JUSTICIA, (IN)SEGURIDAD Y CRIMINALIDAD ECONÓMICA / Mientras el pibe de gorra se vuelve paradigma de la inseguridad, los empresarios y banqueros que realizan maniobras evasoras y defraudatorias no son percibidos como delincuentes. La comunicación sesgada de la decisión político-criminal que opta por la persecución de los más vulnerables es la clave por la que estos, y no los responsables del gran daño que genera el fraude fiscal, se convierten en los depositarios de todos los males de la sociedad.
Por Carlos Gonella
Fiscal general, Ministerio Público Fiscal de la Nación. Titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos 2012-2016, evaluador de sistemas anti-lavado de activos certificado por el GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica).
Fotos: Sebastián Miquel
Si uno le preguntara a cualquier ciu- dadano/a quiénes son para él/ella los responsables de la inseguridad, existen grandes posibilidades de que la respuesta sea: el arrebatador, el motochorro, el pibe de mochila y gorra que anda dando vueltas, o cosas por el estilo. Este tipo de respuesta constituye un lugar común y se encuentra conformado por la acción de varios actores sociales relevantes, como los medios, los/as políticos/as y el Servicio Público de Administración de Justicia, sobre todo penal.1
Ahora, si reformulamos cualitativamente la pregunta y consultamos sobre los factores que generan la inseguridad, quizá no tengamos respuesta. De lo que hay certeza es de que esa persona difícilmente considere como causantes-reproductores de inseguridad a los empresarios evasores, a los bancos que planifican, ofrecen y ejecutan dispositivos para facilitar la fuga de riqueza negra (evasión de impuestos) o sucia (del crimen organizado), a los profesionales del derecho o la economía que prestan sus servicios para crear empresas cáscara por donde esa riqueza fluye y termina depositándose en las guaridas fiscales, a los agentes de bolsa que utilizan sus conocimientos técnicos para consumar enormes fraudes bursátiles, ni a los políticos corruptos, etcétera.
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Quien haya tenido la singular experiencia de visitar una cárcel del país o la región, habrá advertido sin mayor esfuerzo cuál es el perfil socio-económico-cultural que define la población carcelaria: pobres, excluidos, marginales, en fin, vulnerables socioeconómica y culturalmente. No hay, salvo escasas excepciones, gente rica y poderosa en la cárcel.2 La razón es muy simple: no se trata de gente vulnerable, tiene dinero para corromper, educación para simular y capacidad de lobby sobre el sistema. La sociedad no identifica al empresario evasor con un delincuente, ni a un banquero o agente de bolsa que defrauda al mercado de capitales con un estafador. La realidad es que son conceptual y fenomenológicamente delincuentes. El problema es simbólico: no tienen visibilidad como tales.
Los ciudadanos no advierten que las maniobras de criminalidad económica afectan gravemente al sistema social, porque no reciben de la justicia penal el mensaje de que está dispuesta a perseguirlas.
Ello se explica por distintos factores, entre los cuales se destacan unos que atañen directamente al sistema de justicia penal. En términos psicológicos, para un magistrado promedio, sea juez o fiscal, resulta más cómodo criminalizar a los vulnerables. La razón es muy simple: los pobres no tienen capacidad de incidir negativamente sobre la tranquilidad o el perfil social del magistrado, no tienen posibilidad de difamarlo en los medios, ni cuentan con asesoramiento de abogados “prestigiosos” para diseñar estrategias de impunidad. En términos económicos, los delincuentes ricos destinan recursos para comprar su impunidad; y en términos culturales, el sistema judicial está mayormente conformado por élites privilegiadas que ingresaron al sistema en base a la lógica endogámica.
De acuerdo con las condiciones socioeconómicas de la población, se podría afirmar que existe mayor grado de asimilación entre el agente judicial promedio y los ricos que delinquen, que entre aquel y los pobres que delinquen. Para evitar malas interpretaciones en torno a lo que se acaba de decir, trataré de brindar una explicación adicional.
Las decisiones judiciales se encuentran influidas por los rasgos socioeconómicos y culturales de quienes las adoptan. Estos rasgos constituyen el factor homogeneizador que caracteriza al recurso humano promedio del sistema judicial, y determinan el modo en que se procesa y da respuesta a los conflictos sociales que subyacen a los conflictos jurídicos. Si la administración de justicia se encontrara integrada por mayor proporción de personas de extracción popular, el modo de respuesta sería menos homogéneo, más plural y democrático.
Tal vez la antropología podría hacer un aporte útil para la comprensión de esta temática si relevara los documentos en que se encuentran plasmadas las decisiones judiciales, a fin de indagar si existe –tal como se intuye expresamente más arriba– una linealidad histórica condicionada por los rasgos socioeconómicos y culturales de la clase social que imparte justicia. Incluso se podría contrastar esa linealidad con la realidad de las cárceles.
Condicionadas por esta variedad y complejidad de factores, las decisiones político-criminales (definición sobre los destinatarios de la persecución penal) que el sistema judicial adopta y emite a través de los medios son captadas por la sociedad. El problema es que la recepción del mensaje se produce de modo sesgado, pues el sistema de justicia penal no explica las razones por las cuales decide perseguir a unos y deja de perseguir a otros. Ese momento es central porque en él finaliza el proceso que define a los responsables de la inseguridad pública, a quienes se atribuye la razón de ser de todos los males sociales.
La gente, con razón, clama por justicia ante el juez o el comisario y le pide que meta preso al pibe chorro que le arrebató la cartera. Ve a este como el paradigma de la inseguridad. Pero no reacciona de igual modo ante un acaudalado empresario que defraudó impositivamente al Estado por una cifra millonaria, o ante un banco, o ante los contadores y abogados que prestaron sus servicios para permitir la fuga de mil millones de dólares.
Los/as ciudadanos/as no advierten que estas maniobras afectan gravemente al sistema social, porque no reciben de la justicia penal (a través de los medios) el mensaje de que está dispuesta a perseguirlas. Por lo tanto, queda sin explicar la tremenda dañosidad social que genera el fraude fiscal, que priva al Estado de una enorme riqueza que podría destinar en políticas públicas para beneficio del bien común. Debido a este sesgo pedagógico-comunicativo, la sociedad percibe al empresario evasor o al banquero que facilita delictivamente la fuga de capitales como un profesional que vive en barrios cerrados y se maneja en autos lujosos debido a su éxito y prestigio social.3
Sin embargo, la evasión fiscal, los grandes fraudes financieros, el lavado de dinero, la corrupción y las restantes manifestaciones de la criminalidad económica constituyen las principales causas generadoras de la desigualdad social y, por tanto, de la inseguridad pública. Para hacer más equilibrado el esquema de distribución de violencia que el Estado desencadena a través de sus instituciones, los organismos que integran el Servicio Público de Administración de Justicia deberían reorientar sus objetivos y definir entre sus ejes político-criminales la persecución de aquellos fenómenos delictivos que mayores efectos predatorios causan en el sistema social.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación ha tomado esa decisión, lo que se ve materializado en la existencia de numerosos equipos de trabajo especializados en el abordaje de la criminalidad económica, la trata y explotación de personas, la violencia institucional, los delitos de lesa humanidad, la violencia de género, la criminalidad informática, etcétera.
Notas
1 Además del proyecto “Acuerdo de Seguridad Democrática” (un foro integrado por referentes de diversos partidos políticos, ONG, Universidades nacionales, etcétera, que desde hace varios años elabora propuestas en materia de seguridad pública) y el “Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad” de la UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo), no se conocen propuestas, diagnósticos o acaso planificaciones serias para abordar el problema de la (in)seguridad pública.
Véase: www.asd.org.ar y http://umet.edu.ar/nucleo-de-estudios-de-gobierno-y-seguridad-negys/.
2 Estoy convencido hace tiempo de que la pena de encierro no constituye un modo adecuado para resolver los conflictos jurídico-sociales, ni para ricos ni para pobres, a excepción de las graves violaciones a los derechos humanos. Pero en este caso tampoco se trataría de una solución, sino de un dispositivo con efecto simbólico para generar conciencia respecto de que los graves atentados contra la humanidad no pueden quedar impunes.
3 Esto es lo que Juan S. Pegoraro llama la “función positiva” del delito económico organizado, en su interesante libro Los lazos sociales del delito económico y el orden social, Eudeba, Buenos Aires, 2015.
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