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El gran narco argentino

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CASO TESTIGO (L. García Itzigsohn) / Mientras el Gobierno que declama luchar contra el tráfico de drogas emula a las élites mexicanas y enajena de sus funciones al organismo antilavado, el caso de Carlos Salvatore, condenado en 2015 por la megacausa “Carbón Blanco”, es la seña de que el narcotráfico sólo se combate neutralizando su financiamiento.

CASO TESTIGO / Carlos Salvatore no es sólo el abogado condenado en 2015 por la megacausa “Carbón Blanco”, sino el líder de una asociación ilícita investigada por múltiples delitos derivados del blanqueo de dinero proveniente del contrabando de cocaína. Mientras el Gobierno que declama luchar contra el tráfico de drogas emula a las élites mexicanas y enajena de sus funciones al organismo antilavado, este caso es la seña de que el narcotráfico sólo se combate neutralizando su financiamiento.

Por Lucía García Itzigsohn
Periodista. Integrante de Red PAR (Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista).

Fotos: Sebastián Miquel

Terratenientes de alcurnia conviven en refinados barrios porteños junto a nuevos ricos que ostentan fortunas de ingresos diversos. Pocas se han hecho al calor del trabajo esforzado. La especulación financiera, que ahora vuelve a ser rentable, no alcanza a explicar el origen del dinero cuyos poseedores no tienen modo de justificar. O no tenían, claro, cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) investigaba el lavado y tenía montado un sistema de alerta con bancos, inmobiliarias, escribanías y otras entidades para detectar las operaciones sospechosas que eran debidamente denunciadas. Ahora, en una UIF conducida por Mariano Federici, quien fue abogado del Fondo Monetario Internacional tal como ostenta en su currículum, y por María Eugenia Talerico, que omitió en sus antecedentes el detalle de haber trabajado –o continuar haciéndolo– para el HSBC, esas alertas se relajaron y no se conocen avances en la persecución del delito de quienes ingresan fondos ilícitos al mercado legal.

La construcción del problema del narcotráfico es también un tópico de élites. La guerra a las drogas declarada por Richard Nixon ha impregnado el modelo de las élites mexicanas que reduce toda la conflictividad social al tráfico de estupefacientes y, en ese gran agujero negro, justifica la violencia estatal y paraestatal.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su “equipo” intentan emular esa lógica. Se los puede ver en una fotografía reciente con cientos de paquetes de sustancias y custodiados por dos ¿tortugas ninjas? Una imagen que evoca la idea maniquea de un delito por fuera de la trama de las relaciones económicas del capitalismo. Una simulación que está lejos de abordar el consumo de drogas como un problema de salud pública y de atender sus causas sociales, emparentadas con las dinámicas de una sociedad de consumo en la que los propios sujetos se piensan a sí mismos como objetos.

Transformar el complejo mundo del narcotráfico en un dibujo animado de buenos y malos evita también poner el foco en el verdadero motor: el negocio. Se trata de uno de los circuitos económicos más rentables del mundo, al que le son inherentes las prácticas de lavado de dinero sin las cuales no podría sostenerse. La caricatura del jefe narco, con anteojos plateados y bigote, distribuyendo él mismo los paquetes de cocaína, simplifica un circuito en el que participan múltiples actores con tareas específicas, que muchas veces se desconocen entre sí y que sacan su tajada, tanto más grande cuanto más alto en la cúspide se encuentran.



¿Es casual que los medios refuercen estereotipos tales como el de Pablo Escobar Gaviria o el “Chapo” Guzmán? Claro que son traficantes de drogas. Pero no se trata de supervillanos ajenos al contexto. Pertenecen a organizaciones que sostienen estructuras económicas en base al delito e involucran a otros actores más “prestigiosos”, invisibilizados por los relatos mediáticos.

En Argentina se investigan por lavado de dinero vinculado al narcotráfico infinidad de empresas de los más variados rubros. Desde Oda, la constructora de Nordelta, hasta el club Real Arroyo Seco de Santa Fe. Honrados ejecutivos que viven en countries renombrados no resistirían una inspección sobre sus intempestivas fortunas si se llevara a cabo.

“Abogado de personas”

En pleno barrio de Belgrano, Melián al 2100, vivía antes de que la prisión domiciliara le fuera revocada el abogado Carlos Salvatore. Fue defensor de Raúl Martins, el ex agente de la SIDE denunciado en causas de trata de personas por su propia hija, Lorena, quien sostuvo que su padre aportó dinero a la campaña porteña de Mauricio Macri en 2011 y, con consecuencia, brindó información en defensa de las mujeres que han sido y son víctimas de explotación sexual en los prostíbulos que el mismo regentea en México y Argentina.

La lectora, el lector, tal vez no haya escuchado nunca su nombre, Carlos Salvatore, aunque seguramente recordará la mención periodística de la megacausa “Carbón Blanco”, operación millonaria de tráfico de cocaína desde Quitilipi, Chaco, hasta España y luego Portugal, camuflada en cargamentos de carbón vegetal, por la que fue condenado el 17 de septiembre de 2015.

Ese día, luego de tres meses de audiencias orales, los jueces del Tribunal Oral Federal de Resistencia Eduardo Belforte, Luis González y Aldo Alurralde sentenciaron a Salvatore a la pena de veintiún años de prisión. También condenaron a Patricio Gorosito a diecinueve años, a Héctor Roberto y Juan Carlos Pérez Parga a diecisiete, y a Rubén Esquivel a doce. Todos fueron hallados responsables del delito de “asociación ilícita en concurso real con el delito de contrabando de estupefacientes agravado por la cantidad y la pluralidad de los partícipes”.

Con la determinación de ese delito como precedente, la causa “Carbón Blanco” dio lugar a una investigación por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, a cargo de la jueza federal de Saenz Peña, Chaco, Zunilda Niremperger.

Fue resonante el episodio que se conoció a través de escuchas judiciales en el que Salvatore amenazó de muerte a la jueza. En una conversación con su esposa, Silvia Susana Valles Paradiso, Salvatore dijo:

–Yo los voy a sacar, después la mato a ella, pero primero los saco a ustedes.
–Bueno, tenemos todos los teléfonos pinchados, así que por las dudas... –le advirtió ella.
–No me importa. No me importa. Yo pago este homicidio. Lo pago este homicidio, pero ella se muere.

La jueza federal de Chaco, prestigiosa por su trabajo sobre tráfico de personas, lejos de amedrentarse continuó en su tarea y trabó el mayor embargo por lavado: 1.600 millones de pesos.

Salvatore fue detenido por la Justicia federal en diciembre de 2012, en el edificio Cetro Real, situado en el centro de Rosario. Iba a buscar su Volvo al estacionamiento del supermercado. El 16 de marzo de 2015 se realizaron 39 allanamientos en Buenos Aires, Santa Fe y Santiago del Estero. Uno de ellos en el domicilio del empresario futbolístico Patricio Gorosito, fundador del club Real Arroyo Seco y socio de Salvatore en el negocio de narcotráfico, quien tan sólo un día después, el 17 de marzo, fue excarcelado por un fallo de la Cámara de Casación y recluido en su domicilio ubicado en la calle Tres de Febrero al 1200, en la localidad de Arroyo Seco, veinte kilómetros al sur de Rosario.

La investigación de la causa “Carbón Blanco” se inició tras la denuncia de la Dirección General de Aduanas, el 13 de marzo de 2012. El expediente se abrió después de que las fuerzas de seguridad de Portugal y España incautaran cuatrocientos kilos de cocaína ocultos en un cargamento de carbón de la empresa Carbón Vegetal del Litoral SRL, proveniente de Quitilipi, que tenía como destino final el puerto catalán.

El tráfico de drogas a gran escala implica una estructura económica que no puede sostenerse si no es mediante el lavado de dinero: es necesario poner en circulación legal el activo obtenido de negocios ilegales.

En la causa por lavado derivada de la de narcotráfico, Zunilda Niremperger investiga las más de sesenta empresas creadas en Argentina y Estados Unidos para blanquear el dinero obtenido del contrabando de cocaína. La legislación argentina establece en la Ley 25.246 del Código Penal, promulgada el 5 de mayo de 2000, que para investigar el delito de lavado de activos debe haberse establecido previamente el delito que dio origen al capital que está siendo blanqueado. Muchas veces este requisito demora y traba el avance de los procesos porque se abren dos expedientes paralelos en juzgados diferentes con toda la burocracia que implica la circulación de la documentación. Tal vez esa sea una de las razones por las que hay tan pocas sentencias por lavado en Argentina. Desde 2000, año en que se promulgó la legislación, fueron cinco las condenas. Una cada tres años. Parece que para el Poder Judicial tiene sus complejidades incorporar legislación nueva.

“Yo siempre fui abogado de personas, siempre. Nunca me dediqué a ninguna otra cosa”, alegó desde el portero eléctrico Carlos Salvatore, respondiendo a las preguntas de movileros televisivos en busca de una primicia del narcotraficante que amenazó a Niremperger. En el Juzgado Federal Nº 4 de Capital Federal, a cargo de Ariel Lijo, se abrió un nuevo expediente para investigar si existió un plan para asesinar a la jueza. La magistrada declaró públicamente que, antes de la amenaza registrada a través de la escucha telefónica, Salvatore había intentado sobornarla. “A través de terceros, propusieron darme cuatro millones de dólares”, dijo.

“No la quiero matar, no puedo matar una mosca”, se defendió él. “Nunca la quise matar, hace tres días que no escuchaba a mi mujer, estaba desesperado. La magistrada sabe que yo no puedo matar a nadie. No puedo matar a nadie”. La estrategia de la victimización estaba en marcha. “Estoy enfermo del corazón, grave, lo dijo la Corte Suprema a través de sus juntas médicas, que fueron como diez”.

La ruta del dinero

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) consideró que la creación de la sociedad de responsabilidad limitada Carbón Vegetal del Litoral es “el hecho objetivo más relevante de la voluntad de la organización”, y sostuvo que fue “concebida a los fines de brindar una ‘pantalla’ a la realización de los designios criminales de la organización”. Los analistas de la UIF determinaron que el blanqueo se canalizaba, en un primer momento, a través de las empresas familiares de construcción, y que entre 2009 y 2011 Salvatore diversificó y amplió sus rubros, una “condición para optimizar la maniobra”. Entre sus múltiples inversiones, fue propietario de la productora CS Entertainment, que participó de la realización de la película de animación Plumíferos, hecha en Argentina.

Salvatore fue imputado por “estafa procesal” en 2006. Dos años después, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora ordenó investigarlo por entender que había “pruebas suficientes para sospechar que utilizaba empresas a fin de legitimar activos provenientes del contrabando de estupefacientes”.

La jueza Niremperger evaluó que los implicados “habrían convertido, transferido, administrado, vendido, disimulado o aplicado de cualquier otro modo desde el año 2005 hasta la fecha de su detención, bienes, dineros, acciones societarias”, entre otras cosas, y que “serían provenientes del producido de la ilícita actividad del narcotráfico”.

Hoy Salvatore está detenido en Ezeiza, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal integrada por Gustavo Hornos, Luis María Cabral y Ana María Figueroa revocara el beneficio del arresto domiciliario. La resolución contempla que esté alojado en un “área especialmente acondicionada del complejo penitenciario de Ezeiza”, debido a que es paciente cardíaco, sufre de hipertensión arterial, úlcera gástrica, diverticulosis colónica, colon irritable y trastornos obsesivos compulsivos.

El tráfico de drogas a gran escala implica una estructura económica que no puede sostenerse si no es mediante el lavado de dinero: es necesario poner en circulación legal el activo obtenido de negocios ilegales. Desarticular el narcotráfico es, por lo tanto, neutralizar su financiamiento.

Alejandro Montiel, abogado querellante en representación de la UIF, explica que “la compra y venta de inmuebles es una de las tipologías estandarizadas en materia de lavado de activos”. En 2011, la cuenta de Pure Visión S.A. –una de las “firmas pantalla”, según el expediente– registró depósitos irregulares por 657.984 pesos. La empresa, dedicada a la importación de sandalias de goma EVA, tenía un solo proveedor en el exterior: New Support Services Inc., de Miami, Estados Unidos. Dos accionistas de la empresa están imputados en una causa en Argentina por contrabando y asociación ilícita. En 2013, la cuenta bancaria de la empresa Saint Maxime S.A., propiedad de Salvatore, registró un ingreso injustificado por 259.074 pesos.
No se trata de moralinas bienintencionadas ni de corrección política. El problema del lavado de dinero es que habilita una economía paralela más salvaje que el capitalismo de mercado. Expone a trabajadoras y trabajadores a una desregulación absoluta que se parece mucho a la esclavitud. Opera por fuera de la ley intercambios que van desde la explotación de los cuerpos a la venta de drogas y armas sin medir consecuencias, con el exclusivo criterio de la acumulación. Omitir actuar contra el lavado es exponer a miles, millones de personas en el mundo, a la explotación más absoluta. Ahora mismo.

Nota
La nota que aquí se presenta forma parte de una investigación más amplia realizada por la autora sobre los casos de lavado de dinero en los que intervino la Unidad de Información Financiera (UIF) durante la presidencia de José Sbattella. La misma se encuentra en proceso de escritura.




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