ENTREVISTA / José Sbattella, ex titular de la Unidad de Información Financiera y actual docente de la Universidad Nacional de La Plata, reflexiona acerca de las élites históricas argentinas, su relación con los delitos económicos, la lógica feroz que las caracteriza y el rol que tienen en nuestro país desde el 10 de diciembre pasado.
Por Rocío Cereijo
Comunicadora social. Integrante del Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios, FPyCS-UNLP.
Fotos: Sebastián Miquel
Las revelaciones de la investigación denominada “Panamá Papers”, basada en documentos filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca que muestran cómo la minoría más rica del mundo utiliza los paraísos fiscales para acumular y ocultar su riqueza, situaron a Mauricio Macri en el centro de un escándalo internacional al conocerse su participación como miembro destacado de sociedades familiares offshore. El Grupo Macri, liderado por el padre del presidente argentino y propietario de numerosas compañías relacionadas con la construcción, la industria automovilística, el correo, la recolección de basura y la industria alimentaria, se consolidó como uno de los principales miembros de la élite económica argentina. En este sentido, cabe destacar que el actual mandatario comenzó su carrera política luego de dirigir empresas como la automotriz Sociedad Europea de Vehículos en Latinoamérica (Sevel Argentina), asociada a la Fiat italiana. Pero, sobre todo, que su familia amasó su fortuna a costa del Estado: con la nacionalización de sus deudas privadas durante la dictadura cívico-militar, la posterior obtención de contratos de obra y servicios públicos denunciados por irregularidades, las privatizaciones con las que amplió sus negocios durante el menemismo (igualmente cuestionadas) y la pesificación de deudas de algunas de sus empresas en tiempos del duhaldismo.
Sin embargo, Macri no es el único funcionario de la Alianza Cambiemos vinculado a las élites dominantes de la economía argentina. Entre los empleados públicos con amplia trayectoria en el sector privado se encuentran, también, Juan José Aranguren, ministro de Energía y Minería y ex presidente de Shell; Alfonso Prat-Gay, ministro de Hacienda y Finanzas Públicas y ex director de estrategia de la financiera J.P. Morgan; Susana Malcorra, ministra de Relaciones Exteriores y ex directora general de Telecom; Gustavo Lopetegui, secretario de Coordinación de Políticas Públicas y ex CEO de LAN; María Eugenia Talerico, vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y ex abogada del HSBC Bank Argentina S.A.; entre otros.
Respecto del caso de Talerico, resulta importante mencionar que durante la gestión de José Sbattella en la UIF se impulsó la causa que investiga 4.040 cuentas bancarias abiertas en Suiza entre las que figura el HSBC. Es decir, la abogada preside, junto al ex técnico del Fondo Monetario Internacional, Mariano Federici, un organismo antilavado de activos que fue querellante en la causa donde ella fue defensora del banco internacional. En diálogo con Maíz, el ex presidente de la UIF reflexionó acerca de la relación entre los crímenes económicos y el enriquecimiento de las élites que se consolidaron a lo largo de la historia argentina.
Maíz: ¿Cómo están conformadas las élites económicas en Argentina?
José Sbattella: Lamentablemente, uno va mirando la historia argentina y los nombres de las élites antiguas, las que hicieron el país de Mayo-Caseros y sus herederos, están acá. Están los Martínez de Hoz, están los Mitre… Y después están los nombres secundarios de esas élites. Si uno observa quiénes son los CEO de las empresas transnacionales, hoy funcionarios, casi todos tienen antecedentes ligados a padres y abuelos que, como ellos, han formado parte de los gobiernos que aplicaron las políticas que los beneficiaron.
En la Argentina, esas élites tienen una presencia constante y se caracterizan por una lógica que no es necesariamente la misma que la de las élites de otros países latinoamericanos. Porque lo que uno ve de la lógica de la élite argentina es una acumulación de riqueza continua que tiene lugar, incluso, en los períodos de los gobiernos populares, donde mantuvieron siempre su capacidad de acumulación.
En realidad, aunque la queja de ellos es que durante esos gobiernos dejan de ganar, no han perdido. Es decir, no sufrieron pérdidas de patrimonio y la lógica de esta forma de acumular capital, en Argentina en especial, termina con un excedente económico que no queda dentro del país, sino que se acumula afuera.
Maíz: ¿Por qué se acumula en el exterior?
Sbattella: Eso está probado por distintas investigaciones. A fines de los noventa, por ejemplo, antes de que se cayera la convertibilidad, el Centro de Estudios Sociales de los Jesuitas en Buenos Aires hizo una convocatoria dirigida a una cantidad de economistas que nos oponíamos a la convertibilidad. Una convocatoria amplia, en el sentido de que integraron a desarrollistas, a gente del Partido Comunista, a opositores con diversas posiciones y perspectivas.
Y ahí nos planteamos abordar una materia pendiente que era llegar a cuantificar el excedente de la economía argentina en función de una incógnita que existía en ese momento, respecto de si era posible una acumulación endógena de riqueza en lugar de pedir prestado. Esa era la pregunta.
Maíz: ¿Cuándo se hizo la investigación?
Sbattella: Esto fue en 1998. El modelo de convertibilidad no cerraba, justamente, porque era totalmente dependiente del ingreso de deuda y esa lógica tenía una situación límite, que era que los prestamistas creían que se les iba a pagar. Como era un aumento sideral, continuo, de la deuda, en algún momento se iban a dar cuenta de que eso no era posible y que había que hacer un esfuerzo muy grande o un cambio estructural del comportamiento del pueblo argentino para pagarles la deuda, que fue lo que se intentó con los planes de (Domingo) Cavallo del déficit cero y de priorizar primero en la deuda el pago del presupuesto nacional y demás.
La pregunta de los jesuitas apuntaba a ver si era viable en Argentina generar una acumulación interna de riqueza que evitara la deuda. Porque ellos veían que había una alta posibilidad de disgregación en América Latina en ese momento, ya que casi todos los países latinoamericanos atravesaban procesos que venían desde el neoliberalismo y habían desmantelado las estructuras de producción interna, habían desarticulado los movimientos sociales… Era una sensación de que no había salida.
Y en la discusión había que determinar cuál era la capacidad de ahorro que tenía la élite, el 20% de la población argentina, que era el único que tenía capacidad de acumular. El otro 80%, con distintos grados, sólo consumía la supervivencia, incluso las capas medias. Entonces, eso hizo que nosotros hiciéramos un trabajo para ver cuál era la acumulación que hacía ese 20% más rico.
La acumulación de riqueza en esos momentos (que al día de hoy no varió mucho) implicaba que casi el 50% del ingreso nacional iba a ese 20%. Si uno descontaba la inversión y un consumo elevado promedio, dos veces el del medio de las familias del 20%, nos daba que durante los veinte años que iban de la década de 1980 al 2000 la acumulación era, líquida, de 10.000 a 20.000 millones de dólares, que suman lo que hoy se sabe que está, por otras fuentes, considerado como la riqueza en el exterior de los argentinos.
Maíz: ¿Qué relación hay con la devaluación?
Sbattella: En el siglo XIX necesitaron del deterioro del peso, porque las élites acumulan en moneda fuerte, en divisas. Entonces, siempre les conviene, en determinado momento, una devaluación importante. Porque con las divisas vuelven a la Argentina, compran bienes a mitad de precio y hacen nuevamente todo un proceso económico ligado a la actividad primaria exportadora y luego, siempre las devaluaciones, el salto de la acumulación de riquezas…
Es exactamente lo que hicieron ahora con Macri. Se pegaron un salto muy fuerte a la acumulación, en una devaluación del 60%. Hoy con esos dólares van a comprar a mitad de precio, quizás, algunos bienes y van a poder recibir esos dólares en pesos los exportadores, y así continúan sus procesos de acumulación. Esa es la lógica de estas élites. No es una élite a la que le interese y preocupe un proceso de industrialización. Y no tienen prurito, porque saben el impacto que tiene la especialización en sectores productivos primarios.
En realidad, no les importa. Porque la verdad es que les preocupa el excedente de población. Es decir, les molesta la población. Y eso es una lógica feroz, porque cada vez que pudieron, sin problemas, trataron de disminuir la cantidad de población. O sea, en relación con ese dicho que dice “o sobran cabezas o faltan sombreros”, las élites siempre optaron por cortar cabezas, no por fabricar sombreros. Esa lógica la tienen dentro.
Hoy es posible escuchar a algunos dirigentes políticos cercanos al campo popular, o que se supone que lo estaban, diciendo “a mí me importa que le vaya bien al Gobierno”. Y lo cierto es que lo que a uno le debe importar, en todo caso, es que le vaya bien al pueblo. Porque si el Gobierno este, con la política que tiene, hace todo lo que dice, destruye el país, la producción, los derechos sociales. Así que uno no puede ser tan hipócrita de decir alegremente “espero que destruyan todo”.
Maíz: Respecto de los crímenes económicos, ¿cuáles son los delitos que encuadran en esta categoría y qué relación tienen con estas élites?
Sbattella: Bueno, hay una situación, primero, ligada a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, a los delitos de genocidio, de tortura y desaparición de personas. Esa situación incluía otros delitos que se cometieron durante la última dictadura. Algunos de ellos eran los delitos sexuales, que pasaron a ser parte de los delitos de lesa humanidad; y lo que quedaba pendiente era la relación entre los delitos de lesa humanidad y la apropiación de bienes de las personas detenidas desaparecidas. Ese sería el plano inmediato.
Junto a la detención y la desaparición también hubo apropiación de bienes de víctimas y familiares de los propios detenidos desaparecidos, que implicaron una organización ligada a los delitos de lesa humanidad. Tanto en la ESMA como en otros centros clandestinos de detención había un núcleo de personas que se dedicaba a la garrapiña de los bienes de los detenidos desaparecidos. Desde los autos más pequeños hasta propiedades y empresas. Y en un alto nivel utilizando para la apropiación elementos del Estado. Es decir, utilizando cajas del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, entre otras. Hay pruebas concretas del uso de estos organismos, incluso con presencia de funcionarios en los lugares de tortura para que los empresarios que estaban ahí firmaran o entregaran parte de los bienes.
Hay casos paradigmáticos como el de Papel Prensa S.A., por ejemplo, donde si un juez llega a sacar la conclusión de que se trata de un delito de lesa humanidad, automáticamente la apropiación por parte de los diarios hegemónicos, Clarín y La Nación, se transforma en un delito de lesa humanidad que no prescribió. Y, por lo tanto, la apropiación de la empresa, siendo un delito económico, implica el pedido de comiso de esos bienes. Es decir, implica que ellos puedan perder Papel Prensa al valor actual.
Esa fue una de las situaciones latentes que implicó, de entrada, un conflicto serio con las funciones que teníamos que cumplir nosotros desde la Unidad de Información Financiera. Nos presentamos y quisimos ingresar como querellantes en esta causa dado que existía la posibilidad de que, si el delito se comprobaba, en la administración de los bienes generados había un ilícito previo. Es decir, que el que administra eso puede quedar penado como autolavado de dinero, porque está administrando fondos de apropiación ilícita.
Hay seiscientas causas que tienen la apropiación de bienes en la acusación. La otra que estuvo comprobada y en la que también fuimos querellantes es la del caso del grupo de la ESMA que se dedicó a licuar los bienes, a venderlos fuera y a hacer depósitos, especialmente, en Sudáfrica y Londres. Ese dinero es el que, de alguna manera, sostuvo la vida de varios prófugos. Entre ellos, de (Jorge) Vildoza, que era el segundo de la ESMA y, además, es el apropiador de Javier Penino Viñas. La de Penino Viñas es una historia muy fuerte, porque la madre aún estaba viva en 1984 y llamó al hermano diciéndole que a su hijo lo tenía Vildoza.
Es una lógica feroz, porque cada vez que pudieron trataron de disminuir la cantidad de población. O sea, en relación con ese dicho que dice “o sobran cabezas o faltan sombreros”, las élites siempre optaron por cortar cabezas.
Maíz: Incluso se dio a conocer una grabación sobre el caso...
Sbattella: Sí, salió una grabación y después nunca más se supo de ella. Nosotros fuimos con la figura de delito de financiación del terrorismo contra Vildoza. Pudimos ejercerla en setenta casos: les congelamos los bienes a setenta prófugos, de los cuales dieciocho cayeron presos a la semana y media porque se quedaron sin fondos. Lo absurdo era que la Justicia los imputaba, los condenaba y no les embargaba los bienes. Incluso, tenían tarjeta de crédito o cobraban la pensión.
Es una cosa de locos. Porque esto recién lo pudimos discutir en el 2010, después de la aplicación de la Ley Antiterrorista en el 2011 o 2012. Toda esa situación sale a la luz con esta legislación que, originalmente, se imaginó en la historia de las leyes para aplicarse a los movimientos sociales. Pero tiene un párrafo que dice que el agravante para que algo sea considerado un acto de terrorismo se puede aplicar en todos los delitos penales, menos en aquellos cometidos en defensa de derechos sociales o constitucionales. O sea, que si uno corta una calle o una ruta (que es delito según el Código Penal), pero en defensa de derechos constitucionales o sociales, a esa acción no se le puede aplicar la figura de terrorismo. Esto hay que aclararlo porque hay mucha confusión. Y, además, es un delito federal, lo que significa que no puede juzgarlo cualquier juez.
La verdad es que esa ley establece, por primera vez, el agravante del terrorismo, la posibilidad de considerar terrorismo a hechos que afectan la gobernabilidad del país e incluye todos los delitos económicos. O sea que yo puedo caracterizar como terrorismo el intento de corrida del dólar con fines desestabilizantes, para intentar voltear un gobierno. O puedo impedir, por ejemplo, lo que hizo la Sociedad Rural con grupos armados para controlar el paro de la distribución de bienes agrícolas en el 2008. Pero, bueno, eso depende de quién esté gobernando, y por supuesto que esto implica una relación de fuerzas.
Maíz: Con nombre y apellido, ¿quiénes son estos actores que se vieron beneficiados en todos los gobiernos de facto? Nombró al Grupo Clarín, a La Nación…
Sbattella: Claro, está la corporación mediática, por un lado. Después está la estructura ligada a la conducción de los organismos corporativos de ellos. La Sociedad Rural, por ejemplo, toda la estructura de los grupos empresariales que son los seis que van a la reunión de fin de acuerdos con el presidente de turno. Ahí tenemos las empresas ligadas a los monopolios: está el caso de las cerealeras, por ejemplo, que es una clara situación de control del comercio exterior. Después están los monopolios históricos de la Argentina en varias ramas, porque toda la estructura de insumos de nuestro país es monopólica. Por ejemplo, Aluar es la única productora de aluminio; Techint es el único productor de acero; y después están las cadenas de distribución que cada vez son más poderosas. Como los grandes supermercados, las grandes cadenas.
“Carrefour”, por ejemplo, significa “cruce de caminos” en francés. En Europa, los Carrefour tienen prohibido bajar a la distribución minorista barrial, de manera que los negocios minoristas no mueran. Y acá los dejamos entrar prácticamente hasta la casa de uno, con el delivery. Entonces, son situaciones que requieren regulación. Uno no podría darse el lujo de que estén y tengan su tasa de ganancias.
Las tasas de inflación son consensuadas por los grandes grupos económicos: arreglan previamente una tasa acorde y presionan con esa acordada general al resto. En 1989, cuando lo voltean a (Raúl) Alfonsín, los principales grupos económicos, los que manejaban prácticamente la mitad de las góndolas en ese momento y pagaban la mayor cantidad de impuestos, dejaron de pagarlos. Dejaron de pagar impuestos, remataron a un porcentaje sideral y generaron la hiperinflación.
Hay casos paradigmáticos como el de Papel Prensa S.A., donde si un juez concluye que se trata de un delito de lesa humanidad, automáticamente la apropiación por parte de Clarín y La Nación se transforma en un delito que no prescribió.
Maíz: Uno de los delitos económicos más conocidos es el de lavado de dinero. Habló de lo que ocurrió durante la última dictadura y sus continuidades, pero también este delito está conectado con otros. Se me ocurre el caso de Iron Mountain, donde un incendio intencional provocó la muerte de diez personas.
Sbattella: En Iron Mountain lo que sucedió, a diferencia de otros incendios que tuvo esta empresa en otros lugares del mundo, es que con premeditación y alevosía se hizo un atentado. Mediante las pericias se comprobó la existencia de un sistema para demorar el disparo de la alarma con un dispositivo que generaba fuego en cuatro lugares a la vez y, luego, evitaba que tocara el sistema eléctrico hasta que las llamas no estuvieran altas, hasta que no alcanzaran los diez metros de altura. Uno piensa que realmente es siniestro que ellos pensaran que les iba a pasar esto a los bomberos. Pero, más allá de eso, lo que sí está probado por la Policía Federal es que ese dispositivo existió.
Maíz: Una de las corporaciones más beneficiadas con este incendio fue el banco HSBC. ¿Se sabe qué documentación relacionada con este banco se habría perdido en el incendio?
Sbattella: Es difícil. Hay una investigación, que estaba pendiente: las 4.040 cuentas. Lo que la empresa plantea es que se investigue quién cometió el atentado, lo que es estúpido, porque el control del lugar lo tenían ellos.
Una cosa que también hace la Justicia con esto es relativizar los testigos, de manera que, si les interesa, los toman, y si no, los testigos quedan sin ser ni llamados a declarar. Porque en el caso de J. P. Morgan, por ejemplo, un arrepentido es el ex gerente para América Latina. Él dirigió el lavado de dinero y el armado de la fuga de capitales de más de cinco mil millones de dólares, y da la lista de clientes. El juez todavía no lo llamó a indagatoria. Entonces, hay una situación de impotencia en la efectividad judicial que, suponemos, implica unas modificaciones en algún momento en el sistema judicial argentino.
Necesitamos que se difundan estas cosas porque si no estamos con los ojos ciegos. Es importante que se sepa. Por suerte, ahora hay una posibilidad de contrainformación para poder desmentir todo esto.
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