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La soberanía del capital

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Por Roberto C. Salvarezza / EL DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA / Un país periférico productor de materias primas y sometido a los centros financieros internacionales, sin capacidad de desarrollar tecnología, construir pensamiento crítico y tomar sus propias decisiones. Tal es el rol que los países dominantes le asignan a la Argentina y también el que asume el gobierno de Cambiemos, que desde...
EL DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA / Un país periférico productor de materias primas y sometido a los centros financieros internacionales, sin capacidad de desarrollar tecnología, construir pensamiento crítico y tomar sus propias decisiones. Tal es el rol que los países dominantes le asignan a la Argentina y también el que asume el gobierno de Cambiemos, que desde 2015 trabaja para “insertarla en el mundo”. Desinversión, asfixia presupuestaria, despidos, congelamiento de proyectos y achicamiento de estructuras constituyen este panorama desolador en el que la ciencia se pone al servicio de las empresas multinacionales y los investigadores se convierten en empresarios, siempre a expensas de la soberanía científica y en favor de la dependencia.

Por Roberto C. Salvarezza
Doctor en bioquímica e investigador superior del CONICET. Fue presidente de este organismo desde 2012 hasta 2015. Actualmente es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires (Frente Unidad Ciudadana).

Fotos: Sebastián Miquel

Transitamos ya el segundo año de la restauración del proyecto neoliberal para Argentina. Las consecuencias para el sistema científico-tecnológico que tanto costó reconstituir en los doce años del gobierno nacional y popular se hacen sentir en toda su dimensión. El proyecto impulsado por el Estado que involucraba el conocimiento basado en educación-ciencia-tecnología-innovación como un elemento central para el desarrollo soberano de nuestro país, y que alcanzó logros destacables en materia satelital, aeronáutica, nuclear, de biotecnología en salud y alimentos, se ha detenido.

El panorama es desolador. En algunas áreas ya comenzó el desmantelamiento de los ejecutores de desarrollos tecnológicos estratégicos, encontrándose bajo presión por despidos de personal y cierre de plantas (Fabricaciones Militares FANAZUL y Villa María), proyectos sin horizonte por falta de “socios” (FADEA) o “demorados” (ARSAT, Nucleoeléctrica).

En paralelo, los organismos de ciencia y técnica (CyT) que generan conocimiento son asfixiados presupuestariamente. En el INTA, la CONEA y el CONICET, por ejemplo, el presupuesto apenas alcanza para pagar sueldos y becas. En el INTI y el SENASA la situación es aún peor, con despidos de personal altamente capacitado y con muchos años de antigüedad, y planes de privatización de las actividades que desarrollan.

Las cifras de inversión en CyT del gobierno de Cambiemos así lo demuestran: el porcentaje del presupuesto nacional destinado a esta función pasó del 1,53% en 2016 –último presupuesto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner–, al 1,40% en 2017 y 1,22% para 2018. Hoy se necesitarían más de 8.000 millones de pesos adicionales para alcanzar una situación de financiamiento similar a la que teníamos en 2015. Los organismos han detenido o disminuido sustancialmente los procesos de expansión y crecimiento, y se encuentran amenazados por despidos de personal y achicamiento de estructuras.


El MINCyT abandona el plan Argentina Innovadora 2020 elaborado durante el gobierno anterior por el mismo ministro, sin tener aún otro alternativo. Cientos de jóvenes científicos que creyeron en el crecimiento del sistema para alcanzar niveles de investigadores cercanos a los de los países desarrollados –uno de los objetivos del plan 2020– quedan en el camino, sin horizonte. Recién habrá nuevo plan en dos años. Más improvisación, imposible para un Ministerio de Ciencia que trabaja sobre el mediano y largo plazo. El ministro, que se quedó para continuar las políticas de Estado con la condición de que le otorgaran presupuesto, hoy admite públicamente que esto no ocurrió: estamos en un “contexto de ajuste”, dice en los medios.

Esta situación ha sido denunciada por nuestra comunidad en reiteradas oportunidades. En diciembre del año pasado, tal cual sucedió en la entrega de 2016, los premiados Houssay entregamos una carta al presidente Macri reclamándole que cumpliera su promesa de campaña de elevar al 1,5% del PBI la inversión en CyT y que no dejara a los jóvenes científicos sin futuro. Lo hacíamos sabiendo del nuevo recorte que se avecinaba con el presupuesto 2018. En la carta le recordábamos las palabras de Houssay acerca de que aquellos países que no invierten en ciencia y técnica son pobres.
En el discurso de entrega de los premios, el presidente sorprendió a todos diciendo que había duplicado el presupuesto del MINCyT, cuando en términos reales, considerando la inflación récord del 70% durante sus dos años de mandato, este disminuyó un 16%. Negar lo evidente es una característica de este gobierno. En la misma línea, el jefe del interbloque oficialista Cambiemos, en su discurso de cierre para la aprobación de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, destacaba la necesidad de que Argentina se inserte en el mundo mediante “la innovación en sus productos” para ser competitiva. Sólo dos días después, ese mismo interbloque lograba sancionar la ley del Presupuesto 2018 que incluyó un nuevo recorte en CyT. En la apertura de las sesiones del Congreso el 1º de marzo de este año, las palabras “ciencia”, “tecnología” e “innovación” estuvieron ausentes del discurso del presidente.

Las decisiones del gobierno muestran claramente que está dispuesto a comprar la tecnología en el extranjero sacrificando la capacidad de nuestros científicos y tecnólogos. Como ejemplos basta mencionar el congelamiento de proyectos nucleares, la demora en la construcción del ARSAT III y la compra de aviones a Estados Unidos por millones de dólares en lugar de avanzar en la construcción de los Pampa nacionales. El gobierno justifica las demoras y cancelaciones proclamando que busca socios privados para estos emprendimientos, a sabiendas de que, aun en los países centrales, el inversor en proyectos tecnológicos de gran impacto es el propio Estado. Es decir, los condena al fracaso sin decirlo. Pero más aún, delega funciones soberanas que afectan a todos los ciudadanos. Así, los artículos importados sobre los cuales el INTI ejercía el rol de control del Estado podrán ser certificados por laboratorios extranjeros.

Esta decisión beneficia a los países centrales y sus industrias, para los cuales Argentina podría convertirse en un competidor incómodo, en particular si se asocia con otros países de la región. Es parte de las condiciones para el “apoyo internacional” que recibe este gobierno: resignar los desarrollos científico-tecnológicos soberanos. Estas decisiones afectan también el trabajo al discontinuar proyectos nacionales y desmantelar las pymes que se habían consolidado como proveedoras en torno a estas actividades. Lo sucedido con la demora en construir Atucha III es un ejemplo.
¿Tendremos que volver a explicar lo regresivo que significa en materia de soberanía carecer de un sistema de ciencia y tecnología propio? Un sistema capaz de aportar innovación a los productos –primarios o industriales– que genera nuestro país a fin de tornarlos competitivos, que pueda ser consultado por el Estado a la hora de tomar decisiones sobre medioambiente, salud o nuevas tecnologías –como fue y es el caso del voto electrónico–, o que monitoree en forma independiente la evolución de las condiciones sociales y económicas y alerte a la sociedad sobre las consecuencias de las políticas que implementan los gobiernos. Por cierto, esto último preocupa a Cambiemos y sus mentores del FMI, quienes, para garantizar el pago del capital y los intereses que genera el vertiginoso endeudamiento externo, descargan todo el ajuste sobre los sectores más vulnerables de la población. Esto explica el ataque oficial a las ciencias sociales que lo denuncian, y también la agresión directa a economistas que estudian la evolución regresiva que está sufriendo Argentina.

Por el contrario, la ciencia que quiere el gobierno, acompañado por el converso ministro del área y sus colaboradores, es una ciencia aséptica, al servicio de las empresas multinacionales con las cuales financia proyectos conjuntos, a la vez que transfiere recursos del sector público al privado. También pretende que los investigadores se conviertan en empresarios creando empresas tecnológicas cuyo futuro será ser compradas a valor mínimo por las multinacionales luego de que el Estado haya invertido por años en el desarrollo de los proyectos.

La prensa oficial muestra el camino a seguir. Así, toma como ejemplo el de un puñado de emprendedores argentinos que se financian en Estados Unidos y cuyo brillante futuro es establecerse en Silicon Valley. Naturaliza la extranjerización de la innovación sin explicar que la ausencia de capital de riesgo en nuestro país obedece a las altísimas tasas de interés que fija el Banco Central. Por otra parte, sin desmerecer dichos emprendimientos, su escala e impacto son pequeños en comparación con los proyectos que el Estado nacional desarrollaba y que podrían cambiar en un futuro el perfil de nuestro país. Revela también una lógica individualista, ligada al libre mercado, en contraposición a una concepción de la ciencia y la tecnología dirigidas desde el Estado y orientadas a generar el desarrollo soberano de nuestro país en beneficio de todos los ciudadanos.

El gobierno de Cambiemos está desmantelando el sistema científico-tecnológico argentino, una decisión no admitida públicamente pero evidente en los hechos. Acepta así el rol que los países dominantes nos asignan en el mundo: de país periférico productor de materias primas y sometido a los centros financieros internacionales. Un país sin capacidad de desarrollar tecnología, sin capacidad de crítica, sin capacidad de tomar sus propias decisiones, sin soberanía.

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