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Usureros del horror

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Por A. Gaggero y L. Iramain / LA CONSOLIDACIÓN DE LOS GRUPOS ECONÓMICOS NACIONALES DURANTE LA DICTADURA / La dictadura cívico-militar produjo el quiebre del régimen de acumulación imperante en la Argentina desde 1930 y posibilitó la conformación de un nuevo poder económico que no sólo incrementó exponencialmente su fortuna, sino también el oscuro poder para incidir sobre los asuntos públicos en democracia.

LA CONSOLIDACIÓN DE LOS GRUPOS ECONÓMICOS NACIONALES DURANTE LA DICTADURA / La dictadura cívico-militar produjo el quiebre del régimen de acumulación imperante en la Argentina desde 1930. La intervención del Estado generó la conformación de un nuevo poder económico: grandes grupos de capital local que se beneficiaron con la privatización periférica, la promoción industrial y el endeudamiento externo. Desde entonces, no sólo incrementaron exponencialmente su fortuna, sino también el oscuro poder para incidir sobre los asuntos públicos en democracia.

Por Alejandro Gaggero * y Lucas Iramain **
* Doctor en Ciencias Sociales e investigador del Conicet. Docente de la UBA y del IDAES-UNSAM.
** Doctor en Ciencias Sociales y becario postdoctoral del Conicet. Docente de la UBA y del IDAES-UNSAM.

Fotos: Sebastián Miquel

Las reformas implementadas por la última dictadura cívico-militar argentina provocaron una redefinición del papel del Estado en materia de intervención económica. Si bien el sector público dejó de apuntalar el proceso de industrialización vigente hasta ese entonces, estuvo lejos de dejar de intervenir activamente en la esfera económica, pese a la retórica antiestatista de raigambre neoliberal que preconizaba el equipo económico comandado por Martínez de Hoz. Muy por el contrario, el Estado redireccionó su accionar en materia de política económica en aras de desarticular los cimientos sobre los cuales se había asentado, desde 1930, la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), al mismo tiempo que creó las condiciones de posibilidad para la implantación de un régimen de acumulación que pivoteó sobre el desmantelamiento de las capacidades estatales y la transferencia de recursos desde el sector público hacia el capital concentrado interno. De hecho, la dictadura no sólo obtuvo resultados relativamente magros en materia de privatización total de empresas públicas, sino que, incluso, llevó adelante un importante avance del Estado en la actividad económica, tal como lo ejemplifican las significativas estatizaciones de empresas privadas que se dieron durante el período, no exentas de sospechas de corrupción (por ejemplo, el caso de la Compañía Ítalo -Argentina de Electricidad).

La política de “privatización periférica” de las grandes empresas públicas evidencia el carácter paradójico, las tensiones, marchas y contramarchas de la intervención económica estatal de la dictadura. Esta política consistió, a grandes rasgos, en la transferencia, subcontratación y/o tercerización de numerosas actividades y tareas que otrora realizaba el Estado a través de sus diversas empresas y reparticiones públicas hacia un conjunto relativamente acotado de firmas privadas (mayoritariamente, grandes grupos económicos locales). La privatización periférica funcionó como una suerte de solución de compromiso entre el ala liberal, privatista y aperturista (representada de manera paradigmática por el equipo económico de Martínez de Hoz) y el ala más proclive a exhibir posturas nacionalistas, industrialistas y estatistas (expresada, entre otros, por la Dirección General de Fabricaciones Militares).

Por su parte, la idea de una “retirada” del Estado de la economía no se condice con el aumento del gasto público en relación al PBI, en particular aquel destinado a financiar grandes obras de infraestructura para el Mundial de Fútbol de 1978 y para equipamiento bélico en el marco del por entonces inminente conflicto con Chile por el Canal del Beagle. A su vez, cabe resaltar que el rol del Estado fue crucial al momento de sentar las bases del nuevo patrón de acumulación. En ese sentido, el endeudamiento externo del sector público es un ejemplo más que elocuente, ya que no tuvo como correlato un incremento sustancial en los niveles de inversión productiva –salvo en algunos casos excepcionales–, sino que, por el contrario, sirvió en la práctica para posibilitar la especulación financiera y la fuga de capitales de los agentes más concentrados del poder económico.



Otro elemento de suma importancia a la hora de revelar el avance estatal sobre la economía y la sociedad argentinas son los cambios en materia legislativa y regulatoria de las diversas actividades y sectores económicos. La Reforma Financiera de 1977 fue uno de los hitos en lo atinente a transformaciones en el régimen jurídico-económico para un sector que devino clave en el proceso de acumulación de capital.

Cambios en la configuración del poder económico

Las políticas económicas que llevó adelante la dictadura argentina entre 1976 y 1983 modificaron notablemente el mapa del poder económico del país. Los grandes ganadores de esos años fueron, principalmente, los integrantes de un conjunto relativamente reducido de grupos económicos de capital nacional.

Si bien la mayoría de estos “ganadores” compartía características comunes –propiedad y gestión familiar, diversificación de actividades, entre otras–, no constituía un bloque homogéneo. Su origen, por ejemplo, permite diferenciar a grandes rasgos dos conjuntos bien distintos. Algunos, los “grupos tradicionales”, fueron fundados a finales del siglo XIX por grandes propietarios rurales o empresarios del sector comercial que diversificaron sus actividades hacia la industria (Bunge y Born, Garovaglio y Zorraquín, Braun-Menéndez y Fortabat, entre otros). Otros comenzaron siendo pequeñas y medianas empresas en la segunda mitad del siglo XX, durante el proceso de industrialización del país (los grupos Arcor, Macri y Pérez Companc, por ejemplo), que luego se transformaron en importantes oligopolios.

Pero, más allá de sus diferencias, a mediados de los años ochenta los grupos económicos nacionales constituían la fracción empresaria que más había crecido durante la década previa. La clave de esta expansión estuvo en la capacidad que mostraron estas organizaciones para actuar en un contexto de alta inestabilidad económica a través de dos pilares centrales. En primer lugar, la implementación de estrategias expansivas que les permitieron aprovechar los beneficios de las políticas de incentivo aplicadas por el Estado, principalmente las de promoción industrial y las de “privatización periférica” de las empresas públicas. La baja autonomía relativa del Estado argentino y el poder político que alcanzaron los empresarios nacionales les permitieron incidir sobre la implementación de esas políticas y lograr que la promoción estatal continuara incluso en etapas críticas para la economía argentina.

El contexto institucional que caracterizó a este período hizo que las relaciones políticas entre los empresarios y los elencos gubernamentales se transformaran en un activo clave para los propietarios de los principales grupos locales.

El contexto institucional que caracterizó a este período hizo que las relaciones políticas entre los empresarios y los elencos gubernamentales se transformaran en un activo clave para los propietarios de los principales grupos locales. Como parte de este proceso cabe destacar la circulación público-privada (puerta giratoria), mediante la cual algunos de estos empresarios pasaron a ocupar puestos estratégicos en la Administración Pública, y viceversa. El caso más comentado es el de Martínez de Hoz, quien antes de ocupar el cargo de ministro se desempeñó como presidente de Acindar. Sin embargo, no fue el único. Francisco Soldati, presidente del grupo homónimo, fue director del Banco Central; Valentín Oxenford, presidente de Alpargatas, fue interventor de la Unión Industrial Argentina entre 1979 y 1981, y luego pasó a ser ministro de Industria durante el gobierno de Viola, desde abril a agosto de 1981.

Otro factor determinante para que los grupos económicos argentinos pudieran expandirse en un período de estancamiento económico fue la asociación que establecieron con el capital extranjero, que les permitió ser socios minoritarios de grandes emprendimientos industriales durante el auge del desarrollismo, y tomar el control de los mismos cuando una parte de las empresas multinacionales decidió abandonar el país años más tarde, debido a la violencia política y el estancamiento macroeconómico. Es decir, en la mayoría de los casos, el avance del capital concentrado nacional no se produjo gracias a su éxito en la disputa con el capital extranjero en mercados competitivos, sino en las posibilidades de expansión que abrió la retirada de este último. Este fue el caso del grupo Macri, cuya mayor expansión se produjo a través de la adquisición de la filial local de Fiat, cuando la multinacional italiana decidió abandonar el país a principios de los ochenta.

Para finalizar, cabe señalar algunas de las consecuencias que los procesos analizados tuvieron para el país luego de la caída de la dictadura. Las estrategias de expansión de los grupos económicos derivaron en un cambio en su estructura empresaria y tendieron a incrementar el poder político de sus propietarios. Las organizaciones que más crecieron lo hicieron no sólo consolidándose en su actividad central, sino también a través de una notable diversificación hacia distintas actividades, gracias a la promoción estatal y la retirada del capital extranjero. La dirección de las diferentes firmas estaba centralizada en el presidente del grupo, cargo que era ejercido por el fundador de la organización o por uno de sus descendientes. Esta estructura de propiedad y dirección centralizada tendió a acrecentar aun más el poder político de los propietarios que, para fines de los años ochenta, no sólo encabezaban las tradicionales asociaciones empresarias, sino que también formaban agrupamientos informales con llegada directa al Poder Ejecutivo. En la transición democrática, estos empresarios fueron conocidos como “los capitanes de la industria” y se transformaron en interlocutores frecuentes del Gobierno de Raúl Alfonsín, teniendo un papel no menor en el deterioro económico que derivó en la crisis hiperinflacionaria. Durante los primeros años de la década de 1990 se transformaron en uno de los principales apoyos a las reformas estructurales neoliberales que implementó Carlos Menem.


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