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Belén y el agujero negro de la justicia

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CASO TESTIGO (Por Soledad Deza) / El 21 de marzo de 2014, Belén tuvo un aborto espontáneo en un hospital de Tucumán. Tenía veinticinco años y no sabía que estaba embarazada. Inmediatamente devino de paciente en delincuente: la acusaron de homicidio agravado por el vínculo y, en cuanto le dieron el alta, fue presa al Penal de Santa Ester. En 2016 fue condenada a ocho años de prisión. Los casi novecientos...
CASO TESTIGO / El 21 de marzo de 2014, Belén tuvo un aborto espontáneo en un hospital de Tucumán. Tenía veinticinco años y no sabía que estaba embarazada. Inmediatamente devino de paciente en delincuente: la acusaron de homicidio agravado por el vínculo y, en cuanto le dieron el alta, fue presa al Penal de Santa Ester. En 2016 fue condenada a ocho años de prisión. Los casi novecientos días que pasó en la cárcel son la muestra de la desigualdad de las mujeres más vulnerables ante la ley y de un mandato de maternidad obligatoria que atenta contra todas y contra toda libertad.

Por Soledad Deza
Abogada de Belén. Integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y presidenta de la Fundación Mujeres X Mujeres de Tucumán. Docente de Medicina Legal de la Universidad de San Pablo-T y de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán.

Fotos: Sebastián Miquel

Hace unos años, Alicia Ruiz –integrante de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires– se refería al acceso a la justicia como un “agujero negro del sistema judicial”. Con esta idea, la jurista ponía en crisis el discurso de igualdad democrático, para señalar que por fuera de todas y todos los iguales ante la ley hay en realidad una lista interminable de excluidos –los vulnerables– que “esperan vanamente a las puertas de la ley” porque “necesitan de un Poder Judicial que no renuncie bajo ninguna circunstancia a su responsabilidad de controlar que las garantías no sean sólo palabras”1.

Libertad e igualdad se distribuyen históricamente de forma inequitativa entre las personas –por género, por orientación sexual, por posición social, por competencias o capacidades, por etnia, por edad, por religión, etcétera–, lo cual ha favorecido la construcción social de relaciones de poder de tipo jerárquicas que naturalizan la diferencia como desigualdad.

La actividad jurisdiccional puede corregir esas desigualdades revelando el derecho como una herramienta más de control social que se entrama cotidianamente con otros sistemas normativos de igual importancia –usos sociales, reglas morales y éticas, dogmas religiosos–, o bien puede consolidarlas a través de la función de autolegitimación simbólica que da fuerza al derecho para eternizar las diferencias y validar las asimetrías.

El 21 de marzo de 2014, Belén tuvo un aborto en un hospital. Ese mismo día cayó en un agujero negro y el sistema judicial, en vez de garantizarle acceso a la justicia, apagó la luz y clausuró la salida.

La resistencia de su cuerpo a albergar un embarazo que ella desconocía, plasmada en un “aborto espontáneo” –diagnóstico médico certificado en su historia clínica–, fue excusa suficiente para que una tríada de poder compuesta por efectores de salud, fuerzas policiales y operadores del derecho convierta, en horas, a una paciente en delincuente.

La condena moral fue de tal magnitud que los hechos fueron trastocándose hasta que, al final de su internación, sólo quedó una puerta por abrir para ella: la del Penal Santa Ester. Allí la llevaron los prejuicios del equipo de salud que la atendió aquella noche y allí, a la sombra, la dejaron abandonada una defensora oficial, un fiscal, una jueza y tres camaristas penales durante casi novecientos días.

Yo encontré a Belén como en algún momento el feminismo me encontró a mí: de casualidad. Ella enfrentaba la posibilidad de cadena perpetua, le había dicho su anterior defensora, aquella que nunca la defendió. Por eso siempre ronda en mi cabeza la pregunta respecto de qué hubiera sido de Belén sin la mano feminista que se multiplicó en cada compañera que levantó su pedido de libertad con el corazón en la mano y furia en la voz a lo largo y a lo ancho del país.
El aborto es contracultural. Una mujer que aborta subvierte el orden que asocia mecánicamente la maternidad a lo femenino. Una mujer que aborta evidencia que sexualidad y reproducción no es un binomio necesario. Una mujer que aborta trasciende su “naturaleza” e impone otra visión posible de sí misma, definida desde la propia voluntad. Una mujer que aborta se sale de los cánones de “normalidad” que están prefigurados en los roles de género y, por ello, interpela. Una mujer que aborta pone en jaque la heterosexualidad como regla social. Una mujer que aborta desafía con su sola existencia un mandato cultural, religioso y moral que nos identifica “naturalmente” en un orden patriarcal que se sirve de la reproducción y del trabajo doméstico para funcionar.

Pero el prejuicio del aborto no aniquila los derechos, y una mujer que aborta sigue teniéndolos, mal que les pese a los actores estratégicos del gobierno del cuerpo de las mujeres que operan desde distintos lugares de poder. La presunción de inocencia, el derecho a un proceso justo y al respeto por las garantías procesales –entre ellas, contar con una defensa diligente– también son patrimonio de las mujeres que abortan.

Belén nos alertó acerca de que es preciso redefinir la idea de acceso a la justicia para que no sea un término vacío de contenido que sirve para maquillar desigualdades y volver la vulnerabilidad una etiqueta malversada por discursos liberales.

Belén fuimos todas, porque en su cárcel se expresaba sin tapujos el mandato de maternidad obligatoria de una sociedad que nos quiere madres a cualquier precio y que nos castiga cada vez que nos desviamos del camino que el patriarcado trazó para nosotras. Belén somos todas, porque ella nos recuerda que la amenaza de cárcel sigue latente, dado que nuestros parlamentarios y parlamentarias no se atreven a dar la discusión sobre el aborto legal y reconocernos como ciudadanas de una vez por todas. Belén seremos también todas, porque con su lucha aprendimos como movimiento de mujeres que los poderes del Estado pueden intentar hacer lo que quieran con nosotras, pero que unidas somos invencibles.

Su liberación fue una fiesta, su absolución un acto de justicia. Pero ese agujero negro en el que el Estado dejó a Belén nos recordará para siempre que mientras el aborto sea un delito seremos todas ciudadanas de segunda, por fuera de cualquier posibilidad de igualdad y libertad.

Notas

1 Ruiz, Alicia (2011). “Asumir la vulnerabilidad”. En: Revista institucional de la Defensa Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Año 1, Nº 1. Buenos Aires: La ley.

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