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Una reforma agraria al revés

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Por C. Ciappina / LOS DUEÑOS DE LA TIERRA EN PARAGUAY / El Paraguay era el único país de Latinoamérica con una sólida clase de familias campesinas arrendatarias del Estado. Ciento cincuenta años después, cuenta con el récord mundial de concentración de la tierra. De la nación sin terratenientes a la más desigual del mundo.

LOS DUEÑOS DE LA TIERRA EN PARAGUAY / El Paraguay era el único país de Latinoamérica con una sólida clase de familias campesinas arrendatarias del Estado. Ciento cincuenta años después, cuenta con el récord mundial de concentración de la tierra. De la nación sin terratenientes a la más desigual del mundo, un análisis del proceso brutal que se inició con el genocidio de la Triple Alianza y una Constitución liberal.

Por Carlos Ciappina
Historiador, especialista en historia de América Latina.

Fotos: Sebastián Miquel

En el corazón de América del Sur, la conformación de una élite terrateniente en el Paraguay fue la excepción a la regla: un proceso tardío forzado por las potencias vecinas.

El territorio que hoy ocupa el Paraguay fue inicialmente invadido por los conquistadores españoles, que en su afán de llegar a la ciudad del oro y la plata (en el relato de los pueblos originarios, el cerro de Potosí) avanzaron sobre territorio indígena desde la costa del Brasil y desde el Río de la Plata.

Incorporado al Virreinato del Perú como gobernación y luego al del Río de la Plata (con capital en Buenos Aires), el Paraguay vivió en un aislamiento relativo de las grandes corrientes económicas del Imperio español en América del Sur. Lejos del circuito del oro y la plata y eclipsado por los puertos de Montevideo y Buenos Aires, el Paraguay colonial se cerró sobre sí mismo con un rasgo distintivo: los mayores terratenientes de la etapa colonial fueron los misioneros jesuitas, quienes desde 1587 hasta su expulsión en 1767 se dedicaron a la construcción y expansión de las misiones que nucleaban a guaycurúes y guaraníes, un experimento de transformación y conversión basado en incorporar la lengua y los modos de organización indígena al manejo de grandes extensiones de tierra que se encontraban a cargo de los propios jesuitas.

Este modo particular de conquista finalizó abruptamente cuando la Corona española decidió que las misiones se parecían mucho a un Estado dentro del propio Estado absolutista y expulsaron a los jesuitas.

La élite terrateniente colonial era, pues, muy débil y dependía de las mitas y yanaconazgos (modos de trabajo indígena semiesclavo) que la Corona habilitaba a los dueños de la tierra a cambio de un impuesto.

La independencia produjo un cambio único en el modo de posesión de la tierra en América del Sur: atenazado entre el riesgo de invasión por parte de los terratenientes del Imperio del Brasil y temeroso del poder de la élite de Buenos Aires asociada al Imperio británico, Gaspar Rodríguez de Francia desconoció las Cédulas Reales a favor de los terratenientes y reestatizó las tierras privadas. Al mismo tiempo, traspasó al Estado las tierras de las ex misiones jesuíticas de modo tal que para fines de su largo gobierno (1811-1843) no existía propiedad privada de la tierra en el Paraguay: el 99% estaba en manos del Estado, que, a su vez, las arrendaba a los campesinos por plazos y para explotaciones determinadas. En el Paraguay, la independencia de la Corona española dio paso a una matriz societal estadocéntrica en la cual la élite terrateniente heredada de la colonia perdió todo su poder.

Los gobiernos de Francisco Solano López y Antonio Solano López (1843-1870) profundizaron esta matriz desde un capitalismo mercantilista: el Estado controlaba la circulación de bienes exportables, se hacía cargo de los emprendimientos considerados “clave” (ferrocarriles, puertos, producción de armamento, industria del hierro, explotación minera) y, siguiendo el camino de Rodríguez de Francia, profundizaba la entrega de tierras en arriendo y establecía que una porción de ellas sería explotada por el propio Estado –las Estancias de la Patria– a la vez que el ganado y los granos producidos se utilizarían para alimentar a los campesinos en situación de pobreza.

El Paraguay llega a 1865 como el único país de Latinoamérica sin clase terrateniente, con una robusta clase de familias campesinas arrendatarias del Estado en condiciones muy favorables para sí mismas, y con los pueblos indígenas de las ex misiones trabajando en comunidad. Una sociedad con un crecimiento poblacional interno notable (la misma población que la Argentina de la época en menos de la mitad del territorio).



Este “mal ejemplo” no debía durar y no duró. El liberalismo mitrista de la Argentina junto a los liberales (colorados) uruguayos aliados con el Imperio del Brasil se propusieron destruir este experimento social que bloqueaba el proyecto societal apadrinado por Gran Bretaña: la conformación de sociedades agrarias productoras de bienes exportables en manos de una élite terrateniente anglófila e integrada a las necesidades del mercado británico.

Durante cinco años (desde 1865 hasta 1870), Paraguay fue invadido por las fuerzas conjuntas de Argentina, Brasil y Uruguay con el respaldo de las armas y el financiamiento británico: la derrota de Francisco Solano López lo dejó totalmente destruido y a su población reducida en uno de los grandes genocidios del siglo XIX latinoamericano.

Las élites de las naciones triunfantes se encargaron de “reconstruir el Paraguay”: la Constitución liberal de 1870 (escrita prácticamente bajo la ocupación argentino-brasileña) establece su apertura aduanera al exterior, deroga las leyes que habilitaban la confiscación de tierras por parte del Estado y, sobre todo, declara “inviolable” la propiedad privada. Bajo esta nueva Constitución, la ley de 1875 autorizó al Poder Ejecutivo a sacar a la venta las tierras que estaban en arriendo a sus ocupantes o a quienes pudieran pagarlas. Esta primera ley transfirió un número importante de tierras que arrendaban los campesinos a aquellos terratenientes argentinos, brasileños y paraguayos que tenían el dinero para adquirirlas.

El decreto ley de 1885 completó el proceso: ordenaba la enajenación de todas las tierras “públicas”. Cientos de miles de hectáreas fueron adquiridas por nacionales y extranjeros. Varios pueblos y familias que ocupaban las tierras públicas desde hacía décadas las perdieron, y muchos de ellos (pueblos enteros) quedaron dentro de los límites de los nuevos latifundios y sus habitantes, como meros peones. Las comunidades indígenas fueron de las más afectadas por la imposibilidad de “adquirir” las tierras en las que vivían.

En 1991, el 1,55% de los propietarios de la tierra po­seía el 81,32% de las mismas. Pero, dieciocho años después, el censo señalaba que el 85,5% de la tierra estaba en manos del 2% de los propietarios.

En apenas quince años, el Paraguay pasó de ser una nación sin terratenientes a ser un país con una nueva élite terrateniente nacional y extranjera orientada a la producción de algodón, la cría de ganado en grandes estancias y la explotación maderera. Esa élite garantizaría de allí en adelante que el Estado protegiera y ampliara sus intereses. Se iniciaba, como en los países vecinos, la república oligárquica.

Un siglo de expansión del latifundio y de resistencias

Desde fines del siglo XIX, el latifundio paraguayo no paró de crecer en detrimento de las comunidades agrícolas y campesinas. Así, se constituye un mundo agrario en el que coexisten las enormes tierras en manos de muy pocos, junto a un número de minifundios que se agrupan en las zonas menos favorables o en aquellas pocas en que los campesinos y sus comunidades poseían algún título o derecho adquirido.



En muy pocas oportunidades el Estado intentó mejorar la situación de los campesinos sin tierras. El coronel Rafael Franco lleva a cabo en 1936 la primera reforma agraria: diez mil familias accedieron a la propiedad de la tierra de entre diez a cincuenta hectáreas. El gobierno de Franco duró un año y siete meses.

Durante la larga dictadura de Stroess- ner (1954-1989) se creó el Instituto de Reforma Agraria, que no logró dotar de tierras ni títulos de propiedad consolidados a las familias campesinas. La continua expansión del latifundio expulsaba población hacia Asunción y los países limítrofes. De esta forma, la élite terrateniente garantizaba (con el exilio económico) que el conflicto de la tierra no estallara.

El modelo extractivista actual y la élite terrateniente: sojización y ganadería vs. economía familiar

Los datos, los simples datos relevados por el propio Estado paraguayo, muestran la terrible situación actual de la posesión de la tierra. En el año 1991, el 1,55% de los propietarios de la tierra poseía el 81,32% de las mismas. Pero, dieciocho años después, el censo de 2008 señalaba que el 85,5% de la tierra estaba en manos del 2% de los propietarios. Paraguay posee hoy el récord mundial de concentración de la tierra... y el proceso sigue.

En el censo de 1991 había registradas 307.221 fincas de pequeños y medianos propietarios. En el año 2008, esa cifra había disminuido a 289.666. Medidas en hectáreas, las cifras son asombrosas: los latifundios crecieron 9.118.992 ha y las pequeñas y medianas propiedades se redujeron en 409.665 en sólo dieciocho años.

En otras palabras, ya vendidas o entregadas a la élite la casi totalidad de tierras disponibles, ahora la presión de los terratenientes va sobre las pequeñas y medianas propiedades que estaban consolidadas como tales. Paraguay vive hoy una reforma agraria al revés.

¿Por qué?

Paraguay es hoy, en el año 2016, el cuarto exportador mundial de soja detrás de Estado Unidos, Brasil y Argentina. Ocupadas las tierras tradicionales, los terratenientes sojeros (de nacionalidad paraguaya y brasileña) han talado 1.200.000 hectáreas de selva subtropical. En particular los empresarios brasileños han ocupado enormes extensiones introduciendo la agricultura a escala industrial en asociación con las grandes corporaciones agrícolas transnacionales. Paraguay exporta el 96% de la producción de soja y gran parte de su población no se alimenta lo suficiente.

Cada año, nueve mil familias de la economía campesina son expulsadas de sus tierras, por la agresión de los terratenientes o a causa de la pobreza (otra forma de agresión), y deben emigrar hacia los centros urbanos o quedar presas como peones del agronegocio sojero.

Sobre la clásica élite terrateniente ganadera y algodonera se ha constituido una nueva clase terrateniente de empresarios extranjeros, de nacionalidad brasileña. Exportan a través de Brasil y pagan impuestos allí. Del Paraguay sólo ocupan la tierra, desmontan la selva y expulsan a los campesinos que las poseían. Es práctica común utilizar indiscriminadamente los pesticidas que ya han demostrado su toxicidad en otros países de América Latina.

Dos modelos productivos y un conflicto permanente

Dos modelos productivos excluyentes entre sí, desiguales en medios, posibilidades y apoyos por parte del Estado, conviven hoy en Paraguay. Por un lado, una agricultura familiar, en la modalidad de subsistencia, que desarrollan familias de agricultores con superficies no mayores a veinte hectáreas. Esta agricultura se caracteriza por la producción de rubros de autoconsumo con mano de obra familiar, baja tecnología, sin utilización de químicos y/o plaguicidas, y muy escaso o nulo apoyo del Estado. Por el otro, la agricultura empresarial y mecanizada, que se despliega en grandes latifundios de monocultivo, basada en la exportación, con alta utilización de tecnología, insumos químicos, maquinaria, y con el apoyo y/o la protección del Estado y las empresas agrícolas extranjeras.

Mundos diferentes en un mismo país, y, muchas veces, viviendo uno al lado del otro.

Organización, resistencias y luchas campesinas: de las ligas agrarias a Caraguatay y el futuro

El avance permanente de las élites terratenientes no se hace sin obstáculos y resistencias: la mayoría de las organizaciones campesinas actuales en el Paraguay se originaron con las Ligas Agrarias de base cristiana que se sintieron llamadas a organizarse a partir de la Teología de la Liberación. Estas Ligas proponían la distribución de la tierra y la solidaridad entre las familias campesinas, cuestionando la producción individualista y, en definitiva, el modo capitalista.

Fueron brutalmente perseguidas por la dictadura de Stroessner (incluso con la “ayuda” de las dictaduras brasileña y argentina).

A partir de 1989, con el fin de la dictadura stronista, las organizaciones campesinas e indígenas retoman la experiencia de las Ligas Agrarias y comienzan a organizarse y reclamar la distribución de las tierras y la reforma agraria.

En la década de los noventa, con el avance de la sojización se producen grandes movilizaciones en Asunción y las organizaciones modifican sus procedimientos de lucha, optando por iniciar las ocupaciones de tierras a la vez que por reclamar los instrumentos legales para la reforma agraria.

La Masacre de Caraguatay mostró el límite que la élite terrateniente y sus aliados (fuerzas de seguridad y medios masivos de comunicación) pretendieron ponerle a la recuperación de tierras de las organizaciones campesinas.

La modalidad de las ocupaciones permitió que en el período 1989-2008 las organizaciones campesinas recuperaran tierras para más de veinte mil familias. En todos los casos, sin el apoyo del Estado y con una legalización forzada por la presencia campesina.

Con la llegada al Gobierno del primer presidente que no provenía del Partido Colorado (Fernando Lugo), el proceso se aceleró. No tanto por la profundización de las políticas desde el Estado como por la vocación del gobierno de Lugo de reconocer rápidamente las ocupaciones campesinas.

Caraguatay como caso clave

La ocupación campesina de Marina Cué (tierras públicas ilegalmente ocupadas por el presidente del Partido Colorado) desencadenó una represión brutal con la muerte de diecisiete personas (entre campesinos y policías). Una rápida movida del Partido Colorado en alianza con los medios comunicacionales hegemónicos decidió avanzar para poner fin a las ocupaciones, lo que terminó con un golpe institucional que acabó con el gobierno de Lugo. La denominada Masacre de Caraguatay mostró el límite que la élite terrateniente y sus aliados (fuerzas de seguridad y medios masivos de comunicación) pretendieron ponerle a la recuperación de tierras de las organizaciones campesinas.

Terratenientes, Parlamento, fuerzas de seguridad y medios hegemónicos forzaron el fin de las tibias reformas de Fernando Lugo.

El agronegocio sigue creciendo y expandiéndose a partir de 2012, pero también las organizaciones campesinas e indígenas que hacen escuchar su voz.

El futuro no está dicho para la nación que alguna vez no tuvo terratenientes.

Para seguir el tema
Riquelme, Quintín (2003). Los sin tierra en Paraguay. Conflictos agrarios y movimiento campesino. Buenos Aires: CLACSO.
Soler, Lorena (2007). “La familia paraguaya. Transformaciones del Estado y la nación de López a Stroessner”.
En: Ansaldi, Waldo (dir.). La democracia en América Latina. Un barco a la deriva. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Rojas, Luis (2013).”Demandas de tierras en el Paraguay”. Asunción: Movimiento regional por la tierra.
Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri) (2012).
“Paraguay: golpe de Estado y asesinatos. Multinacionales del agronegocio y resistencia Campesina”.
En: Soberanía Alimentaria, biodiversidad y culturas. Asunción: Vía Campesina-Plataforma Rural-GRAIN.

Fuentes en la red
E’a digital.
http://demoinfo.com.py/paraguay-pais-de-una-desigual-distribucion-de-la-tierra/
https://canalazul24web.wordpress.com/2015/12/25/la-guerra-de-la-soja-en-paraguay-comienza-desde-las-plantaciones/
https://laradiodelsur.com.ve/2012/02/13/


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