BRASIL, AL LÍMITE DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN / El objetivo central del proceso que se inició con el golpe parlamentario de 2016 es neutralizar a Lula da Silva, el presidente más popular de la historia de Brasil y candidato favorito de la próxima disputa electoral, a fin de imponer la libertad del dinero a costa de la suya, pero también de la de los millones de electores que podrían o no votar por él. Mientras la atención se concentra en el accionar de tribunales y policías, el gobierno ilegítimo de Temer impone un feroz retroceso y la precarización laboral se extiende a cada derecho, al tiempo que la Justicia se desmoraliza, se cometen violaciones permanentes a la Constitución y las fuerzas de seguridad actúan con absoluta impunidad, todo al amparo de los grandes medios de comunicación. Retrato doloroso de un país en la tenue frontera entre el estado de derecho y de excepción.
Por Eric Nepomuceno
Escritor, periodista y traductor brasilero. Colaborador de Página/12 (Argentina) y La jornada (México). Publicó libros de cuentos y periodísticos. Ha sido traducido al castellano, francés, holandés, húngaro e inglés. Tradujo a Rulfo, Gelman, Galeano, Onetti, García Márquez, Giardinelli, Villoro y Cortázar, entre otros.
Fotos: Sebastián Miquel
La verdad es que ahora mismo no logro recordar el origen de la frase, pero seguramente se aplica hoy con plena razón en mi país: “Todos son iguales ante la ley, pero algunos son más iguales que otros”. Siempre me ha parecido curiosa esa manera irónica de resaltar que el Poder Judicial suele, en nombre de la justicia, cometer tremendas e intencionales injusticias. Es lo que se ve en el conturbado escenario político brasilero, cuando se sufren las consecuencias de una tremenda politización de la Justicia o una justicialización de la política, valga el neologismo.
Se trata de un viejo hábito de desvío de funciones ya bastante impregnado en el sistema judicial brasilero. Lo que llama la atención es la facilidad con que, a lo largo de los últimos tiempos, viene ganando peso y volumen inéditos, al punto de haberse transformado en foco de preocupación ya no sólo para juristas, sino para cualquier observador –y personaje– del cotidiano en mi país.
Un conjunto de factores nos llevó a la actual situación: un Poder Judicial omiso, un accionar descontrolado de la Policía Federal, que actúa en todo el territorio como policía investigativa y judicial, el Ministerio Público y sus fiscales actuando a su libre albedrío, con una atracción irremediable por un protagonismo autoritario y una búsqueda incesante de las luces de los grandes y hegemónicos medios de comunicación. Si a todo eso se suma el Congreso de más bajo nivel –en todos los sentidos: ético, moral e intelectual– de las últimas tres décadas y media, se llega a un escenario que favorece abusos de todo tipo.
El auge de esa convergencia empezó con la destitución, sin base constitucional alguna, de la presidenta legítima Dilma Rousseff, en un proceso que llegó a su fin el 31 de agosto de 2016; y culminó el pasado enero con la condena, sin prueba alguna –con base solamente en la “convicción firme” de un arbitrario juez de primera instancia y, luego, en un más que sospechoso unísono de tres magistrados de la instancia inmediatamente superior–, del expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva. Vale reiterar: sin una mísera prueba. Todo eso, siempre, contando con el silencio cómplice del Supremo Tribunal Federal, omiso frente a abusos de todo tipo cometidos por fiscales y la misma Policía Federal, y con el estruendo de la manipulación de los grandes medios hegemónicos de comunicación.
No se trata, por cierto, de un fenómeno exclusivo de Brasil. Pero gana peso específico cuando se recuerda que el blanco principal de esa operación conjunta es no sólo el dirigente que ha sido, muy probablemente, el presidente más popular de la historia de la república, sino también el que aparece hoy como el favorito absoluto para la disputa electoral de octubre, a la que difícilmente pueda presentarse.
Neutralizar a Lula, impedir a cualquier precio que vuelva a disputar votos populares y presidir el país de mayor peso económico y población de América Latina es, claramente, el objetivo central del golpe parlamentario de 2016, a fin de instaurar el neoliberalismo más radical, más fundamentalista, seguidamente rechazado por las urnas electorales desde 2002, y eliminar cualquier posibilidad de que un proyecto popular vuelva a imponerse por la vía de los votos soberanos.
Lo más preocupante de semejante escenario es que, mientras las atenciones se concentran en varios niveles –todos relacionados con el accionar de tribunales y fuerzas de seguridad–, el gobierno que asumió de manera ilegítima impone un feroz retroceso a todo lo que se construyó no sólo en los mandatos de Lula da Silva y su frustrada sucesora Dilma Rousseff, sino también en periodos anteriores.
El resultado de miles de millones de dólares invertidos en investigación y producción de petróleo y gas, para mencionar solamente un ejemplo, es regalado a las grandes transnacionales del sector, comprometiendo de manera aguda el concepto –al mismo tiempo tan vago y tan concreto– de soberanía nacional.
Otros aspectos estratégicos de importancia capital son traspasados a grandes conglomerados globales con una generosidad vergonzosa.
La brutal recesión impuesta por el gobierno surgido del golpe institucional permite que datos como la abrupta caída de la inflación se manipulen y presenten como un resultado positivo de la nueva política económica, cuando en realidad tal caída se debió esencialmente a la profunda retracción del consumo.
En enero de 2018, y por primera vez en la historia, el número de trabajadores informales superó a los que lograron mantener empleos formales. Sin embargo, la propaganda oficial menciona la creación de “más puestos de trabajo”, omitiendo la ausencia absoluta de beneficios y garantías legales.
Esa misma precarización se extiende a una vasta serie de derechos, mientras la Justicia se desmoraliza gracias a la impune y olímpica prepotencia de los excelentísimos y meritísimos señores magistrados. Y también olímpica es la impunidad con la que las fuerzas policiales actúan, violando derechos esenciales, al tiempo que en los tribunales se viola la mismísima Constitución.
A lo largo del último año y medio, las universidades fueron invadidas por la Policía Federal y rectores y exrectores sufrieron la llamada “conducción coercitiva”, es decir, fueron llevados a declarar bajo escolta policial sin que se respetara la legislación que establece que tal medida sólo puede ser aplicada cuando alguien se niega a atender una citación judicial. Hubo incluso un caso con final trágico, cuando, en octubre de 2017, el rector de la Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier, se suicidó luego de ser humillado por la Policía Federal de su provincia. Fue acusado por un profesor de poner obstáculos a una investigación interna para apurar desvíos de presupuesto. Dos meses y medio después se llegó a la conclusión de que la acusación carecía de fundamentos. La comisaria responsable del abuso, Érika Mialik Marena, en lugar de ser castigada por abuso de autoridad, fue promovida a un rango superior.
También los colegios sufren varios tipos de presión que no ocurrían desde la dictadura militar (1964-1985), frente al silencio cómplice de los medios hegemónicos de comunicación. A lo largo de todo el mapa de Brasil se suceden denuncias de que individuos extraños al ambiente estudiantil graban audios e imágenes de profesores e invitados, además, claro está, de alumnos que critican al gobierno, la Justicia y las fuerzas de seguridad. Nada de eso aparece en los diarios ni emisoras de radio, y menos, por supuesto, en las pantallas de televisión.
Lo más alarmante ocurre en la Justicia. Dice la Constitución, con todas las letras, que nadie podrá ser preso hasta que se agoten todos los recursos. O sea, hasta que las dos Cortes superiores –el Superior Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal Federal, según el caso– se pronuncien. En 2016, sin embargo, la instancia máxima, el Supremo Tribunal Federal, en una decisión dividida –seis votos favorables, cinco en contra– determinó que es posible enviar a alguien a prisión luego de la decisión en segunda instancia. Dejó de ser necesaria la existencia de indicios concretos de que el acusado en libertad seguiría cometiendo crímenes, destruyendo pruebas o se transformaría en fugitivo. El caso más claro está directamente relacionado con el expresidente Lula da Silva. Condenado sin que fuese presentada una única y miserable prueba tanto por el tribunal de primera instancia como por el de segunda instancia, recurrió a las dos cortes superiores pidiendo que se decretase un habeas corpus preventivo para impedir su prisión. El Superior Tribunal de Justicia rechazó el pedido, y hasta las vísperas del día en que se suponía que la segunda instancia ordenaría el arresto se negó a analizar el caso, en contradicción con decisiones anteriores. Junto a la libertad de Lula se puso en juego la de los ciento y pico de millones de electores que podrían o no votar por él. La libertad de elegir fue fulminada. El lema “elección sin Lula es fraude” no ha sido suficiente para conmover a los más altos magistrados, como no lo fueron las críticas y denuncias de centenares de juristas, no sólo brasileros, indicando un amplio abanico de irregularidades en el juicio que lo condenó.
Y más: desde mediados de febrero, y a raíz de una decisión puramente destinada a publicitar la imagen del presidente más impopular de la historia brasilera, Michel Temer determinó la intervención militar en Rio de Janeiro. Bajo el disfraz de pasar al control de un general del Ejército todo lo que se relacione con la seguridad pública de Rio, puso en las calles a miles de soldados fuertemente armados, amparados por tanques y blindados. Todos fueron enviados a los cordones de miseria, donde viven hacinados los abandonados de siempre; ninguno a enturbiar el paisaje dorado de las playas del sur de la ciudad, donde viven los ricos. Son áreas controladas por el narcotráfico, que actúa en visible superioridad de armas y estrategia en relación con las policías de Rio. Ese control, sin embargo, se da por algo mucho más grave, sombrío y profundo: la complicidad, a base de corrupción, entre los narcotraficantes, los mismos policías y los políticos regionales.
¿Armar un trabajo de inteligencia capaz de neutralizar esa alianza corrosiva? ¿Buscar impedir la entrada de drogas y armas en la provincia? No: la opción ha sido imponer, de forma ostensible, tropas armadas hasta los dientes en calles y callejuelas de pobreza y miseria. Las escenas matinales fueron indignantes: al alba, en la entrada de las favelas, a los niños que se dirigían a sus escuelas les revisaban las mochilas. Adolescentes y adultos que iban a trabajar debían identificarse, eran fotografiados y fichados. En nombre de la defensa de una libertad de la que ya no disfrutaban, fueron humillados. Y quizá no exista pérdida más grande, incluso de la libertad, que la pérdida de la dignidad. Porque nadie es libre si no le respetan el derecho a ser tratado como un ciudadano digno.
No, no, Brasil no vive, al menos por ahora, un estado de excepción. Pero tampoco se vive en un Estado democrático y de derecho. Vivimos en el tenue límite, en la frontera delicada entre uno y otro. No hay, al menos hasta el primer cuatrimestre de 2018, un año clave para el futuro, la amenaza de volver a los tiempos sombríos de la dictadura que nos ahogó a lo largo de largos, interminables, veintiún años. Pero hay pesados nubarrones en el horizonte. Pesadísimos.
Cuando la Justicia no se respeta a sí misma, cuando los jueces disfrutan de beneficios que no por legales dejan de ser inmorales, cuando la presidenta del Supremo Tribunal Federal, la meritísima Cármen Lúcia Antunes Rocha, recibe en su hogar, un sábado y fuera de la agenda oficial, a un presidente que responde en la corte que ella preside por dos denuncias de corrupción, es investigado en otros dos casos y tiene su sigilo bancario abierto por orden de otro magistrado del mismo tribunal, queda claro que sí, sí, en Brasil todos son iguales frente a la ley, pero algunos son más iguales que otros.
¿Cómo hablar de libertad en un país donde los propios jueces, en todos los niveles, no respetan la Justicia?, ¿cómo hacerlo cuando se ve con qué facilidad los principios elementales de esa misma Justicia son violados cada dos por tres? ¿Podrá existir libertad sin Justicia?
Dicen que el expresidente uruguayo José Mujica cierta vez dijo que la libertad es libre. Yo oí antes la misma frase contada por mi hermano Eduardo Galeano, que a su vez la oyó de una de sus nietas. En Brasil, la libertad es cada vez menos libre. Y se ve que cuanto más libre anda esa figura fantasmal llamada “mercado”, menos libre es la gente. De eso se trata: asegurar la libertad del dinero, al precio que sea.
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