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La cofradía del uniforme y la toga

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Por Ricardo Ragendorfer / INDEPENDENCIA Y JUSTICIA / Desde la desaparición de Miguel Bru hasta el secuestro y la muerte de Candela Rodríguez, la nefasta alianza de jueces y fiscales con las fuerzas de seguridad se replica en unos cinco mil casos anónimos, carentes de difusión. La tendencia a la excarcelación en el territorio bonaerense también es seña de ese...
INDEPENDENCIA Y JUSTICIA / Desde la desaparición de Miguel Bru hasta el secuestro y la muerte de Candela Rodríguez, la nefasta alianza de jueces y fiscales con las fuerzas de seguridad se replica en unos cinco mil casos anónimos, carentes de difusión. La tendencia a la excarcelación en el territorio bonaerense también es seña de ese oscuro vínculo: infinidad de causas armadas son el resultado de una tradición cultivada desde comisarías y juzgados con diversos motivos, todos igualmente perversos.

Por Ricardo Ragendorfer
Periodista e investigador, especializado en temas policiales.

La doctora Raquel Morris Dloogatz –quien supo estar al frente del Juzgado Federal de Morón– tuvo a fines de 1999 el gran mérito de ser la primera jueza del país en ser destituida por el Consejo de la Magistratura. Íntima del temible comisario Mario “Chorizo” Rodríguez, integró con él una banda abocada a “la extorsión de personas investigadas penalmente”, delito por el cual también obtuvo una condena a cuatro años de cárcel.

Pero no le fue a la zaga el juez del fuero criminal platense, Amílcar Benigno Vara. Ni su colega federal de Dolores, Hernán Bernasconi. El primero resultó eyectado de su cargo por “encubrimiento, prevaricato, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” en 27 causas; entre estas, las desapariciones de Andrés Núñez y Miguel Bru en manos de la Policía. El otro, a su vez, terminó tras las rejas junto a un selecto grupo de agentes del orden por “falsedad ideológica, adulteración de documento público y asociación ilícita” en perjuicio de “ricos y famosos”, cuyo blanco preferencial –como ya se sabe– fue Guillermo Cóppola.

No obstante, si hay una vida que resume el vínculo negro entre las fuerzas de seguridad y la Justicia, esa es la del fiscal general de San Isidro, Julio Novo. Al respecto, bien vale evocar una vieja historia suya. Una historia que también involucra a un comisario de ojos rasgados y kilos de más, que en los primeros años del siglo solía aparecer profusamente por TV. Se trata del entonces jefe de Delitos Complejos de la Bonaerense, Ángel Casafuz.

En los corrillos de la mazorca provincial aseguran que, en la mañana del 3 de julio de 2002, Casafuz atendió el teléfono. Se dice que desde el otro lado de la línea estaba Novo. El doctor estaba nervioso, ya que un ladrón había entrado a su domicilio. El caso es que este ahora yacía en el suelo con tres balazos en la espalda. Y Novo empuñaba una pistola aún humeante. Al parecer, el muerto estaba desarmado. Antes de que llegara la Policía –según los vecinos–, acudió a la casa en cuestión un sujeto de ojos rasgados y kilos de más. Y, curiosamente, en el expediente quedó asentado que junto al cadáver había “un revólver calibre 32”. Aquel “favor” habría sido retribuido con creces.

Desde una visión más global, la enorme contribución de Novo –actualmente suspendido e imputado por proteger a los asesinos de dos narcos colombianos acribillados en el estacionamiento del Unicenter– consistió en consolidar un sistema que a los fiscales les exige mano dura, condenas sin pruebas, acusar por las dudas. Y con un férreo control sobre ellos. Un control cifrado en coacciones de toda índole, para así desalentar a quienes tuvieran la osadía de oponerse a la fabricación de culpables a escala industrial.

En tal sentido, la investigación por el secuestro y la muerte de la niña Candela Rodríguez –ocurridos a mediados de 2011 por una rivalidad entre narcos de Hurlingham– es aún hoy recordada como una pieza sublime de la dramaturgia jurídico-policial. Instruida con datos ficticios, pruebas plantadas, testigos no identificados y el arresto de personas inocentes, su intencionalidad no fue otra que encubrir, en los arrabales de ese crimen, los negocios de los uniformados con el hampa. Casi una razón de Estado. Y bendecida por el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, aún en funciones a pesar de enfrentar un jury por su presunta colaboración con la última dictadura.

Más allá de estos episodios puntuales, la alianza de jueces y fiscales con los hombres de azul es más que prolífica en hechos similares, aunque de factura más discreta. Casos anónimos. Sin difusión. Unos cinco mil, para ser exactos.

Ya a fines de 2007, el entonces ministro bonaerense de Justicia, Eduardo Di Rocco, presentó una estadística sugestiva: de los 29 mil presos provinciales, se estimaba que el 28% sería absuelto. A nueve años de ello, se mantiene esa tendencia de inminentes excarcelaciones, puesto que –según reconoce la propia Procuración– se trata de hombres y mujeres privados de la libertad en base a testimonios mendaces y pruebas inconsistentes. En buen romance, les armaron una causa.

Una tradición pacientemente cultivada desde comisarías y juzgados de todo el país con una diversa batería de razones: desde errores en la pesquisa hasta el afán de mejicanear un botín, pasando por extorsiones, necesidades estadísticas o, sencillamente, la presión por resolver con rapidez algún caso que excita la agenda mediática. Así funciona la cofradía del uniforme y la toga. Lo que se dice un atractivo festín para el señor Franz Kafka.

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