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Desde la invasión europea en los siglos XV y XVI, la cuestión de las élites se ha revelado de suma importancia para comprender la imposibilidad de desplegar en nuestro continente proyectos políticos nacionales, populares y democráticos que garanticen en el largo plazo las condiciones para el desarrollo, la inclusión y la igualdad plenas.
No hay en el planeta espacio más desigual en el goce de bienes y recursos que América Latina. Pero tampoco espacio en el cual las élites, con sus hábitos de especulación y saqueo, hayan jugado un rol tan fundamental en la construcción de esa realidad.
Entre la imposición de una élite foránea durante los trescientos años de la colonia, que garantizó un extractivismo feroz de los bienes comunes latinoamericanos a través de la apropiación de la tierra y la explotación indígena, y las actuales élites locales neoextractivistas de recursos naturales y financieros, tuvo lugar un largo proceso de imposición de una matriz basada en la articulación entre las élites nacionales, sus intereses económicos, el Estado, las Fuerzas Armadas y un aparato cultural hegemónico, y las élites de los imperios de turno (español-portugués, británico, norteamericano).
Estudiar las características y las consecuencias del accionar de estas castas, que de haber podido habrían desterrado el vocablo “derechos” para reemplazarlo por “privilegios”, no siempre ha sido fácil ni posible: en principio, porque las instituciones y los espacios académicos y culturales hegemónicos estuvieron dominados por el sentido común creado por ellas, y, luego, porque cuando estas instituciones y espacios fueron cuestionados, respondieron con diversas modalidades de represión cultural, económica y física.
Sin embargo, la hegemonía minoritarista no ha sido permanente y mucho menos, indisputada: desde mediados del siglo XX, con el surgimiento de procesos sociopolíticos de cuestionamiento al orden establecido, particularmente los intentos de un socialismo latinoamericano junto a las experiencias nacional-populares, el opaco poder de las minorías se puso en entredicho y, con ello, los pueblos de nuestra América vislumbraron la posibilidad de amasar un horizonte inclusivo y de mayor equidad.
En las últimas décadas del siglo pasado, les fueron necesarias fuertes dictaduras cívico-militares para restablecer el modelo elitista que las hacía cada vez más ricas, y sus perversas y horrorosas consecuencias, la fractura social, la desarticulación del campo popular, fueron condición de posibilidad para la posterior imposición de las recetas ortodoxas del Consenso de Washington que acompañaron el proceso de recomposición de las élites latinoamericanas en el poder (no así la recomposición de éstas en sí mismas, que, de la mano de la transnacionalización y financierización del capital, ingresaron desde entonces en un proceso de degradación sin pausa).
A contrapelo de esa historia, a principios del siglo XXI, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Brasil y Argentina reconstruyeron procesos políticos sociales que cuestionaron ese orden neoliberal favorable a los intereses de los pocos de siempre, pariendo gobiernos nacionales, populares y democráticos que, en sus distintas modalidades, propusieron proyectos de Estado, económicos y de políticas públicas que generaron crecimiento económico con inclusión social, y una fortísima y profunda expansión de derechos individuales y colectivos.
Hoy, la potencia democrática de esos proyectos, esto es, su capacidad de articular demandas y expresiones de poder popular como camino indiscutido para la libertad y la justicia social, se halla amenazada por los intentos restauracionistas de unas élites económicas guiadas por el odio y el asco (a la política, a lo sudamericano, al pueblo), sin apego a ninguna otra norma que no sea la del amo, la de la propiedad privada, la del mercado. Élites que no articulan más demandas que las del sistema financiero internacional, los medios oligopólicos de comunicación social y el poder judicial.
Acumuladoras voraces de cualquier tipo de mercancía (hasta de los votos así concebidos, como garantía para el usufructo rentístico desde el Estado), se creen sujetos de una nueva gobernabilidad, pero apenas intuyen, como diría Horacio González, que su existencia está limitada a ser una patronal que tributa a otra patronal más elevada. En un mundo donde la ampliación de las diferencias entre los países que concentran capital, recursos y tecnología es cada vez más profunda, las élites latinoamericanas tienen crecientes dificultades para conservar sus espacios de privilegio. La amenaza es, ahora, la de los propietarios del capital transnacional que intervienen directamente sobre nuestros países. De aquí que el abandono absoluto de cualquier atisbo de proyecto nacional siquiera les garantiza ya la permanencia en el control de los recursos locales. Como consecuencia, sus modalidades actuales de genuflexión y entrega a lo que denominan “la globalización” son de una velocidad y ferocidad inéditas.
Indagar, debatir y develar el rol de las élites en América Latina y en particular en nuestro país no es, por tanto, un mero ejercicio periodístico o académico, sino también, y sobre todo, una urgencia política: ellas son hoy el peligro principal para quienes apostamos a la construcción de un proyecto político emancipador. No tenemos más nefasta herencia que la de nuestras élites.
En Argentina, Rodolfo Walsh denunciaba esa condición obturadora cuando, en el primer aniversario del golpe cívico-militar de 1976, escribía: “invirtiendo el camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo partidos, interviniendo sindicatos, amordazando a la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina”.
Esa traba contra la que lucharon nuestros 30 mil compañeros persistió. El desmantelamiento de las condiciones para el desarrollo y la inclusión mostró sus otras consecuencias en 2001. A lo largo de doce años, el kirchnerismo desplegó una batería de políticas orientadas a reconstruir esas condiciones y a restituir y ampliar derechos, enfrentando a un poder económico ligado al capital transnacional exasperado ante el recorte de sus derechos de propiedad y su redistribución entre los más vulnerables. El cambio de gobierno al que asistimos hoy no apunta a otra cosa que a la eliminación de esa política redistributiva, es decir, a restaurar esas ideas e intereses de las minorías derrotadas que históricamente han obstaculizado la posibilidad de un proyecto político emancipador, por los medios que fuere: desde el terrorismo de Estado hasta la conformación de los grupos de tareas de hoy, esos que la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner definió como un trípode de denuncia mediática, clivaje político y sectores del poder judicial articulando todo.
Cuatro grandes ejes interpretativos recorren la pluralidad de perspectivas que propone este número de Maíz: uno, la paradoja de unas élites que se piensan y actúan como miembros de un espacio económico, social y cultural que está en el exterior de sus propios países (podría decirse que son élites sin patria, tal como lo expresó al excluirla de su juramento el actual mandatario argentino); el otro, derivado del anterior, reposa en la persistencia de una matriz ideológica antipopular, antinacional y antidemocrática que vulnera los derechos de las mayorías; el tercero se vincula a las transformaciones, formas de imposición y construcción de hegemonía de unas élites que no son meramente económicas: sus alianzas, fusiones y complicidades con otros poderes (para lucrar, para gobernar por la fuerza o con los votos, para cometer crímenes económicos); y el último, resultado de los anteriores, refiere a la constante incapacidad estructural de estos patrones (o súbditos) del capital para generar otra cosa que no sea un modelo de dependencia, desigual y excluyente, rendido a los pies del imperio (cualquiera sea).
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