayorías del pueblo argentino.
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Corre el mes de octubre y, a quienes formamos parte del Comité por la Libertad de Milagro Sala, encontrarnos con Elizabeth nos resulta familiar. Solemos verla explicando en detalle la lógica del proceso judicial, caminando en una marcha, dando una charla en algún lugar de nuestro país para multiplicar la comprensión y la acción en torno a lo que está sucediendo con Milagro y los/as militantes de la Tupac. Quien no la conoce probablemente no advierta a simple vista que es la “doctora” que lleva adelante tal proceso de defensa, pues su cercanía y sencillez la ponen del lado de esos/as compañeros/as que intentan desmitificar y mover las bases del elitismo con el que se construyen ciertas profesiones liberales. “No soy abogada, soy una militante que trabaja de abogada”, la hemos escuchado decir en reiteradas ocasiones. En este diálogo, esa premisa se encuentra, también, en el punto de partida.
Maíz: ¿Cómo podrías describir tu relación con el mundo del derecho? ¿Por qué elegiste esa carrera y cómo fue tu trayecto de formación?
Elizabeth Gómez Alcorta: En principio, creo que mi relación con el mundo del derecho viene de los derechos, justamente, no del derecho en sí. No tengo ningún familiar abogado ni ninguna persona cercana que trabaje en el Poder Judicial, pero sí vengo de una familia de militantes. Mis padres siempre militaron, desde muy jóvenes. Los dos eran radicales, pero con una formación militante muy fuerte. Entonces, de alguna manera, la idea de exigir los derechos y de lo justo e injusto siempre me atravesó mucho.
Lo cierto es que quería ser politóloga, porque pensaba que quería transformar la realidad social y creía que para eso estaba el mundo de la política y no el del derecho. Pero, como bien dice un dicho, “serás lo que serás o serás abogado”. Y yo terminé siendo abogada. Estudié sin tener ninguna pasión por lo que estudiaba, pero por suerte en el camino me encontré con algunas personas que sí marcaron mi trayectoria y formación en múltiples sentidos. Sobre el final de la carrera, me crucé con Lucila Larrandart en una materia que era Derecho Penal Juvenil, y a partir de ese encuentro estudiante-docente entendí que había empezado a formarme en términos reales.
Hace veinte años que soy docente en la Facultad de Derecho de la UBA y que lo interpreto también como un acto de militancia. Hoy por hoy pienso que, sin duda, el derecho es una herramienta de transformación política muy fuerte, y además una herramienta de poder para resistir ciertas situaciones. Por lo tanto, creo que, en definitiva, no estaba tan lejos de aquella primera sensación.
M: A lo largo del trayecto de formación y ejercicio de la profesión, ¿qué cuestiones te inquietaron y te marcaron el camino?
E.G.A.: Claramente, cuando terminé la Facultad me interesó el derecho penal juvenil como una de las demostraciones más cabales de violaciones a las garantías y los derechos de los jóvenes pobres criminalizados. De ahí en más, creo que los distintos temas con los que trabajé estuvieron vinculados a espacios de trabajo de militancia. Siempre me convocó el tema indígena desde el derecho penal, he hecho mi tesis de posgrado sobre ese punto. Temas de derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo. Trabajé durante un tiempo en los temas de vivienda, pero vinculados a un trabajo de militancia por las regularizaciones de unas tierras en el Bajo Boulogne. Entonces, a partir de ahí es que me acerqué a la temática y creo que un momento, un punto clave en el camino, fue el haberme ido del Poder Judicial.
Durante diez años trabajé en el Poder Judicial de la Nación, en el Consejo de la Magistratura y en la Procuración General. Y la decisión de irme, convocada para trabajar en una querella de la primera nieta recuperada que querellaba a sus apropiadores, el caso de María Eugenia Sampallo Barragán, fue un momento clave que me permitió, a partir de entonces, trabajar desde la profesión en esta cuestión. Porque yo ya trabajaba desde la Procuración en la intervención en las causas de lesa humanidad, y me parece que ese ha sido el principal tema que, por lo menos en estos últimos diez años, me cruza desde distintos ámbitos.
M: Quienes venimos siguiendo la situación de Milagro decimos que Jujuy es un laboratorio de la derecha continental. ¿Cómo funciona la tríada poder político-económico-judicial en esa provincia?
E.G.A.: Lo que sí se evidencia en el caso específico de Milagro es la vinculación del poder político y el Poder Judicial, en el sentido de que, sin ningún tipo de reparo, el contador Morales dijo que él no iba a negociar el levantamiento del acampe que llevaba adelante la Tupac Amaru en el mes de enero y que se había instalado el 14 de diciembre del año pasado por la liberación de Milagro. Colocándose en un lugar de decisor, de negociador y, sobre todo, de aquel que tiene la competencia para decidir la libertad, lo que es un claro ejemplo de la vinculación promiscua, obscena, del poder político con el Poder Judicial de Jujuy.
Hay otro caso que a mí me llamó mucho la atención, que fue el de las declaraciones públicas que dio Ekel Meyer, el ministro de Seguridad de la provincia, después de que Milagro hablara por teléfono desde el penal con algunos medios de comunicación. Porque Meyer salió a decir que Milagro no podía hablar con los medios, que eso era una sanción y que estaban evaluando junto con los jueces su traslado a un penal federal (sin duda, además, porque no había penal federal de mujeres en Jujuy y entonces esto implicaba el traslado a Salta). Nadie se asombró ni nadie salió a decir, ningún otro medio ni ninguno de los operadores políticos clásicos, la monstruosidad que significa este reconocimiento de ese vínculo estrecho entre el poder político y el Poder Judicial. Sería lo mismo que Patricia Bullrich dijera que está evaluando junto con Bonadio la idea de llamar o no a indagatoria a Cristina (cosa que seguramente sucede, aunque no sé si con Patricia Bullrich), lo cual, probablemente, escandalizaría hasta al más retrógrado de los que sostienen la idea de “república”. Sin embargo, en Jujuy esto pasa con descaro. A eso se le suma el cepo mediático que impide que esto se conozca y la naturalización de ciertas relaciones de poder que, por lo menos a los que no estamos acostumbrados a esta lógica, nos llaman soberanamente la atención.
M: Además de llevar adelante la defensa de Milagro, sos abogada en diferentes casos que ponen en el banquillo a militantes populares y en tensión los derechos de las minorías que conforman las grandes mayorías de este país. ¿Qué continuidades entendés que tienen los casos en términos del rol, la construcción y la mirada del Poder Judicial?
E.G.A.: Lo que tiene para mí de grave, fundamentalmente, y se trata de una deuda que tenemos como país, es que los otros poderes, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, tienen, en general, controles, lo que se llama hoy la accountability. Tienen los controles políticos (desde la necesaria elección por medio de las elecciones periódicas), tienen un fuerte control público, tienen controles cruzados entre los distintos Poderes, tienen lo que se conoce básicamente como el control social.
En cambio, al Poder Judicial, a partir de la lógica de la supuesta independencia que tiene que tener –que es independencia interna, pero, además, de las presiones de los otros Poderes–, se lo rodea de privilegios. Privilegios que tienen que ver con sus salarios, inmunidades, jubilaciones, no pago de impuestos, etcétera. Lo cierto es que se les brinda a sus miembros una cantidad importante de privilegios a los fines de mantener la independencia, cuando es absolutamente explícito, obvio, y debería aun serlo más, que no son independientes, porque es imposible fácticamente que lo sean. Es imposible que sean independientes del poder político porque su designación depende del mismo. Es imposible suponer que los ministros de la Corte son independientes del Poder Ejecutivo, en el sentido de que no deban tener relación o no deban vincularse, porque sus resoluciones tienen un impacto directo y real en relación con la política nacional. Entonces, esto hay que explicitarlo, sobre todo para poder empezar a pedir control sobre las acciones del Poder Judicial.
M: ¿Qué papel considerás que cumple el Poder Judicial en el avance de la derecha en la región? ¿Cómo es su relación con los núcleos de poder económico y político?
E.G.A.: Lo primero que creo que hay que entender es que el Poder Judicial de por sí, podríamos decir casi intrínsecamente, como está constituido en nuestro país y en la región, es un poder altamente conservador, bastante corporativo, plagado de privilegios que, de alguna forma, lo alejan de la idea de un servicio público, de un servicio de administración de justicia, y que a los magistrados y funcionarios los alejan, tanto para ellos como para el resto de la ciudadanía, de la idea de un servidor público.
Ha sido un poder que ha estado en manos de las grandes oligarquías regionales, territoriales. En términos de masividad, en Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires eso se ve menos, pero sobre todo la Justicia federal conserva siempre el nombre de las mismas familias. Eso todavía se puede ver en muchos lugares en nuestro país. Y lo cierto es que ha implicado que exista una relación entre el Poder Judicial y los núcleos políticos y económicos que es histórica.
Otra cosa que me parece que es esencial aclarar, y que en general no se dice, es que hay tres Poderes en el Estado. Cuatro, podríamos decir, si pensamos en el Ministerio Público Fiscal a partir de la reforma del 94 con el artículo 120. Y que todos los actos que lleva adelante cada uno de estos Poderes son actos de gobierno, y como actos de gobierno son actos políticos. Nadie podría pensar que la resolución de la Corte respecto del corralito o de sanear o no sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, o sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o el plazo a la prisión preventiva, no son actos políticos. Son actos eminentemente políticos. En este sentido, nosotros tenemos que pensar que nuestra institucionalidad siempre está vinculada al poder económico y al poder político, no sólo por las presiones que tienen todos los Poderes, sino también porque son acciones con sentido que se vinculan, necesariamente, con actos de la realidad.
M: ¿Creés que hay una posibilidad de transformación del sistema judicial en términos de visibilización de su rol político? ¿En qué sentidos?
E.G.A.: Sí creo que hay una posibilidad de transformación del sistema judicial en términos de visibilización de su rol político. Creo que es una tarea, que es la gran tarea que se debe la democracia: transformar este sistema judicial. Es el único poder del Estado que ha sobrevivido a todas las dictaduras, y desde el año 1930, cuando nuestra Corte dio un marco de legalidad a las normas que disponían las dictaduras, de ahí en más sentó una jurisprudencia que implicó la posibilidad de dar una continuidad institucional al país, justificando ni más ni menos que el accionar de las dictaduras. Hay que recordar que en la última dictadura cívico-militar los milicos entendieron que no había que cambiar todos los jueces y todos los fiscales y defensores, sino que alcanzaba con modificar, con echar y colocar solamente cabezas de Superiores Tribunales y de la Corte. Lo que digo con esto, y para mí es muy significativo, es que habla mucho de un Poder Judicial que se ha sostenido durante las dictaduras, sobre todo en la última, siendo los mismos jueces que estaban antes, durante y después, y que alcanzaba para los fines que tenía el terrorismo de Estado sólo con cambiar las cabezas.
Entonces, hay que hacer un trabajo muy fuerte de democratización en serio de la Justicia, es una deuda. La deuda, incluso, es el debate. Porque me parece que ha sido un cartucho mal usado el de intentar plantear el tema de la democratización de la Justicia del modo en que se hizo, con proyectos que en algunos casos podían ser buenos, pero en otros no tenían ninguna vinculación con la democratización. Y creo que ese es el gran debate que nos debemos y que ya bien entrado el siglo XXI es una deuda que se juega fundamentalmente en términos de violaciones de derechos de los más pobres, de los más vulnerables y de los que siempre son “los molestos” del sistema.
La resolución de la ONU sobre la detención de Milagro
“El 27 de octubre pasado, día en que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas estableció que la detención de Milagro Sala es arbitraria y, en consecuencia, solicitó al Gobierno de la República Argentina que la libere de inmediato, tiene una gravitación central tanto en el sentido político como en el jurídico.
En el aspecto jurídico, esta resolución implica ni más ni menos que el control de los Tratados Internacionales, en este caso, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Cinco expertos de distintos lugares del mundo, sin ningún tipo de vinculación con Argentina, con el caso o con los peticionarios, entendieron, luego de un procedimiento reglado y habiendo obtenido documentaciones tanto del Gobierno nacional, como del CELS, Amnistía Internacional y ANDHES –que fueron quienes presentaron en febrero el reclamo ante la ONU–, que varios aspectos corroboraban que la de Milagro era una detención arbitraria.
Entre los argumentos que fundamentan esta decisión se encuentran la verificación de la aplicación de acusaciones consecutivas (es decir, la apertura de distintas causas con la única finalidad de mantener a Milagro detenida) y la inexistencia de algún mérito que no sea una simple formulación dogmática (como aquella respecto de la posibilidad de que Milagro se profugue o entorpezca la investigación). También hacen referencia a que ‘se pudo observar que jueces y fiscales asignados para el conocimiento de las acusaciones fueron seleccionados’ –lo que significa que hay ausencia de independencia judicial en las intervenciones–, y a que Milagro cuenta con fuero parlamentario que impide su arresto (no la investigación).
Esta resolución, además, afirma que le deben conceder una reparación por el período de detención ilegal e informar si se llevan adelante investigaciones sobre la violación de sus derechos.
No se trata de una resolución optativa para el Gobierno nacional, que formó parte del procedimiento, integra Naciones Unidas, suscribió al Pacto que mencioné antes y, por lo tanto, no puede, en virtud de no compartir lo establecido por el Grupo de Trabajo, decir ahora que no la va a cumplir. Su cumplimiento o incumplimiento implica la decisión de estar dentro de la legalidad o de la ilegalidad internacional.
Estamos a la espera para ver cuál es el camino que elige el Gobierno nacional. La responsabilidad es suya: los Gobiernos locales o provinciales no suscriben pactos, y por eso no se obligan ante la comunidad internacional.
En términos políticos, esta resolución viene a decir lo que se sostuvo durante estos diez meses: que Milagro es una presa política y que la detención obedece a una decisión del Poder Ejecutivo, en principio, de la provincia de Jujuy.
Lo anterior significa que esta detención es escandalosa y que nos coloca como sociedad –a nosotros, que en estos 33 años de democracia hemos hecho avances sustantivos en la defensa de los derechos humanos, en la lucha contra la impunidad de los responsables del genocidio–, en una situación de vulnerabilidad internacional y de claro retroceso en materia de derechos humanos a nivel nacional”.
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