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Al gran pueblo argentino, Justicia

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Por Pablo Llonto / VOTO POPULAR Y JUICIO POR JURADOS / La ausencia de participación ciudadana en relación con el sistema judicial se manifiesta tanto en el proceso de elección de sus integrantes como en la falta de implementación plena del juicio por jurados establecido en la Constitución Nacional. Tiene como resultados desde la desconfianza en la Justicia, hasta...
VOTO POPULAR Y JUICIO POR JURADOS / La ausencia de participación ciudadana en relación con el sistema judicial se manifiesta tanto en el proceso de elección de sus integrantes como en la falta de implementación plena del juicio por jurados establecido en la Constitución Nacional. Tiene como resultados desde la desconfianza en la Justicia, hasta el sesgo de clase de las condenas y sentencias que se esperan por décadas. Y como principal resistencia, a una corporación partidaria de formas de legitimación poco transparentes, alejada de todo control real.

Por Pablo Llonto
Periodista y abogado en causas por crímenes de lesa humanidad.

Fotos: Sebastián Miquel

Cuando uno dice Justicia popular, algunos reaccionan preguntando: “¿Tribunales populares, vos decís?”. “Sí, de alguna manera, sí”, les respondemos. Pero, en verdad, la cuestión es un poco más diversa.

Si hay sobre la tierra algún poder del Estado que le escapa a la democracia es el Poder Judicial. Usted vota para elegir presidente, diputado, senador, intendente, concejal, consejero escolar, presidente del club, miembro de la cooperadora, secretario de acción social del sindicato, secretario de fiestas de la mutual. Eso sí, nunca en su vida votará por los hombres y mujeres que decidirán sobre su libertad, su cuerpo, su matrimonio o su jubilación.

Los argumentos para impedir que el voto popular consagre a los jueces, les otorgue mandato, los convierta en revocables y humanos y los ponga en su lugar se nutren de conceptos tan elitistas como medievales. Por ejemplo, Martín Böhmer, profesor de la UBA, dice que “para que los ciudadanos acepten y obedezcan un fallo de un juez, tienen que percibir al Poder Judicial como una autoridad que da muestras de imparcialidad”. Según su parecer, la imparcialidad provendría de la elección en manos de unos señores que saben mucho de derecho. En pocas palabras, todo el bendito fracaso hasta la fecha.

Ni siquiera al ex ministro de la Corte Raúl Zaffaroni le gusta la idea. Alguna vez la calificó de “disparate” y sostuvo que “daría lugar a una demagogia vindicativa y a una corrupción terrible”.

Cuando Cristina Fernández mandó el proyecto de elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, la corporación de abogados saltó hasta los techos, los medios hegemónicos hablaron de copamiento de la Justicia y la Corte, en 2013, sentenció por mayoría: “La doctrina de la omnipotencia legislativa que se pretende fundar en una presunta voluntad de la mayoría del pueblo es insostenible dentro de un sistema de gobierno cuya esencia es la limitación de los poderes de los distintos órganos y la supremacía de la Constitución”. La llamada “sanata judicial”.

El proyecto consistía en la elevación a diecinueve de los miembros del Consejo de la Magistratura (actualmente son trece y no se eligen en forma directa), y disponía la elección de doce de ellos por el sufragio popular, dividiéndolos en representantes de los jueces, representantes de los abogados y representantes de las organizaciones académicas. Digamos que se trataba de un tibio e incompleto sistema de elección popular. Pero ni eso permitieron.

Entre los fundamentos que proponía Cristina se mencionaba que “los miembros del Consejo de la Magistratura expresen más fielmente la voluntad popular, fuente de toda soberanía”.

En 2011, Bolivia dio un gran paso en el sentido que proponemos. Se votó por los veintiocho cargos del Tribunal Supremo de Justicia, por el Tribunal Constitucional, por el Tribunal Agroambiental y por el Consejo de la Magistratura. ¿Es que los bolivianos estaban de trasnoche? No, simplemente reformaron su Constitución en 2011, terminaron con el monopolio de los magistrados seleccionados por el Congreso y entraron en la misma línea que algunos estados de los Estados Unidos que aplican este sistema. No son pocos. Hay al menos treinta y nueve de los cincuenta estados yanquis que realizan algún tipo de elecciones para cargos judiciales. Treinta y ocho por elecciones para el tribunal supremo (Corte) del estado. Siete estados celebran elecciones con los candidatos a jueces postulándose como miembros de un partido político, y catorce celebran elecciones separadas de las elecciones por partido político.

Entre los fundamentos del proyecto que proponía Cristina Fernández se mencionaba que “los miembros del Consejo de la Magistratura expresen más fielmente la voluntad popular, fuente de toda soberanía”.
¿Son los únicos? Ni modo. Ahí tenemos a algunos cantones suizos con el mismo ejemplo y las acertadas experiencias desarrolladas en la Francia de 1790 y en la Unión Soviética.

La idea de una reforma constitucional, ya sea a niveles provinciales o nacional, que modifique las arcaicas estructuras de nuestra Justicia elitista podría recibir ayuda de antiguas consideraciones más lúcidas. Si vamos a Colombia, podemos hallar la Constitución Política de la Nueva Granada de Bogotá de 1853, que en su Capítulo III, al hablar de elecciones, decía: “Artículo 13. Todo ciudadano granadino tiene derecho a votar directamente, por voto secreto y en los respectivos periodos: 1º. Por el Presidente y Vicepresidente; 2º. Por Magistrados de la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la Nación; 3º. Por el Gobernador de la respectiva provincia; 4º. Por el Senador o senadores, y por el Representante o representantes de la respectiva provincia. La Ley determinará las épocas y formalidades de estas elecciones”. Una maravilla de sistema democrático, justo cuando aquí, en el mismo año, se hacía lo contrario. También Colombia perdió su oportunidad, dejó de lado aquella Constitución, y hoy naufraga en el mismo descontrol de magistrados del privilegio.

No hay país en el mundo que desconozca el desprestigio de sus jueces. Justicia lenta, nunca en contra de los ricos, cárceles llenas de pobres, ancianos que reclaman su sentencia por años. Pero como se trata de un asunto manejado por abogados, catedráticos, corporaciones judiciales y la inevitable mano de los políticos que llegan a legisladores y se asustan de tanto asesor abogado que les silba al oído la misma melodía (“El pueblo se puede equivocar y elegir malos jueces”), jamás surgen iniciativas que impulsen el voto popular para elección de juezas y jueces.

Nuestro contraataque es casi invencible: “¿Y qué me decís de los miles de jueces inservibles que han pasado por este mundo? A muchos de ellos hubo que soportarlos de por vida”. Los argentinos y argentinas nunca olvidaremos a Carlos Fayt, el juez de la Corte Suprema. Y no por la brillantez de sus fallos, sino porque se quedó en la Corte treinta y dos años, nueve meses y veinte días, y llegó al extremo de encapricharse en su salida (consumada el 10 de diciembre de 2015), cuando a los noventa y siete años ya no concurría a los Tribunales y cobraba un sueldo de “ñoqui” de al menos 220.000 pesos. Fue desde su retiro un jubilado de ultra-ultra privilegio, que jamás pagó Impuesto a las Ganancias gracias a su propio voto cuando le tocó resolver el tema en la Corte.

Por estos días, con la furia desatada de los medios hegemónicos y un sector de la clase media dispuesto a los linchamientos de jóvenes asaltantes, se nos dice que hablar de estas cuestiones es despertar al león. “¿Te imaginás? –acotan–. Hoy elegirían a los jueces que prometan meter prisión perpetua a todo arrebatador de celulares que corra por las calles”.

Podríamos responder que esos son los riesgos de la democracia, pero preferimos que la reflexión vaya por otro lado: “¿Y ustedes se creen que desde 1853 en adelante, o desde 1983 en adelante, nuestras juezas y jueces fueron electos bajo la luz de la transparencia?”. Miremos al reciente mamarracho que Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, llevó adelante para encarcelar a su mayor opositora política, Milagro Sala. El radical utilizó las penumbras para completar su Corte Suprema a dos días de asumir. “Fue entre gallos y medianoche, y es literal, ya que la ampliación del Superior Tribunal se votó sorpresivamente a las cuatro de la madrugada”, dijo el legislador jujeño Ariel Ruarte cuando vio que varios de los nuevos integrantes de la Corte jujeña eran legisladores que habían votado, horas antes, la ampliación de la Corte para que ¡entraran ellos mismos! La ampliación le permitió nombrar a cuatro de los nueve jueces del Superior Tribunal. Se trata de cuatro personajes de la UCR: Pablo Baca y Beatriz Altamirano, quienes eran legisladores radicales hasta el 18 de diciembre; Federico Otaola, que en 2011 fue candidato a vicegobernador en la fórmula de la UCR; y la actual presidenta Clara De Langhe de Falcone, legisladora radical hasta 2010.

La otra enorme ausencia democrática de nuestra Justicia es el juicio por jurados. Impuesto en nuestra Constitución Nacional (artículos 24, 75 y 118), por el momento es una gran fantasía argentina, disipada levemente en las provincias de Córdoba, Chaco, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. Es decir, no en todas ellas funciona a pleno.

¿A qué se le tiene miedo? Evidentemente, a que el pueblo, de a poco, se empodere de sentimientos y opiniones de justicia que el sistema le ha quitado.

Cuando los encuestadores en Estados Unidos consultaron a jurados, recibieron respuestas que afirman que no tomaron decisiones arbitrarias ni por prejuicios. La mayoría de ellos aseguró que su decisión se basaba en la prueba y en su intercambio de opiniones con los demás.1

Delegar justicia en manos de abogados con formación mayoritariamente antipopular quizás explique por qué el 81% de “los encuestados” –según la nada revolucionaria encuesta de la hiperelitista UADE– desconfía de los jueces.

Entonces, si tenemos desconfianza en la Justicia, jueces que no se eligen democráticamente y juicios y sentencias que duran décadas, digamos que las cartas están echadas. Es cuestión de empezar hoy mismo a levantar las pancartas: Justicia popular, ahora y siempre.

Nota

1 Ver Stefany Malagnino (2016). “Juicio por Jurados: la importancia de implementar el modelo clásico-anglosajón con voto unánime para fortalecer la participación popular”. En: En Letra Nº 6. Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Jurídicas y Sociales de la UBA.

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