CASO TESTIGO / En 2014 comenzó en Mendoza el megajuicio por crímenes de lesa humanidad que sentó en el banquillo a funcionarios del Poder Judicial. Cientos de pruebas y testigos develaron la participación necesaria de quienes, además, obstaculizaron en democracia los juicios a los represores. Hoy, las audiencias se dan por goteo y al ex juez Otilio Romano le concedieron la prisión domiciliaria. El derrotero de los magistrados genocidas como expresión de la aspiración a la impunidad.
Por Ángela Urondo Raboy
Sobreviviente. Ilustradora y escritora. Querellante en juicios por crímenes de lesa humanidad.
Fotos: Sebastián Miquel
La madrugada del 17 de noviembre de 2010, la entrada a los Tribunales Federales de Mendoza conservaba todavía los rastros de la noche anterior. Durante la vigilia, todas las escaleras y pasamanos, las rampas de acceso, las veredas, los canteros y los bordes de las acequias habían sido iluminados con una multitud de velas que hizo resplandecer la esquina de Pedro Molina y España. El umbral de la Justicia fue alumbrado por el pueblo y algo de eso quedó flotando en el ambiente la mañana siguiente.
Daba comienzo el primer juicio en esta ciudad por crímenes de Estado durante la dictadura. En el primer piso, una tensa sala de audiencias colmada de expectativas. Afuera, la calle cortada llena de gente, pantalla gigante, medios, bombos, banderas, abrazos, compañeros, desahogo, canciones.
Olé olée olé oláa/ a donde vayan los iremos a buscar se podía oír desde todas partes: en las oficinas, en los pasillos, en los sótanos donde esposaban por primera vez a un asesino torturador. En las entrañas del edificio y en las mías. En los oídos de la Justicia. En las ventanas abiertas del tercer piso, en los enormes despachos de la Cámara de Casación Penal, en las madrigueras de los cómplices de la dictadura. En el corazón de la ausencia, los treinta mil retumbaron presentes. Todos pudieron escuchar lo que empezaba a ser nombrado. Era una realidad. No éramos nosotros, los sobrevivientes, ni los familiares, ni las víctimas. No éramos las personas. Era la justicia, era la historia, era la propia verdad de sus actos que los venía a buscar y los estaba encontrando.
Lo primero fue distinguir que Poder Judicial y justicia no eran la misma cosa. Jueces funcionales a la injusticia, como Romano, Miret, Petra, Guzzo o Carrizo, tenían toda una carrera encarnando la impunidad, poniéndole la firma. Estos funcionarios de la dictadura estaban ejerciendo a pesar de estar procesados penalmente, estaban enquistados en el aparato –como muchos otros– y detentaban un poder rancio, que utilizaban para poner constantes trabas a la investigación.
Los mismos que en dictadura rechazaron investigar las denuncias por los desaparecidos, en democracia se ocuparon de interponer obstáculos para que los juicios a los desaparecedores no avanzaran. Atravesaron tantos palos en las ruedas, que lograron dilatar los juicios por años. Tanto hicieron, que también generaron mucha evidencia, y algunos de ellos fueron apartados e inhibidos de actuar en los juicios por delitos de lesa humanidad. Recién entonces los juicios avanzaron y empezaron a sacar a la luz las memorias propias del genocidio.
El entramado de complicidad se fue develando en testimonios y pruebas que corroboraban que la participación de estos magistrados había sido indispensable para que un crimen de esta magnitud pudiera llevarse a cabo. La colaboración de estos jueces con la dictadura fue directa y activa. Sus carreras están plagadas de expresiones que ratifican su profundo compromiso ideológico con el plan de exterminio.
Si bien todavía no estaban siendo juzgados, la mecánica del genocidio se iba consolidando en pruebas y testimonios coincidentes en cuanto a que los jueces eran parte del entramado, de los delitos sistemáticos cometidos por el Estado durante la dictadura. Quedaba muy claro su rol. Sin embargo, estos funcionarios de la impunidad eran personalidades “destacadas”, muy respetadas socialmente. Miret, por ejemplo, se desempeñaba como docente de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, donde dictaba clases de ética y derechos humanos en la materia Filosofía del Derecho. Habían logrado mantenerse por demasiados años en roles jerárquicos dentro de la Justicia y el mundo académico, aunque trabajando siempre en sentido contrario.
La instrucción del juicio penal a los jueces impunicidas se fue alimentando, y se ampliaron los procesamientos de los imputados como partícipes necesarios de crímenes de lesa humanidad. Por no haber investigado las denuncias por torturas y vejaciones a personas detenidas en el D2 de Mendoza. Por inventar causas contra estas personas a quienes debían defender. Por negar el paradero a los familiares, con costas. Por retener los expedientes. Por tergiversar los hechos. Por naturalizar la tortura y las vejaciones. Por colaborar, blanquear y permitir el terrorismo de Estado.
Al amparo de sus fueros y de la mano con otros jueces también amigos de la impunidad, de manera experta siguieron trazando estrategias diversas: dilatorias, difamatorias e intimidatorias, usando lobbies de todo tipo para evadir su responsabilidad ante la Justicia.
Hubo amenazas directas a jueces, representantes del Ministerio Público Fiscal, a la querella, a los familiares, a los periodistas.
El dedo en el avispero
Desde 1976 no volví a vivir en Mendoza. Perdí todo. A partir de entonces mi vida quedó judicializada, intervenida por el poder estatal.
Aunque mis expedientes están llenos de autógrafos, no reconocía físicamente esos nombres. Cuando me lo crucé, no supe quién era ese hombre alto, grueso y muy bronceado, hasta que me avisaron al oído: “es Romano”. Llevaba un saco azul grande, mal colocado en los hombros, y un gesto facial de oler huevos podridos.
A Miret tampoco lo reconocí cuando, pocos meses después, estuvimos frente a frente en el Consejo de la Magistratura, que empezaba a tomar en serio el pedido de jury para poder avanzar penalmente sobre los genocidas judiciales. Olía a naftalina. El pelo y su camisa eran de un mismo blanco amarillento. Prolijo. Los anteojos de marco dorado. La mirada intensa, de quien quiere intimidar. El hombre sepia argumentaba sobre sí mismo en tercera persona, y cuando quería decir que “no era justo que Miret se vaya por la puerta trasera de la Justicia” un acto fallido lo traicionaba haciéndole tragar el “no”, para afirmar absolutamente todo lo contrario. Incluso en el inconsciente del propio Miret era justo que así fuera.
Los ex jueces fueron y siguen siendo mucho más que cómplices. Eran parte necesaria del engranaje represivo. Sabían perfectamente lo que estaba pasando y no hicieron nada para impedirlo por pura coincidencia ideológica.
Estaba denunciado por no haber promovido la investigación penal de 31 hechos relacionados con desapariciones de personas, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, robos y homicidios mientras se desempeñaba como juez federal de Primera Instancia, entre 1975 y 1983. Cuando todo esto salió a la luz, sus alumnos exigieron no tener que aprender más nada de este hombre. Fue el primero en ser destituido por complicidad con la dictadura. Perdió su jubilación, sus prerrogativas como magistrado nacional, los fueros.
El jury de Romano vino después. Con mucho poder acumulado, lo protegieron más. Una medida cautelar extraordinaria otorgada al amparo de manera irregular por su conjuez y amigo Parellada le permitió al juez Romano evadir su juicio político y por un tiempo estirar la impunidad. Pero el peso de sus acciones era insostenible. Lo que salía a la luz estaba muy sucio y comprometido para cualquiera que se dijese limpio. Dedo por dedo, le fueron soltando la mano.
En el Consejo de la Magistratura todos los consejeros votaron en su contra, incluso aquellos con los que mantenía vínculo personal. Su responsabilidad en la comisión de más de 110 crímenes imprescriptibles contra la humanidad iba a ser motivo de juicio político. Por otra parte, a pesar de las incontables trabas interpuestas por la amplia red de jueces cómplices, el juicio penal tenía los banquillos con sus nombres esperando.
La impunidad empezaba a retroceder, aunque sin resignarse.
Al momento en que el tribunal constituido en el Consejo de la Magistratura definía su destitución, Romano pateó el tablero y se jugó una carta que dejaba a la vista de todos su más profundo sentido de la justicia: se escapó. El 24 de agosto de 2011 se fugó en avión a Chile, escoltado en los fueros del juez Leiva, quien lo acompañó a modo de seguro para cruzar la frontera. Romano se burlaba una vez más de la Justicia que todavía representaba, mostrándole todo su desprecio en la cara. Quedaba en evidencia ante el mundo.
Mientras tanto, en Buenos Aires, su expulsión fue un hecho. Se lo juzgó en ausencia y la decisión fue unánime. El jurado de enjuiciamiento sentenció de manera contundente: “No le cabe a este cuerpo colegiado un mínimo atisbo de duda para decidir que el doctor Otilio Ireneo Roque Romano no merece continuar en el ejercicio de la magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto honor”.
Perdidos los atributos, con una orden de captura internacional, Romano pasó varios meses evadido en alguna parte, como una amenaza latente.
En enero de 2012, un fotógrafo lo encontró en la costa chilena, paseando por las playas de Reñaca. Robusto, bronceado, distendido, con el gesto despectivo intacto.
Al verse descubierto intentó hacerse pasar por perseguido político. La Justicia y el Gobierno chileno se vieron entonces seriamente involucrados en el debate. La disyuntiva sobre la que debían decidir era si hacían caso al pedido del pobre perseguido y le daban asilo político o si, en cambio, respondían al reclamo de la Justicia argentina, extraditando al ex juez prófugo, procesado como partícipe de la dictadura, para que pudiera ser juzgado.
Mientras esto estaba en debate, Romano obtuvo una visa provisoria y la suerte de un sistema insólito: el arresto domiciliario nocturno, que le permitía gozar libremente del sol y la playa durante todo el día.
El argumento de la persecución política no tuvo eco, pero sirvió para ganar tiempo, estirar la impunidad al máximo. Fue sometido al juicio de extradición. El fallo fue confirmado por la Suprema Corte de Chile, y el 5 de septiembre de 2013 Romano volvió a la Argentina.
Desaforado y esposado dentro de un patrullero, con su juicio penal por más de cien crímenes de lesa humanidad esperándolo, con la inconveniencia de haber acumulado en diferentes Cortes fallos negativos que corroboran las acusaciones en su contra, con el antecedente de fuga y la visibilidad internacional del caso, Romano no pudo evitar la cárcel.
La primera noche la pasó en una celda en la alcaldía de los Tribunales Federales de Mendoza, el mismo edificio donde había ejercido su reinado judicial durante años. Abajo de todo, del otro lado del mostrador. Muy cerca de aquel despacho del tercer piso, de los sillones de cuero con tachuelas doradas, del escritorio con su cajón, la lapicera y el sello. A través de los muros se filtraba el olé olée olé oláa.
El exterminio implica un daño irreparable, pero la impunidad es otra cosa. Es un mal que es necesario remediar aunque hayan pasado treinta y cinco, cuarenta o mil años.
A pesar de todos los obstáculos interpuestos por todos los funcionarios que siguieron actuando en democracia para favorecer a los criminales de la dictadura, a esa altura en Mendoza y en todo el país la experiencia de juicio y castigo avanzaba. Las discusiones sobre el genocidio empezaban a tener un piso y un techo basados en los fundamentos de los fallos que dejaban constancia de lo ocurrido no sólo a nivel local, sino también como parte del denominado Plan Cóndor, articulado con otras dictaduras de Latinoamérica.
Sin embargo, los juicios a los responsables civiles del terrorismo de Estado no avanzaban al mismo ritmo. Una doble vara para medir los mismos hechos.
Por otra parte, no existían demasiados antecedentes en cuanto al juzgamiento de jueces por delitos de lesa humanidad, a excepción del ex juez Brusa, condenado a veintiún años de prisión por su actuación judicial en la dictadura, y los juicios de Núremberg por los crímenes del Holocausto.
El 17 de febrero de 2014, una multitud respaldaba el inicio de este megajuicio por crímenes de lesa humanidad, con más de cuarenta imputados, que fueron integrantes del Poder Judicial, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía.
Una enorme cantidad de gente rodeó el Palacio Judicial. Mucha más gente que nunca, venida de todas partes. El Gobierno nacional –como querellante–, los funcionarios y la militancia de todo el país se hicieron presentes para ratificar su apoyo incondicional. En la entrada del salón de actos cedido por la Corte Suprema de Mendoza, pancartas extendidas por los familiares de los procesados insistían con el infundado pedido de “Libertad a los presos políticos” con que, además de intentar establecer una estrategia legal, estaban buscando instalar la perversión del lenguaje, torciendo e incluso invirtiendo el significado de cada palabra.
Los presos políticos, los desaparecidos, los sobrevivientes, son nuestro dolor social permanente. No hay cinismo alguno que pueda confundir la memoria colectiva, ni artilugio que logre hacer pasar a un represor por un perseguido. Es el peso de sus actos. Es la gravedad de los hechos. Es la magnitud del exterminio. Es la vergüenza. Es el vacío. Es la historia en común. Es el horror, la miseria humana. Es la necesidad y el derecho de todos (incluso de los perpetradores) a que sean condenadas sus acciones criminales.
Los ex magistrados sabían perfectamente quiénes conformaban las patotas que secuestraban, torturaban, desaparecían, violaban y robaban chicos. Sabían quiénes eran, tenían comunicación permanente con ellos, trabajaban en un mismo sentido. Estaban de acuerdo.
Los ex jueces represores llegaron caminando a la primera audiencia del juicio (a excepción de Romano, esposado y ya no tan bronceado, y de Guzzo, que en estado de demencia senil fue apartado días antes y murió poco después).
Miret, como de costumbre, estuvo de lo más llamativo marcando el estilo que mantuvo siempre. En la primera audiencia sacó de su bolsillo una cámara de fotos y disparó a la vista de todos. Hizo capturas del público, de la querella, de los fiscales y de los jueces. El titular de la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad, Jorge Auat, señaló que el imputado estaba llevando a cabo una acción intimidatoria. El tribunal lo reprendió. “Por favor, doctor Miret, guarde la cámara y no lo haga más”. Miret se la guardó en el bolsillo con las fotos, sonrió y la audiencia continuó.
En otra oportunidad se levantó del banquillo, atravesó la sala y se fue, sin avisar ni pedir permiso. Nadie le dijo nada. Así lo hizo a partir de entonces, cada vez que le dio la gana, como una muestra de poder fáctico.
Hoy llevamos más de dos años y medio de debate legal. Cientos de testigos y pruebas en un mismo sentido afirman que los ex jueces fueron y siguen siendo mucho más que cómplices. Eran parte necesaria del engranaje represivo. Sabían dónde estaban los desaparecidos y quiénes eran los grupos de tareas. Sabían perfectamente lo que estaba pasando y no hicieron nada para impedirlo por pura coincidencia ideológica, por eso eran parte del plan criminal. Fueron activos y diligentes en la aplicación de lo que llamaban “régimen antisubversivo”.
Miret, Romano, Petra, Recabarren, Carrizo, Guzzo y otros, desplegaron medidas de prueba infinitas, para perseguir y reprimir a sus opositores políticos. Libraron órdenes de captura, dispusieron allanamientos, avalaron secuestros, convalidaron declaraciones tomadas bajo tortura, y, en contraste con esa intensa actividad, cuando alguien denunciaba el secuestro de un familiar, la Justicia federal no disponía ninguna medida. Nada.
Lo que establecieron los jueces de la dictadura fue una zona liberada que permitió a las fuerzas represivas llevar a cabo secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, apropiación de niños, violaciones y saqueos. Se los juzga por otorgar impunidad, por permitir hechos criminales, por evitar y obstruir toda investigación. En definitiva, por garantizar impunidad.
Desde el inicio del juicio a los ex jueces de Mendoza hasta la actualidad, hubo otras dos condenas a funcionarios judiciales: al ex juez federal de La Rioja, Roberto Catalán, y al ex juez de menores de Santa Fe, Luis María Vera Candioti.
Hoy, a punto de finalizar la etapa de alegatos, vendrán las réplicas, dúplicas, súplicas, pedidos de condenas, palabras finales, y entonces llegarán las sentencias. Las audiencias se dan por goteo. A Romano le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria (a muchos otros represores en todo el país, también).
Sabemos que apuestan a una salida política. Incluso desde antes de que el actual Gobierno se perfilase como posible, ganase las elecciones y dijese lo del curro de los derechos humanos y la mentira de los treinta mil; desde antes de que nombraran una Corte de apellidos genocidas y que otorgaran a las Fuerzas Armadas la potestad del autogobierno descontrolado; desde mucho antes de que desfilaran los genocidas como héroes de la patria; desde antes de los pedidos de amnistía y reconciliación de los editoriales de los diarios, los criminales de lesa humanidad tienen sus esperanzas puestas en la posibilidad de articular un acuerdo político que les permita salir por la tangente, romper la ecuación, el equilibrio de la balanza.
Sabemos que no hay monstruos ni actos inhumanos. Sólo hay personas capaces de hacer cosas monstruosas.
Sabemos la espera, la esperanza.
El viento en contra. Los ojos tabicados.
Sabemos la injusticia, demasiado.
El genocidio queda inscripto como herida permanente en la historia de la humanidad.
Estos hombres son culpables. Esperamos justicia. Porque el exterminio implica un daño irreparable, pero la impunidad es otra cosa. Es un mal que es necesario remediar aunque hayan pasado treinta y cinco, cuarenta o mil años.
Porque justicia no es victoria, sino apenas desagravio.
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