LA TENSIÓN EN TORNO A LA POLÍTICA DE DROGAS / A treinta años del fallo Bazterrica, los contratiempos persisten. Un sector del Poder Judicial reclama cambios para una política de drogas respetuosa de los derechos humanos, pero otro continúa criminalizando perejiles y encarcelando a las propias víctimas de las redes de tráfico y el sistema de recaudación policial. En tanto, la ley que penaliza la tenencia para uso personal sigue vigente y el dispositivo punitivo que deja la estructura mafiosa ilesa no se detiene.
Por Emilio Ruchansky
Periodista. Autor de Un mundo con drogas, los caminos alternativos a la prohibición: Holanda, Estados Unidos, España, Suiza, Bolivia y Uruguay (2015).
Fotos: Sebastián Miquel
En el mes de agosto se cumplieron treinta años del fallo Bazterrica, por el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que penar la tenencia de cualquier droga para consumo personal era inconstitucional. La casa de Gustavo Bazterrica, por entonces guitarrista de Los Abuelos de la Nada y de Charly García, fue allanada por la división de Toxicomanías de la Policía Federal en busca de “kilos” de alguna droga. Encontraron 3,6 gramos de marihuana y 0,06 de cocaína, cantidades ínfimas. El músico sostiene que fue una cama, armada entre la Policía y un abogado de la agencia de artistas que lo representaba. Como él no aceptó a ese abogado y contrató al mítico Joe Stefanolo, lo durmieron. Corría el año 1981, eran tiempos de dictadura cívico-militar. Cinco años después, una Corte Suprema democrática lo absolvió.
Pero los contratiempos judiciales no se saldaron con el fallo Bazterrica, al que siguió la actual ley de drogas, que mantuvo la penalización de la tenencia para uso personal al igual que la Ley 20.771 que reformó; tampoco con el fallo Arriola de 2009, otro fallo de una Corte democrática y no automática, como la menemista. En junio de este año, el dirigente “Pitu” Salvatierra fue detenido por nueve de gramos de marihuana y tres de cocaína. También le allanaron la casa. Y pasó detenido veinte días porque así lo dispuso el juez federal Claudio Bonadio.
En el Poder Judicial, y también en los ministerios públicos a nivel federal, está bastante claro que lo que rodea al consumo de sustancias, legales e ilegales, es ante todo un tema de salud y también social. De a poco, también hay un consenso sobre las otras víctimas, las de las redes de tráfico y el sistema de recaudación policial: las mulas, los chicos y chicas encerrados en bunkers para vender cannabis y cocaína, las madres solteras que venden al menudeo, y otros actores menores.
Si uno persigue las drogas, llegará a estas personas; si se persigue el dinero, a policías, funcionarios y funcionarias judiciales y políticos, también a empresas fantasmas y bancos. El tema es quién persigue a quién. Por el momento, la Policía no se persigue a sí misma. En las cárceles se comprueba fácilmente: la mayor parte de las personas detenidas son pobres y “primarias”, sin antecedentes penales. No se hace daño alguno a la estructura mafiosa, que enseguida las reemplaza.
La reciente “Declaración de magistrados argentinos por una política de drogas respetuosa de los derechos humanos”, presentada el 29 de agosto y firmada por más de 260 funcionarios y funcionarias judiciales, deja en claro el daño al propio sistema judicial: “A pesar de la falta de estadísticas oficiales, diversos informes señalan que aproximadamente el 70 por ciento de las causas que tramitan ante el fuero Federal son producto de la actividad de las fuerzas de seguridad referidas a delitos de consumo y sólo un 3 por ciento se relacionan con delitos de tráfico”. El 28 por ciento restante es menudeo. El dispendio de personal judicial y de dinero conspira contra cualquier tipo de investigación seria de los delitos federales (drogas, trata, corrupción y secuestros extorsivos, entre otros).
Lo que ocurre es siniestro: las Policías provinciales hacen gala de su fuerza y “profesionalismo” proveyendo perejiles y agentes menores de la venta a un sistema judicial local, no especializado, que resulta a veces toda una lotería.
En algunas Justicias provinciales, el tema es más complicado porque adhirieron a la llamada “Ley de desfederalización”, que les permite intervenir en delitos menores respecto de la tenencia y comercio (aunque se mantienen las mismas escalas penales). Buenos Aires fue la primera. Se sumaron Córdoba, Salta y Chaco, y parcialmente Entre Ríos. Lo que ocurre es siniestro: las Policías provinciales hacen gala de su fuerza y “profesionalismo” proveyendo perejiles y agentes menores de la venta a un sistema judicial local, no especializado, que resulta a veces toda una lotería. En los allanamientos hay de todo: plantan drogas, pesan macetas, roban.
La tensión, entonces, resulta evidente. Una parte del Poder Judicial viene reclamando cambios en la política de drogas. Sin embargo, otra parte sigue haciendo “carrera” con perejiles, comprando buzones policiales y prestándose, cuando no protagonizando, algún que otro show mediático. Lo más preocupante es que, a pesar de la jurisprudencia favorable, la ley de drogas sigue vigente y la maquinaria punitiva no se detiene. La salud de quienes consumen tampoco es protegida por la ley, más bien todo lo contrario.
El fallecido juez Enrique Petracchi lo había advertido en su voto del fallo Bazterrica: “Una de las funciones de la legislación a este respecto debería consistir –y eso no puede lograrse por la vía de la mera incriminación penal– en controlar y prevenir el consumo de drogas sin estigmatizar en forma definitiva al adicto como delincuente y garantizar, o al menos no interferir, con el derecho a ser tratado para recuperar su salud del que goza en una sociedad civilizada todo aquél que padece una enfermedad, especialmente cuando ésta se origina en deficiencias estructurales de la propia sociedad”.
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