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De la oligarquía a los agronegocios

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Por J. Balsa / LOS TERRATENIENTES ARGENTINOS / Devenidos en empresarios del agronegocio, los terratenientes de estos días han conseguido presentar sus propios intereses como si fueran los de “el campo”, e, incluso, los del país. Claves para entender cómo construyeron su hegemonía y accedieron por primera vez al gobierno a través del voto en 2015.

LOS TERRATENIENTES ARGENTINOS / Si las pocas familias que hacia 1850 se apropiaron de la tierra nunca lograron el respaldo de las mayorías al modelo elitista que las hizo cada vez más ricas, los empresarios del agronegocio de estos días han conseguido presentar sus propios intereses como si fueran los de “el campo”, e, incluso, los del país. Claves para entender cómo construyeron su hegemonía y accedieron por primera vez al gobierno a través del voto en 2015.

Por Javier Balsa
Historiador e investigador del Conicet. Director del Centro de Investigaciones sobre Economía y Sociedad en la Argentina Contemporánea (IESAC) de la Universidad Nacional de Quilmes.

Fotos: Sebastián Miquel

En Argentina, a mediados del siglo XIX, se vislumbraban extraordinarias posibilidades de crecimiento económico gracias a la asunción de un papel subordinado al imperialismo (especialmente, británico), a la incorporación de la fuerza de trabajo de millones de inmigrantes europeos, y a la expropiación de las enormes extensiones de tierra que estaban bajo el dominio indígena. Entonces, surgió la discusión acerca de cuál sería la mejor estructura territorial de este potencial despliegue. Se abrieron dos escenarios: o la tierra era entregada en pequeñas propiedades a los agricultores (como aconteció, en líneas generales, en el Oeste Medio de los Estados Unidos), o se la apropiaban las familias más ricas de la Argentina, consolidándose una oligarquía terrateniente. En el debate político, primaron las voces que se inclinaban por la primera opción, pero luego, en la práctica, ocurrió lo segundo.

Así, cuando llegaron los inmigrantes europeos encontraron toda la tierra ya repartida y sólo les quedó la opción de alquilarla. Encima, a medida que su trabajo como agricultores iba incrementando la productividad de los campos, el precio de los mismos aumentaba tan rápidamente que, a la gran mayoría, se les hizo imposible comprar un lote. Como contracara de este proceso, los terratenientes se hicieron cada vez más ricos. Esto generó, en nuestra gran burguesía, el desarrollo de una conducta sumamente rentística. Es que la propiedad de la tierra produce un tipo de ingreso que no estimula, en absoluto, el carácter típico del empresario que debe reinvertir sus ganancias (a riesgo de ser desplazado por otros capitalistas más eficientes e innovadores). Por el contrario, un terrateniente que entrega todo su campo a los agricultores que se lo alquilan recibe anualmente una fortuna a la que no tiene más que dilapidar en lujos, ya que no tiene necesidad de reinvertirla, ni siquiera forma de hacerlo, al menos, en ese campo. Para tener una noción de lo que esto significaba hacia fines de la década de 1920, consideremos el ejemplo de una gran propiedad, de unas 20.000 hectáreas (había familias que tenían más de diez de estas propiedades): sólo por ser alquilada, brindaba al terrateniente un ingreso anual similar al precio de unos veinte automóviles. Es cierto que no todos los latifundistas eran completamente rentísticos. Algunos terratenientes también se dedicaban a la ganadería y, en varios casos, tuvieron cierta preocupación por la mejora en la calidad de sus ganados.

Las exposiciones anuales de la Sociedad Rural Argentina (la entidad que habían fundado los latifundistas) se convirtieron en el punto de encuentro y también de ostentación y legitimación de esta oligarquía. Sin embargo, nunca consiguieron que las mayorías populares avalaran este modelo social elitista y, para sostenerlo políticamente, debieron recurrir al fraude o a los golpes de Estado. En particular, dentro del sector agrario, los agricultores no aceptaron pasivamente el lugar que el esquema de poder les había reservado. Se organizaron gremialmente en torno a la Federación Agraria Argentina, propusieron medidas de regulación de los alquileres y lucharon, incluso, porque se efectivizara una reforma agraria. Sus ideas se fueron haciendo cada vez más populares, y en las décadas de 1930 y, sobre todo, de 1940 llegaron a ser compartidas por la mayoría de las fuerzas políticas, ya que incluso los conservadores fueron conscientes de que los terratenientes se habían tornado en un lastre a la hora de conseguir apoyos electorales masivos.

Luego, el peronismo implementó una serie de políticas para proteger a los chacareros y reducir las arbitrariedades de los terratenientes, aunque no efectivizó la reforma agraria que había prometido. Las políticas de colonización, si bien fueron las más importantes que hubo en la historia argentina, se limitaron a una pequeña porción del territorio. Sin embargo, muchos terratenientes, sintiéndose amenazados, decidieron vender buena parte de sus lotes a los agricultores que los alquilaban, ya que, además, como el precio de los alquileres estaba congelado por el gobierno, su monto era licuado por la inflación. Este proceso continuó, con algunas variantes, hasta que en 1967, durante la dictadura de Onganía, los terratenientes pudieron expulsar a los arrendatarios que quedaban en sus campos.



Por todos estos procesos, sumados a los efectos de la propia ley de la herencia, para los años setenta la mayoría de los latifundistas se habían convertido en mediano-grandes terratenientes, que ahora se tenían que hacer cargo de la producción agrícola en sus campos, ya que ninguno quiso volver a darlos en alquiler. Una parte de estos terratenientes-capitalistas, en general los de mayor tamaño, continuaron siendo representados por la tradicional Sociedad Rural Argentina (SRA). Pero otros, los que se habían ido asociando a las sociedades rurales de cada localidad, se nuclearon en agremiaciones provinciales o zonales, como la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), agrupadas a nivel nacional en las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Si en los años treinta la CARBAP supo tener un perfil progresista, rápidamente evolucionó hacia posiciones ideológicas sumamente conservadoras y presentó un perfil muy agresivo. Así, por ejemplo, en 1974 denunció la “infiltración ultra-izquierdista” en la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación. Junto con la SRA, jugó un papel clave en el despliegue de la reacción política que desembocó en el golpe de Estado de 1976. E, inmediatamente después, ambas entidades pasaron a formar parte entusiasta de distintas instancias de la dictadura cívico-militar; incluso, algunos de sus dirigentes soñaban proyectarse como los herederos de este nefasto proceso.

Los terratenientes se han vuelto empresarios del “agronegocio”: participan de nuevas entidades que se presentan como “técnicas” y se vinculan cada vez más con el mundo financiero.

Paralelamente a estos sucesos, desde los años setenta se fue produciendo (de forma casi ininterrumpida hasta el presente) un enorme crecimiento de la producción agrícola que se basó en profundas modificaciones en el patrón productivo: se incorporaron nuevos cultivos (destacándose la soja y, en particular, su variedad transgénica), se expandió el uso de la siembra directa, se incrementó notoriamente el empleo de fertilizantes y herbicidas, y la maquinaria creció en complejidad y tamaño. Obviamente, no todos los productores agropecuarios tuvieron el capital necesario para sumarse a este proceso: entre 1969 y 2002, la cantidad de explotaciones agropecuarias se redujo a la mitad.

Pero este no ha sido un cambio sólo cuantitativo, sino que tuvieron lugar tres transformaciones cualitativas importantes. En primer lugar, la mayoría de los chacareros que lograron consolidarse expandiendo sus escalas se han “aburguesado”. Es decir, poco tienen que ver, en sus labores y en su forma de vida, con sus padres o abuelos: ahora viven en las ciudades, las labores manuales han quedado a cargo de asalariados o contratistas (disolviéndose el equipo de trabajo familiar), y se desvaneció la constricción laboral que caracterizaba al chacarero de la etapa anterior. Cabe aclarar que muchas de las familias chacareras continúan resistiendo desde sus pequeñas unidades productivas, desplegando una serie de estrategias que les permiten continuar (diversificando su producción, usando la vieja maquinaria, comercializando en espacios alternativos, entre otros “rebusques”).

En segundo lugar, los terratenientes se han vuelto empresarios del “agronegocio”: participan de nuevas entidades que se presentan como “técnicas” (asociaciones de “siembra directa”, de “experimentación agrícola”, etcétera) y se vinculan cada vez más con el mundo financiero.

Y, en tercer lugar, asistimos a la irrupción de enormes empresas capitalistas, que alquilan la mayor parte de las tierras que ponen en producción y que compiten, con importantes ventajas económicas, con los productores locales en el mercado de alquiler de campos. Estas empresas organizan la agricultura en 10.000, 20.000, o hasta 300.000 hectáreas bajo distintos esquemas económicos.

El elemento común que reúne a estos tres tipos de actores es que todos repiten un discurso celebratorio del avance tecnológico, como si fuera una panacea que permitiese superar todos los problemas sociales del agro. En su propuesta, el papel del Estado es reducido a una mínima expresión y, por eso, esta ideología puede articularse fácilmente con la tradicional discursividad liberal-conservadora característica de los latifundistas. Pero este discurso “tecnologizante” procura ocultar este vínculo, y sostiene que no importa la extensión de las propiedades, ni el capital con que se cuenta, sino que la clave es la actitud innovadora.



La nueva élite que lidera este proceso, que sabe articular sujetos provenientes de historias familiares diversas, se presenta a sí misma como conformada por “emprendedores” y “pioneros”. Sin embargo, en realidad su esquema productivo es el diseñado por las grandes multinacionales dueñas de las semillas genéticamente modificadas. Por otra parte, en general no realiza inversiones en maquinaria, ya que los equipos son propiedad de los contratistas de labores. Por lo tanto, esta élite no ha desplegado una forma de producción cualitativamente diferente de la que emplean los productores medianos, sino que, como poseen más capital (propio o de inversores externos), pueden capturar más tierras y expandirse en nuevas áreas.

Sin embargo, esta élite de los agronegocios ha sido sumamente exitosa en hegemonizar al conjunto de los productores agropecuarios, presentando sus propios intereses como si fueran los del conjunto de los agricultores o, incluso, del país. Es más, ha logrado que muchos actores agrarios asuman una posición que denomino como “subjetividades subordinadas”: actores que poseen la tierra, la maquinaria o el saber profesional como para encarar ellos mismos su propia explotación agropecuaria prefieren convertirse en rentistas que ceden sus campos en alquiler, o contratistas que laboran los lotes para empresas más grandes, o meros encargados zonales de una megaempresa. Es decir, eligen poner sus recursos en función de la valorización del capital de otros. Para conseguir este objetivo, la élite de los agronegocios ha necesitado inculcar la idea de que los pequeños y medianos productores son “inviables”.

Paralelamente, esta misma élite ha desplegado toda una serie de prácticas “solidarias” que buscan atender a los pobres generados por el propio modelo agrario de concentración y por las políticas neoliberales, en general. Así, proliferaron ONG encargadas, por ejemplo, de donar soja para comedores o de apoyar a “emprendedores” a través de microcréditos. Además, esta élite ha organizado numerosos cursos y talleres sobre “valores”, destinados a forjar nuevas identidades. Pero no sólo buscó incidir sobre la subjetividad de los afectados por el modelo: también fue forjando la idea de que ella misma como élite tenía que asumir un papel de liderazgo social. De este modo, logró que sus integrantes pensaran que podían y debían reemplazar a los políticos de los partidos tradicionales/populares en el manejo del país. Y, para consolidar este esquema hegemónico, se produjo una articulación entre diversas instituciones: colegios privados exclusivos, Universidades privadas de élite, algunos espacios acotados de las Universidades públicas (especialmente, posgrados en agronegocios), posgrados realizados en Estados Unidos, fundaciones diversas, el Opus Dei, y distintas asociaciones “técnicas”. En estos espacios se fueron vinculando los productores agropecuarios con las empresas multinacionales, las corporaciones mediáticas y los intelectuales orgánicos elaboradores de ese modelo de los agronegocios. A todo esto se agrega la promoción de una cuota de actitudes “modernas” y hasta “posmodernas” alejadas de la tradicional mirada conservadora, que es adjudicada a los terratenientes del pasado. Así, por ejemplo, los congresos de las distintas entidades vinculadas al agronegocio incluyen, entre sus múltiples actividades, las presentaciones de algún cómico proveniente originalmente del under, y hasta de filósofos o historiadores que “enriquecen” las miradas más corporativas.

La primera gran manifestación del poder hegemónico de esta renovada élite agropecuaria se pudo observar en 2008, durante el conflicto entre las patronales agropecuarias y el gobierno kirchnerista en torno a la captación de la renta extraordinaria de la tierra. Un primer síntoma de su eficacia interpelativa es que lograron instalar que la disputa era entre el gobierno y “el campo”, invisibilizando toda diferencia social al interior del sector. Esta prédica se vio muy favorecida porque la Federación Agraria Argentina (modificando sus posiciones históricas y pasando por encima de la resistencia de sectores internos) se sumó al reclamo del resto de las principales entidades agropecuarias. Un segundo síntoma de esta capacidad hegemónica fue que buena parte de la clase media urbana salió a manifestarse en defensa del “campo”, en contra de sus intereses (pues, objetivamente, se vería perjudicada con un incremento en la renta de la tierra que luego derivaría en aumentos en los precios de los alimentos).

Podemos ver el conflicto de 2008 como un gran “globo de ensayo” de lo que finalmente las élites alcanzarían en 2015: obtener el acceso al gobierno a través del voto e imponer su visión neoliberal del mundo.

En perspectiva, podemos ver el conflicto de 2008 como un gran “globo de ensayo” de lo que finalmente las élites alcanzarían en 2015: obtener el acceso al gobierno a través del voto e imponer su visión neoliberal del mundo. Es que, más allá de que el neoliberalismo no consiga restaurar el prestigio que tuvo en la década del noventa, se mantiene relativamente intacto el núcleo de su ideología: la idea de que el mercado es el mejor asignador de los recursos y que, por tanto, toda intervención política (por más democrática que sea) empeorará la situación.

Para finalizar, quisiera llamar la atención acerca de que un agro hegemonizado por estos actores del “agronegocio” implica una pérdida del control del territorio por parte de los ciudadanos y ciudadanas que históricamente han residido en las zonas y que les han dado vida a las mismas. El avance del “agronegocio” sobre zonas donde predominaba la agricultura familiar no ha generado ningún desarrollo económico-social, sino todo lo contrario: crecimiento con una feroz exclusión. Así, por dar sólo un ejemplo, departamentos enteros del norte de Córdoba se han visto “invadidos” por empresarios del sur de esta provincia, que lograron desplazar a todas las familias campesinas que allí vivían. Hoy sólo hay campos sembrados de soja, con asalariados que se trasladan de otros departamentos, con empresarios que tampoco viven allí y que, por lo tanto, no generan ningún desarrollo del área, mientras que en la ciudad cabecera de cada departamento deambulan los ex chacareros sin ninguna oportunidad laboral.

La misma lógica implica, en los espacios urbanos, que si “el mercado” promueve la construcción de enormes countries (con sus canchas de golf y espacios para la equitación) está bien que así sea, no importa que no queden tierras donde los sectores populares puedan tener sus viviendas. De este modo, los ciudadanos y ciudadanas más pobres tienen que irse a vivir a zonas inundables, y la clase media, aunque obtenga un préstamo hipotecario, no tiene posibilidad de conseguir un lote donde hacer su casa.

Este es sólo un ejemplo, vinculado estrictamente a la cuestión de la tierra, que muestra que dejar el diseño de nuestra sociedad en manos del “mercado” significa, en realidad, dejarlo en manos de las “élites”, y eso, inevitablemente, conducirá a sociedades más injustas, menos desarrolladas, y en las que la democracia se vaciará de real contenido.


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