ESCENARIOS / El Comunicado Conjunto de septiembre de 2016, suscrito en el marco de la política exterior llevada a cabo por la excanciller Susana Malcorra bajo el falaz paradigma del descongelamiento de las relaciones bilaterales con Gran Bretaña, viola la Disposición Transitoria Primera introducida en la Reforma Constitucional de 1994. La carta previa de la primera ministra Theresa May al presidente Macri es la seña de las vergonzosas concesiones plasmadas en este contrato de adhesión a los requerimientos británicos, que atenta contra el ejercicio pleno de soberanía establecido como objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
Por Guillermo Carmona
Diputado nacional por la provincia de Mendoza desde 2011 (bloque Frente para la Victoria-PJ). Vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación.
Mauricio Macri accedió a la Presidencia de la Nación prometiendo reinsertar a la Argentina en el mundo. Partía de la evaluación de que el país se había aislado durante los gobiernos anteriores, quedando excluido de los beneficios de la globalización. Insistió durante sus años de oposición en que la Argentina se había alineado con una suerte de “eje del mal” y había “chavisado” su política exterior. Sostenía que los costos de esos errores los pagaba el país en términos de reputación internacional. El proceso de integración regional era criticado por exceso y por defecto. El énfasis puesto en la política por los presidentes y presidentas progresistas era considerado un exceso de declamación ideologizada. La supuesta falta de resultados económicos, especialmente en el MERCOSUR, fue evaluada como el defecto principal del proceso.
El candidato Mauricio Macri no incluyó referencias a Malvinas en su campaña. Evitó involucrarse en el debate del tema de la soberanía argentina sobre el archipiélago cuando desde el Frente para la Victoria se intentó reinstalar los conceptos que había vertido en 1997, en una entrevista con Página/12, en la que decía no entender el planteo de la soberanía territorial en un país con una superficie tan extensa. Recién al final de la campaña electoral, días antes de la segunda vuelta, se conoció el paso por Londres de uno de sus principales asesores en temas internacionales, Fulvio Pompeo, comprometiéndose con el gobierno conservador británico en la concreción de modificaciones sustanciales en la política relativa a Malvinas en el caso de que Macri accediera a la presidencia.
La promesa de una “lluvia de inversiones” fue la tierra prometida por el candidato de Cambiemos a los electores argentinos. Ese sería el resultado más palpable de la reorientación de la política exterior del país.
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Ya en el gobierno, Macri avanzó rápidamente en la reconfiguración del posicionamiento internacional de la Argentina. Podemos identificar como principales referencias de la nueva orientación los siguientes ejes de acción: el realineamiento tras los Estados Unidos, el hostigamiento a Venezuela, el guiño cómplice a la derecha brasileña que terminó desalojando a Dilma Rousseff de la presidencia, el allanamiento a las pretensiones de los fondos buitre mediante el reconocimiento y pago de una deuda que hasta entonces había sido cuestionada, el restablecimiento de la relación con los organismos multilaterales de crédito y el regreso de las auditorías del Fondo Monetario Internacional, la remodelación del MERCOSUR para constituirlo en plataforma del libre comercio en la región, y el “descongelamiento” de la relación con el Reino Unido. Los resultados están siendo calamitosos: pérdida de autonomía frente a los grandes centros de poder político, económico y financiero, e inicio de un ciclo de desintegración regional. Y la “lluvia de inversiones” nunca se produjo.
El “factor” Malcorra
Macri sorprendió con la designación de Susana Malcorra como ministra de Relaciones Exteriores y Culto. Tal decisión fue presentada por el gobierno como ejemplo de la nueva impronta de la política exterior, al destacarse a través de la proficua labor de la prensa oficialista el importante rol que Malcorra venía desempeñando en Naciones Unidas como jefa de gabinete del secretario general.
Por entonces se desconocían dos delicadas cuestiones respecto de la nueva canciller. Por un lado, los cuestionamientos que en el organismo afectaban su posición como consecuencia de un escandaloso caso de encubrimiento del abuso de menores cometido por fuerzas de mantenimiento de la paz en República Centroafricana. Visto en perspectiva, la salida de la funcionaria argentina para asumir la máxima responsabilidad en la política exterior de su país parece haber sido una oportunidad para minimizar el impacto de la inminente decisión de la Comisión de Expertos que analizaba el caso. Si bien la Comisión no sugirió la aplicación de sanciones para la exjefa de Gabinete, señaló graves incumplimientos en sus deberes.
Macri no incluyó referencias a Malvinas en su campaña. Evitó involucrarse en el debate cuando desde el Frente para la Victoria se intentó reinstalar los conceptos que había vertido en una entrevista con Página/12, en la que decía no entender el planteo de la soberanía territorial en un país con una superficie tan extensa.
Por otro lado, pronto trascendió la aspiración de la canciller a ocupar el lugar que su exjefe Ban Ki-moon dejaría vacante en Naciones Unidas. Rápidamente, el gobierno presentó tal situación como un primer resultado de la “nueva” política exterior. En esos tiempos se conocieron una carta de la primera ministra británica Theresa May dirigida a Macri y el Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016. Hay que recordar que Gran Bretaña es uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con poder de veto.
Tanto los cuestionamientos a la actuación de Malcorra como su pretensión de conducir la organización marcaron profundamente el primer año de su gestión, finalizada, luego de su renuncia, el pasado junio. Además, su campaña a la Secretaría General se introdujo como un factor exógeno en la apertura del diálogo con el Reino Unido.
El “descongelamiento” de las relaciones bilaterales
Macri y su gobierno afirman que la Argentina protagoniza un proceso de “descongelamiento” de la relación con el Reino Unido. El encuentro de enero de 2016 en el Foro de Davos con quien era en ese momento el primer ministro británico fue exhibido como el comienzo de una nueva etapa de construcción de una agenda positiva entre ambos países. La cuestión Malvinas fue groseramente presentada por Malcorra como parte del 20% de las cosas en las que hay desacuerdo con los británicos. La desmalvinización de la relación bilateral apareció como la piedra de toque de la “nueva” relación. En los trascendidos del encuentro de los dos mandatarios todo remitía a la vieja política de relacionamiento del menemismo: paraguas de soberanía y política de seducción hacia los isleños.
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Hablar de “descongelamiento” es pretencioso y no ajustado a la realidad. La negativa del Reino Unido a abrir el diálogo y las negociaciones por la cuestión Malvinas ha sido el motivo principal de lo que el macrismo denomina “congelamiento” de la relación durante los gobiernos kirchneristas. Por lo tanto, no se ha descongelado nada: el Reino Unido mantiene su reticencia a introducir en la agenda bilateral el tema. Y el gobierno argentino lo acepta jubilosamente.
Malcorra afectó gravemente la posición de reivindicación de soberanía que debía representar y concedió ventajas a la potencia que usurpa, explota y militariza nuestro territorio.
En realidad, estamos ante un proceso de dislocación de la relación bilateral, es decir, ante una alteración sustancial y traumática del modo de vinculación entre ambos países. La reivindicación de soberanía es dejada a un costado y se crea, una vez más, la ficción de que no hay disputa.
El punto crítico de este enfoque es que el gobierno de Macri incurre en una flagrante violación de la Constitución Nacional. La Disposición Transitoria Primera, introducida con la Reforma Constitucional de 1994, impone compromisos ineludibles a los argentinos, los que deben considerarse agravados para aquellos que ejercen la función pública. Establece como objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino la recuperación del ejercicio pleno de soberanía. Por eso, todo lo que contribuya a afianzar la presencia británica en los territorios usurpados va en contra de nuestra Constitución. Sin embargo, Malcorra optó por volver a la Declaración Conjunta de las Delegaciones de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 19 de octubre de 1989 en Madrid.
La carta de May a Macri: un acuerdo que es adhesión
La carta de Theresa May –enviada en agosto de 2016– coincide textualmente con lo “acordado” en el Comunicado Conjunto, que es en realidad lo “concedido”. Podría calificarse perfectamente como un contrato de adhesión a las condiciones requeridas por los británicos.
En efecto, en el Comunicado suscrito por Cancillería argentina puede leerse que “se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. Ambas Partes enfatizaron los beneficios de la cooperación y de un compromiso positivo de todos los involucrados”. Se concede en lo referido a las “conexiones aéreas entre las Islas Malvinas y terceros países en la región”, y en la delicada cuestión de la remoción de “medidas restrictivas para la producción de hidrocarburos” en la zona. El único esfuerzo hecho por Macri y Malcorra consistió en intentar justificar lo injustificable.
A esta altura de las circunstancias, ha quedado claro que los denominados “obstáculos” son las leyes aprobadas por el Congreso de la Nación destinadas a la protección de los recursos naturales argentinos: la Ley Nº 24.992 de pesca y su modificatoria 26.386, y la Ley Nº 26.659 de hidrocarburos y su modificatoria 26.915.
Volver a la política de Estado
El gobierno de Macri, con una vergonzosa actuación de la excanciller, del exvicecanciller y de la Cancillería en su conjunto, ha desconocido y vulnerado la Constitución Nacional, ignorado las resoluciones internacionales que favorecen la posición argentina, y pretende dejar sin efecto leyes nacionales y decisiones administrativas y judiciales que garantizan la titularidad de los recursos naturales para la Argentina. Malcorra afectó gravemente la posición de reivindicación de soberanía que debía representar y concedió ventajas a la potencia que usurpa, explota y militariza nuestro territorio. Sus pretensiones en la ONU fracasaron. Todo indica que nuestro país pagará la factura de esa aventura irresponsable si no logramos que queden sin efecto los malos pasos dados.
Una política exterior representativa de los intereses nacionales implica ineludiblemente poner la soberanía, la autonomía y la integración regional como valores y objetivos fundamentales. De allí la prioridad de la cuestión Malvinas como tema estructural de la política nacional en relación con el mundo.
Es necesario volver a la política de Estado. La Constitución Nacional y el camino diplomático recorrido en Naciones Unidas y otros foros internacionales son nuestra estrella polar y nuestra guía.
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