DISPUTAS / El proyecto de recuperación de las islas confronta con intereses comerciales y geopolíticos externos que hoy vuelven a encontrar en estas tierras a sus principales socios. Si Martínez de Hoz negoció la explotación petrolera conjunta y Cavallo apeló a una “campana de cristal” que no trajo más que deuda, el actual gobierno del capital financiero internacional retorna, una vez más, a ese nefasto patrón de imposición de los negocios corporativos por sobre el tema central. Ante esta situación, resulta imperioso recobrar una política de Estado que, como la que concretó Néstor Kirchner, sepa cultivar apoyos y construir consensos para dar batalla en pos del interés nacional.
Por Alfredo W. Forti
Fue viceministro de Defensa de la Nación (2007-2013). Hasta 2015 se desempeñó como director del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa de la UNASUR, y en los últimos dos años, como asesor de los secretarios generales de la OEA (en Defensa) y de la ONU (en Operaciones de Mantenimiento de la Paz). Actualmente reside en Washington D.C. y es consultor en política y estrategia internacional.
La recuperación de Malvinas es un factor central del interés nacional argentino, pues hace a su soberanía territorial, por lo que su solución constituye una verdadera cuestión de Estado. Sin embargo, en diversas ocasiones el tema ha sido usado para objetivos políticos coyunturales de gobiernos de turno, sin la debida consulta y consenso del soberano y sus instituciones representativas, algo que por definición es la negación de una política de Estado.
Cuando se confunden los intereses nacionales con intereses económicos o ideologías particulares, pierde la nación. Con respecto a Malvinas, existen sobrados y lamentables ejemplos.
Al poco tiempo del golpe militar de 1976, la cancillería británica anunció la propuesta de explotación económica conjunta con Argentina en la zona de las islas y el Atlántico Sur (entiéndase petróleo). Sin renunciar a su colonia, ofrecían a cambio el reparto de las ganancias. Martínez de Hoz, como buen lacayo de los intereses comerciales del Imperio, inmediatamente respondió que la cooperación económica era la prioridad. Hacia 1979 realizaba ya su quinto viaje a Londres para seguir sólo hablando de Malvinas mientras firmaba con la Shell la explotación petrolera en espacios soberanos de nuestros mares del sur.
Néstor Kirchner logró algo muy significativo en una estrategia concreta de Estado: cultivar sistemáticamente apoyos políticos regionales a la causa Malvinas, por lo que Londres comenzó a preocuparse seriamente por primera vez.
Esta práctica de mezclar nuestro interés nacional con negocios corporativos se repitió en democracia con la política de Menem-Cavallo, que consistió en colocar la famosa “campana de cristal” sobre el tema de la soberanía de Malvinas para permitir la supuesta entrada de inversiones y divisas (léase deuda) que ofrecía el espejismo de la panacea neoliberal. Así nos fue. Los Acuerdos de Madrid lograron consignar las garantías de no agresión militar, la normalización de relaciones diplomáticas y el restablecimiento de contactos y cooperación argentina en materia de defensa. En retrospectiva, todos logros excelentes para los ingleses, que, lejos de ceder, mantuvieron y fortalecieron su presencia militar en las islas. Cero avances para el proyecto nacional de recuperación.
Fueron también los militares de la dictadura quienes cometieron el peor error histórico de confundir interés nacional con ideología y objetivos políticos propios. Fui miembro de la comisión especial para la desclasificación de la documentación del denominado Informe Rattenbach, y las evidencias documentales tanto de ese informe como de otras y diversas fuentes son más que concluyentes sobre el nefasto uso político de Malvinas como vehículo para revertir el creciente deterioro en que se veía el gobierno de facto. Nunca pensaron que habría guerra, pues confiaron en que la afinidad anticomunista con Washington era el seguro contra un enfrentamiento armado con los ingleses. En efecto, detrás de la política clandestina de exportación de la “guerra sucia” a países hermanos como Bolivia, Honduras, Nicaragua, Guatemala o El Salvador, la conducción militar creyó que tenía ganado el concurso de Washington para lograr la aceptación inglesa del hecho consumado de ocupar las islas, sobre todo sin bajas entre los ingleses. Este abyecto análisis los llevó a no estar preparados para una eventual confrontación militar con la potencia ocupante y mucho menos para la sorpresa de ver a Washington apoyando a Londres. Debemos reconocer que Estados Unidos nunca confunde su interés nacional con ideologías.
El resultado para la nación argentina fue el inconmensurable costo en vidas de jóvenes combatientes, la vergonzosa rendición incondicional, y el hecho de que, al tiempo de fracasar estrepitosamente en su objetivo de mantenerse en el poder, los militares retrocedieran décadas de avances logrados hasta entonces en el legítimo reclamo.
Hoy, también en democracia, vemos cómo se plantea una nueva política hacia Malvinas, otra vez basada en la confusión del interés nacional con intereses comerciales. Parece que se repiten las posturas de Martínez de Hoz y Cavallo de pretender convencernos de que vamos a llegar a la mesa de negociación de la soberanía pasando por el largo pasillo de los negocios favorables a los ingleses y sus socios nacionales. De nuevo vemos documentos como la declaración conjunta de septiembre de 2016, firmada en el marco de un Foro de Inversiones y Negocios, que preanuncia eventuales contratos de explotación petrolera, pesquera, negocios para corporaciones, y campanas de cristal sobre el tema central: el reclamo soberano.
Esta situación amerita ciertas reflexiones, seguidas de acciones.
Todo objetivo vital del interés nacional se corresponde con una política de Estado, caracterizada por ser permanente, estable, coherente, perseverante, y por una firme mantención del objetivo estratégico central, al margen y por encima de los cambios de gobierno, cualquiera sea su signo político.
Otro aspecto fundamental de una política de Estado, sobre todo en democracia, es el absoluto consenso en el Congreso nacional, así como entre los partidos políticos, con organizaciones de la sociedad civil y fundamentalmente con el pueblo en general. Esta “lealtad nacional” obliga al Ejecutivo a practicar la correspondiente consulta antes de modificar una política de Estado.
En todo caso, cada gobierno legítimamente electo tiene la responsabilidad de asumir la conducción político-estratégica y la facultad de adoptar medidas específicas en función de los cambiantes escenarios de oportunidades o adversidades, aunque sin desviarse del objetivo estratégico final de interés nacional.
Néstor Kirchner logró algo muy significativo en una estrategia concreta de Estado: cultivar sistemáticamente apoyos políticos regionales a la causa Malvinas, por lo que Londres comenzó a preocuparse seriamente por primera vez. En efecto, desde el Ministerio de Defensa, por ejemplo, logramos las primeras expresiones de apoyo a nuestra causa en el seno del Consejo Suramericano de Defensa de la UNASUR. Estos apoyos no fueron retóricos: países hermanos como Brasil y Uruguay suspendieron el uso de sus puertos y aeropuertos como puntos de abastecimiento logístico a unidades militares inglesas en tránsito hacia o desde Malvinas.
El siguiente paso –el más temido por los británicos– era convertir la solidaridad política en acciones mancomunadas entre los países de la región. La aplicación de restricciones colectivas de carácter económico a los intereses ingleses en nuestros mercados sería la más efectiva presión para que se sentaran a hablar de soberanía. Esto, lamentablemente, nunca se logró.
Todos aceptamos que las islas no pueden recuperarse por la fuerza de las armas, y que tampoco seremos exitosos aceptando la sumisión a objetivos geopolíticos, económicos o estratégicos que no sean los de nuestro país y nuestra región.
La soberanía para una nación es como la dignidad para las personas: no se puede recuperar haciendo lo que la contraparte desea, sino logrando con todos los instrumentos de la disuasión que la otra parte acepte, por más que no acuerde, nuestra postura. Cuando esto suceda, se abrirá el espacio para una verdadera negociación.
Ante la actual situación, es imperativo generar ideas fuerza y propuestas movilizadoras para propiciar el debido debate en el Congreso y la sociedad que lleve al actual gobierno a –al menos– neutralizar las medidas adoptadas unilateralmente, para luego comenzar el camino de recuperar una verdadera política de Estado sobre Malvinas, basada ante todo en la consulta y el consenso nacional.
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