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Guardianes de la hipocresía colectiva

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Por Miguel Ángel Palazzani / LA CARA OPACA DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL: LOS OPERADORES JURÍDICOS / La violencia institucional suele pensarse como producto exclusivo del accionar de las fuerzas de seguridad, pero su costado más brutal proviene del sistema judicial. Supuestos seres sin intereses resguardan un orden social cuyas víctimas pueden palparse en las causas con altos niveles de impunidad. La reproducción...
LA CARA OPACA DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL: LOS OPERADORES JURÍDICOS / La violencia institucional suele pensarse como producto exclusivo del accionar de las fuerzas de seguridad, pero su costado más brutal proviene del sistema judicial. Supuestos seres sin intereses resguardan un orden social cuyas víctimas pueden palparse en las causas con altos niveles de impunidad. La reproducción de la peor de las violencias al amparo de unas pedagogías de los más y menos humanos que evidencian la continuidad histórica de una misma lógica de exterminio.

Por Miguel Ángel Palazzani
Fiscal titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Fotos: Sebastián Miquel

Mucho se ha escrito acerca de la violencia institucional que se despliega desde las fuerzas de seguridad estatales (policiales, penitenciarias, etcétera), pero mucho menor ha sido el trabajo de visibilización de una superficie de esa violencia que permanece opaca: el rol de los operadores judiciales, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público Fiscal u otros organismos hipotéticamente encargados de “administrar justicia”.

En principio, digamos que la violencia institucional que proviene de los operadores de lo que hemos dado en llamar “la Justicia” es la peor. Y lo es por la sencilla razón de que “la Justicia”, precisamente, es quien está mandada –esa es función excluyente– a evitar el fenómeno de esa violencia.

Si las víctimas (colectivos de personas generalmente excluidos del proyecto de sociedad) no encuentran protección en los operadores jurídicos, la violencia continúa en una faz aun más feroz, en la que no existe posibilidad ninguna de defensa: quien tiene la obligación de protegerte se vuelve contra vos.

Son muchas las formas en que se manifiesta este costado opaco y neblinoso de la violencia institucional de “la Justicia”. Elijo sólo dos ejes para pensarlo. Por un lado, los altísimos niveles de impunidad en los hechos más brutales y, si se quiere, evidentes (o sea, casos de gatillo fácil, torturas y muertes en cárceles, torturas en establecimientos psiquiátricos). Y, por el otro, la idea, que se instaló como sentido común, de que los jueces, fiscales y demás operadores del sistema tienen una autoridad trascendente, situada más allá de los intereses, las preocupaciones y manipulaciones de ellos mismos y de la clase a la que pertenecen.

En este último caso, se enarbola la bandera de una supuesta independencia judicial desde todas las usinas de producción de sentido: universidades, medios de comunicación hegemónicos, el propio Poder Judicial. De ese modo, los jueces se convierten en personajes “deshistorizados”, una especie de seres inmaculados sin cosmovisión alguna.

En palabras de Pierre Bourdieu, al lado de la violencia material (muertos, torturados, etcétera) camina esta violencia simbólica, más profunda y menos visible, que exhibe con pretensiones de universalidad armoniosa aquello que sólo es la reproducción de la más perversa de las violencias.

Si las víctimas no encuentran protección en los operadores jurídicos, la violencia continúa en una faz aun más feroz, en la que no existe posibilidad ninguna de defensa: quien tiene la obligación de protegerte se vuelve contra vos.

Carlos Cossio, un jurista argentino injusta y deliberadamente olvidado por “la academia”, renunciando a cualquier tipo de hipocresía, ya ponía de manifiesto esta idea por los años sesenta en su libro Ideología y Derecho –inédito hasta la actualidad– al afirmar, por ejemplo, que “desenmascarar al capitalismo dentro de las teorías jurídicas académicamente dominantes [...] significa mostrarlo como el interés parcelario de la burguesía. La gnoseología del error nos lleva así a ver el juego del capitalismo tanto en las normas jurídicas injustas como en esa Ciencia del Derecho que se da a sí misma por fundamento nada más que su autoridad formal”. Y seguía: “después de servirse del legislador para cuidarse de los jueces, la burguesía siente la necesidad de cuidarse también del legislador mediante las normas constitucionales, si es que sus intereses han de gozar de una máxima firmeza”.



Así, en ese intento de desenmascaramiento nos enseñaba que “se recurre al mito inexistente del hombre adiáforo, del ciudadano neutro; lo cual es inoperante. Y esto explica que toda la ideología democrática, desde hace 200 años, haya estado prestando su adhesión a esas tesis porque era una adhesión que queda en el papel. Nadie ignora, en efecto, la alarma, e incluso el pavor, que ocasionaba a la burguesía la idea de llevar a la realidad el sufragio universal; y que se ha llegado a tal extremo sólo cuando la sociedad capitalista pudo contar con centros de poder eficaces, aptos para contrarrestar en el seno de los gobiernos el resultado puramente mayoritario del sufragio universal”. Uno de esos “centros de poder”, apto para contrarrestar el resultado puramente democrático, es el Poder Judicial.

En el final de “La gnoseología del error”, Cossio lo sintetiza mejor que nadie: “su problema específico (el de la gnoseología del error) está en desenmascarar la función ideológica de esta armonía preestablecida entre el capitalismo y la verdad jurídica, que da situación al pensamiento de los juristas, investido de una neutralidad que, de no ser apariencia, testimoniaría un milagro.”

De esta forma, el derecho (y su sistema de operadores) “no es lo que dice ser, lo que cree ser, es decir, algo puro, completamente autónomo, etc. Pero el hecho de que se crea tal, y que logre hacerlo creer, contribuye a producir unos efectos sociales completamente reales”, tal como afirma Bourdieu.

Los juristas, entonces, y los medios de comunicación que reproducen la idea generando sentido, se erigen en los guardianes hipócritas de la hipocresía colectiva y sistémica. Al ser “lo universal inmaculado”, adquieren una potente fuerza social, para nada ingenua, que resguarda un orden determinado en el cual las víctimas están perfecta –y políticamente– elegidas. Todo ello, al margen de que esa otredad, enemiga del “orden social”, vaya mutando con el tiempo: delincuentes subversivos, chilenos, militantes sociales y de derechos humanos, pibes de barrios marginales, colectivos LGBTI, y un largo etcétera que siempre terminan siendo los sacer (Agamben) del sistema.

No hay más que repasar las estadísticas judiciales para observar los altos niveles de impunidad en las causas donde son víctimas esos colectivos sociales. Ello reproduce y perpetúa la violencia en diferentes modalidades: al no haber sanción y responsabilidad, habilita el mensaje de que se puede seguir sin que “pase nada”.

A la vez, y como vértice opuesto a esa impunidad, nos encontramos con tremendas dificultades para que esos mismos colectivos tengan verdadero y efectivo acceso a la justicia, que sean escuchados y que, cuando se los escuche, se les crea. En las pocas situaciones en que esto ocurre, el sistema se desinteresa de sus causas generando, en el mismo movimiento, impunidad.

El desinterés, la mirada clasista –en términos de Cossio/Marx– de un Poder Judicial que es, como se sabe, el menos democrático de los poderes del Estado y que se halla integrado por una élite con privilegios mandada a conservar el statu quo, no es más que la peor de las violencias simbólicas naturalizadas y, por tanto, poco cuestionadas.

El desinterés, la mirada clasista de un Poder Judicial que es, como se sabe, el menos democrático de los poderes del Estado, no es más que la peor de las violencias simbólicas naturalizadas y, por tanto, poco cuestionadas.

Los intentos por revertir este orden de cosas llevados a cabo en los últimos años naufragaron en la propia trampa perfecta del sistema: son los propios jueces quienes terminan resolviendo sobre esos intentos de “democratización” de un Poder que, por la propia Constitución Nacional, tiene la misión de “cerrar el debate”, es decir, posee la última palabra en el sistema democrático. Algo que alguna vez debe ser nuevamente discutido en una necesaria e imprescindible reforma constitucional.

Como señalé más arriba, en el sostenimiento de este estado de situación cumplen un importante rol los medios de comunicación, quienes, en alianza con ese Poder Judicial, devienen en los “organizadores” de un sistema violento y perfectamente direccionado a la modelación de un esquema de sociedad que, de manera inevitable, tiene millones de excluidos de los derechos fundamentales y más básicos del ser humano. Pedagogías del olvido, del simulacro, de la desmemoria, del dolor, del sufrimiento y de la deshistorización; todas, disimuladas bajo la túnica de la universalidad y la independencia, o sostenidas por discursos que proclaman la “guerra contra el crimen” o “la guerra antiterrorista”, que tributan al concepto de “guerra sucia” o “guerra antisubversiva” evidenciando las continuidades históricas de las mismas lógicas de exterminio. Meros reproductores de violencia institucional explícita y simbólica, de la más letal y genocida: la que proviene del Estado.

¿Cómo elegimos a los jueces que tienen la última palabra en el sistema? ¿Qué cosmovisión poseen? ¿A qué modelo de organización social tributan? Y, más ampliamente, ¿hablan de esto los juristas que tienen voz en los medios de comunicación masiva?

Concentrar la atención en ese costado opaco de la violencia –la que proviene del Poder Judicial– es concentrarnos, también, en graves violaciones a los derechos humanos que producen muertes, sufrimientos, desapariciones y torturas.

Hay un ejemplo que sintetiza muchísimos otros casos: el Poder Judicial muestra su claro posicionamiento ideológico cuando mantiene privada ilegítimamente de su libertad a una militante social como Milagro Sala, bajo el ropaje de que “temen que entorpezca las investigaciones”, y concede la libertad a un genocida como Miguel Etchecolatz, bajo el ropaje hipócrita de la prisión domiciliaria.

A Rodolfo Walsh le gustaba leer a los oradores romanos. Parafraseando a uno de los más destacados e imaginando la voz colectiva de los millones de excluidos-sacer, podríamos decir: “Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra”.

Guardianes hipócritas de la hipocresía colectiva.

Nota

1 “¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia?” (Cicerón).

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