LOS CEO EN EL ESTADO / Aunque la presencia de gerentes de corporaciones empresarias en el Poder Ejecutivo nacional no es una novedad en la historia argentina, en el Gobierno actual no sólo son muchos, sino que se distribuyen por todo el entramado estatal y ocupan puestos de alta visibilidad. Características inéditas de un fenómeno que, detrás de las falacias de la eficiencia, esconde un conocido objetivo: incidir en el accionar del Estado para favorecer los intereses del gran capital.
Por Ana Castellani
Socióloga e investigadora del Conicet.
Directora de la Maestría en Sociología Económica y Codirectora del Programa sobre las Élites Argentinas del IDAES-UNSAM.
Fotos: Sebastián Miquel
Una de las características más sobresalientes del equipo de gobierno que acompaña al presidente Mauricio Macri es que, en su mayoría, sus integrantes vienen de ocupar cargos directivos en grandes empresas, en especial, extranjeras. Esta notoria preferencia por reclutar gerentes para ocupar puestos en el gabinete llevó a muchos periodistas a calificar a este gobierno como una verdadera “ceocracia”, o sea, un gobierno de los CEO. Y, efectivamente, los primeros análisis empíricos que se están llevando a cabo indican que al menos hay cien ejecutivos o dirigentes de corporaciones empresarias ocupando actualmente carteras ministeriales, secretarías, subsecretarías y direcciones en el Poder Ejecutivo nacional.
¿La presencia de empresarios en el Gobierno nacional es un fenómeno nuevo? No. Como veremos inmediatamente, en varios momentos de la historia argentina los “hombres de empresa” se involucraron directamente en la gestión pública. Entonces, ¿qué es lo inédito de este período? ¿Por qué hoy este rasgo llama tanto la atención, al punto de hablar de un gobierno de los CEO? Actualmente, la novedad no está en la existencia del fenómeno en sí mismo, sino en la magnitud, la extensión y la visibilidad que ha adquirido: son muchos, están distribuidos prácticamente en todo el entramado estatal (gabinete, empresas públicas, entes reguladores y organismos descentralizados) y, a diferencia de otras oportunidades, muchos ocupan puestos de alta visibilidad dentro de la función pública.
Hagamos un poco de historia. Siempre hubo empresarios o dirigentes corporativos en puestos de gobierno, tanto en dictadura como en democracia. Trabajos académicos varios dan cuenta de la presencia de empresarios en el gabinete desde 1955 hasta 2001. Una mirada de largo plazo deja claro que la presencia de los miembros de la élite económica fue predominante en gobiernos dictatoriales y que, básicamente, se concentró en las áreas de gestión económica y financiera. Los años noventa constituyen una excepción a esta regla. Acorde con la experiencia internacional, los períodos de aplicación de reformas estructurales registraron una mayor cantidad de empresarios en el gabinete, en puestos de poca visibilidad vinculados a la gestión económica, aunque claves a la hora de aplicar políticas centrales, como las privatizaciones y la regulación de los servicios públicos. Consecuencias de este paso fugaz de los empresarios por el Estado fue la pérdida de autonomía estatal a la hora de diseñar e implementar políticas públicas, en particular a la hora de establecer controles a las grandes empresas y a los bancos.
La participación de empresarios en los gobiernos se conoce en la literatura académica como “puerta giratoria”. Existen numerosos casos de estudio para países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Rusia y Francia y países latinoamericanos como Brasil, México, Colombia, Perú y Chile (de hecho, en este último país, durante el gobierno de Sebastián Piñera, se dio un desembarco de CEO en el gabinete similar al que sucede hoy en Argentina). La mayoría de esos trabajos coinciden en señalar que la razón principal que justifica este paso desde el sector privado al público obedece a la decisión de incidir en el accionar del Estado en favor de los sectores/empresas/ámbito de negocios de procedencia. Es más, son varios los casos en los que las propias empresas avalan el traspaso de sus CEO y se hacen cargo de la gran brecha salarial que se registra entre ambos sectores. El paso suele durar lo suficiente como para garantizar la aplicación de políticas favorables para el sector de actividad del que proviene el funcionario-empresario. Son pocos los países que realmente registran una “comunión perfecta” entre élite económica y gubernamental más estable. Estados Unidos es el ejemplo más elocuente de este fenómeno, la power elite de la que hablaba Wright Mills a mediados del siglo XX.
Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos que públicamente se esgrimen para justificar la incorporación de gerentes privados en la gestión estatal? La expertise, la eficiencia, la modernización. Se supone que, si construyeron carreras laborales exitosas en el mundo privado, son los mejores; que, como ya tienen posiciones acomodadas, no buscarán enriquecerse a costa del erario público; que, como no vienen de la política partidaria, son más independientes para aplicar criterios tecnocráticos; que los criterios de administración privada son extrapolables a la función pública, entre otros.
El perfil corporativo que tanto seduce a los cultores de la eficiencia y la expertise descuida al menos cuatro grandes cuestiones: a) el sesgo antiestatal, antipolítico y promercado que impregna la configuración de sentido de los CEO y gerentes, convencidos de que el empresariado es el que debe liderar los procesos de desarrollo dejando al Estado en un rol subsidiario; b) el esquema de lealtades que prima en aquellos que han consolidado sus carreras laborales en el sector privado, ya que puede generar conflicto de intereses o incrementar la permeabilidad a las presiones de los actores económicos; c) las dificultades de cohesionar un cuerpo de funcionarios (reclutados en muchos casos a través de agencias de empleo) caracterizado por un compromiso político débil; y, finalmente, d) las dificultades políticas y de gestión que puede generar la traspolación de los criterios organizacionales propios del management a la Administración pública (como, por ejemplo, la fragmentación excesiva del gabinete económico, las coordinaciones por áreas y la multiplicación de carteras ministeriales).
El sesgo antiestatal, antipolítico y promercado impregna la configuración de sentido de los CEO y gerentes, convencidos de que el empresariado es el que debe liderar los procesos de desarrollo dejando al Estado en un rol subsidiario.
Ya en estos pocos meses de gobierno tenemos ejemplos muy concretos de las consecuencias de estos riesgos: a) las internas estallan en diversos frentes, en particular en el manejo de la política cambiaria y monetaria (entre el equipo del ministro de Hacienda y Finanzas, los directorios del BCRA y del Banco Nación), la conformación de una agencia nacional de inversiones (entre Cancillería y Producción) y el plan de racionalización de Aerolíneas Argentinas (entre su presidenta y el coordinador de políticas públicas de la Nación); b) se aplican, comunican y justifican decisiones impopulares, como los aumentos de tarifas, los cortes de luz, los despidos en el sector público, con argumentos racional-tecnocráticos que demuestran nula sensibilidad política y social (Aranguren y su famoso “es lo que hay”, Prat-Gay y “la grasa de la militancia”, Ibarra y sus listas de despedidos en aras de la “modernización y la eficiencia”); y c) son abundantes las sospechas que comienzan a recaer sobre altos funcionarios como Aranguren (ministro de Energía, ex CEO y actual accionista de Shell), Lopetegui (ex CEO de LAN y actual secretario de Coordinación de Políticas Públicas), Talerico (ex abogada del HSBC y actual vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera), Prat-Gay y Caputo (ambos ex JP Morgan y actuales ministro de Hacienda y secretario de Finanzas, respectivamente), por la toma de decisiones en sus áreas de gestión que los involucran y benefician directamente a las empresas en las que construyeron gran parte de sus carreras laborales.
Si bien aún es muy prematuro elaborar conclusiones con sustento empírico riguroso, las primeras evidencias parecen indicar que la élite económica está más preocupada por retomar el control del Estado para reorientar sus acciones en favor de los intereses del gran capital que por pretender consolidarse como un grupo político estable. Será necesario estar atentos a los resultados de esta experiencia para ahondar en el conocimiento de las élites y la “puerta giratoria”.
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