MÁS ALLÁ DE LA LÓGICA ENDOGÁMICA / En el Poder Judicial, la designación de familiares en cargos relevantes es una práctica naturalizada y consentida. Sin embargo, a la familia judicial no la conforman sólo los parientes de los funcionarios ni tampoco los de abogados de alcurnia, los operadores y grandes estudios jurídicos. Los dos grupos que hoy disputan poder en el fuero federal porteño son una muestra de que algunas ligazones suelen ser tan poderosas que no requieren lazos de sangre.
Por Néstor Espósito
Periodista. Trabaja para la agencia DyN, Radio Del Plata y el diario Tiempo Argentino (cooperativo).
Fotos: Sebastián Miquel
La designación de parientes en cargos en el Congreso o en áreas del Gobierno es considerada, de manera casi unánime, nepotismo. Y cuestionada como tal, incluso con oleadas de indignación.
En el Poder Judicial se trata de una práctica natural, aceptada y consentida, a tal punto que, cuando la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, implementó el sistema de “ingreso democrático” a las fiscalías, la propia Asociación de Fiscales puso el grito en el cielo.
Sin embargo, algo crujió a mediados de este año en el corazón del Poder Judicial: la Corte designó al frente de una “Secretaría Judicial de Relaciones de Consumo” (una dependencia nueva cuyas funciones no están claramente determinadas porque no existe aún un ámbito concreto de labor) a Elena Nolasco. “Elenita”, la hija de la jueza Elena Highton de Nolasco. Los secretarios de la Corte Suprema son los que llevan a la práctica y al papel las decisiones de los jueces. Se trata de cargos apetecidos y apetecibles. Cobran 88.145,34 pesos, a los que hay que sumarles antigüedad y pluses varios. Exentos del impuesto a las ganancias, 45 días de vacaciones por año y una obra social exclusiva a la que no puede adherirse ningún trabajador que no pertenezca. Porque, en el Poder Judicial, pertenecer tiene sus privilegios.
¿Por qué se enojó la segunda línea de la Corte con “Elenita”? Porque consideró que no estaba capacitada para tal cargo, porque tal cargo todavía no existía en la práctica, porque había aspirantes de la propia “familia judicial” con mejores aptitudes, y, sobre todo, porque es la hija de la única mujer jueza de la Corte.
Lo consideraron “too much”. Se produjo un ruido interno que amenazó con trascender más allá del cuarto piso del Palacio de Tribunales, pero finalmente terminó solucionándose como es habitual en estos casos: conformando a los disconformes.
La “familia judicial” es como la corrupción o los puestos de venta de drogas. Todos saben que existe, muchos conocen dónde está, pero, cuando alguien la menciona, la tendencia abrumadora es negarla.
En el grupo vinculado a los servicios de inteligencia aparece el integrante de la Comisión Directiva de Boca Juniors, Darío Richarte. El presidente de Boca es Daniel Angelici, señalado por Carrió como el “operador” del Gobierno de Macri en la Justicia.El de “Elenita” es apenas un caso. Pero hay otros en los que incluso la llegada a cargos relevantes fue la consecuencia de concursos, en el Consejo de la Magistratura o en la Procuración General de la Nación, que –en teoría al menos– son transparentes. Así llegó a juez de San Martín en junio de 2015 Emiliano Ramón Canicoba, el hijo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, y a fiscal de primera instancia Matías Di Lello, el hijo del fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello. Son sólo dos casos; hay muchos otros a lo largo de toda la geografía argentina. Bastará con recorrer la guía judicial de los juzgados federales y nacionales de la Capital Federal para encontrarse con decenas de apellidos de prosapia tribunalicia repetidos en distintos cargos.
¿Son sólo familiares de funcionarios judiciales? Claramente no. Los parientes son una mayoría, porque la cercanía del poder posibilita un nivel de favores y negociación fluido. Pero también hay parientes de abogados de alcurnia judicial, operadores y grandes estudios. De hecho, todos los abogados que aparecen a diario en los medios de comunicación pasaron por tribunales, aunque más no fuera como “pinches”. Completan su formación académica haciendo una suerte de “residencia”, que –además– desde hace casi una década es rentada. Antiguamente existían los “meritorios”, una suerte de esclavos modernos que entraban a trabajar a un juzgado haciendo tareas menores, administrativas, como un entrenamiento laboral. No percibían sueldo y los empleados de los juzgados hacían mes a mes una “vaquita” para que financiaran sus gastos.
Así, por ejemplo, empezó su carrera el ex juez federal Norberto Oyarbide. Era el mejor de todos; a él le daban tareas más complejas porque se perfilaba con un futuro enorme. La realidad rumbeó después para el lado que se le antojó.
En el fuero federal porteño hay dos grupos informales que discuten poder a diario. De un lado aparece un sector vinculado a los servicios de inteligencia que durante gran parte del período 2003-2015 actuaron a favor del kirchnerismo y que cuando eclosionó la SIDE cruzaron de vereda. De hecho, hoy muestran cercanía con el actual Gobierno. En ese grupo aparece el ex integrante de la Auditoría General de la Nación, Javier Fernández, y el integrante de la Comisión Directiva de Boca Juniors, Darío Richarte. El presidente de Boca es Daniel Angelici, señalado por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió como el “operador” del Gobierno de Mauricio Macri en la Justicia.
El otro grupo aparece liderado por Alfredo “Freddy” Lijo, el hermano del juez federal Ariel Lijo.
Ni de un lado ni del otro hay familiares en cargos relevantes. Tampoco los necesitan: a menudo las “familias” superan sus propios contornos y tienen ligazones tan poderosas que ni siquiera requieren lazos de sangre.
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