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Una república sin pueblo

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Por Darío Pignotti / EL RÉGIMEN POSDEMOCRÁTICO EN BRASIL / El 4 de marzo, cuando el poder policial-judicial utilizó la fuerza del Estado para intimidar a Lula da Silva, fue el golpe antes del golpe. Seis meses después, Dilma Rousseff era derrocada por el voto de 61 senadores que desconocieron la voluntad de 54,4 millones de electores. Entre ambos acontecimientos, 179 días como lance inicial de una avanzada cuyo...
EL RÉGIMEN POSDEMOCRÁTICO EN BRASIL / El 4 de marzo, cuando el poder policial-judicial utilizó la fuerza del Estado para intimidar a Lula da Silva, fue el golpe antes del golpe. Seis meses después, Dilma Rousseff era derrocada por el voto de 61 senadores que desconocieron la voluntad de 54,4 millones de electores. Entre ambos acontecimientos, 179 días como lance inicial de una avanzada cuyo objetivo es lograr, por la vía jurídica, la proscripción de quien es el actor central de la política brasilera desde hace casi tres décadas.

Por Darío Pignotti
Periodista, corresponsal desde Brasilia. Doctor en Comunicación por la Universidad de San Pablo. Especialista en Integración Latinoamericana por la UNLP y en Periodismo Internacional por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona).

Fotos: Christian Braga

La democracia extinta. Dilma Rousseff fue derrocada por el voto de 61 senadores –más de un tercio de ellos con prontuario judicial– en el juicio político finalizado el 31 de agosto de 2016, un año y ocho meses después de haber iniciado su segundo mandato presidencial. Ese mismo día juró con prisa Michel Temer, sin pronunciar discurso alguno ni calzarse la banda verde y amarilla que en circunstancias normales debió haber recibido de su antecesora, quien, además de estar ausente en la ceremonia, lo definió como “traidor, golpista e intruso”.

Ese 31 de agosto se cerraba un capítulo importante, no el último, del envión sedicioso iniciado casi seis meses antes, a principios de marzo, con la detención de Luiz Inácio Lula da Silva ordenada por su perseguidor, el juez Sergio Moro.

A las seis de la mañana del viernes 4 de marzo, agentes con armas largas, apoyados por un helicóptero, irrumpieron en el departamento de Lula en São Bernardo do Campo, la ciudad del cordón industrial paulista donde reside desde los tiempos en que dirigía el sindicato de metalúrgicos en la década de 1970, para llevarlo por la fuerza (innecesaria) hasta una sede policial. La figura legal invocada para detenerlo fue la “traslación coercitiva”, que se aplica a aquellos acusados (Lula por entonces no lo era) que se rehúsan a declarar después de varias citaciones u ocultan su paradero.

El traslado fue transmitido en tiempo real a través de una cadena nacional formada por televisoras privadas. Las tomas urgentes de camarógrafos buscando el rostro de Lula ladeado por federales dentro de una camioneta policial eran reforzadas por reporteros que, de tan excitados, parecían estar cubriendo la captura del Chapo Guzmán tras fugarse del presidio de máxima seguridad del Altiplano, y no de un político con agenda pública y domicilio conocido que días antes había propuesto presentarse ante el juzgado donde se sustancia la causa por el escándalo de corrupción en perjuicio de Petrobras. “Me sentí un prisionero”, declararía Lula a poco de recuperar la libertad tras unas cinco horas de interrogatorio.


La escenificada aprehensión fue, en rigor, un balón de ensayo dentro del plan desestabilizador que, luego de acabar con Dilma, se proponía sitiar a Lula a través de escaramuzas (i)legales.

Según trascendió, el juez Moro, que presume de haber dado vida a una suerte de mani pulite tropical (y tal vez esté en lo cierto: aquel proceso al que se elogia livianamente dejó como saldo el fin de las empresas estatales, la desaparición de los partidos políticos y facilitó el surgimiento de Silvio Berlusconi), pretendía trasladarlo a un presidio del sur del país, en la ciudad de Curitiba, pero la idea fracasó cuando el aeropuerto donde estaba pronto para decolar un avión policial fue tomado por una movilización espontánea en repudio al atropello judicial.

Lo del 4 de marzo fue el golpe antes del golpe: el poder policial-judicial (seminal del futuro Estado represivo que se instalaría con Temer) fue desplegado para intimidar al único dirigente político capaz de poner freno a la conjura, en aquel momento inconclusa, contra Rousseff. Por eso mismo, poco antes de ser expulsada del Palácio do Planalto, la todavía presidenta lo nombró como ministro en una medida desesperada para dotar de gobernabilidad a un gabinete sitiado.

La del 4 de marzo fue la primera vez que a Lula se lo privó de su libertad desde 1980, cuando lo apresó la dictadura. Moro lo hizo.

En ese mismo aeropuerto del centro paulista desde donde iba a decolar el avión policial que nunca partió, otro grupo de personas insultó a Lula y vivó a Moro, devenido en un popstar de la rebelión conservadora que tuvo su fase más activa entre febrero de 2015 y el primer trimestre de 2016.

Cientos de miles de ciudadanos de clase media se alzaron en defensa de sus privilegios, los que de hecho nunca habían sido amenazados por las políticas de distribución de renta e inclusión social aplicadas durante las Administraciones petistas. Esas multitudes blancas y antipolíticas fueron la masa de maniobras que alimentó al impeachment –especialmente en São Paulo y los estados del sureste y sur, los más ricos del país–, luego de meses de incitación, agitación y propaganda del grupo Globo.

Por cierto, el impeachment obró como un biombo de apariencia institucional para encubrir la promiscuidad entre políticos de derecha, banqueros, jueces, comisarios y editores.

A lo largo del juzgamiento de Dilma Rousseff quedó en evidencia la falta de alguna acusación plausible y el montaje de pruebas sin base real. Una de las denuncias fue haber violado la Ley de Responsabilidad Fiscal al aumentar los recursos de bancos estatales destinados a programas de fomento para pequeños y medianos agricultores.

“A la presidenta le imputaron cargos irrisorios, cosas pequeñas que jamás podrían sustentar algo tan importante como un juicio por impedimento; no fueron cargos, en realidad fueron pretextos”, explicó José Eduardo Cardozo, ex ministro de Justicia y abogado defensor en el juicio político. “Lo que ha caracterizado al proceso fue la exageración del ritual, la teatralización, al mismo tiempo que se violaba el derecho de defensa en algo que recuerda lo que pasó con Zacco y Vanzetti”, los anarquistas fusilados pese a su inocencia y con pruebas forzadas en 1927 en Estados Unidos, comparó Cardozo, para quien el “proceso estuvo lleno de vicios, empezando por el vicio original que fue haber sido promovido por una venganza de legisladores corruptos”. Y anticipó: “Vamos a apelar tantas veces como sea necesario al Supremo Tribunal Federal, pero no descarto que en algún momento vayamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

El presidente de la CIDH, Roberto Caldas, ya demostró su disposición a tomar cartas en el caso brasileño, repitiendo lo actuado por ese organismo cuando recibió denuncias sobre las asonadas que depusieron al presidente hondureño Manuel Zelaya y su colega paraguayo Fernando Lugo.

El 29 de agosto, Dilma se presentó al Parlamento, convertido en tribunal del impeachment, donde rebatió uno a uno, durante catorce horas, los argumentos de sus enemigos. Aguerrida, carente del talento político de su hacedor Lula, plantó cara a los congresistas que la voltearían dos días más tarde con la misma entereza con que había enfrentado, en 1970, a los jueces militares que se tapaban la cara antes de condenarla por alzarse en armas contra la dictadura, como quedó registrado en una foto en blanco y negro recuperada años más tarde.

“No tengo cuentas en el exterior, no me beneficié con dinero público”, aseveró ante un Senado dominado por legisladores del tipo de José “Zezé” Perrella, quien, además de arrastrar varios procesos, es el propietario de un helicóptero secuestrado por la Policía con 460 kilogramos de cocaína pura en 2014. Caso que rápidamente fue archivado. Consultado sobre los motivos de su apoyo al impeachment, Perrella respondió: “queremos que se vaya esta gentuza del PT […] no se aguanta más la corrupción de la izquierda”.

Armonía represiva

Entre la privación de la libertad de Lula y la caída de Dilma seis meses más tarde, comenzaron a establecerse las bases materiales y simbólicas de la república sin pueblo, que se formalizaría el 31 de agosto.

El desalojo de una Jefa de Estado que había sido reelecta por 54,4 millones de electores en octubre de 2014 por parte del no votado Michel Temer no fue un cambio de Gobierno: constituyó un cambio de régimen.

Lo que está en vigor desde la expulsión de Rousseff es un sistema posdemocrático subordinado a las élites, especialmente las vinculadas al capital financiero y los nuevos “farmers” del agronegocio volcados hacia el mercado externo, dos sectores cuya lógica de acumulación funciona con autonomía de la expansión del consumo de masas derivado del aumento sostenido del salario real y tasas de desempleo del orden del 5% que caracterizaron la economía política del segundo Gobierno de Lula (2007-2010) y el primero de Dilma (2011-2014).

La cesación de la democracia cautelosa y pactada implementada por el PT, que nunca echó mano de las tácticas rupturistas aplicadas en otros procesos de transformación sudamericanos, dio paso a una ofensiva restauradora extremista que sorprende por sus objetivos maximalistas.

En Brasil se aplicó una “doctrina de choque” (como la vista en Rusia tras la caída de la URSS) que impulsa un tipo de libre mercado radical asociado a una armonía represiva, resumida en el lema “Orden y Progreso”, el eslogan oficial adoptado por Michel Temer, inspirado en la propaganda de la dictadura.

El autoritarismo educado de Temer requiere, para sobrevivir, de la persecución política, la censura orgánica gestionada por corporaciones privadas de información y la profundización de la guerra urbana de baja intensidad en las favelas.

Estamos frente a un engendro en el que se observan reminiscencias de la “bordaberrización” uruguaya (sin fuerzas armadas), la “dictablanda” de Alberto Fujimori y la democracia armada paramilitarizada de Álvaro Uribe (aunque sin guerra civil). El experimento en curso también contiene ingredientes de los golpes parlamentarios en Honduras (2009) y Paraguay (2012).

No es sencillo predecir cuáles serán los contornos definitivos de esta arquitectura de dominación ni afirmar si será capaz de perpetuarse, no sólo por la probable (aunque no segura) reacción popular, sino por las tensiones intrahegemónicas de un sistema encabezado por alguien carente de poder de mando como el que tenían, a su manera, Alberto Fujimori y Álvaro Uribe.

Se sabe, eso sí, que este Gobierno de facto está dispuesto a aplastar a la resistencia popular con las Policías militarizadas (más de un millón de efectivos en los 27 estados) apoyadas, según el caso, por las fuerzas armadas, las que desde agosto volvieron a ocupar Rio de Janeiro. Uno de los primeros anuncios de la Administración Temer fue encuadrar a los manifestantes dentro de la legislación antiterrorista.

Michel Temer es un animal político sinuoso. Por sus trajes caros e inescrupulosidad calculada, recuerda a Giulio Andreotti, el tres veces primer ministro y eterno senador símbolo de la segunda mitad del siglo XX italiano, interlocutor privilegiado del Vaticano y la mafia. Con altos índices de reprobación, que llegaron al 73% a principios de octubre, es un presidente en las sombras, refractario a las concentraciones populares o los eventos masivos. Ya sufrió dos “Maracanazos” desde que asumió la presidencia de forma interina (en mayo): fue abucheado al presentarse en dicho estadio el 5 de agosto para la apertura de los Juegos Olímpicos, y el 7 de septiembre, cuando fue recibido con una rechifla en una ceremonia de los Juegos Paraolímpicos.

Normalidad postiza

Los mentores ideológicos de esta democracia irreal detestan “el populismo del lulopetismo”, al que le reprochan desde la política de ampliación de cupos universitarios para los afrodescendientes hasta la ley que regularizó el trabajo de las empleadas domésticas.

Entre los aliados de la nueva Administración están los pastores electrónicos y la bancada de dipupolicías defensores de un proyecto de ley –que ya tiene estado parlamentario– contra la “ideologización de los jóvenes” y en favor de una “escuela sin partido”, que prevé sanciones, y hasta la separación del cargo, de aquellos profesores que traten asuntos políticos con sus alumnos. “Basta de Paulo Freire”, decían no pocos pasacalles y carteles escritos a mano en las marchas de Brasilia en 2015 y 2016.

Uno de los objetivos del bloque dominante es reorganizar la subjetividad nacional a través de una narrativa que omite la quiebra institucional y remite a un país que convive en “armonía y reconciliado”, frase habitual en los discursos de Temer.

“Esta inocentización del golpe por parte de aquellos que insisten en decir que todo está dentro de la normalidad es algo que realmente me preocupa”, sostuvo Rousseff durante una entrevista exclusiva que nos brindó en el Palácio da Alvorada, la residencia oficial, días antes de su deposición.

“Estamos ante una cotidianidad anómala, donde los que dieron el golpe quieren esconderlo detrás del aparato institucional. Lo que estamos viviendo es una tranquilidad aparente que tarde o temprano acabará por estallar, porque no se puede sostener indefinidamente ese ocultamiento de lo real, y lo real es el golpe. Quien mejor trató este tipo de fenómenos fue la filósofa Hannah Arendt a través de la idea de la banalidad del mal. Cuando uno ve cómo se está encubriendo la realidad brasileña, esto me recuerda situaciones más extremas, como la del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, sobre quien escribió Arendt. Ella nos enseñó cómo es posible que el mal conviva tranquilamente con lo cotidiano, cómo se esconde debajo del aspecto neutro de un burócrata de la muerte. Cómo Eichmann era capaz de llegar a su casa y besar a sus hijos como si no pasara nada en los campos de concentración.”

La entrevista resultó en una grabación de 72 minutos, a la que se suman otros 20 de conversación informal en los que Rousseff reconoció las limitaciones del campo democrático-popular para refutar la narrativa hegemónica sobre la normalidad postiza.

“En el golpe del 64, los medios hablaban de Revolución, no estaba permitido hablar de dictadura. Ahora pasa una cosa parecida: no se habla de golpe, se engaña al pueblo diciendo que todo se hizo dentro de la Constitución, a la vez que censuran mis declaraciones. Realmente, el único contrapunto en este desierto informativo lo hacen los medios extranjeros que cuentan lo que pasa.”

Golpe continuo

Los 179 días transcurridos entre la detención de Lula y la sesión parlamentaria que tumbó a Dilma fueron el lance inicial de una avanzada que todavía no ha concluido.

Cuando derribó al cuarto Gobierno consecutivo del PT a través de un golpe de nuevo tipo (que está a la espera de una clasificación teórica, pero sería errado considerar blando), la coalición destituyente reveló que su propósito es no dejar piedra sobre piedra.

Fue una ruptura ideada para el largo plazo, que no medirá esfuerzos hasta lograr la proscripción, por la vía jurídica, de Luiz Inácio Lula da Silva: no hay futuro para la república oligárquica surgida el 31 de agosto mientras el fundador del PT continúe políticamente vivo.


Componedor y reformista, Lula es el actor central de la política nacional desde 1989, cuando hubiera sido electo presidente de no haber ocurrido un fraude informativo de proporciones inéditas en Latinoamérica, complementado por la construcción de un candidato fantoche, un “Salvador de la Patria” (título de un culebrón de Globo), como fue el a la postre vencedor Fernando Collor de Mello.

Si 27 años atrás Collor de Mello fue el artefacto electoral inventado para contrarrestar al huracán Lula, la crisis de 2016 permite especular sobre el surgimiento de otros personajes ajenos a la política capaces de obrar como “significantes” de la ira conservadora. Uno de esos potenciales “outsiders” es el propio Sergio Moro, en su papel de purificador de la vida nacional, y otro es el recién electo alcalde de São Paulo, el millonario João Doria, conductor televisivo que prometió “arrancar al PT de cuajo” y, al ser preguntado sobre cuál es su utopía, respondió “que un día todos los brasileños puedan vestir remeras Ralph Lauren”.

Por lo pronto, ni el burlón Doria (prometió llevarle bombones a Lula a la cárcel) ni el vengador Moro eclipsan la popularidad del ex presidente, a quien todos los sondeos proyectan como un candidato competitivo de cara a las elecciones de 2018, cuando se elegirá al sucesor de Michel Temer. Y esa popularidad podría robustecerse en la medida en que Lula asuma, como lo plantean varias agrupaciones, el papel de jefe de la resistencia democrática, la cual consiste no sólo en el combate político contra el despotismo personalizado en Temer, sino en enfrentar la privatización encubierta de Petrobras, la reforma constitucional enviada al Parlamento en septiembre que propone congelar durante veinte años (sí, veinte años) los recursos para salud y educación pero no fija un techo a los fondos destinados al pago de los intereses de la deuda que representan casi el 10% del PBI, la precarización laboral y la contrarreforma previsional.

“Ni un derecho menos” es la consigna que resume el plan unitario propuesto por Lula a los movimientos sociales, sindicatos y partidos de izquierda con los que planea construir un Frente Amplio adaptado a Brasil, según su propia definición. Es cierto, Lula ya no ostenta el 80% de aprobación con que contaba en 2010, durante su último año de gobierno, pero aun así es el único dirigente capaz de movilizar cien mil personas convocadas artesanalmente, en menos de 48 horas, como ocurrió en respuesta a la prisión ilegal del 4 de marzo.

El 20 de septiembre, el juez Moro –un personaje venerado por Globo y los indignados de clase media que en las marchas anti-Dilma solían reivindicar la dictadura– retomó la ofensiva al abrir un proceso contra Lula dentro de la megacausa sobre el “Petrolao”. Lo hizo al aceptar una acusación presentada por el fiscal Deltan Dallagnol para quien el ex mandatario fue el “comandante supremo” de la corrupción nacional.

Dallagnol, que se define como un “Seguidor de Jesús”, utiliza técnicas de convencimiento emocional tomadas del conocido videotexto “Cómo iniciar un Movimiento”, del norteamericano Derek Sivers. En su rocambolesca conferencia de prensa dijo carecer de pruebas relevantes, pero aseguró tener la “convicción” de la culpabilidad del acusado. Una vez más, el circense Dallagnol se convertiría en el hazmerreír de las redes sociales, y hasta el Supremo Tribunal Federal lo apercibió por su “espectacularidad”.

“Da la impresión de que hay un vedetismo jurídico en Brasil, y eso es algo que también se está viendo en otros países de nuestra región, donde hay gente en la Justicia que crea denuncias vistosas para saltar a los medios y hacer su negocio. Me dijeron que a Lula le quieren encontrar algo a la fuerza, lo quieren culpar sí o sí, pero no le pueden encontrar nada”, comentó el ex presidente uruguayo José Mujica en una entrevista que nos dio en Foz do Iguaçu. “Me parece que todo esto no es cosa de uno que otro juez de primera instancia, esto viene de más arriba. Acá quieren terminar con Lula, por eso lo están culpando con cosas que no tienen pie ni cabeza. Le buscan cosas hasta debajo de la cama y no le están pudiendo encontrar nada”.

Por cierto, a Moro lo tuvo sin cuidado que el fiscal evangélico haya montado su imputación con base en percepciones e “intuiciones” casi religiosas, pero sin evidencias consistentes: su cometido es cazarlo como sea. Si Lula, que acaba de cumplir 71 años, es condenado por Moro (y probablemente lo será) en primera instancia y el fallo se ratifica en el tribunal de alzada, automáticamente perderá sus derechos políticos y estará fuera de las presidenciales de 2018.

Mujica degusta un mate con apliques de alpaca mientras le preguntamos sobre las frecuentes visitas de Moro a Estados Unidos y los elogios que recibe a menudo de grupos de interés sintonizados con Washington. “Yo no tengo información sobre las relaciones de ese juez con Estados Unidos. Lo que sé es que acá está jugándose algo muy grande. Lula es alguien importante para nuestros países. Él fue importante para la integración, fue importante para nuestra soberanía común. Me parece muy posible que haya grupos de Estados Unidos dándole una mano a los que están contra Lula. No tengo dudas de que hay gente que está incómoda, que siente que en estos años Brasil en algunos asuntos le pisó los callos a Estados Unidos. Esa gente ve mal que Brasil haya hecho el puerto de Mariel en Cuba. Ve mal la política de Petrobras, ve mal Unasur. Por eso digo que esta pelea de defender a Lula la tienen que dar los brasileños y la tenemos que dar todos los latinoamericanos, porque si no la damos juntos esto no se para con nada”, sostiene Mujica.

Vuelve al mate, lo saborea, y remata: “Vea, yo no tengo la bola de cristal para decirle lo que va a pasar en el futuro. Lo que le digo con seguridad es que soy amigo de Lula de toda la vida y siempre seguiré siendo su amigo. Y si alguien lo manda preso lo voy a ir a visitar. Ya he visitado a varios amigos presos”.

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